Nabora Casas Analco

Expediente 110/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
110/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2016

Partes del expediente

  • Nabora Casas Analco
  • NABORA CASAS ANALCO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Puebla, Puebla quince de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos los oficios del JUEZ DE LO PENAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA y otras autoridades, al respecto ténganse por rendido los informes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo y por hechas las manifestaciones que del mismo se advierte a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar.---En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de garantías conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se acredita la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 310, publicada en la página 209, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    ...se admite la demanda de amparo... Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficios que al efecto se giren, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes lo rendirán dentro del término de ocho días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, lo anterior en virtud de que dicho plazo es suficiente para que las responsables rindan su respectivo informe, además de privilegiar el mandato contenido en el artículo 17 Constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que establecen las leyes, apercibidas que de no cumplir con lo ordenado en este párrafo, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá a cada una de las autoridades responsables, una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, a fin de recabar las actuaciones que resultan necesarias para la resolución del presente asunto, tomando en consideración que el acto reclamado es la orden de citación y/o presentación y/o aprehensión dictada en contra de la parte quejosa, se requiere a las autoridades responsables ordenadoras a fin de que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remitan a este Juzgado Federal copia certificada del proceso penal generador del acto reclamado o, en su caso, el duplicado de la causa penal que dio origen a los actos reclamados; apercibidas las autoridades responsables ordenadoras que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente párrafo en el término señalado, sin causa justificada, se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (A CADA UNA), conforme a los artículos 238 y 260, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Término que se concede tomando en consideración que es un hecho notorio la carga de trabajo de las autoridades responsables ordenadoras no obstante que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento les generaría consecuencias de trascendencia relevante, no únicamente económicas sino, en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal; en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo, el mismo se amplía por el de cinco días. Asimismo, hágasele del conocimiento a las autoridades responsables que en caso de que se nieguen a recibir cualquier notificación derivada del presente juicio, en términos de la fracción I del artículo 28 de la Ley de la Materia, se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, con fundamento en el diverso 245 de la Ley de Amparo. De igual forma, se requiere a todas y cada una de las partes para que en su oportunidad cumplan con lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, esto es, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarlo de inmediato a este Juzgado y acompañar las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo ordenado en el presente párrafo, se le impondrá a quien incurra en dicha omisión, una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Así mismo, se requiere a las autoridades responsables ordenadoras para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS siguientes a la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado Federal el nombre y domicilio de todas y cada una de la partes que intervienen en el proceso generador del acto reclamado, así como el último domicilio señalado por éstos en autos y el monto de la reparación del daño correspondiente a cada uno de ellos, de manera individual y clara; lo anterior, a fin de que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se encuentre en aptitud de determinar a quién le reviste el carácter de tercero interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término indicado, se le impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el diverso 244 de la Ley de Amparo. De igual forma, se requiere a todas y cada una de las autoridades responsables para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, informen a este Juzgado Federal si existe algún juicio de amparo anterior al expediente en que se actúa, promovido por el mismo quejoso o por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional y por tratarse de actos derivados del propio procedimiento; lo anterior, a fin de que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho proceda. Apercibidas las autoridades responsables que de no cumplir con lo ordenado en el párrafo que antecede, se les impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (A CADA UNA), lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas que menciona en los términos precisados en el proemio de dicha demanda. Tramítese por separado y por duplicado el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 115 de la ley de la materia, se fijan para la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Dése al Ministerio Público de la Federación la intervención que a su representación compete, para lo cual se ordena notificar el presente acuerdo a dicho representante social por lista. De igual forma, remítase copia simple de la demanda de amparo, al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, y será hasta entonces que en términos del artículo 5º, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no existan como las denominó en su escrito de demanda o que dicha denominación sea incorrecta, se dejarán de tener como autoridades responsables en el presente juicio de amparo; ello, con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto, con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida la autoridad responsable y aquella que tenga el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ... Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación.

