Myrna Osvelia Armenta Perez

Expediente 850/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
850/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Myrna Osvelia Armenta Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito con evidencia criptográfica de Jorge Eduardo García Imperial, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución de los documentos originales anexados al escrito inicial de demanda. En consecuencia, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, procédase a la devolución de los documentos que refiere en su ocurso, previo cotejo y compulsa que de los mismos se haga, dejando en autos copia, así como toma de razón de su recibo.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa, previsto en los artículos 201 y 202 de la ley de Amparo, para inconformarse con la resolución treinta de marzo de dos mil veintidós, que tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo sin que se interpusiera dicha inconformidad; por tanto, con fundamento en el numeral antes invocado, se tiene por consentido el cumplimiento dado al fallo protector en el juicio constitucional en el que se actúa. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la ley de la materia, previa revisión por la Secretaría encargada del trámite, de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.

  3. Principal

    ... Lo anterior, permite colegir que en relación con los efectos de la sentencia, se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos, tal como lo exige el artículo 77, de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. Sin que lo aquí señalado pueda reputarse como una revocación de una determinación previa, pues lo cierto es que únicamente se atendió la jurisprudencia en cuestión que como se dijo es de observancia obligatoria para el suscrito por disposición de la Ley de Amparo, de ahí la necesidad de regularizar el procedimiento en los términos anotados...

