Nadia Beatriz Ibarra Serafin

Expediente 1226/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1226/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Juez de Primera Instancia de lo Familiar Especializado En Violencia Familiar, Con Sede En Tepic, Nayarit
  • Nadia Beatriz Ibarra Serafin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguense en autos para que surtan sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta que signa la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, mediante el cual informa lo resuelto en el recurso de queja 685/2022 de su índice y remite el expediente original del juicio de amparo 1226/2022. Acúsese recibo de estilo correspondiente a la superioridad y efectúense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia, determinó: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto impugnado." Por tal motivo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno, ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso d) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Asimismo, a efecto de economizar espacio en el área destinada para el archivo de este órgano jurisdiccional, procédase a la destrucción del legajo certificado, por resultar innecesarias para la tramitación de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación Nayarit "1", con sede en esta Ciudad, mediante el cual informa que las multas impuestas a la autoridad responsable denominada Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, fueron dadas de baja toda vez que dichos adeudos fiscales fueron cubiertos en su totalidad, lo que se toma para conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguense a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por NIDIA BEATRIZ IBARRA SERAFIN, en su carácter de quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de trece de julio de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo 1226/2022 en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, una vez que obre agregada la constancia de notificación respectiva, remítanse los autos originales del presente expediente, y por separado el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo a la Superioridad, para que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la constancia actuarial que antecede, por medio de la cual la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, manifiesta que no le fue posible notificar personalmente a la quejosa NIDIA BEATRIZ IBARRA SERAFIN, el proveído de trece de julio del año actual, dictado en el presente juicio de amparo, por las razones que en la misma expone; en consecuencia, y toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que señaló de igual forma domicilio físico para tal fin, a fin de no dejarla en estado de indefensión, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, a efecto de que realice dicha notificación en el domicilio ubicado en calle Zacatecas número 41-1 sur, Zona Centro, de esta ciudad, el cual se le tiene para las subsiguientes notificaciones TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo promovida por NIDIA BEATRIZ IBARRA SERAFIN, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Familiar Especializado en Violencia Familiar, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad de Tepic, y otras autoridades; fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1226/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de la demanda de amparo este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. Ahora en el caso, la parte quejosa en su demanda de amparo, señala como acto reclamado al Juez de Primera Instancia de lo Familiar Especializado en Violencia Familiar, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "La sentencia interlocutoria dictada el dieciséis de junio del año en curso, por el Juez de Primera Instancia de los Familiar Especializado en Violencia Familiar, dentro del expediente 95/2021, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Se declara infundados los agravios expuestos por la recurrente en consecuencia: SEGUNDO. Se declara improcedente el recurso de revocación planteado por Óscar Saúl Soltero Cruz, en su carácter de autorizado judicial de la promovente Nadia Beatriz Ibarra Serafín, en contra de la determinación tomada por esta autoridad en el autos de fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintiuno. TERCERO. Hágase saber a las parte que la presente resolución ES IRRECURRIBLE conforme a lo establecido por la fracción V del artículo 633 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Nayarit." Asimismo, la parte quejosa para acreditar su dicho, acompañó copia simple de la sentencia interlocutoria dictada en el expediente 95/2021, de cuyo contenido se transcribe el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno combatido a través del recurso de revocación, el cual es del tenor literal siguiente: "Téngase por recibido dos oficios en similitud PJN/CECOFAM/3496/10/2021 que presenta la Licenciada en Psicología Ana Bertha Guzmán Franco adscrita al Centro de Convivencia Familiar, el cual se le tiene adjuntando las valoraciones psicológicas de los C.C. Nadia Beatriz Ibarra Serafin y Marco Antonio Rodríguez Fernández. Ahora bien, impuestos de las valoraciones psicológicas y de trabajo social que fueron ordenadas en autos a las partes a efecto de pronunciamos sobre la continuidad o no de las medidas que le fueron otorgadas a la C. Nadia Beatriz Ibarra Serafín del auto de data uno de diciembre del año dos mil veinte y de fecha dieciocho del mes de agosto del año dos mil veintiuno, se colige que no existe indicios que adviertan de la violencia del posible agresor. Por lo que, previo levantar las medidas que le fueron concedidas requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días manifieste si promovió o existe diverso juicio principal, toda vez que, se advierte que de las medidas que le fueron concedidas en el inciso B, fue suspendida el régimen de convivencia de paterno filial. Apercíbasele que de no dar cumplimiento, se procederá al levantamiento de las medidas que le fueron otorgadas. Articulo 3 y 86 fracción II del Código Procesal Civil del Estado de Nayarit". De igual manera, del contenido de la citada interlocutoria, se advierte que al resolver la misma, el juez responsable precisó lo siguiente: "Y si bien se advierte de autos que existe un juicio dirimido por las partes ventilado dentro del expediente 849/2020 ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar de esta ciudad, donde entre otras cosas, se analiza la convivencia paterno filial entre Marco Antonio Rodríguez Fernández, y su hija N.J.R.I., donde ha decretado un régimen de convivencia supervisada ante el Centro de Convivencia Familiar, es por la razón de que el auto combatido previo a levantar las órdenes de concesión, que le fueron concedidas a la promovente para que manifieste si existe o promovió diverso juicio principal donde se analice lo relativo al derecho de convivencia, esto con la finalidad de evitar decisiones contradictorias entre juzgadores. Por ende, la determinación sobre el levantamiento de las órdenes de protección concedidas a la parte promovente no es materia de análisis del presente recurso de revocación, ya que el auto combatido tiene efectos de requerimiento para mayores medios de prueba y una vez contados con