Nabor Manuel Robledo Osorio

Expediente 1088/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1088/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
29/01/2020

Partes del expediente

  • Nabor Manuel Robledo Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ha quedado firme auto que se indica, remítase los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Teniendo en cuenta lo anterior y toda vez que de autos se advierte que por diverso acuerdo, se tuvo a la referida autoridad, remitiendo un legajo de copias certificadas; en consecuencia, devuélvase las copias certificadas del citado expediente a su lugar de origen.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos y por la Magistrada Presidenta e Instructora de la Primera Ponencia de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por medio del cual, acusa recibo del oficio 72333/2019 del índice de este Juzgado de Distrito, por el que se le hizo del conocimiento el proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa; atento a lo anterior, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, quedando enterada este Juzgado de Distrito de su contenido.

  3. Principal

    Agréguese al presente expediente sin mayor proveído en virtud de que en auto de veinticuatro de diciembre del año en curso, se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 24/diciembre/2019, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve (foja 103), a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "[.] En esa virtud, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales ahora Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado: "- Dé cumplimiento a la sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete dictada en el juicio de nulidad 9954/17-17-10-1, en los términos ahí establecidos. [.]" Ahora bien, en la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 9954/17-17-10-1, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se estableció lo siguiente: "[.] Bajo esas consideraciones, esta juzgadora determina que la autoridad no actuó apegada a derecho al omitir efectuar debidamente los incrementos que debió percibir la pensión del accionante de conformidad con el precepto legal referido y en consecuencia, al no aportar elementos de convicción quo acrediten lo contrario, se actualiza la causal establecida en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo tanto, esta Sala de conformidad con el artículo 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad, ajustándose a lo dispuesto por el artículo 57 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente al momento en que inició la pensión del actor, emita una resolución en la que se proceda a incrementar la pensión conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año y en caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos. "En donde deberá especificar la forma en que se calculó e incrementó la cuota diaria pensionaria y la gratificación de fin de año, la cantidad incrementada, los días de cada período, la pensión a pagar en cada periodo y la pensión pagada, las gratificaciones anuales y demás prestaciones a que tiene derecho la impetrante, así como las diferencias a pagar y, si resulta que existen mayores diferencias, deberá proceder el Instituto demandado a realizar el pago correspondiente respecto de cada una de las prestaciones derivadas de la cuota pensionaria de que se trata. Con el fin de que el pensionista esté en posibilidad de conocer y determinar con claridad las cantidades efectivamente pagadas y las cantidades que evidentemente dejó de percibir por cada uno de los derechos que tiene desde la fijación de su pensión toda vez que el ordenamiento en cita fue a través del cual se le otorgó la pensión al actor cubriéndose por tanto las diferencias que resulten a su favor, así como el pacto de las gratificaciones anuales a que tiene derecho. "Para lo anterior, deberá tomar en consideración el tope máximo de suma cotizable de 10 veces el salario mínimo general que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y derivado de ello proceda al incremento de la gratificación anual que le corresponda conforme a su nueva cuota de pensión, debiendo cubrir, en su caso, las diferencias que al respecto se le adeuden al hoy actor, lo cual deberá hacerlo atendiendo a la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional. ". "Por lo tanto, en términos del artículo 52, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se condena a la autoridad demandada realice el pago retroactivo de las diferencias derivadas del incremento de la cuota diaria de pensión únicamente respecto de los últimos cinco años anteriores a la fecha en que se formuló el reclamo, esto es, a partir del veintiséis de enero de dos mil diecisiete, fecha en que solicitó ante la autoridad demandada el ajuste de su cuota diaria de pensión, así como el pago de las diferencias con motivo de la modificación de la cuota diaria de pensión. [.]" Del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, la autoridad responsable deberá acreditar, con constancias idóneas, lo siguiente: ? Dar cumplimiento a la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 9954/17-17-10-1, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el doce de diciembre de dos mil diecinueve (foja 99), la Magistrada Presidenta y la Secretaria de Acuerdos, ambas de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió a este órgano jurisdiccional lo siguiente:  Copia certificada del acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad 9954/17-17-10-1 (fojas 100 a 102). Documental que por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con dicha constancia se dio vista a la parte quejosa en proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve (foja 103) para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera, cuestión que NO realizó. No obstante lo anterior, de la lectura de la determinación de diez de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio de nulidad 9954/17-17-10-1, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que dicho órgano jurisdiccional determinó lo siguiente: "[.] [.]" De lo anterior, se concluye que la autoridad responsable, acreditó ante la Sala de origen que dio cumplimiento total a lo resuelto en la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 9954/17-17-10-1, del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Resulta importante precisar que a través del proveído dictado el diez de diciembre de dos mil diecinueve, por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los autos del juicio de nulidad 9954/17-17-10-1, se determinó que la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, había quedado cumplida; en relatadas condiciones es evidente que la referida Sala se pronunció en relación con la materia del cumplimiento de su propia sentencia. En ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado sin materia el cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo constituyó la falta de cumplimiento a la sentencia de nulidad dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente 9954/17-17-10-1; y que la referida Sala, determinó mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve que dicha resolución había quedado cumplida. Sin que lo anterior implique pronunciamiento alguno sobre la legalidad de la determinación de diez de diciembre de dos mil diecinueve dictada en el juicio de nulidad 9954/17-17-10-1 (fojas 100 a 102), al no ser materia de análisis del presente sumario constitucional; dejando expedito el derecho de la parte quejosa para impugnar dicha resolución por los medios legales que considere procedentes. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, para el caso de que se encuentren en período vacacional las autoridades a quienes se dirijan los oficios con los cuales deba notificarse el presente proveído, se comisiona a la sección de actuaría para que resguarde y entregue dichos oficios una vez que las referidas autoridades reanuden sus labores. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, en unión del Secretario Josué Yoao García García, que autoriza y da fe. Doy fe.".

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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