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito firmado por Jorge Eduardo García Imperial, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista concedida en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, y manifiesta su inconformidad respecto a las actuaciones efectuadas por la autoridad responsable, tendiente al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio. Ahora, visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa; en tal virtud, se procede a realizar el pronunciamiento respectivo. Antecedentes En el caso, Myrna Osvelia Armenta Pérez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en esencia contra la omisión de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de dar contestación a la solicitud de pensión por jubilación formulada por la quejosa el cuatro de junio de dos mil veintiuno. -Efectos de la sentencia- Ahora, de autos se desprende que en doce de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia constitucional en el juicio en el que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables Director General, Junta Directiva, Jefe del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, Dirección de Pensiones y Jubilaciones y Coordinador de Prestaciones Económicas y Sociales Zona Costa, todos del Instituto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, de inmediato iniciaran el trámite correspondiente y, con libertad de jurisdicción, resolvieran por escrito en el ámbito de sus facultades, la solicitud de pensión por jubilación formulada por la quejosa y aunado a ello, notificara de manera personal en el domicilio señalado para esa finalidad en su escrito de petición. Inconforme con la sentencia, el instituto responsable interpuso recurso de revisión, el cual le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en esta ciudad, bajo el amparo en revisión administrativo 6/2022, en la cual se confirmó la sentencia de primera instancia. -Actos relativos al cumplimiento del fallo- Por auto de nueve de marzo del año en curso, se tuvo al delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitiendo copia de su oficio dirigido a Myrna Osvelia Armenta Pérez, de dos de marzo del presente año, a través del cual se le notifica el acuerdo en el que se dio respuesta a la petición formulada por la quejosa, presentada en cuatro de junio de dos mil veintiuno. Oficio por el cual, se advierte se dio contestación a la solicitud de pensión por jubilación realizada por la aquí quejosa. Calificación de los actos relativos al cumplimiento Ahora, del oficio dirigido a la quejosa, emitido por la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del multicitado instituto, se desprende en la parte conducente la manifestación de la responsable en el sentido que no cuenta con el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para se incorpore a la nómina de pensionados de dicho instituto, es decir, no encontró tramites de pensión por jubilación promovidos por el patrón; por lo que señaló que no cumple con los requisitos formales de la tramitología respectiva y, por tanto, no procedía continuar con el trámite de solicitud. Bajo ese contexto, en primer término, es dable recapitular que los efectos de la concesión de amparo en este asunto, fueron para que la responsable iniciara el trámite correspondiente, y con libertad de jurisdicción, diera respuesta por escrito en el ámbito de sus facultades, a la solicitud de pensión formulada por la quejosa de manera congruente. En el caso, se tiene que en efecto se dio respuesta a la parte quejosa respecto del trámite de la pensión que solicitó. En segundo, que de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, se desprende que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado. En ese sentido, respecto a la respuesta otorgada por la responsable carece de congruencia en relación con su situación particular y la petición que se realizó, habida cuenta que en la respuesta otorgada se basa en que no puede integrarse el expediente respectivo ante la falta de un requisito, consistente en que debió anexar a su solicitud el aviso de baja emitido por la patronal. Sin embargo, de acuerdo al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California en lo particular los numerales 7°, 8°, 22° y 23° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del aludido instituto, disponen lo siguiente: "Artículo 7°.- El dictamen de referencia, acompañado de su respectivo expediente será turnado a la H. Junta Directiva a efecto de que conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las Jubilaciones o Pensiones acorde con lo señalado por el Artículo 116, fracción IV de la Ley. Artículo 8°.- El dictamen de la H. Junta Directiva a que se refiere el Artículo anterior, será remitido dentro de los 15 días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado o quien tenga esa facultad en los Municipios u Organismos incorporados, quien revisará y resolverá en definitiva, respecto de la Pensión Solicitada, para que pueda ser ejecutada. Artículo 22.- Tienen derecho a Jubilación los trabajadores con treinta o más años de servicios al Gobierno del Estado, de los Municipios u Organismos afiliados, e igual tiempo de contribución al Fondo de Pensiones del Instituto, cualquiera que sea su edad. La Jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al último sueldo devengado por el trabajador. Artículo 23.- El Asegurado que solicitase Jubilación al Instituto, deberá presentar la siguiente documentación: 1) Solicitud por escrito de la prestación, dirigida al Director General del Instituto. 2) Hoja de Servicios expedida por la Dependencia facultada para dar fe del tiempo laborado por los trabajadores del Gobierno del Estado o de los Municipios u Organismos afiliados. En este caso, el mencionado documento constatará que el solicitante ha trabajado por espacio de treinta años, según lo establece el Artículo 67 de la Ley. Para complementar la información, el Departamento de Pensiones solicitará al Departamento correspondiente del Instituto, lo siguiente: a) Certificación de los años de aportaciones al Fondo de Pensiones del Instituto, por parte del solicitante de Jubilación. b) En caso de reconocimiento de antigüedad, el trabajador justificará el pago de las cuotas y aportaciones omitidas por este concepto, o bien la forma como se convino con el Instituto, su liquidación. c) Certificación del último sueldo devengado por el trabajador. Obtenida esta información e integrado el expediente, se procederá a elaborar el Dictamen correspondiente, notificándose al interesado y se continuará el procedimiento en los términos de los Artículos 7 y 8 del capítulo anterior. De los preceptos transcritos, se obtiene el procedimiento al que habrá de sujetarse el otorgamiento de jubilaciones, el cual consiste en que, una vez presentada la solicitud correspondiente, el Departamento de Pensiones, recabara certificación de los años de aportaciones al Fondo de Pensiones del Instituto, por parte del solicitante de Jubilación, en caso de reconocimiento de antigüedad, el trabajador justificará el pago de las cuotas y aportaciones omitidas por este concepto, o bien la forma como se convino con el Instituto, su liquidación, último sueldo devengado por el trabajado y obtenida esta información e integrado el expediente, se procederá a elaborar el Dictamen correspondiente, mismo que será turnado a la Junta Directiva a efecto de que conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las jubilaciones o pensiones. Hecho lo anterior el dictamen será remitido dentro de los quince días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado o a quien tenga esa facultad en los Municipios u organismos incorporados, quien revisara y resolverá en definitiva, respecto de la pensión solicitada, el Director General del Instituto comunicará por escrito a los interesados el Acuerdo del Ejecutivo, en un tiempo que no exceda de cinco días hábiles; asimismo, remitirá copia del dictamen sancionado por el Ejecutivo del Estado, a la Dependencia donde labore el solicitante de pensión, para efecto de su correspondiente baja como trabajador. En ese sentido, en es de concluirse que la autoridad responsable está obligada a recabar la información a que se refiere en numeral 23 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California el cual no contempla que deba contar con el comunicado por parte de la patronal en coordinación con la organización sindical, del cual se desprenda que el asegurado cause baja como trabajador activo dado que esto, es decir, la comunicación de la baja, es una consecuencia de que en su caso la Junta directiva conceda la pensión por jubilación solicitada por la parte quejosa. Bajo ese contexto, y en atención a las constancias obrantes en autos, este juzgador estima que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se considera que existe defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio, en virtud de que la autoridad responsable no dio debida respuesta a la parte quejosa respecto a su solicitud de pensión. En consecuencia, resulta procedente requerir de nueva cuenta a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contadas a partir de que reciban el oficio relativo, cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo, esto es, con plenitud de jurisdicción otorguen respuesta por escrito en el ámbito de sus facultades, a la solicitud de pensión formulada por la quejosa de manera congruente, tomando en consideración la situación actual respecto de la quejosa. Con el apercibimiento que, de no hacerlo así dentro del término señalado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo, además de que serán remitidos los autos originales del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en turno con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley de Amparo. Asimismo, se les apercibe que no cumplir en los términos indicados y desatender el procedimiento para el otorgamiento de pensiones conforme al reglamento antes invocado, se podrá considerar que incurren en evasivas injustificadas o tramite ilegal lo cual también constituye causa para la inejecución de la sentencia . Finalmente, vistas las diversas manifestaciones realizadas por el autorizado de la quejosa en el escrito presentado con antelación y agregado en esta fecha; dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

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