  4. Incidental

    Previo a la tramitación del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 110/2016 promovido por *** por derecho propio, se hace necesario precisar que la presente demanda se promueve en contra de autoridades penales y administrativas con residencia en la ciudad de Puebla capital, en la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el diecisiete de junio de dos mil once, contenido en Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, aún no se implementa el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, fracciones XXI y XXIII del artículo 73, fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho; por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la presente medida cautelar, por ser del orden penal, se tramitará y se regirá conforme a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis y normas supletorias aplicables. Una vez precisado lo anterior, como está ordenado en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al Juicio de Amparo número 110/2016, promovido por ***, por derecho propio, contra actos del JUEZ DE LO PENAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 124 bis, 130, 131 y 132 de la Ley de Amparo, mediante oficios y telegramas que al efecto se giren, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes lo rendirán por duplicado dentro del término de veinticuatro horas, siguientes a la notificación del presente acuerdo, remitiéndoles para tal efecto copia simple de la demanda de amparo; apercibidas que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una corrección disciplinaria consistente en multa por el equivalente a TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (A CADA UNA); lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 55, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al anterior. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el acto reclamado por la parte quejosa NABORA CASAS ANALCO, lo es: ... Ahora, respecto al acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en la ORDEN DE CITACIÓN Y/O PRESENTACIÓN en contra de la parte quejosa y la ejecución material de dichos actos realizada por parte de las autoridades ejecutoras, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada para el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad personal en cumplimiento a la ORDEN DE CITACIÓN Y/O PRESENTACIÓN que reclama, toda vez que con tales ordenes emitidas se restringe la libertad para determinado fin, de manera precaria, pero en resumidas cuentas constituye un acto de autoridad que afecta a aquélla, sin que esta medida ocasione contravención alguna al orden público, ya que no se trata únicamente de examinar si es necesario o conveniente al interés público que se realicen los actos reclamados, sino que debe determinarse si hay o no urgencia en que se realicen, comparando los daños que la suspensión pueda ocasionar a ese interés, con los daños que la ejecución o consecuencia de los actos reclamados pueda ocasionar a la parte quejosa, de quien en el caso que nos ocupa no se advierte exista urgencia en privarlo de la libertad; en la inteligencia de que la medida cautelar que se concede no surtirá ningún efecto legal si ya se ejecutaron tales actos, o si las órdenes provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, sin embargo dado que el procedimiento es de orden público, el quejoso deberá presentarse tantas veces lo requieran las autoridades responsables, en virtud de que la facultad de investigar otorgada a los Agentes del Ministerio Público, como el procedimiento judicial no pueden paralizarse. Respecto al acto reclamado por el quejoso consistente en la ORDEN DE DETENCIÓN librada en su contra y la ejecución material de dicha orden por parte de las autoridades que señaló como responsables ejecutoras, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, para el efecto de que hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, el quejoso no sea privado de su libertad personal con motivo de tales órdenes, siempre y cuando dichas ordenes no hayan sido dictadas por los Agentes del Ministerio Público responsables conforme a las facultades previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que el delito atribuido al impetrante sea considerado como grave, es decir, de aquellos que se encuentran contemplados por el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, y que exista riesgo fundado de que éste pueda sustraerse de la acción de la justicia, riesgo fundado en hechos y circunstancias objetivas de las que se deduzca efectivamente que aquél existe y que por la razón de la hora, lugar u otra circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión, y ésta no se haya ejecutado, pues en caso contrario (que se haya ejecutado la orden) el efecto de la suspensión es que se ponga en inmediata libertad al impetrante de amparo. Así mismo, para el caso de que la orden de detención reclamada por la parte quejosa hubiese sido dictada por las autoridades responsables conforme las facultades que les otorga el párrafo sexto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que el delito atribuido a los quejosos sea considerado como grave, es decir, de aquellos que se encuentran contemplados por el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, y que exista riesgo fundado de que los quejosos puedan sustraerse de la acción de la justicia, riesgo fundado en hechos y circunstancias objetivas de las que se deduzca efectivamente que aquél existe y que por la razón de la hora, lugar u otra circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, para el efecto de que una vez lograda la detención de la parte quejosa el Agente del Ministerio Público responsable lo ponga a disposición del juez competente para la continuación del procedimiento, así como para el efecto de que el impetrante de amparo quede a disposición del suscrito en el lugar de su reclusión por cuanto hace a su libertad personal. Ahora bien, respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables consistentes en la ORDEN DE BUSCA Y APREHENSIÓN y la ejecución material de dicha orden, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, para el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad personal siempre y cuando el delito que se le impute, no se tra te de delito o delitos que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución, es decir, de aquellos que se encuentran contemplados por el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, no se trate de alguna medida prevista por la ley dictada por juez competente, o bien si dicha orden ya