los mismos entrar al estudio sobre la vigencia de las mismas, por ello es infundado su agravio." Acotado lo anterior, se advierte medularmente que el acto que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo, consiste en la interlocutoria de dieciséis de junio del año en curso, que declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso Óscar Saúl Soltero Cruz, en su carácter de autorizado judicial de la promovente Nadia Beatriz Ibarra Serafín, contra el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro expediente 95/2021, considerando que con ello que se transgredió en su perjuicio las garantías consagradas en los ordinales 14 y 16 Constitucionales. Sin embargo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que el acto materia de reclamo en la presente instancia constitucional, el cual ha quedado precisado con antelación, no es de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados. Lo anterior es así, pues el acto reclamado consistente en la interlocutoria de dieciséis de junio de dos mil veintidós, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 95/2021, del índice del juez responsable, en el cual se tuvieron por recibidas las valoraciones psicológicas realizadas por la psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar de Nadia Beatriz Ibarra Serafin y Marco Antonio Rodríguez Fernández y en el que además se requiere a la primera para que dentro del término de tres días manifieste si promovió o existe diverso juicio principal, de modo alguno afecta un derecho sustantivo de la parte quejosa, toda vez que en relación a la recepción de las pruebas únicamente produce efectos intraprocesales; en tanto que el requerimiento realizado a la aquí quejosa, constituye un acto de realización futura e incierta, toda vez que depende de la conducta que asuma la quejosa frente a dicho requerimiento, por ende, el mero apercibimiento de levantar las medidas que le fueron concedidas, de momento carecen de ejecución como un acto autónomo definitivo, al estar sujeto al cumplimiento del requerimiento. En efecto, la determinación impugnada en relación a la recepción de las valoraciones psicológicas, en todo caso constituyen una violación procesal reclamable hasta que se pronuncie la autoridad sobre la subsistencia de las medidas que le fueron concedidas desde el auto de uno de diciembre de dos mil veinte; en tanto que el requerimiento que le fue realizado, a fin que en el término de tres días informe si promovió o existe diverso juicio al de origen, con el apercibimiento de levantar las medidas que le fueron concedida, constituye en todo caso un acto futuro e incierto que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe en determinado sentido, por lo que la actualización del apercibimiento dependerá del actuar del gobernado, sin que ello de momento implique afectación en sus derechos sustantivos, puesto que el único efecto que produce tal acto que reclama, es la continuación del procedimiento; empero, la trascendencia de tal decisión se reflejará, se insiste, hasta en tanto se provea sobre el levantamiento o no de las medidas que le fueron concedidas, determinación que puede ser favorable a sus intereses. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia PC.III.P. J/9 (10ª.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página dos mil noventa y dos, Libro 35, octubre de dos mil dieciséis, Tomo III, Materias Común y Penal, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "INSTRUCCIÓN. EL AUTO QUE LA DECLARA AGOTADA Y EL ACUERDO QUE RESUELVE QUE ES INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA AQUÉL, NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los artículos 147 y 150 del Código Federal de Procedimientos Penales prevén el procedimiento y las reglas para declarar agotada la instrucción, entre de lo que destaca que el Juez del proceso debe avisar a las partes sobre el estado procesal que guarda la causa penal un mes antes de que venzan los plazos ahí establecidos para declarar agotada la instrucción, y les dará un plazo inicial de 10 días para que se pronuncien al respecto, hecho lo cual, dictará el acuerdo respectivo, en el que les otorgará otro plazo de 10 días para que ofrezcan las últimas pruebas, las que se desahogarán dentro de los 15 días siguientes; sin embargo, el legislador dejó abierta la posibilidad de que el Juez recabe de oficio pruebas para mejor proveer e incluso, que duplique el término de 10 días para el ofrecimiento de pruebas, de suerte que dicho auto, así como el acuerdo que resuelve que es infundado el recurso de revocación interpuesto contra aquél, no constituyen actos de imposible reparación pues no afectan de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino al contrario, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa del justiciable, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo." (Subrayado añadido). En ese tenor, se insiste, el hecho de que el Juez señalado como responsable hubiere declarado improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en modo alguno le depara perjuicio. Resulta aplicable al caso, la tesis I.1o.A.7 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y uno, libro uno, Tomo II diciembre de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, si se insta el amparo contra la resolución recaída a un medio de defensa interpuesto contra un acto intraprocesal, para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a la naturaleza de la determinación recurrida, pues la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso es que se revoque o modifique el acto materia de la impugnación, por lo que es partícipe de la naturaleza de este último. Luego, si el acto combatido en la vía ordinaria no es de ejecución irreparable, porque no trastoca derechos sustantivos del demandante, atendiendo al vínculo indisoluble que existe entre aquél y la resolución que decida el medio de defensa, si la acción constitucional no procede contra el acto primigenio, tampoco lo será contra la que recaiga al recurso". Igualmente resulta ilustrativa la tesis IV.3o.83 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Materia Común, publicada en la página trescientos, Tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "RECURSO DE REVOCACIÓN, DESECHAMIENTO DEL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS BIINSTANCIAL. El desechamiento del recurso de revocación no reviste la categoría de un acto que sea de imposible reparación, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por el artículo 114 de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de garantías biinstancial, toda vez que no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, sino que sus efectos son meramente extra procesales y susceptibles de repararse en la sentencia si es favorable a los intereses de los inconformes y, en caso contrario, quedaría expedito el derecho de los recurrentes para alegar la posible violación procedimental en los términos y condiciones prescritos en los artículos 158, 159, fracción IX y 161, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en el amparo directo que se intente contra la sentencia definitiva". En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia, procede desechar la presente demanda de amparo

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