Myriam del Rocío Montes de Oca Madrigal

Expediente 171/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
171/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público adscrita
  • Myriam del Rocío Montes de Oca Madrigal
  • Secretario de Transporte del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En consecuencia, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo y la fracción III, del diverso vigésimo primero, capitulo quinto, de las disposiciones generales, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, se ordena depurar el cuaderno original del incidente de suspensión y la destrucción del duplicado, en virtud de que se concedió la suspensión tanto provisional como la definitiva de los actos reclamados en el presente asunto.

  2. Principal

    Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el cinco de agosto de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Se ordena el archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Relevancia documental. Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Se ordena la destrucción. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Sin que sea dable requerir a la parte quejosa para que comparezca a recoger el documento que anexó a su escrito de demanda, en razón que del análisis del mismo, se advierte que obra en copia simple. Se da vista en los cuadernos incidentales. Con el contenido de este acuerdo se da cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  3. Principal

    Del análisis integral de los autos se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito, no ha sido notificado de la sentencia terminada de engrosar el cinco de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, notifíquesele mediante oficio, remitiéndole copia certificada de tal determinación.

  4. Principal

    S E N T E N C I A. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 171/2019 promovido por Myriam del Rocío Montes de Oca Madrigal, por su propio derecho, contra el acto que reclama de Secretario de Transporte del Estado de Jalisco y otra autoridad. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Myriam del Rocío Montes de Oca Madrigal, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que fueron señaladas de la forma siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: EL C. MTRO SERVANDO SEPULVEDA ENRIQUEZ, Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco. EL C. MTRO SAUL COTERO BERNAL, DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. ACTO RECLAMADO: 1.- Las ilegales a infundadas y violatorias de mis derechos humanos, CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN con folios número 272898669 y 275927970 impuestas al vehículo de mi propiedad marca SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR S DE R.L. FORD, línea ESCAPE (IMPORTADO) tipo VAGONETA, año 2009, color VERDE, PLACAS JJF4893, número de serie 1FMCU02789KA41825, correspondientes a las siguientes CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN POR CONCEPTO DE FOTO - INFRACCIÓN con sus respectivos RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN. 2.- La ilegal notificación violatoria de mis derechos humanos y garantías individuales contenidas en el artículo 16 constitucional, debido a que en ningún momento se me notificó debidamente el acto de autoridad aquí señalado por no reunir los requisitos señalados para tal efecto como lo señala la Ley del Procedimiento Administrativo en sus Artículos 13 fracción VI, 82, 84, 86, 87 y 88. Y por ningún motivo debe considerarse convalidado ni consentido el acto. 3.- La insuficiente fundamentación y motivación de las Cédulas de Notificación de Infracción antes descritas debido a que dichas cédulas refieren como fundamentación el ARTÍCULO 183 FRACCIÓN III MULTA EQUIVALENTE DE 10 A 30 DIAS DE SALARIO MÍNIMO y como motivación "AL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO QUE EXCEDA MÁS DE 10 KILÓMETROS POR HORA EL LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMO PERMITIDO" refiriéndose a lo siguiente "EL HECHO ANTERIOR QUEDA REGISTRADO COMO ANTECEDENTE, EN LA PRESENTE FOTOGRAFÍA IMPRESA EN ESTA CÉDULA, CAPTADA POR EL CINEMOMETRO DOPPLER EL CUAL MUESTRA QUE EL CONDUCTOR INFRINGIÓ LA LEY. Fundamentación y motivación la cual es insuficiente debido a que no demuestra las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 4.- La insuficiente fundamentación y motivación en cuanto a la firma electrónica debido a que las CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN aquí referidas no cubren los requisitos señalados por la LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA EL ESTADO DE JALISCO, y son por demás deficientes y viciadas para que la firma electrónica estampada en las cédulas puedan surtir los efectos señalados por la ley y la Jurisprudencia." Actos que la parte quejosa consideró violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Previos requerimientos, por auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se otorgó a la Agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le corresponde, quien no formuló alegato ministerial, y se requirió a las autoridades responsables su informe justificado. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se hizo del conocimiento de las partes el cambio de titular del órgano jurisdiccional; y por último, previo diferimiento, la audiencia constitucional se celebró el veintisiete de junio de dos mil diecinueve. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el diverso Acuerdo General 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; la conclusión de funciones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; el cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales, debido a que se reclama un acto en materia administrativa, con ejecución material dentro de la demarcación territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de orden, a continuación debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", aplicables por identidad de razones. