N. de S. M.
Expediente 1293/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1293/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- N. de S. M.
- IZABELA BALBINO DE SOUZA y Otros.
- Izabela Balbino de Souza
Actuaciones
- Principal
hago constar que se notifica a la parte tercero interesada Gustavo Chávez De la Torre, la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo 823/2019-VI, por medio de lista de estrados, en cumplimiento a lo ordenado en este controvertido constitucional; ello, en términos de los artículos 26 fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, que en síntesis dice:"R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por *****, por conducto de su apoderado legal ******, en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California y secretario actuario de su adscripción, así como las Juntas Especiales Números Ocho, Nueve y Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, consistentes, respectivamente, en las actuaciones del juicio laboral 3408/2017-4D, el emplazamiento practicado en éste y la ejecución del laudo pronunciado en ese controvertido; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a *****, por conducto de su apoderado legal ******, contra los actos que reclamó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California y Secretario actuario de su adscripción; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el octavo. Notifíquese personalmente."
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Se designa asesor jurídico de menores. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, en esta ciudad, en cumplimiento a lo solicitado en autos, designa al licenciado ********************, asesor jurídico de esa delegación, a fin de que brinde el servicio de defensa y asesoría a los menores ******************** y********************, los cuales tienen el carácter de quejosos en el presente juicio de amparo. Por tanto, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que, se constituyan en las instalaciones de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, en esta ciudad, y notifiquen el contenido de la presente determinación al licenciado ********************, para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días contado a partir de que le surta efectos la misma, manifieste si acepta y protesta el cargo de representante especial de los menores quejosos que le ha sido conferido, lo que en su caso, podrá hacer a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o vía correo electrónico y para tal efecto, se autoriza para que lo remita al correo electrónico institucional 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese y personalmente al Defensor Público ********************.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta se advierte que por escrito depositado en la entonces Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Tijuana, Baja California, el veinte de abril de dos mil veintiuno, ********************, quien se ostenta como defensor público federal del quejoso ********************, promovió demanda de amparo en contra del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Que la demanda se radicó con el número de amparo 722/2020-III y desechó de plano mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte y que no se cuenta con la papeleta de turno respectiva. Además, que el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, la secretaría actuante se percató del extravío del original del juicio de amparo en que se actúa y que después de una exhaustiva búsqueda por parte del personal de este Juzgado no se localizó el expediente físico del aludido. Que en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes se lleva el expediente electrónico, se advierte que obra el archivo digital del escrito original de demanda de amparo y del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se radicó y se desechó de plano la misma. Finalmente, que no obra constancia de notificación a la parte quejosa, relativa al proveído antes aludido. En consecuencia, dado que en el caso obra sin alteración el expediente electrónico, con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Amparo, se ordena la reposición de constancias a fin de proseguir con el trámite del presente juicio y no entorpecer el procedimiento del juicio constitucional; y para ello se deberán imprimir las constancias que obran en el mencionado expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y realizar la certificación respectiva, asentando que son copia fiel y exacta de las que encuentran en "SISE". Ahora en otro aspecto, de la certificación de cuenta, se advierte que no obra constancia de notificación a la parte quejosa, relativa al proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida en este expediente. Por tanto, túrnense los autos a la actuaria de este juzgado para que realice la notificación en cita. Se ordena girar oficio a Oficina de Correspondencia Común. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la demanda de amparo fue recibida directamente en este juzgado a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que no se cuenta con la papeleta de turno respectiva; por tanto, se ordena girar oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, para la equidad y proporcionalidad de cargas de trabajo, registre y remita la boleta de turno respectiva a este juzgado relativa a la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil veintitrés.****************************************Radicación. ********************Vista la demanda y anexo de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación como juicio de amparo 1293/2023-VII. ****************************************Precisión especial. ********************A fin de salvaguardar el derecho a la reserva de información de los datos personales y sensibles del niño, así como su derecho a la intimidad, de conformidad con el artículo 8º de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores "Reglas de Beijing", en el presente juicio se hará referencia a los niños quejosos con las siglas ****************************************Personería de los promoventes. ********************Ahora, previo a pronunciarse sobre la demanda promovida, debe analizarse la personalidad de quien promueve; por ende, con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce (únicamente para efectos de proveer sobre la suspensión de plano de los actos reclamados) a ********************como representante legal de la niña ********************y a ********************como representante legal del infante ********************con base en las copias simples de los pasaportes expedidos por la República Federativa de Brasil, exhibidos por los promoventes, de la cual se aprecia indiciariamente que son madre y padre de los niños antes mencionados. ****************************************Suspensión de plano. ********************En la demanda de amparo los actos reclamados por el quejoso se hacen consistir, esencialmente, en:****************************************1. La deportación.****************************************2. Cualquier acto que tenga por objeto privar de su libertad a los infantes ****************************************3. Cualquier acto que tenga por objeto privar de su libertad a los agraviados 1) ********************y 2) Neylson De Melo Lima.****************************************Actos de los que dice son y pueden ser objeto los antes mencionados, por parte del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que son de nacionalidad extranjera. ****************************************I.