Nadia Ibeth Montoya Partida
Expediente 459/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/11/2022
Partes del expediente
- Nadia Ibeth Montoya Partida
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el dieciocho del mes y año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a las autoridades responsables Instituto Mexicano del Seguro Social, Directora del Hospital General de Zona IV Número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (Norma Vanessa Herrera Vallejón), ambas con sede en esta ciudad, Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (Jezrael Alberto Manríquez Aguilar), con sede en Mexicali, y Directora de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (Célida Duque Molina), con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días hábiles, cumpliera con el fallo protector concedido a la parte quejosa, de conformidad con los lineamientos específicos de la sentencia de veintisiete de octubre del año en curso; cuya parte resolutiva establece: "...Le sea proporcionada a la quejosa, por escrito, información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad de cáncer de colon y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar. Se recabe el consentimiento informado de la quejosa por escrito, ante dos testigos, en términos del artículo 51 Bis 2 de la Ley General de Salud. Respetando la decisión de la quejosa, se ordene se le proporcione el tratamiento que necesite, incluyendo los medicamentos que le sean prescritos por el médico. Se practique el procedimiento quirúrgico que requiere la parte quejosa y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables..." En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos que remite las autoridades responsables Instituto Mexicano del Seguro Social y Directora del Hospital General de Zona IV Número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambas con sede en esta ciudad, por conducto la abogada procurador de la Oficina de Juicios Civiles y Asuntos Penales del Departamento Contencioso dependiente de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos de dicho instituto, mediante el cual, informa lo relativo al cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora, si bien las autoridades responsables remiten un formato impreso denominado "HOJA DE ALTA HOSPITALARIA", sin embargo de la lectura del mismo, se desprende que dicho documento no cumple con los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo, a saber: a) Que la autoridad responsable le brinde información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los tipos de tratamiento por los cuales puede optar. b) El consentimiento informado de la quejosa, debe ser recabado por escrito ante dos testigos, en términos del artículo 51 Bis 2 de la Ley General de Salud. En ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele a las autoridades responsables Instituto Mexicano del Seguro Social, Directora y Subdelegada del Hospital General de Zona IV Número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (Norma Vanessa Herrera Vallejón y Rubí Nalleli Rivera Durán), ambas con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con el fallo protector, con base en los lineamientos asentados en la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o apetición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." En ese sentido, se solicita a las autoridades de referencia, que de manera preferente remitan las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las citadas autoridades, como en este Juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Alejandro Rodríguez Peraza, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha las partes no interpusieron recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2o., 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Instituto Mexicano del Seguro Social, Directora del Hospital General de Zona IV Número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (Norma Vanessa Herrera Vallejón), ambas con sede en esta ciudad, Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (Jezrael Alberto Manríquez Aguilar), con sede en Mexicali, y Directora de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (Célida Duque Molina) con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído cumplan con el fallo protector concedido a la parte quejosa, de conformidad con los lineamientos específicos de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; cuya parte resolutiva establece: "...Le sea proporcionada a la quejosa, por escrito, información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad de cáncer de colon y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar. ? Se recabe el consentimiento informado de la quejosa por escrito, ante dos testigos, en términos del artículo 51 Bis 2 de la Ley General de Salud. Respetando la decisión de la quejosa, se ordene se le proporcione el tratamiento que necesite, incluyendo los medicamentos que le sean prescritos por el médico. Se practique el procedimiento quirúrgico que requiere la parte quejosa y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables..." En el entendido de que deberán remitir por duplicado las constancias certificadas relativas a efecto de correrle traslado a las partes, apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se harán acreedoras, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables que de manera preferente remitan las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Notifíquese.
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R E S U E L V E Único. La justicia de la unión ampara y protege a Nadia Ibeth Montoya Partida contra el acto que reclamó de las autoridades responsables Instituto Mexicano del Seguro Social, Directora del Hospital General de Zona IV Número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambas con sede en esta ciudad, Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Mexicali, y Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en la Ciudad de México, para el efecto de ????????????? que dichas autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia ordenen se realice lo siguiente: ? Le sea proporcionada a la quejosa, por escrito, información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad de cáncer de colon y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar. ? Se recabe el consentimiento informado de la quejosa por escrito, ante dos testigos, en términos del artículo 51 Bis 2 de la Ley General de Salud. ? Respetando la decisión de la quejosa, se ordene se le proporcione el tratamiento que necesite, incluyendo los medicamentos que le sean prescritos por el médico. ? Se practique el procedimiento quirúrgico que requiere la parte quejosa y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables.
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Ensenada, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veinte de septiembre del año en curso, a fin de que estuviera en aptitud de ampliar su demanda de amparo por lo que hace a la autoridad Hospital General Regional número 20, del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Tijuana, Baja California, no obstante de encontrase notificada para ello, como se desprende de la constancia de notificación que obra agregada en autos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que se resolverá el presente juicio de amparo, únicamente respecto a las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda. Asimismo, toda vez que mediante acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, se requirió a la autoridad vinculada al cumplimiento de la suspensión de plano Hospital General Regional número 20, del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Tijuana, Baja California (departamento de onco cirugía) para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la recepción de ese proveído -oficio 31516/2022-, informara la respuesta recaía a su solicitud; es decir, la hora y fecha programadas para el estudio de colon por enema con fines preqx, que deberá realizarse a la quejosa Nadia Ibeth Montoya Partida, y en caso de haberse realizado su resultado; sin que a la fecha obre en autos, la constancia de notificación respectiva, o bien manifestación alguna al respecto. En tal virtud, requiérase a la autoridad vinculada al cumplimiento de la suspensión de plano (Hospital General Regional número 20, del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Tijuana, Baja California (departamento de onco cirugía), para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe a este Juzgado de Distrito, si recibió el oficio de referencia y caso afirmativo la fecha en que así fue, y en su caso remita las constancias que acrediten el cumplimiento de suspensión de plano (la hora y fecha programadas para el estudio de colon por enema con fines preqx, que deberá realizarse a la quejosa Nadia Ibeth Montoya Partida, y en caso de haberse realizado su resultado). Apercibida que la violación a este mandato trae como consecuencia la actualización de la conducta delictiva establecida en la fracción III, del artículo 262 de la Ley de Amparo, en relación con el 215 del Código Penal Federal. De igual forma, de no dar cumplimiento a lo anterior, o informar los motivos legales que haya tenido para no hacerlo así, se le impondrá como medio de apremio una multa de multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo En el entendido de que podrá remitir la información vía correo electrónico institucional 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándole que haga referencia al juicio de amparo en que se actúa y al número de oficio que se le remitió para una mejor identificación del mismo. Notifíquese y vía el
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