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda en relación con las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, en esencia: * LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN (FOTO INFRACCIONES) DE INFRACCIÓN FOLIOS 272898669 Y 275927970, IMPUESTAS AL VEHÍCULO FORD, LÍNEA ESCAPE (IMPORTADO) TIPO VAGONETA, AÑO 2009, COLOR VERDE, PLACAS JJF4893, NÚMERO DE SERIE 1FMCU02789KA41825, SUS RESPECTIVOS RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA NOTIFICACIÓN DE ÉSTAS. TERCERO. Oportunidad. La quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el once de enero de dos mil diecinueve; por tanto, el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del quince de enero al seis de febrero del propio año; en tal virtud, si la demanda de amparo se presentó el veintitrés de enero en cita, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se estima que ello ocurrió dentro del término que la Ley dispone. CUARTO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco y al Director General Jurídico de dicha Secretaría, consistentes las notificaciones, en los recargos y gastos de ejecución relativas a los folios 113/272898669 y 113/275927970, en cuanto a los recargos, y gastos de ejecución, en virtud de que aducen no han ordenado, ejecutado ni realizado ninguno de esos actos, toda vez que así lo manifestaron al rendir de manera conjunta su informe justificado (fojas 52 a 63). Es aplicable el contenido de la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En la medida que la responsable negó el acto reclamado, no es a ella a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente; por el contrario, recae sobre el quejoso la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Además, del análisis del sumario se advierte que la parte quejosa no ofertó pruebas que logren desvirtuar la comentada negativa, pues únicamente exhibió copia simple de una licencia de conducir, de una credencial de elector, de una tarjeta de circulación, de la impresión de un adeudo vehicular; elementos que de forma alguna se relacionan con la existencia de las pretendidas multas impuestas por el gobierno municipal en comento. Así, toda vez que la parte quejosa no acreditó la existencia de los actos reclamados a través de la exhibición de algún medio de prueba para desvirtuar las negativas externadas por las autoridades responsables, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que establece: "ARTÍCULO 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en el audiencia constitucional". Por otro lado, son ciertos los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, consistentes en la emisión de los folios 275927970 y 272898669, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora, además con las documentales exhibidas por las autoridades responsables, a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierte la existencia de dichos folios. Al haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden, quien aquí resuelve considera que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Como preámbulo de ese corolario, se considera necesario citar el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°, 5°, fracción I, párrafo cuarto, y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." "Artículo 4. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o indirecta, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así como que el mismo será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Como se observa, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, se atribuyen consecuencias de derecho, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En esa virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Sin embargo, no toda afectación puede ser considerada suficiente para acreditar el interés del quejoso, pues para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente tiene interés jurídico o legítimo el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Así, el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), que se encuentra dentro de su estatus jurídico. En tanto que, el interés legítimo no supone una afectación directa al estatus jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. Así, ese interés se encuentra en relación directa o indirecta con el derecho afectado y con la circunstancia de que el promovente del juicio de amparo sea el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda existir entonces agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no produzcan una afectación real y actual a su esfera de derechos, ante lo cual es estrictamente necesario acreditar esa pretendida afectación por el acto de autoridad tildado de inconstitucional. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, registro 170500, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así como la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), registro 2004501, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En ese contexto, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que estima vulnerado, pues de otra forma la acción constitucional resulta improcedente. De ahí que, de acuerdo con el sistema reconocido en la fracción I del artículo 107 constitucional y 6º de la ley de la materia, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte que perjudique el acto o la ley que se reclama, siendo esa afectación la que faculta al agraviado para acudir ante los órganos jurisdiccionales federales a efecto de que le sea reconocido el derecho protegido por la ley, o que no le sea vulnerado, constituyendo así el interés jurídico o legítimo que el ordenamiento legal de amparo toma en consideración para la procedencia del juicio constitucional. Ahora