Nadia Elizabeth Montes García
Expediente 4/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Nadia Elizabeth Montes García
Actuaciones
- Principal
Autoridad acusa recibo.
- Principal
CAUSA ESTADO el auto por el cual se desechó la demanda de garantías.
- Principal
Colima, Colima, tres de enero de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en el que transcribe el auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo directo número 836/2016, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por NADIA ELIZABETH MONTES GARCÍA, del que se desprende que ese órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías, contra actos de la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Al efecto, remite el expediente de amparo directo 836/2016, de su índice, los autos originales del toca 585/2016 y el duplicado de la causa penal 148/2013. Con los expedientes mencionados en segundo y tercer término, se ordena formar dos cuadernos de pruebas por separado, sin perjuicio de tomarlos en cuenta al momento de resolver el presente juicio. Acúsese recibo. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, y de conformidad con lo que establece el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la citada demanda de garantías, la que se ordena registrar en el libro de gobierno con el número 4/2017-I-J. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la citada demanda de amparo, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral del escrito de amparo, es dable concluir que la parte quejosa reclama en esencia la resolución dictada por la Sala responsable el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, que le fuera notificada el siete de noviembre siguiente, que confirma el auto de once de febrero de dos mil dieciséis, que emitió el Juez Segundo de lo Penal de esta ciudad, que declaró el cierre de instrucción en la causa penal 148/2013 que se instruye en su contra por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude. Actuación contra la cual, a criterio del suscrito, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), debido a que la misma no es un acto de imposible reparación que pueda combatirse en la vía constitucional. A fin de evidenciar la causa de inejercibilidad del juicio de garantías, que la suscrita estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, mismos que estatuyen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como puede apreciarse del arábigo trascrito en primer término (61, fracción XXIII), señala que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercibilidad resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Por su parte, el segundo de los numerales (artículo 107, fracción V), prevé que para la procedencia del juicio de garantías es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. Por estos debe entenderse aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directa e inminentemente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la libertad, las posesiones o derechos; así a guisa de ejemplo, se tiene que el tiempo en que una persona permanezca privada de su libertad o de alguna de sus posesiones; piénsese el caso de una persona que se vea privada del uso de un vehículo que es su medio de trabajo, o de la convivencia que un padre pierda al no tener relación con su hijo en caso de una limitación de custodia, o aquel al que se irrumpe en su derecho a la privacidad al abrirle su correspondencia, son derechos que no podrán ser resarcidos, ni aún con que pudiera llegar a obtener un fallo favorable, ya que la afectación o sus efectos a tales derechos de que todo ser humano goza, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia que satisfaga sus pretensiones en el juicio; esta delimitación permite distinguir tales derechos de aquellos en los que las consecuencias de la posible violación padecida se extinguen en la realidad al obtener una sentencia favorable, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, esa es la nota distintiva que el legislador toma en cuenta para orientar el criterio del juzgador para denotar qué actos dentro de juicio son de imposible reparación, que ameritan la pronta intervención del juez federal para remediar el agravio padecido. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada bajo el número 3ª./J.43 29/89, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Sobre ese tenor, los altos tribunales de la Nación han creado una doctrina alrededor de los actos ocurridos dentro de juicio que causen a la persona una afectación de imposible reparación, en principio debe tratarse de actos judiciales, luego, estos deben darse dentro de una contienda, que dicho sea de paso, para efectos del juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia ejecutoriada. Ahora bien, hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio, en cambio existen otros, que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la ley tiene una connotación más profunda, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto, lo que desde luego desvirtuaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo reservada como medio extraordinario de defensa tutelar del orden constitucional. De la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de la Sala responsable, en la que confirma el auto de once de febrero de dos mil dieciséis del Juez Segundo de lo Penal de esta ciudad, que declaró el cierre de instrucción en la causa penal 148/2013, el cual no reviste las características que deben contener los actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que en el caso, sus efectos son meramente procesales, pues sólo trae como consecuencia que continúe el juicio por las demás etapas legales y se dicte la resolución que ponga fin a la causa penal, circunstancia que no incide en los derechos sustantivos del quejoso, tutelados por las garantías individuales, puesto que no se le priva de sus propiedades, posesiones o derechos, ni se le afecta en su patrimonio; y por ende, el gobernado debe esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; por tanto, la violación que reclama puede tener remedio si obtiene fallo (resolución final del citado juicio) favorable a sus intereses, y de no ser así, podrá alegar la posible violación cometida a través del amparo directo que se interponga contra esa última determinación, datos todos que de manera ineluctable, conllevaron a la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), todos de la Ley de Amparo. Al efecto, se cita por las razones que la informan, la jurisprudencia 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Asimismo, la jurisprudencia PC.III.P.J/9K, de los Plenos de Circuito en Materia Penal del Tercer Circuito, localizable en la página 2092, Libro 35, octubre de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "INSTRUCCIÓN. EL AUTO QUE LA DECLARA AGOTADA Y EL ACUERDO QUE RESUELVE QUE ES INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA AQUÉL, NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los artículos 147 y 150 del Código Federal de Procedimientos Penales prevén el procedimiento y las reglas para declarar agotada la instrucción, entre de lo que destaca que el Juez del proceso debe avisar a las partes sobre el estado procesal que guarda la causa penal un mes antes de que venzan los plazos ahí establecidos para declarar agotada la instrucción, y les dará un plazo inicial de 10 días para que se pronuncien al respecto, hecho lo cual, dictará el acuerdo respectivo, en el que les otorgará otro plazo de 10 días para que ofrezcan las últimas pruebas, las que se desahogarán dentro de los 15 días siguientes; sin embargo, el legislador dejó abierta la posibilidad de que el Juez recabe de oficio pruebas para mejor proveer e incluso, que duplique el término de 10 días para el ofrecimiento de pruebas, de suerte que dicho auto, así como el acuerdo que resuelve que es infundado el recurso de revocación interpuesto contra aquél, no constituyen actos de imposible reparación pues no afectan de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino al contrario, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa del justiciable, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo." Más aun dicha determinación no priva del derecho de defensa que en dicho procedimiento tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que tal resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y como se dijo, la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio. En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, respecto del acto reclamado al tribunal, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe considerarse como notoriamente improcedente la demanda de garantías; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Comuníquese el contenido de la presente determinación a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene como autorizado de la parte quejosa a la persona que menciona en la demanda de garantías, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que sus cédulas profesionales se encuentra inscrita en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el indicado en la demanda de amparo. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Finalmente, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Berónica Farías Contreraz, quien da fe.*jackie
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