Nadia Hadman Santos

Expediente 1020/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1020/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Nadia Hadman Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la cédula de notificación elaborada a la parte quejosa, relativa al auto de veintisiete de septiembre del año en curso, a fin que surta los efectos legales conducentes. Finalmente, la presente determinación se guarda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de: "PRINCIPAL. CEDULA DE NOTIFICACION."

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y específicamente, el contenido de la demanda de amparo que le dio origen, promovida por ************, contra el acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente al escrito promocional por el que se solicitó la ejecución del laudo el juicio laboral *********. En ese sentido, al rendir el informe justificado el Presidente del Tribunal Estatal e Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, si bien aceptó la existencia de lo reclamado, manifestó, entre otras cosas, que el uno de septiembre del año en curso, había dictado un acuerdo en que atendió la promoción pendiente de dicho juicio laboral, presentado por la quejosa el trece de mayo de dos mil veintidós, remitiendo las constancias con las que estimó acreditar lo informado. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en efecto, el uno de septiembre de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda que originó el juicio en que se actúa, la responsable dictó el acuerdo correspondiente, por virtud del cual proveyó lo relativo a lo solicitado por la ahora quejosa. Lo anterior, pone en evidencia que en la especie, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, pues fue hasta el uno de septiembre del año actual, cuando emitió el auto de requerimiento de pago y comisionó al actuario adscrito para que lleve a cabo la diligencia de reinstalación instruida en el laudo, precisando que dada la etapa en la que se encuentra el juicio, corresponde a la actora natural -aquí quejosa- acudir con el actuario y obtener cita con el actuario para efecto de diligenciar lo ordenado para efecto de ejecutar el laudo que le favorece, así también -en diversa determinación de la misma fecha- señaló fecha y hora para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación, también instruida en el laudo de origen. De modo que al haber ocurrido lo narrado, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda (cinco de agosto del año en curso); resulta evidente determinar que en el caso, cesó la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues, la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. Sin que sea óbice a la anterior determinación, que la autoridad responsable no haya exhibido las constancias atinentes a la notificación respecto del auto dictado en los autos del juicio laboral de origen, de uno de septiembre del año actual, ya que la parte quejosa quedó enterada del mismo, a través de la notificación que se realizó del acuerdo de veintiuno de septiembre del mismo año, dictado en juicio constitucional en que se actúa, por virtud del cual se le dio vista con el informe justificado rendido por la responsable -incluido el acuerdo de mérito-, aunado a que también se le habrá de notificar la presente determinación. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia."

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la cédula de notificación elaborada a la parte quejosa, relativa al auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, a fin que surta los efectos legales conducentes. Finalmente, la presente determinación se guarda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de: "PRINCIPAL. CEDULA DE NOTIFICACION."

  4. Principal

    agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa con copia certificada de las constancias que acreditan el envío del exhorto JE1/197/2022, el cual fue acusado de recibido y radicado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a fin de que lleve a cabo la diligencia de emplazamiento del tercero llamado al juicio laboral ** En virtud de lo anterior, con copia del oficio de cuenta y con fundamento en el numeral 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente auto, informe respecto de la diligenciación del exhorto de referencia.

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