Naara Olivo Badillo
Expediente 480/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Naara Olivo Badillo
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE EL PROVEÍDO MEDIANTE EL CUAL ESTE JUZGADO DE DISTRITO DECRETO EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, HA QUEDADO FIRME, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. SE DECLARA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
agréguese el escrito signado por ***, mediante el cual solicita se requiera el cumplimiento de la ejecutoria a la autoridad responsable.Atento a lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar de acordar favorable su petición, toda vez que en proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; asimismo, el expediente del que deriva el presente cuaderno de antecedentes encuentra pendiente de resolverse el recurso de inconformidad en contra del mismo.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE CITA: Cuernavaca, Morelos, quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual remite el juicio de amparo ****, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por *******, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y otra autoridad, en cumplimiento al auto dictado el nueve de abril del año en curso, en el juicio de amparo *********, del índice de este juzgado federal, en el que se aceptó la competencia del juicio *********. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 480/2019-C-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 60 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el suscrito ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Por otra parte, se convalidan las actuaciones practicadas por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en relación al expediente *********, de su índice. Asimismo, no ha lugar a requerir a la autoridad señalada como responsables su informe justificado, toda vez que ya obra agregado en las constancias que remite el Juzgado homólogo el informe justificado de la misma. Sin que al respecto haya lugar a fijar hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de las siguientes consideraciones: El presente juicio de amparo se inició con motivo de la demanda de amparo promovida por ************, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, de quien reclama el señalamiento de fecha fuera de los términos de la ley para la celebración de la resolución del incidente de sustitución patronal, misma que fue señalada para el quince de mayo del año en curso. En ese sentido, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que dicha autoridad aceptó la existencia de lo reclamado; sin embargo, manifestó que el veintiocho de marzo del año en curso, determino regularizar el acuerdo de veintisiete de febrero del año actual, y en su lugar señaló como nueva fecha para la celebración de la audiencia incidental de competencia, las ocho horas con treinta minutos del nueve de abril del año en curso, cuyo señalamiento lejano constituyó el acto de molestia en el presente juicio de amparo determinación que fue notificada de manera personal a la parte quejosa el uno de abril siguiente, como se advierte de las documentales que en copia certificada acompañó a su informe justificado, y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo anterior, es claro advertir que en el caso en particular, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien al siete de marzo de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la parte quejosa refirió que la autoridad responsable había señalado una fecha lejana para la celebración de la resolución del incidente de sustitución patronal, misma que había sido señalada para el quince de mayo del año en curso, lo cierto es que de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que el veintiocho de marzo del año en curso, determino regularizar el acuerdo de veintisiete de febrero del año actual, y en su lugar señaló como nueva fecha para la celebración de la audiencia incidental de competencia, las ocho horas con treinta minutos del nueve de abril del año en curso, y notificó a la parte actora el citado acuerdo el uno de abril del año en curso. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 210 que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, no ha lugar a señalar fecha para la audiencia constitucional respectiva, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
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