Myriam Benitez Ortiz

Expediente 1597/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1597/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Myriam Benitez Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta que antecede, y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. En consecuencia, se declara que ha causado estado el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo anterior, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes; y, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el artículo 21, dentro de los siguientes treinta días posteriores, este juzgado federal deberá destruir el presente expediente; hecho lo anterior, remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta. Visto su contenido, se tiene al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional manifestando la imposibilidad que se tuvo para notificar el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, a la tercera interesada *****, por las razones que de la misma se desprenden, por tanto, con fundamento en al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la tercera interesada dicho proveído y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista. 24 NOVIEMBRE 2021 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla remitió copia certificada de las constancias de notificación practicada a las partes actora y demanda dentro del juicio laboral D-2/840/2020, respecto de la resolución en forma de laudo dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, debe indicarse que en el caso la quejosa Myriam Benítez Ortiz señaló como acto reclamado la omisión de emitir la resolución en forma de laudo en el juicio laboral D-2/840/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, así como de notificarlo. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías, en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe y las que se acordaron en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, -mismas que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado negó la existencia del acto reclamado señalando que el treinta de septiembre de dos mil veintiuno se dictó laudo en el juicio laboral D-2/840/2020 y que turnó los autos al actuario de su adscripción a fin de que lo notificara a las partes contendientes. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio natural, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que no existe el acto reclamado cuando no se prueba su existencia, pues en el caso que nos ocupa, se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Ahora bien, como se indicó, la junta responsable al rendir su informe justificado negó los actos reclamados, y de las documentales que anexo al informe justificado, se advierte que dictó la resolución en forma de laudo el treinta de septiembre de dos mil veintiuno en el juicio laboral D-2/840/2020. Por tanto, es evidente que a la fecha presentación de la demanda -uno de octubre de dos mil veintiuno-, no existía la omisión reclamada. Ello, porque antes de la instauración del presente juicio constitucional, ya se había dictado el laudo correspondiente en el expediente laboral D-2/840/2020. Ahora bien, por cuanto hace al acto que se reclama del actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de notificar el laudo emitido en el juicio de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Myriam Benítez Ortiz acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del fedatario responsable de notificar la resolución en forma de laudo dictada en el expediente laboral D-2/840/2020 de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Así, de las constancias remitidas por el presidente de la junta responsable mediante oficio 29575/21, a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en párrafos procedentes, se advierte que el quince de octubre pasado, se notificó a la actora, aquí quejosa, el laudo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral D-2/840/2020. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele la peticionaria de amparo por cuanto hace al actuario adscrito a la Junta responsable, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualizan las causas de sobreseimiento e improcedencia analizadas, por lo que con fundamento en las fracciones IV y V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Myriam Benítez Ortiz reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y del actuario de su adscripción. En tales condiciones, se dejan sin efecto las nueve horas con trece minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE].

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla remitió copia certificada de las constancias de notificación practicada a las partes actora y demanda dentro del juicio laboral D-2/840/2020, respecto de la resolución en forma de laudo dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, debe indicarse que en el caso la quejosa Myriam Benítez Ortiz señaló como acto reclamado la omisión de emitir la resolución en forma de laudo en el juicio laboral D-2/840/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, así como de notificarlo. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías, en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe y las que se acordaron en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, -mismas que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado negó la existencia del acto reclamado señalando que el treinta de septiembre de dos mil veintiuno se dictó laudo en el juicio laboral D-2/840/2020 y que turnó los autos al actuario de su adscripción a fin de que lo notificara a las partes contendientes. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio natural, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que no existe el acto reclamado cuando no se prueba su existencia, pues en el caso que nos ocupa, se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Ahora bien, como se indicó, la junta responsable al rendir su informe justificado negó los actos reclamados, y de las documentales que anexo al informe justificado, se advierte que dictó la resolución en forma de laudo el treinta de septiembre de dos mil veintiuno en el juicio laboral D-2/840/2020. Por tanto, es evidente que a la fecha presentación de la demanda -uno de octubre de dos mil veintiuno-, no existía la omisión reclamada. Ello, porque antes de la instauración del presente juicio constitucional, ya se había dictado el laudo correspondiente en el expediente laboral D-2/840/2020. Ahora bien, por cuanto hace al acto que se reclama del actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de notificar el laudo emitido en el juicio de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Myriam Benítez Ortiz acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del fedatario responsable de notificar la resolución en forma de laudo dictada en el expediente laboral D-2/840/2020 de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Así, de las constancias remitidas por el presidente de la junta responsable mediante oficio 29575/21, a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en párrafos procedentes, se advierte que el quince de octubre pasado, se notificó a la actora, aquí quejosa, el laudo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral D-2/840/2020. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele la peticionaria de amparo por cuanto hace al actuario adscrito a la Junta responsable, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualizan las causas de sobreseimiento e improcedencia analizadas, por lo que con fundamento en las fracciones IV y V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Myriam Benítez Ortiz reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y del actuario de su adscripción. En tales condiciones, se dejan sin efecto las nueve horas con trece minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE].

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla remitió copia certificada de las constancias de notificación practicada a las partes actora y demanda dentro del juicio laboral D-2/840/2020, respecto de la resolución en forma de laudo dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, debe indicarse que en el caso la quejosa Myriam Benítez Ortiz señaló como acto reclamado la omisión de emitir la resolución en forma de laudo en el juicio laboral D-2/840/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, así como de notificarlo. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías, en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe y las que se acordaron en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, -mismas que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado negó la existencia del acto reclamado señalando que el treinta de septiembre de dos mil veintiuno se dictó laudo en el juicio laboral D-2/840/2020 y que turnó los autos al actuario de su adscripción a fin de que lo notificara a las partes contendientes. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio natural, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que no existe el acto reclamado cuando no se prueba su existencia, pues en el caso que nos ocupa, se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Ahora bien, como se indicó, la junta responsable al rendir su informe justificado negó los actos reclamados, y de las documentales que anexo al informe justificado, se advierte que dictó la resolución en forma de laudo el treinta de septiembre de dos mil veintiuno en el juicio laboral D-2/840/2020. Por tanto, es evidente que a la fecha presentación de la demanda -uno de octubre de dos mil veintiuno-, no existía la omisión reclamada. Ello, porque antes de la instauración del presente juicio constitucional, ya se había dictado el laudo correspondiente en el expediente laboral D-2/840/2020. Ahora bien, por cuanto hace al acto que se reclama del actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de notificar el laudo emitido en el juicio de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Myriam Benítez Ortiz acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del fedatario responsable de notificar la resolución en forma de laudo dictada en el expediente laboral D-2/840/2020 de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Así, de las constancias remitidas por el presidente de la junta responsable mediante oficio 29575/21, a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en párrafos procedentes, se advierte que el quince de octubre pasado, se notificó a la actora, aquí quejosa, el laudo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral D-2/840/2020. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele la peticionaria de amparo por cuanto hace al actuario adscrito a la Junta responsable, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualizan las causas de sobreseimiento e improcedencia analizadas, por lo que con fundamento en las fracciones IV y V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Myriam Benítez Ortiz reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y del actuario de su adscripción. En tales condiciones, se dejan sin efecto las nueve horas con trece minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE].

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano