Moroni Castillo Méndez
Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Moroni Castillo Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio remitido por la subdirectora de Inspección y Archivo General de Notarias con sede en Xalapa, Veracruz. En atención a su contenido, téngasele cumpliendo con los requerimientos efectuados mediante proveídos de quince de marzo y quince de junio, ambos del año en curso, informando que en el índice de la dependencia a su cargo no existe anotación de aviso de testamento a nombre del finado Miguel Galloso Tiburcio. Asimismo, remite el reporte de búsqueda realizado en el registro nacional de avisos de testamento, del cual se advierte que no existe disposición testamentaria a nombre del tercero interesado de referencia. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado remitido por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, con el cual se da vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, téngase como prueba de la citada responsable las copias certificadas que adjuntó a su informe de cuenta, de las cuales se advierte una posible causa de sobreseimiento, por los motivos que enseguida se exponen. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, Moroni Castillo Méndez, promovió juicio de amparo en contra del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz. Asimismo, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que remitió el juez responsable con las que se da cuenta el día de hoy, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El. artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese tenor, es dable establecer que los actos reclamados en el escrito de demanda, se hacen consistir medularmente: Del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, la resolución de veintinueve de abril del año en curso, dictada en el recurso de reclamación dentro de las actuaciones del expediente 1902/2021, del índice del juzgado en comento, en donde el juzgador declaró improcedente la reclamación planteada por el quejoso y confirmó la pensión alimenticia provisional del treinta por ciento sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado de la empresa Internacional de Contenedores (ICAVE), decretada a favor de su menor hijo. Así una vez recibido el informe justificado, la citada responsable informó que en audiencia de ocho de junio de dos mil veintidós, las partes realizaron convenio a fin de dar por terminada la controversia judicial, mismo que se turnó a resolver y en fecha diecisiete de ese mismo mes y año, el juez responsable determinó declarar procedente la solicitud de las partes, y aprobó el convenio formulado por las partes, de lo que fueron debidamente notificados por lista de acuerdos el diecisiete de junio del año en curso. Atento a lo narrado en párrafos que anteceden, el suscribe considera actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales, es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en un juicio civil, como en el caso concreto, la cesación de efectos opera generalmente por sustitución procesal, pues cada acto en el proceso constituye la base fundamental, sin la cual, no puede desarrollarse el procedimiento, y cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos; por ello, puede decirse que la cesación de efectos se actualiza, por regla general, cuando se emite una resolución que sustituye a la dictada con antelación. En este orden de ideas, es posible sostener que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de abril del presente año, en la que el juez responsable declaró improcedente la reclamación planteada por el quejoso y confirmó la pensión alimenticia provisional del treinta por ciento sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado de la empresa Internacional de Contenedores (ICAVE), decretada a favor de su menor hijo, dado que el juez responsable en audiencia el ocho de junio del año en curso, acordó tener visto lo manifestado por las partes (Aurelia Anais Román Montes y Moroni Castillo Méndez), y al apreciar que pactaron que la guarda y custodia del menor la tendrá la madre y la forma en la que se realizara la convivencia con el padre no custodio, que el quejoso proporcionara para los alimentos del menor la cantidad que resulte del veinticinco por ciento 25%) de lo que percibe por salario y demás prestaciones en su fuente de empleo; exponiéndose diversas convenciones accesorias de las cuales se omitió su transcripción al no lesionar derechos de los convenientes, de terceros ni ser contrarias a la moral y al derecho, además de no existir dolo y mala fe, condenándose a las partes a estar y pasar por dicho convenio, en todo tiempo y lugar al tratarse de una sentencia con categoría de cosa juzgada, ordenado que una vez que cause ejecutoria dicha resolución se libre el oficio al pagador y/o Encargado de Recursos Humanos y/o a quien corresponda de la Empresa Internacional de Contenedores (ICAVE), para que se deje sin efecto el descuento correspondiente al treinta por ciento (30%) de lo que percibe el quejoso y en su lugar descontar el veinticinco por ciento (25%) de lo que percibe el quejoso por su