Myriam Guzmán Tapia
Expediente 295/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Myriam Guzmán Tapia
- Flavio Martinez Pozos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 136), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 146). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, este Órgano Colegiado, resolvió conceder a Myriam Guzmán Tapia, la protección constitucional para el efecto de que la responsable: ".1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Ordene la reposición del procedimiento, a fin de que emita un auto en el que admita las testimoniales ofrecidas por la parte actora, a cargo de cargo de Estela Morales Martínez y Guillermo Jiménez Cordero, y provea lo conducente para su desahogo; en el entendido, que deberá dejar subsistentes el resto de las actuaciones practicadas en el juicio de origen desde la admisión de la demanda, y hasta que se declaró cerrada la instrucción. 3. Una vez que se cumpla lo ordenado en el punto anterior, deberá dictar un nuevo laudo en el que tendrá que reiterar lo siguiente: a) Que entre el Ayuntamiento de Tenancingo, Tlaxcala y la actora Myriam Guzmán Tapia, existió relación de trabajo. b) Que el inicio del vínculo laboral fue el quince de enero de mil once, y que el último puesto desempeñado por la demandante fue el de Directora de Desarrollo Rural Sustentable. c) Que la actora desempeñó una jornada laboral comprendida de las siete a las diecinueve horas, de lunes a sábado. d) La condena al pago de vacaciones, aguinaldo y prima sabatina, así como los montos determinados para cada concepto. e) Que el último salario percibido por la parte actora, asciende a dos mil seiscientos veinticinco pesos quincenales. f) La excepción de prescripción, para limitar el pago de la condena, a un año anterior a la fecha de la presentación de la demanda. g) La absolución por el reclamo de veinte días de salario por cada año laborado. h) Reitere la calificación en el sentido que el ofrecimiento de trabajo hecho por el demandado, es de buena fe; por ende, que la carga de la prueba para demostrar el despido alegado, corresponde a la actora. 4. Condene al pago de la prima vacacional, por la cantidad de $1,786.00 (mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional); así como a la entrega de constancias por las aportaciones en el régimen de protección económica y social a que se refiere la Ley de Pensiones Civiles del Estado, y por las aportaciones que hubiera realizado ante el Instituto de Vivienda correspondiente. 5. Con libertad de jurisdicción pero de manera fundada y motivada, determine si la actora desempeñaba funciones correspondientes a las de un trabajador de base o de confianza, y se pronuncie en cuanto al reclamo del pago de la indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad. 6. También con plenitud de jurisdicción se pronuncie nuevamente sobre el reclamo de horas extras, y sobre el reclamo consistente en el pago de las demás prestaciones que la actora dijo le corresponden por la prestación de sus servicios, así como el otorgamiento de los beneficios y prerrogativas de carácter médico, asistencial y gastos médicos como trabajadora aseguró debe disfrutar" (fojas 76 y 77). I. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el laudo reclamado de diecinueve de noviembre de dos mil quince, ordenó la reposición del procedimiento, admitió las testimoniales a cargo de Estela Morales Martínez y Guillermo Jiménez Cordero, ofrecidas por la parte actora y proveyó lo conducente para su desahogo (foja 85); lo que ocurrió el nueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 90 a 93). Además, se advierte que la responsable implícitamente dejó subsistentes las actuaciones comprendidas desde la admisión de la demanda y hasta que se declaró cerrada la instrucción, pues la reposición del procedimiento se ordenó solamente para efectos de admitir y desahogar aquellas testimoniales. II. Asimismo, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Tribunal responsable dictó un nuevo laudo (fojas 102 a 134), en el que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, reiteró las siguientes consideraciones: a) Que entre el Ayuntamiento de Tenancingo, Tlaxcala y la actora Myriam Guzmán Tapia, existió relación de trabajo (foja 111 vuelta). b) Que el inicio del vínculo laboral fue el quince de enero de mil once, y que el último puesto desempeñado por la demandante fue el de Directora de Desarrollo Rural Sustentable (ídem). c) Que la actora desempeñó una jornada laboral comprendida de las siete a las diecinueve horas, de lunes a sábado (foja 118 vuelta). d) La condena al pago de vacaciones, aguinaldo y prima sabatina, así como los montos determinados para cada prestación, esto es, $5,250.00, por la primera; $7,000.00 por la segunda y $2,275.00, por lo que hace a la tercera (fojas 125, 128 y 132 vuelta). e) Que el último salario percibido por la parte actora, asciende a $2,625.00 quincenales (foja 117 vuelta). f) La excepción de prescripción, para limitar el pago de la condena, a un año anterior a la fecha de la presentación de la demanda (foja 124). g) La absolución por el reclamo de veinte días de salario por cada año laborado (foja 