bien, el acto reclamado, en esencia, es las cédulas de notificación de infracción con números de folio 272898669 y 275927970, impuestas al propietario del vehículo marca FORD, LÍNEA ESCAPE (IMPORTADO) TIPO VAGONETA, AÑO 2009, COLOR VERDE, PLACAS JJF4893, NÚMERO DE SERIE 1FMCU02789KA41825; consecuentemente, se considera pertinente citar el contenido del artículo 174 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco: "Artículo 174. Las infracciones en materia de movilidad y transporte, serán sancionadas administrativamente, se harán constar por medio de cédula de notificación de infracción por la Secretaría de Movilidad, por conducto de la policía vial, en los términos de esta ley y su reglamento, y se aplicarán al propietario o conductor del vehículo. Ambos responderán solidariamente del pago de la sanción[.]". El indicado numeral dispone que las infracciones en materia de movilidad y transporte producen sanciones administrativas, las cuales deben constar por medio de cédula de notificación de infracción y se aplicarán al propietario o conductor del vehículo. Sentado lo anterior, en la especie opera la causal de improcedencia en estudio, debido a que del escrito inicial se advierte que la quejosa se ostentó propietaria del vehículo marca FORD, LÍNEA ESCAPE (IMPORTADO) TIPO VAGONETA, AÑO 2009, COLOR VERDE, PLACAS JJF4893, NÚMERO DE SERIE 1FMCU02789KA41825 y con ese carácter reclamó las citadas cédulas de notificación de infracción; sin embargo, omitió aportar medio de convicción fehaciente que acredite que efectivamente es dueña del referido automotor y, por ende, que cuenta con interés jurídico para reclamar tales actos. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando se acude al juicio constitucional, entre otros, a reclamar la afectación al derecho de propiedad respecto de un vehículo automotriz, como en la especie acontece, el quejoso debe acreditar, de manera fehaciente, que es titular de ese derecho, esto es, que cuenta con interés jurídico para promover el juicio, al ser precisamente la propietaria de tal bien mueble. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 61/2007, de epígrafe y texto: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas tesis que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. El interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice vulnerado por el acto de autoridad, por lo cual, cuando se acude al juicio de amparo reclamando el acto consistente en el embargo trabado sobre un vehículo automotriz por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que el quejoso es titular de tal derecho a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Ahora bien, la tarjeta de circulación vehicular sólo permite la identificación del vehículo automotriz referido en ella, es decir, su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo; de ahí que dicha tarjeta, por sí misma, no sea un documento idóneo para acreditar la propiedad del vehículo, pues sólo establece una presunción respecto de ese derecho y, como se ha dicho, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones" En ese sentido, toda vez que la peticionaria se ostentó como propietaria del vehículo en comento, ello pone de relieve que debió acreditar ?de manera fehaciente? la existencia de ese derecho para demostrar que cuenta con interés para promover el juicio, cuestión que, como se verá, no es posible acreditar con las pruebas consistentes en copias simples de una licencia de conducir, de una credencial de elector, de la tarjeta de circulación folio 0017882442, ni con la impresión de adeudo vehicular que allegó al presente sumario. En efecto, las citadas credenciales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, constituyen un mero indicio en cuanto a su contenido, al haberse exhibido en copia simple, aunado a que no se asocian con los hechos que pretende probar la parte quejosa, a saber, que es propietaria del automotor infraccionado, para así demostrar que cuenta con un derecho o derechos previamente tutelados por la ley, pues sólo en el evento de que así lo hubiere demostrado mediante la exhibición de documento idóneo, este órgano jurisdiccional estaría en aptitud de determinar si en virtud de los actos reclamados se generó o no alguna afectación en su esfera jurídica de derechos, susceptible de ser examinada y, en su caso, reparada en el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 21/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 213, Tomo VII, Abril de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso". Por su parte, la impresión de adeudo vehicular tampoco abona a su causa pues, aunado a que obra en copia simple, no lo reconoce como propietario del vehículo. En suma, aun cuando algunos de los medios de convicción que ofreció la parte quejosa se relacionan entre sí, con fundamento en lo dispone el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se concluye que tampoco demuestran en forma plena e indubitable el derecho de propiedad que la parte quejosa aduce le asiste respecto del automotor infraccionado. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, se impone SOBRESEER en el juicio constitucional en que se actúa. Así, acorde al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. SEXTO. Publicación. Conforme lo establece el artículo 6° Apartado "A" fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales deben proteger la vida privada y los datos personales en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de oponerse a la exposición de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y fundado a lo largo de la presente sentencia, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Myriam del Rocío Montes de Oca Madrigal, por los actos que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.

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