Myrna Antonia Cueva Ibarra
Expediente 10/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Myrna Antonia Cueva Ibarra
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 15 a 21), mediante el cual se desechó la demanda de amparo interpuesta por ***; proveído que fue debidamente notificado y al haber transcurrido a la fecha el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo queda firme el auto mencionado, para todos los efectos legales correspondientes. Derivado de lo anterior, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo se encuentra concluido mismo que es susceptible de destrucción a partir del veinticinco de enero de dos mil veintitrés, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por último, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero, segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto 1/2009, se determina que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental, ni existen documentos originales. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Registro de Juicios de Amparo y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Procedo a notificar por lista fijada en los estrados de este Juzgado, así como por lista publicada en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio de amparo 10/2018-6, del índice de este Juzgado; quedando debidamente notificada para los efectos legales conducentes, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c), y 29, ambos de la Ley de Amparo. Auto que dice: Vista la demanda de amparo de cuenta, presentada por ***, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro Uno de Juzgado, Registro de Juicios de Amparo con el número 10/2018-6. Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina su desechamiento, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Ahora bien, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Civil, Actuario Ejecutor y Secretaria de Acuerdos adscritos a dicho juzgado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: "A).- Del Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Baja California, reclamo todos y cada uno de los actos que derivan del juicio especial mercantil promovido con el carácter de actor la persona moral denominada ****, bajo el expediente número ****, principalmente el siguiente: 1.- El auto de fecha **** en el que ordena el ilegal emplazamiento relativo al juicio especial mercantil promovido ante la ordenadora en el expediente número ****, en el cual también se me concedió un término de cinco días hábiles pagara en una sola exhibición el importe de saldo insoluto del adeudo reconocido o acreditar haber cumplido con las obligaciones contraídas con la parte actora o la prorroga que se me hubiere otorgado del plazo para el cumplimiento de las obligaciones y de no haber cumplido con lo anterior se me requiriera por la entrega de la posesión física y jurídica de! inmueble adjudicado en subasta pública a favor de la parte actora y que se identifica como; Terreno y construcciones edificadas sobre el lote ***** de esta ciudad de Mexicali, B.C., además de coartarme me derecho al debido proceso, ya que en el mismo auto en cuestión me limita a solo poder ofrecer como pruebas la instrumental, documental, presunciones y fama pública que justifiquen el cumplimiento de dichas obligaciones sin fundamentación alguna con lo que se me genero un estado de indefensión al haberme privado de mi derecho de contestar la demanda y ofrecer los medios de convicción que crea convenientes dentro de dicho procedimiento. A).- Del C. Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Baja California, reclamo el siguiente: La diligencia del ilegal emplazamiento de fecha *** que obra en autos del expediente número ***, porque nunca fui notificado personalmente por lo que jamás recibí copias de ningún juicio promovido en mi contra y en consecuencia nunca firme algún documento en el que afirmaba estar enterada del juicio mencionado, así como tampoco dejaron citatorio en mi domicilio para poder esperar y atender la diligencia de la fecha antes mencionada como lo ordena nuestro ordenamiento jurídico, para luego entonces de esa forma violentar los derechos de la suscrita, dejándome en estado de indefensión al desconocer el mencionado procedimiento y como resultado de lo anterior no poder contestar la demanda instaurada en mi contra, además de limitarme al momento del ofrecimiento de pruebas." En la especie, este Juzgador de manera oficiosa, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en confrontación con el precepto 17, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de garantías que dio origen al sumario en que se actúa no se instó dentro de los quince días siguiente al que la quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. Para mejor comprensión conviene invocar el contenido de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, siendo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, el ordinal 17 de la Ley de Amparo, al que remite el primer párrafo de la fracción XIV antes transcrita, así como el precepto 18 de esa legislación, son del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la interpretación relacionada de los indicados preceptos se obtiene que el término para interponer una demanda de