se ejecutó, pues en esos casos el único efecto de la suspensión será que lograda la aprehensión del quejoso' éste quede a disposición del suscrito en el lugar de su reclusión por cuanto hace a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa penal instaurada en su contra para la continuación de la misma. La medida cautelar debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas en términos del artículo 206 de la Ley de Amparo. Sin embargo, la medida cautelar decretada no surtirá efectos si el acto reclamado fue materia de un diverso juicio de amparo a la aquí tramitado en la que se haya negado la protección constitucional o bien se haya sobreseído o se encuentre en trámite. Asimismo, tampoco surtirá sus efectos la suspensión decretada si dicho acto constituye la reiteración de un acto que fue materia de un juicio de amparo en el que se haya negado o sobreseído, es decir, que dicho acto no contenga nuevos elementos fácticos para su emisión. Ahora bien, tomando en consideración que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que la parte quejosa no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos de los actos reclamados, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza, establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas, fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante los Jueces de su causa, debiendo allegar las constancias que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. En el contexto que antecede, como medida de seguridad, se decreta que el quejoso otorgue dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, una garantía por la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY, es decir, ya sea en efectivo, billete de depósito a su nombre o en póliza de fianza, la que deberá contener los siguientes requisitos, domicilio de la compañía en esta ciudad, nombre del Agente o Agentes en esta plaza, y la expresión de que la compañía se somete a la Jurisdicción de los Tribunales del Estado para el caso de litigio. En caso de exhibir la garantía en efectivo, deberá proporcionar el número de RFC (Registro Federal de Contribuyentes), CURP (Clave Única de Registro de Población) o fecha de nacimiento, todos de la parte quejosa, toda vez que tales datos son necesarios para canjear la cantidad exhibida por un billete de depósito, cuenta habida que en este juzgado no debe manejarse dinero en efectivo, dado que de no satisfacerse tales requisitos no se tendrá por constituida la garantía, dado que de no satisfacerse tales requisitos no se tendrá por constituida la garantía. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que de no exhibir la garantía fijada en el término concedido para tal efecto, la medida cautelar otorgada dejará de surtir sus efectos. Garantía que se fija en forma "discrecional" y al prudente arbitrio, por no conocerse hasta el momento la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa al quejoso ni la situación económica de éste, estimando que la misma es la que a criterio del suscrito permite asegurar que en caso de no obtener sentencia favorable la aquí parte quejosa este Juzgado estará en aptitud jurídica y material de ponerlo a disposición de la autoridad que lo reclama. En efecto, como se dijo, la garantía fijada en el párrafo que antecede se fija de manera "discrecional" y al prudente arbitrio, en atención a que se desconoce el delito por el cual pudiere haberse librado no sólo una orden privativa de libertad, sino potencialmente TRES, que corresponde al número de autoridades responsables que señaló como ordenadoras, lo que de suyo implica que de existir estas TRES órdenes deberá la parte quejosa estar obligada y sujeta a UN procesos penales y DOS averiguaciones previas. Por lo que, por cada orden privativa de libertad se fija la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS, por cada autoridad judicial ordenadora, y la cantidad de DOS MIL PESOS CERO CENTAVOS, por cada autoridad administrativa ordenadora que es la que a criterio del suscrito permite asegurar que en caso de no obtener sentencia favorable la aquí parte quejosa este Juzgado estará en aptitud jurídica y material de ponerlo a disposición de las autoridades que lo reclaman. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 1ª./J. 16/97, visible en la página número 226, Tomo V, correspondiente al mes de Mayo de 1997, Novena Época, Primera Sala, del Semanario Judicial y su Gaceta, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Ahora bien, en caso de resultar ciertos los actos reclamados, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente respecto de la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, se requiere a las autoridades responsables ordenadoras para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído, informen a este juzgado lo siguiente: *** Lo anterior, conforme a los datos contenidos en las actuaciones que integren la causa penal generadora del acto reclamado según corresponda, apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tangan para ello, se les impondrá una multa equivalente a SESENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (A CADA UNA), lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se fijan para la celebración de la audiencia Incidental las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Como lo solicitó la parte quejosa en su escrito de demanda, expídasele una copia certificada del presente proveído teniendo por autorizadas para recibir dichas copias a las personas que menciona en su escrito de demanda. Respecto a su petición de que le sea otorgada copia certificada de la suspensión definitiva, dígase a la quejosa que una vez que se dicte la interlocutoria correspondiente en el presente incidente, previa reiteración de su petición se acordara lo procedente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo aplicable, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 76 BIS de la ley en cita); se apercibe al quejoso que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su demanda de amparo, sin mayor trámite se tendrán inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de la celeridad procesal. A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 282 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilita al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto, con fundamento en la fracción III, del artículo 28 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida la autoridad responsable y aquella que tenga el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. ...

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