121). h) La calificación en el sentido que el ofrecimiento de trabajo hecho por el demandado, fue de buena fe; por ende, que la carga de la prueba para demostrar el despido alegado, correspondió a la actora (fojas 119 vuelta y 120). III. Siguiendo también los lineamientos de la sentencia de emparo, la responsable condenó al Ayuntamiento demandado al pago de la prima vacacional, por la cantidad de $1,786.00 (mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), a favor de la actora (foja 126 vuelta); así como a la entrega de constancias por las aportaciones en el régimen de protección económica y social a que se refiere la Ley de Pensiones Civiles del Estado, y por las aportaciones que hubiera realizado ante el Instituto de Vivienda correspondiente (fojas 131 vuelta y 132). IV. Asimismo, el Tribunal responsable señaló que si bien es cierto la actora ostentó un puesto de aquellos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios (Director de Desarrollo Rural Sustentable) se consideran de confianza, ello no es determinante para concluir que se trata de un trabajador que realice funciones de esa índole, aunado a que ésta adujo que no realizó actividades de esta naturaleza, y toda vez que el Ayuntamiento demandado no acreditó lo contrario, la responsable con libertad de jurisdicción, determinó que la actora no desempeñó funciones de las consideradas de confianza (fojas 113 vuelta a 116 vuelta). Con lo cual se advierte satisfecha la obligación de fundar y motivar esa determinación, impuesta en la ejecutoria de amparo. Además, con plenitud de jurisdicción, resolvió que la actora no cumplió con la carga procesal de demostrar la existencia del despido, por lo que absolvió al enjuiciado del pago de indemnización constitucional y salarios caídos, y lo condenó al pago de la prima de antigüedad, por la cantidad que estimó procedentes (fojas 121 y 123). V. También con plenitud de jurisdicción, la responsable se pronunció nuevamente sobre el reclamo de horas extras, pues condenó al demandado al pago de la cantidad de $23,400.00 (veintitrés mil cuatrocientos pesos con cero centavos), por dicho concepto (fojas 131 vuelta), sólo respecto al último año de labores. VI. Con la misma libertad de decisión, el Tribunal responsable absolvió al Ayuntamiento demandado del pago de las demás prestaciones que la actora dijo le corresponden por la prestación de sus servicios, así como el otorgamiento de los beneficios y prerrogativas de carácter médico, asistencial y gastos, pues indicó que dicha prestación resultó imprecisa y genérica, además de que se apoyó en hechos futuros (foja 132). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 136), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 146). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, este Órgano Colegiado, resolvió conceder a Myriam Guzmán Tapia, la protección constitucional para el efecto de que la responsable ".1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Ordene la reposición del procedimiento, a fin de que emita un auto en el que admita las testimoniales ofrecidas por la parte actora, a cargo de cargo de Estela Morales Martínez y Guillermo Jiménez Cordero, y provea lo conducente para su desahogo; en el entendido, que deberá dejar subsistentes el resto de las actuaciones practicadas en el juicio de origen desde la admisión de la demanda, y hasta que se declaró cerrada la instrucción. 3. Una vez que se cumpla lo ordenado en el punto anterior, deberá dictar un nuevo laudo en el que tendrá que reiterar lo siguiente: a) Que entre el Ayuntamiento de Tenancingo, Tlaxcala y la actora Myriam Guzmán Tapia, existió relación de trabajo. b) Que el inicio del vínculo laboral fue el quince de enero de mil once, y que el último puesto desempeñado por la demandante fue el de Directora de Desarrollo Rural Sustentable. c) Que la actora desempeñó una jornada laboral comprendida de las siete a las diecinueve horas, de lunes a sábado. d) La condena al pago de vacaciones, aguinaldo y prima sabatina, así como los montos determinados para cada concepto. e) Que el último salario percibido por la parte actora, asciende a dos mil seiscientos veinticinco pesos quincenales. f) La excepción de prescripción, para limitar el pago de la condena, a un año anterior a la fecha de la presentación de la demanda. g) La absolución por el reclamo de veinte días de salario por cada año laborado. h) Reitere la calificación en el sentido que el ofrecimiento de trabajo hecho por el demandado, es de buena fe; por ende, que la carga de la prueba para demostrar el despido alegado, corresponde a la actora. 4. Condene al pago de la prima vacacional, por la cantidad de $1,786.00 (mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional); así como a la entrega de constancias por las aportaciones en el régimen de protección económica y social a que se refiere la Ley de Pensiones Civiles del Estado, y por las aportaciones que hubiera realizado ante el Instituto de Vivienda correspondiente. 5. Con libertad de jurisdicción pero de manera fundada y motivada, determine si la actora desempeñaba funciones correspondientes a las de un trabajador de base o de confianza, y se pronuncie en cuanto al reclamo del pago de la indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad. 6. También con plenitud de jurisdicción se pronuncie nuevamente sobre el reclamo de horas extras, y sobre el reclamo consistente en el pago de las demás prestaciones que la actora dijo le corresponden por la prestación de sus servicios, así como el otorgamiento de los beneficios y prerrogativas de carácter médico, asistencial y gastos médicos como trabajadora aseguró debe disfrutar" (fojas 76 y 77). I. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el laudo reclamado de diecinueve de noviembre de dos mil quince, ordenó la reposición del procedimiento, admitió las testimoniales a cargo de Estela Morales Martínez y Guillermo Jiménez Cordero, ofrecidas por la parte actora y proveyó lo conducente para su desahogo (foja 85); lo que ocurrió el nueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 90 a 93). Además, se advierte que la responsable implícitamente dejó subsistentes las actuaciones comprendidas desde la admisión de la demanda y hasta que se declaró cerrada la instrucción, pues la reposición del procedimiento se ordenó solamente para efectos de admitir y desahogar aquellas testimoniales. II. Asimismo, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Tribunal responsable dictó un nuevo laudo (fojas 102 a 134), en el que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, reiteró las siguientes consideraciones: a) Que entre el Ayuntamiento de Tenancingo, Tlaxcala y la actora Myriam Guzmán Tapia, existió relación de trabajo (foja 111 vuelta). b) Que el inicio del vínculo laboral fue el quince de enero de mil once, y que el último puesto desempeñado por la demandante fue el de Directora de Desarrollo Rural Sustentable (ídem). c) Que la actora desempeñó una jornada laboral comprendida de las siete a las diecinueve horas, de lunes a sábado (foja 118 vuelta). d) La condena al pago de vacaciones, aguinaldo y prima sabatina, así como los montos determinados para cada prestación, esto es, $5,250.00, por la primera; $7,000.00 por la segunda y $2,275.00, por lo que hace a la tercera (fojas 125, 128 y 132 vuelta). e) Que el último salario percibido por la parte actora, asciende a $2,625.00 quincenales (foja 117 vuelta). f) La excepción de prescripción, para limitar el pago de la condena, a un año anterior a la fecha de la presentación de la demanda (foja 124). g) La absolución por el reclamo de veinte días de salario por cada año laborado (foja 121). h) La calificación en el sentido que el ofrecimiento de trabajo hecho por el demandado, fue de buena fe; por ende, que la carga de la prueba para demostrar el despido alegado, correspondió a la actora (fojas 119 vuelta y 120). III. Siguiendo también los lineamientos de la sentencia de emparo, la responsable condenó al Ayuntamiento demandado al pago de la prima vacacional, por la cantidad de $1,786.00 (mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), a favor de la actora (foja 126 vuelta); así como a la entrega de constancias por las aportaciones en el régimen de protección económica y social a que se refiere la Ley de Pensiones Civiles del Estado, y por las aportaciones que hubiera realizado ante el Instituto de Vivienda correspondiente (fojas 131 vuelta y 132). IV. Asimismo, el Tribunal responsable señaló que si bien es cierto la actora ostentó un puesto de aquellos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios (Director de Desarrollo Rural Sustentable) se consideran de confianza, ello no es determinante para concluir que se trata de un trabajador que realice funciones de esa índole, aunado a que ésta adujo que no realizó actividades de esta naturaleza, y toda vez que el Ayuntamiento demandado no acreditó lo contrario, la responsable con libertad de jurisdicción, determinó que la actora no desempeñó funciones de las consideradas de confianza (fojas 113 vuelta a 116 vuelta). Con lo cual se advierte satisfecha la obligación de fundar y motivar esa determinación, impuesta en la ejecutoria de amparo. Además, con plenitud de jurisdicción, resolvió que la actora no cumplió con la carga procesal de demostrar la existencia del despido, por lo que absolvió al enjuiciado del pago de indemnización constitucional y salarios caídos, y lo condenó al pago de la prima de antigüedad, por la cantidad que estimó procedentes (fojas 121 y 123). V. También con plenitud de jurisdicción, la responsable se pronunció nuevamente sobre el reclamo de horas extras, pues condenó al demandado al pago de la cantidad de $23,400.00 (veintitrés mil cuatrocientos pesos con cero centavos), por dicho concepto (fojas 131 vuelta), sólo respecto al último año de labores. VI. Con la misma libertad de decisión, el Tribunal responsable absolvió al Ayuntamiento demandado del pago de las demás prestaciones que la actora dijo le corresponden por la prestación de sus servicios, así como el otorgamiento de los beneficios y prerrogativas de carácter médico, asistencial y gastos, pues indicó que dicha prestación resultó imprecisa y genérica, además de que se apoyó en hechos futuros (foja 132). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
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