Muriel Carola Duran Lugo

Expediente 201/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
201/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Muriel Carola Duran Lugo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del mismo, por tanto, se ordena devolver a la parte quejosa, la copia certificada de la escritura pública dos mil cuatrocientos setenta y dos, la cual obra del mismo; por tanto, se requiere a la parte quejosa, para que comparezca debidamente identificada a las instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, para hacerle entrega de las documentales que exhibió con la demanda de amparo; en el entendido, que en caso de no presentarse, las constancias en comento quedarán a su disposición por un plazo de noventa días más, con la finalidad de que le sean devueltos; con el apercibimiento, que en caso de que no comparezca en el lapso indicado en último término, los documentos mencionados correrán la misma suerte que los autos del juicio en que se actúa. Lo anterior, previa cita que tenga a bien realizar la parte quejosa, en la "Agenda OJ", localizable en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, en atención al artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte actora, privilegiando el uso de medios electrónicos.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como representante legal de Muriel Carola Duran Lugo, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades. De la personalidad del promovente. Con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostenta ***, en virtud de que exhibe copia certificada de la escritura pública dos mil cuatrocientos setenta y dos del cual se advierte que cuenta con dicha personalidad. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 201/2021-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 1131 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se infiere que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, se estima necesario establecer que la parte quejosa reclama como acto reclamado destacado la resolución, con folio 1561461021805, por la cual se le negó solicitud de pensión por viudez, misma que fue emitida por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales Coordinación de Prestaciones Económicas delInstituto Mexicano del Seguro Social. Por tanto, la resolución reclamada surge de una relación de coordinación entre Instituto Mexicano del Seguro Social y la quejosa, ello con motivo del carácter de beneficiaria que la promovente aduce tener. De ahí que, si por tal relación existe un desacuerdo entre el citado Instituto y la aquí quejosa, entonces será en la vía ordinaria laboral en la que se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello con base a que al no encontrar satisfecho su interés con la respuesta obtenida, la aquí quejosa podrá acudir a la vía ordinaria en comento. Por tanto, dicha resolución no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre el Instituto en cita y el derecho que la quejosa aduce tener a la pensión como beneficiaria de un asegurado fallecido; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad entre Instituto de mérito y la aquí quejosa. Además, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5° fracción ll, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una noma general. En esa tesitura, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, tiene una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de supra subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado, también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, la resolución reclamada no puede ser considerada como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues, niega la pensión solicitada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, que establece lo siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR...". A mayor abundamiento, es importante mencionar que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, dispone que las controversias entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que, el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede tenerse como autoridad responsable2 . Asimismo, el diverso 899-A de la Ley Federal del Trabajo establece que los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social3 . En consecuencia, se estima oportuno señalar que si bien la resolución reclamada que nos ocupa, no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje a la promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. Apoya la anterior conclusión, la resolución dictada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en los autos del recurso de queja 89/2019, de su índice. En consecuencia, en el presente asunto, se actualiza causa de improcedencia, prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu, por lo que se desecha la demanda de amparo de que se trata. Juicio en Línea. Por otra parte, tal como lo establece el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y en términos de los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y las notificaciones vía electrónica a la citada parte procesal, siempre y cuando se realice con base al usuario "LicOmarGomarSolano", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario antes precisado, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. En el entendido de que, la notificación se tendrá por hecha a partir de que el usuario registrado consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal genere automáticamente la constancia de notificación ante la falta de consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el artículo 62 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que haya lugar a tener como domicilio procesal el que señala, lo anterior toda vez que se autorizó la tramitación del juicio en línea del presente expediente, por lo que deben privilegiarse dichos medios electrónicos. También, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere, y con facultades amplias a Omar Gomar Solano, y Erika Roque Contreras, en razón de que acreditan tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Medios electrónicos. Por otra parte, por cuanto a la solicitud de autorización de la toma de registros fotográficos o imágenes a través de cualquier medio electrónico de las constancias que obran en el presente expediente; de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)...". "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)...". Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, privilegiando el uso de medios electrónicos.

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