- Deportación. ********************Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados o expulsados del país.****************************************II.- - Cualquier acto que tenga por objeto privar de su libertad a los niños ****************************************Es necesario tener en cuenta que el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el principio general de que un niño podrá ser privado de libertad tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.****************************************Sin embargo las infracciones relativas a la entrada o estancia irregulares no pueden tener en ninguna circunstancia consecuencias similares a las que se derivan de la comisión de un delito.****************************************Por consiguiente, la posibilidad de detener a niños como medida de último recurso, que puede aplicarse en otros contextos como la justicia penal de menores, no es aplicable en los procedimientos relativos a la inmigración, ya que estaría en contradicción con el principio del interés superior del niño y el derecho al desarrollo. ****************************************En ese orden, por cuanto hace a los niños ********************y ********************se decreta la suspensión de plano para que las autoridades no presenten ni alojen a los menores migrantes en estaciones migratorias, ni en algún lugar habilitado para ello. ****************************************Además, debe evitarse la detención del grupo en su conjunto atendiendo al principio de unidad familiar y al interés superior de niñas, niños y adolescentes; por tanto, en caso de que así lo solicite la adulta responsable del menor, las autoridades proveerán las condiciones adecuadas de sanidad; insumos alimenticios, con los instrumentos adecuados para su ingesta; aunado a condiciones dignas de vestimenta necesaria para sortear inclemencias climatológicas, así como de un espacio y mueble idóneo para dormir; todo ello en estricto acatamiento a los lineamientos que al efecto establezcan las disposiciones reglamentarias que rigen el actuar de las responsables.****************************************III.- Cualquier acto que tenga por objeto privar de su libertad a los agraviados 1) ********************y 2) Neylson De Melo Lima.****************************************Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa a la privación de la libertad de las personas migrantes, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país. ****************************************Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos. ****************************************En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen: ****************************************"Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. ****************************************Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición."****************************************De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria. ****************************************En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio. ****************************************Ahora, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, para evitar que la detención administrativa sea arbitraria debe:****************************************Ser menor al plazo de treinta y seis horas; y,********************Debe cumplir con los requisitos de:********************Razonabilidad, que es un criterio de evaluación objetivo;********************Necesidad; y,********************Proporcionalidad, que son criterios de evaluación subjetivos.****************************************Explicó, que la razonabilidad exige que la detención sea impuesta en cumplimiento de un fin legítimo en cada caso individual, que tiene que estar estipulado expresamente en la legislación, y definir y enlistar exhaustivamente las razones consideradas como fines justificadores.****************************************Además, destacó que la necesidad exige que la detención sea indispensable para cumplir el fin legítimo y que, en las circunstancias individuales del caso, no exista otra menos restrictiva de los derechos de la persona afectada.****************************************Finalmente, señaló que la proporcionalidad reclama que el Estado alcance un balance entre la gravedad de la medida y la situación de la persona migrante en cuestión.****************************************Por lo que, consideró que el derecho a la libertad personal no es absoluta, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional.****************************************Así, determinó que para una detención en ese contexto, en aras de evitar su arbitrariedad, debe ser aplicada como medida excepcional, por el periodo más breve y sólo si se justifica por una finalidad legítima, siempre que ésta sea acorde con el artículo 21 constitucional, el cual mandata que ningún acto privativo de la libertad de las personas por razones administrativas puede exceder del periodo máximo de treinta y seis horas.****************************************Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes: ****************************************En el caso de que la detención de 1) ********************y 2) ********************ambos por sí y en representación de sus hijos ********************y ********************no sea derivada de la internación irregular al país, o, no tenga relación con la comisión de un ilícito, es para que no sean privados de la libertad.****************************************En el supuesto de que la detención de 1) ********************y 2) ********************derive de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, las autoridades deberán ponerlos en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. ****************************************En el escenario de que la detención de 1) ********************y 2) ********************sea con motivo de que su internación es considerada irregular por parte de la autoridad migratoria, deberá, dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de su detención, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, y antes de que fenezca el plazo de las treinta y seis horas a partir de su detención, deberán dejarlos en inmediata libertad. ****************************************En el entendido de que la orden de dejarlos en libertad no impide que se les fijen las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para que 1) ********************y 2) ********************continúen su procedimiento en libertad.****************************************Por tanto, las medidas que señalen las autoridades deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de las personas en situación de migración, pero deberá tomar en cuenta aquellas que aseguren que ésta no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, mas no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces le sea exigido y, en el supuesto de que determine imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que la persona migrante pueda seguir su procedimiento en libertad.