amparo indirecto por regla general, será de quince días y que este empezará a contar a partir de tres momentos distintos: a) Al día siguiente en el que surta efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley aplicable a este; b) Al día siguiente en el que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos reclamados; y c) Al día siguiente en que el quejoso se ostente sabedor de los actos reclamados o de su ejecución. Pues de otro modo, el juicio de amparo debe considerarse improcedente y sobreseerse, por reputarse que el acto reclamado fue consentido de manera tácita por la parte quejosa. Resulta aplicable, por no ser incompatible con los postulados de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 1ª./J. 39/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro: 172,550, visible en la página 286, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Extremos que no se surten en la especie, pues como ya se dijo, los actos reclamados en ésta instancia constitucional lo son el auto de **** y el ilegal emplazamiento efectuado el ****, dentro de juicio mercantil ****, realizados por las autoridades responsables de lo cual refiere que tuvo conocimiento el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete; los hechos narrados en la presente demanda de amparo indirecto que manifestó bajo protesta de decir verdad, en términos de la fracción V del ordinal 108 de la Ley de Amparo. Como se aprecia que por lo menos desde el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento del mismo, con lo anterior pone de manifiesto que la quejosa no promovió su demanda de garantías dentro del término de quince días, establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo; por lo que el termino de quince días para la interposición de la demanda de amparo inició el veintitrés de noviembre y concluyó el catorce de diciembre de dos mil diecisiete. En efecto, del plazo condigno fueron días hábiles el veintitrés, veinticuatro, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de noviembre; uno, cuatro, seis, siete, ocho, once, doce, trece y catorce, de diciembre de dos mil diecisiete. Los días inhábiles fueron el veinticinco y veintiséis de noviembre; dos, tres, cinco, nueve y diez de diciembre ambos del dos mil diecisiete. Siendo que su promoción constitucional, fue presentada el cinco de enero de dos mil dieciocho, según sello de la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito, por tal razón, transcurrió con exceso el término de quince días para su presentación, por lo que, cabe concluir que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente lo impugnado. Apoya lo expuesto, por no contravenir los postulados de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1992, página 364, que ice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Así también es aplicable la tesis publicada en página 3212 del tomo LXVIII de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte". Luego, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término genérico de quince días siguiente que regula el precepto 17 de la Ley de Amparo, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio de sus garantías, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Cierto, la acción de amparo por regla general, debe ejercitarse en el plazo de quince días, contados a partir del en que surta efectos, según lo disponga la ley que regule el acto reclamado, la notificación de este último, a partir del en que el gobernado se ostente sabedor de él, o bien, a partir del en que hubiese tenido conocimiento de tal acto. La razón de limitar de manera temporal el ejercicio de dicha acción, es dar seguridad jurídica al gobernado, permitiendo que los actos de autoridad cobren firmeza, no es factible dejar al libre albedrío del gobernado impugnar en el momento que lo desee los actos de autoridad que considere lesivos de su interés jurídico, pues ello redundaría en la inseguridad del orden jurídico, en tanto que si tales actos adquieren eficacia de cosa juzgada, quienes, en su caso, se vean beneficiados de ellos, tendrán la certeza que crea su inmutabilidad. En este contexto, es de concluirse que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. Así como la jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a ***, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; asimismo, se autoriza únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a ****, esto con base en el artículo 12, último párrafo, en relación con el 24 segundo párrafo, del mismo ordenamiento, por no acreditar su calidad de profesionistas; asimismo se autoriza en los mismos términos a ****. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente.
- Principal
-NOTIFICACIÓN PERSONAL-
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · 9,394 expedientes
- Monica Tafoya Castro367/2019
- Mónica Yudith Flores Bernal240/2022
- Monserrat Arista Ferreiro1138/2022
- Moulaye Abd Essalam Hameida474/2023
- MXGP PRO Servicios Operativos619/2015
- Myrella Terminel Villalobos134/2019
- Myrna Guadalupe Cota Treviño699/2018
- Myrna Rosela Chávez Acosta512/2020
- Myrna Sofia de la Torre Gurrola402/2014
- N'diaye Amadou918/2023
- Nabid Nelson Velázquez Meléndez1255/2022
- Nadea Eunice Navez Heredia226/2014