Myredd Alexandra Mariscal Villaseñor
Expediente 286/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Manuel Martinez Hernandez
- Myredd Alexandra Mariscal Villaseñor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia engrosada el uno de junio de dos mil veintitrés, dictada por este juzgado de Distrito, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO y glósese el original del incidente de suspensión para que obre como corresponda. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de uno de junio de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: 286/2023 Parte quejosa: Myredd Alexandra Mariscal Villaseñor y José Manuel Martínez Hernández Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Carlos Roberto Sáenz Ramos S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 286/2023; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el veintiocho siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Myredd Alexandra Mariscal Villaseñor y José Manuel Martínez Hernández, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades: [1] Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y [2] Jueza Especializada de Control del único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, por los siguientes actos reclamados: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) La resolución dictada en fecha 13 de febrero del 2023 por los CC. MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA PRIMERA SALA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS (sic) dentro del TOCA PENAL (sic) Número (sic) 34/2023-1 OP respecto a un Recurso (sic) de Recusación (sic) interpuesto ante el Juez Especializado de Control, de Primera Instancia del único Distrito Judicial en el Estado de Morelos (sede Xochitepec) Lic. ISIDORO EDIE SANDOVAL LOME en fecha 07 de febrero del 2023, dentro de la Causa Penal JC/997/2022." 2. Admisión y trámite del juicio. Por auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por otra parte, en términos del artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reconoció el carácter de terceros interesados a Miguel Morales Vázquez, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en atención a niñas, niños y adolescentes (FENNA) y a María Julia Martínez Hernández -denunciante en la causa penal de origen-, por tanto, ordenó su emplazamiento, al primero de los mencionados por medio de oficio y a la segunda de las indicadas, por conducto del actuario de la adscripción. Además, en el citado proveído, también le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Después, el siete de marzo de dos mil veintitrés, fue emplazada María Julia Martínez Hernández -aquí tercera interesada-, quien compareció a juicio, sin embargo, no expresó alegatos. Finalmente, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido, contra actos atribuidos a un órgano jurisdiccional penal local, el cual tiene ejecución material en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, los actos reclamados en este juicio son: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. a) La resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del Toca Penal 34/2023-1-OP, en la cual se determina que es extemporánea la recusación presentada por la defensora particular de los aquí quejosos, en contra de Isidoro Edie Sandoval Lome, en su carácter de Juez Especializado de Control del único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, dentro de la causa penal JCC/997/2022. [2] Jueza Especializada de Control del único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec. b) La ejecución del acto a). III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados marcados con los incisos a) y b) de los [1] Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y [2] Jueza Especializada de Control del único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, dado que así lo aceptaron al rendir su informe justificado. Además, se corrobora lo anterior con las constancias que remitió la primera de las autoridades responsables del toca penal 34/2023-1-OP, de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado señalado con el inciso a) consistente en la resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés, en la que se determinó que resultaba extemporánea la recusación presentada por la defensora particular de los aquí quejosos, respecto de Isidoro Edie Sandoval Lome, en su carácter de Juez Especializado de Control del único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, recusación que fue planteada en audiencia pública de siete de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal JCC/997/2022, tal como se advierte del registro de audio y video de la citada audiencia; documentales y discos que remitió en copia certificada la [2] Jueza Especializada de Control del único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec. También, se corrobora la certeza de la existencia del acto de ejecución b), dado que, la Jueza de la causa dará cumplimiento a dicha resolución y seguirá conociendo de la carpeta en cuestión. Documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos, al haber sido expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, y respecto de los discos señalados, atendiendo a la jurisprudencia número 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2004362, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, por las siguientes consideraciones. Al respecto, la disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las que pudieran desprenderse de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo -mientras que no encuadren en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento-. Uno de esos motivos de improcedencia es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la referida Ley de Amparo. Dicha porción normativa establece la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación. De ello se obtiene que los actos que se reclamen en juicio de amparo, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, las consecuencias del acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese contexto, en términos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, para la procedencia del juicio de amparo contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento, deben cumplirse dos condiciones: a) Que se trate de actos que afecten materialmente derechos; lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y b) Que esos derechos afectados materialmente, revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior es así, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, aunado a la naturaleza material de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la formal o adjetiva. Al respecto tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno del más alto Tribunal, con número de registro digital 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Ahora, en el caso concreto, el acto combatido consistente en la resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitida por los [1] Magistrados integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca penal 34/2023-1-OP, en la cual resolvieron que es extemporánea la recusación presentada por la defensora particular de los aquí quejosos en contra de Isidoro Edie Sandoval Lome, Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, dentro de la carpeta técnica JC/997/2020, no es un acto de imposible reparación en contra del cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto. Lo anterior es así, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, como integrante o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal. Sostener lo contrario, alentaría a que se diversificara la promoción de juicios de amparos y, en consecuencia, no es factible reclamar las posibles transgresiones sufridas, pues ello sólo se justificará hasta que se dicte la resolución respectiva; caso en el cual, válidamente pudieran reclamar las violaciones acontecidas dentro de aquél. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a los peticionarios de amparo un perjuicio de imposible reparación, en los términos requeridos por la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, el acto reclamado constituye un acto procesal que no afecta derechos sustantivos; pues el acto que reclaman es uno dictado dentro de un juicio que aún se encuentra pendiente de resolver en definitiva, además que en dicho procedimiento primigenio fungen como partes, por lo que, como ya se dijo, de serles adverso el fallo, son cuestiones que pueden hacer valer en amparo directo al recurrir la sentencia definitiva. Apoya lo anterior, por similitud jurídica, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala del más alto Tribunal, 2a./J. 29/2021(10a.), con número de registro digital 2023342, de la Undécima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, julio de 2021, tomo II, página 1770, de rubro y texto: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal. En ese sentido, si en el caso que nos ocupa, los hoy quejosos reclamaron la determinación antes precisada, donde se confirmó la resolución relativa a la extemporaneidad de la recusación planteada por la defensa particular de los aquí impetrantes en contra de Isidoro Edie Sandoval Lome, Juez Especializado de Control de Primera Instancia, del único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, es evidente que el referido acto no es de imposible reparación, pues dada la connotación que el legislador aportó a la ley, el mismo no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que sus efectos son meramente intraprocesales y susceptibles de repararse en la sentencia, si es favorable a los intereses de los inconformes. Por tanto, se concluye que el acto que ahora se reclama, únicamente da lugar a que el juicio se siga desarrollando en la instancia correspondiente, por lo que resulta inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente porque dicho acto no afecta de manera material derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sólo tiene repercusiones intraprocesales. Además, constituyen un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, los similares criterios que han sostenido el Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el primero en la queja 386/2017 y, el segundo en las diversas 365/2021 y 125/2022, en las que respecto de actos similares a los aquí reclamados, confirmó que se actualizaba de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia en estudio, con base en consideraciones iguales a las aquí sostenidas para sustentar la actualización de la referida causa de improcedencia. Así, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, acorde al artículo 63, fracción IV, del ordenamiento citado, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la [2] Jueza Especializada de Control del único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, al no haberse impugnado por vicios propios, sino como una consecuencia del acto reclamado. Por tanto, con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Myredd Alexandra Mariscal Villaseñor y José Manuel Martínez Hernández, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando II de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el último de ellos. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Carlos Roberto Sáenz Ramos, Secretario que autoriza y da fe, hoy uno de junio de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 286/2023, promovido por ******, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: La secretaria procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por las autoridades responsables como anexo a su respectivo informe justificado, consistentes en diversas documentales relacionadas con el expediente penal ****, así como los discos en formato DVD remitidos por los jueces y sala señalados como responsables. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales, exhibidas por las autoridades responsables y en relación a los discos en formato DVD remitidos por los jueces y sala, señalados como responsables, los mismos deberán ser reproducidos al momento de dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. . Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Nadyelly López Guevara. Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos. (Firmado electrónicamente) Rosa María Luna Mercado Secretaria del Juzgado. En esta fecha se generaron los oficios Rosa María Luna Mercado, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia precedente, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado de la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por lo que entre la fecha de notificación de ese informe a la quejosa y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
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