Myltom Valmorez Tegada

Expediente 2334/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2334/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Delegado O Responsable Y Personal A Su Mando de la Oficina de Representacion del Instituto Nacional de Migracion Reynosa, Tamaulipas
  • Myltom Valmorez Tegada

Actuaciones

  1. Principal

    veinticuatro de octubre de dos mil veintidós... ...Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio 5322/20221 y anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, de esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el trece de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de queja 84/2022, cuyo puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Es infundado el incidente de falta de personalidad promovido por Rubén Rodríguez González, por sí y en representación de los quejosos Antonio César, María Martha, Margarita María y Mónica todos de apellidos Villarreal Rodríguez. SEGUNDO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por Benjamín Guerrero Bazaldúa, en su carácter de autorizado en amplios términos de la tercero interesada Tamauligas, Sociedad Anónima de Capital Variable." Acúsese el recibo de estilo respectivo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro aspecto, téngase a Edgar Alfonso Cabañas Corona, autorizado legal de la parte quejosa, solicitando se remitan las ratificaciones de los dictámenes de fecha dieciocho y diecinueve de octubre del año en curso, respectivamente por César Rodríguez Hernández (perito de la quejosa), y Daniel Ramos González (perito de la intención de este Juzgado), al Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en relación al recurso de queja 130/2022 y Revisión Extraordinaria 210/2022. En tal virtud, envíense de inmediato las constancias aludidas al Tribunal de alzada, para los efectos legales que haya lugar en los medios de impugnación de referencia.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio DJI-270922-2167 firmado por la Directora Jurídica de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a través del cual y toda vez que la impetrante Yolanda Zamora Infante, no está conforme con el dictamen sobre el valor del vehículo de su propiedad, solicita sea requerida para que presente su propio dictamen y una vez que se tenga una cantidad firme, dicha responsable esté en aptitud de dar cumplimiento al fallo emitido en autos. En ese contexto, dése vista a la parte quejosa con el citado oficio y anexo, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga en relación con las gestiones realizadas por la autoridad responsable de referencia en vías de cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, visible en la página 728, (registro 192631), cuyo contenido es: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA.- El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por el licenciado ********************, a favor de ******************** y ********************, ambos de nacionalidad Salvadoreña, contra actos del Delegado o Responsable de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 2334/2022-5-M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que los quejosos se encuentran en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta localidad, y como acto reclamado la privación de la libertad, incomunicación, deportación o expulsión del país, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por el promovente se encuentran internos en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que los quejosos directos en su calidad de extranjeros (que goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales), se ubiquen en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentran en defensa de sus derechos a través de abogado particular; este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria." Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio de los quejosos deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen e incomunicación; asimismo, instruyan la inmediata libertad de ******************** y ********************, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfagan los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán y no se ausentarán sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que los quejosos puedan circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite a los agraviados circular en esta localidad. Sin que se les requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si los quejosos no acreditan que iniciaron el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenidos por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. Tampoco surtirá efectos dicha suspensión, si los quejosos, una vez liberados, en lugar de optar por regularizar su situación migratoria en el país, se comprometen a abandonarlo por la frontera sur, por sus propios medios y dentro del término de los treinta días, y la autoridad migratoria demuestra con documento fehaciente que incumplieron con dicha condición, ya sea porque transcurrió dicho lapso sin haber abandonado territorio nacional, o porque posteriormente fueron sorprendidos intentando ingresar a los Estados Unidos de América o luego de ser deportados por autoridades migratorias de ese país. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. Si la privación de libertad de los quejosos obedeció a la comisión de delito: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de ******************** y ********************, para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de éste. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que los justiciables fueron puestos a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerlos a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, las autoridades responsables deberán ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional iideleon@cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de los quejosos, el derecho que tienen de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, se les permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, o en lugar diverso destinado por esa dependencia como albergue de extranjeros, con el propósito de que verifique si en alguno de esos sitios permanece ******************** y ********************; de ser así, les notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentran, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado en el caso de no estar ahí, se presenten al local de este órgano de control constitucional y manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedara sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptara, en el supuesto de que los directos quejosos no sean localizados como recluidos o albergados en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que los quejosos hubiesen sido puesto a disposición de una autoridad distinta a la señalada como responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentren, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirlos para que manifiesten si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentren; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que los quejosos no entienda el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que los mismos entiendan y comprendan lo que se led está haciendo de su conocimiento. En cuanto a lo principal e incidental, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de las audiencias respectivas y pedir informe previo y justificado a la autoridad responsable, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene al promovente que, en el supuesto de que los directos quejosos no ratifiquen la demanda por estimar que se promovió sin su autorización o de sus familiares o porque alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor a una multa equivalente a cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de Amparo. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Paseo de las Yucas número 418, entre calle Río Tajo y Boulevard Álvaro Obregón de la colonia Valle Verde en esta ciudad, así como el correo electrónico diegolarguelles-10@hotmail.com. Asimismo, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este órgano de control constitucional, para que con fundamento en el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dé acceso al usuario DIEGOARGUELLES, registrado en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, para la consulta del expediente electrónico correspondiente a este asunto. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente a los quejosos. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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