Myrna Leticia Gámez Conde

Expediente 518/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
518/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Myrna Leticia Gámez Conde
  • Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO AUTO QUE DECLARÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, SE ORDENA AL ARCHIVO EL EXPEDIENTE.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Cumple requerimiento. Agréguese a sus autos el oficio firmado por la secretaria de acuerdos y proyectos adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado el catorce de junio del año en curso, remite las constancias solicitadas. Pruebas. Se tiene por exhibida la prueba documental que envía la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que deriva una causal de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia. En efecto, del contenido de las constancias probatorias remitidas por la autoridad oficiante, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, se precisa que el reclamo constitucional se hizo consistir en la omisión de la responsable de dictar sentencia en el expediente 1266/2015, del índice Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. El acto reclamado resultó cierto, toda vez que del oficio remitido por la secretaria de Acuerdos y Proyectos adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, que contiene el informe justificado rendido por la autoridad responsable, si bien es cierto, se advierte que no contiene pronunciamiento en relación con la admisibilidad del acto reclamado; sin embargo, de la lectura íntegra de dicho informe, se desprende la existencia del reclamo, cuenta habida que en el se manifiesta que el treinta de abril de este año, se citó el expediente 1266/2015, para oír resolución y que a la fecha de la rendición del informe estaba siendo elaborado por el proyectista de la ponencia respectiva; lo que evidencia que hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, existía la omisión reclamada. No obstante lo anterior, a través del oficio que se agrega en esta fecha y la documental adjunta a la que, con antelación, se le otorgó pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, de la codificación adjetiva supletoria, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que la autoridad responsable, dictó sentencia el nueve de junio del año en curso en el juicio de origen, derivado de lo cual se desprenden que cesaron los efectos del reclamo constitucional. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia invocada, toda vez que con el actuar de la autoridad, se restituyó a la parte quejosa en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba a la parte quejosa fue la circunstancia de que no se emitiera resolución en el juicio de origen y la responsable emitió una determinación en la que resolvió dicho asunto; por tanto, tal actuación torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de junio de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Visto lo de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con cuarenta y ocho minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno. Requerimiento a la responsable. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad para que en el improrrogable plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe sí ya dictó la resolución definitiva en el expediente 1266/2015, de su índice, lo que deberá acreditar con las constancias pertinentes. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de junio de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la secretaria de Acuerdos y Proyectos adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Documental. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que anexa a su informe, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano