Myriam González Suárez

Expediente 205/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
205/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Myriam González Suárez

Actuaciones

  1. Principal

    I... Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), dentro del término que refiere el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiséis de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 288, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    I... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Myriam..., por propio derecho, contra actos del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 205/2021-I. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, se estima que en el presente asunto se actualiza la hipótesis que da lugar a su desechamiento, contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. La disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 referida, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación en sentido contrario de lo previsto en el numeral 107, fracción VIII, de la ley de la materia. La interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. A fin de dilucidar lo anterior, en principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. De lo anterior se advierte que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Así, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. Así, cuando una de las partes en un procedimiento tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes.... Luego entonces, si el acto que se tilda de inconstitucional es el primer acuerdo dictado en el procedimiento, es claro que aun las partes están en aptitud de hacer valer lo conducente, si es que no están conformes con que ante esa potestad se tramite el juicio, pues dentro del juicio oral mercantil no está vedada la promoción de cuestiones de incompetencia, según lo refiere el artículo 1,390 Bis 34, del Código de Comercio. De lo expuesto se obtiene que tal determinación no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, pues a través de la resolución reclamada únicamente el juez responsable al admitir la demanda apoyó su decisión de conocer el asunto en una jurisprudencia que invocó por analogía; por tanto, para que se pueda considerar que dicho acto lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, debe materializarse una afectación real lo cual ocurrirá cuando se emita conforme al procedimiento aplicable la definitiva en cuanto al tema. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia, advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo formulada, en términos de lo que dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones que no sean personales, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado. Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. Por otra parte, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ..., asi como ..., toda vez que cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a las personas restantes que señala en su escrito, se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 24 del propio ordenamiento legal, es decir, para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal, e imponerse de los autos por haberlo solicitado de dicha manera. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a la promovente para consultar vía internet las actuaciones de este juicio de amparo; asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82 del acuerdo general conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, únicamente las notificaciones de carácter personal, se le practicarán vía electrónica con el usuario "davidjimsa", en el entendido de que queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníquese que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmese que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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