****************************************Con la precisión que, la integridad personal de 1) ********************y 2) ********************es responsabilidad de la autoridad migratoria, razón por la cual durante el tiempo que se encuentren presentes ante la misma, (de ser el caso), deberá velar por la protección de sus derechos humanos, esto es, conservar y asegurar su integridad física, entre lo que destaca, proporcionar alimentos, vestimenta en caso de necesitarlo, así como brindar la atención médica básica que se requiera, con el objeto de que no se provoque un menoscabo a su salud, mientras esté a su disposición. ****************************************Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. ****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PR.P.CN. J/5 P (11a.) , de rubro y contenido siguiente: ****************************************"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región CentroNorte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia encasos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad."****************************************Informes. ********************Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndole para tal efecto copia simple del escrito de demanda.****************************************Apercibimiento. ********************Apercibida que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.****************************************Autorización de informe vía electrónica. ********************Se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirva proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado.****************************************Prevención. ********************En atención al contenido de la demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo.****************************************Requerimiento. ********************Por tanto, atendiendo a que la demanda de garantías debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, se requiere a los promoventes ********************y ********************para que por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles legalmente computado, bajo protesta de decir verdad realicen lo siguiente:****************************************Exhiban documento idóneo con el que acrediten la personalidad con que se ostentan, es decir, como padres de los niños ********************y ********************respectivamente, ya que las documentales exhibidas se estiman insuficiente para ello.****************************************En efecto, los promoventes indican que comparecen por su propio derecho y en representación de sus hijos ********************y********************y, para acreditar tal personalidad, exhiben copias simples de dos pasaportes expedidos aparentemente por la República Federativa de Brasil; documentos que por su naturaleza carecen de valor probatorio.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1020 (con número de registro electrónico 1013619), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se cita a continuación:****************************************"COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON ALGUNA OTRA PRUEBA. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, toda vez que al faltar la firma autógrafa y no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, y por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria."************************************************************Debido a lo anterior, con la finalidad de verificar la situación real de los infantes, es que se previene a los promoventes para que en el plazo otorgado, dén cumplimiento a lo anterior; esto es, presenten un documento con el cual acrediten la personalidad con la que se ostentan, que pudiera ser el original de los pasaportes que se exhiben en copia simple con la demanda, en el entendido que de ser exhibidos, en el mismo acto serán devueltos una vez cotejados por el secretario actuante.****************************************Fundamenta lo anterior la tesis I.8o.A.10 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: ****************************************"REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, el órgano revisor deberá revocar la resolución recurrida cuando por acción u omisión se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. Entre esas reglas se encuentra la relativa a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en representación de un menor de edad, a fin de garantizar una representación adecuada del infante y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo proceso judicial, en observancia al principio de interés superior del niño. En ese sentido, constituye una violación procesal en los términos descritos, que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo indirecto respecto de un menor, con motivo de que quien se ostentó como su representante incumplió con la carga procesal de acreditar su personalidad, la cual afirmó tener reconocida ante la autoridad responsable, sin que lo hubiera requerido para hacerlo y, en su caso, recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, pues ello implica que soslayó la normativa legal, constitucional e internacional, así como los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, si se advierte que durante la secuela del amparo no se verificó la debida legitimación de la persona que promovió el juicio en representación del menor quejoso, debe reponerse el procedimiento."****************************************Apercibimiento. ********************De no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se acordará lo que en derecho proceda y en su caso, se proveerá sobre la admisión de la demanda.****************************************Señalamiento de autorizados. ********************Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, dado que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.****************************************Consulta electrónica. ********************De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta al usuario ********************.****************************************Notificación vía electrónica. ********************De igual manera, dado que autoriza expresamente la vía electrónica para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. ****************************************Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A, realice la autorización para consulta electrónica del expediente al usuario antes señalado.****************************************Solicitud de copias. ********************Respecto a la solicitud de copias por parte de la parte quejosa, dígasele que dichas constancias al formar parte del expediente electrónico, las mismas ya cuentan con la evidencia criptográfica, por lo cual se consideran como copias certificadas electrónicamente; por tanto, al tener la parte quejosa acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, dichas constancias las puede obtener por ese medio; sin perjuicio, de que si es su deseo acuda a este órgano jurisdiccional a fin de que se lleve a su costa el fotocopiado de las documentales solicitadas.****************************************Habilitación de días y horas inhábiles. ********************De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. ****************************************Transparencia. ********************Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. ****************************************Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. ****************************************Expediente electrónico. ********************De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo.****************************************Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito.
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