salario y demás prestaciones. Y el diecisiete de junio de dos mil veintidós, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, aprobó lo convenido por las partes, elevándolo a categoría de cosa juzgado al hacer las veces de sentencia definitiva en los autos del juicio ordinario civil 1902/2021, lo anterior se acredita con las constancias adjuntas al informe de cuenta, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior es indudable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al estar justificado que el juicio de origen ya culminó mediante sentencia, en la que se condenó al quejoso al pago de la pensión alimenticia definitiva, generándose con ello la cesación de efectos del acto reclamado en forma total e incondicional. Guarda aplicación al caso, por su sentido y en la parte conducente la jurisprudencia 1a./J. 85/2013 (10a.), registro digital 2005044; sustentada por la Primera Sala; Décima Época; Materias Común, Civil; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, página 398, bajo el rubro y texto: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE FIJA LA DEFINITIVA, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la pensión alimenticia provisional subsiste hasta el dictado de la sentencia en la que reconociéndose el derecho de la parte actora a recibir una pensión definitiva, ésta es fijada, también lo es que ello no implica que los efectos de la provisional decretada en forma previa cesen inmediatamente, pues teniendo en cuenta que el pago de alimentos constituye una obligación de tracto sucesivo, al ser indispensables para la subsistencia de aquél a quien se le otorgan, eso sólo acontece cuando la sentencia que los fija definitivamente es susceptible de ejecución, pues de lo contrario, se pondría en riesgo la subsistencia de aquel a quien se le reconoció el derecho de percibir alimentos por el demandado, en tanto que éstos se otorgaron al reconocer que requiere de ellos para cubrir sus necesidades más básicas y apremiantes. Por ello los efectos de la pensión provisional deben subsistir hasta que la sentencia que la fija en definitiva es susceptible de ejecución, lo que en términos de los artículos 341 y 349 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ocurre cuando causa ejecutoria, lo que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 338 del propio ordenamiento, sólo acontece cuando: a) esa sentencia es consentida expresamente; b) no se agotó oportunamente el recurso de apelación procedente en su contra; c) interpuesto ese recurso se desiste de él; o, d) se dicta sentencia en el citado recurso. Ahora bien, conforme al artículo 509 del citado código, la sentencia de primer grado que fija el monto de la pensión alimenticia definitiva es susceptible de apelación; recurso que en términos de los numerales 516 y 517 del código procesal citado, es admisible en ambos efectos, lo cual implica que la ejecución de esa sentencia se encuentra suspendida hasta que cause ejecutoria; de ahí que considerar que los efectos de la pensión provisional cesan inmediatamente con el dictado de la sentencia que la fija de forma definitiva, sin importar que en contra de ésta se haya interpuesto el recurso mencionado, implicaría que la pensión provisional no sería susceptible de cobrarse durante el tiempo que transcurra desde el dictado de la sentencia definitiva hasta resolverse el recurso correspondiente, pero a la vez, el acreedor tampoco podría acceder a la pensión definitiva decretada en tanto se tramita y resuelve el recurso de apelación, lo que es inaceptable ante la urgencia y la necesidad probada de los alimentos. En consecuencia, el mero dictado de la sentencia que fija lo que debe proporcionarse por concepto de pensión alimenticia definitiva, no actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 (cesación de los efectos del acto reclamado), porque para ello es necesario que dicha resolución haya causado ejecutoria."1 Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracciones XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por correo electrónico a la Fiscal de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que por auto de dieciocho de mayo se ordenó la apertura de un segundo tomo para integrar las constancias atinentes al presente juicio; que el veinticuatro del propio mayo fue aperturado materialmente el citado segundo tomo, con motivo del acuerdo emitido en esa fecha; que al dos de junio de dos mil veintidós, fecha en que ingresó la referida promoción 9056, el citado segundo tomo únicamente se integraba de nueve fojas; que la promoción en comento fue agregada al mencionado segundo tomo para la elaboración de la propuesta de acuerdo; que derivado de la reorganización de la sección de trámite de amparo, la cual implicó la redistribución de los números de expediente asignados con motivo de la inclusión de la mesa tres de trámite, así como de la reciente apertura del YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 2 segundo tomo de un volumen que no rebasaba las doce fojas, incluyendo la promoción en comento, el citado segundo tomo -por confusión- se encontraba agrupado en el legajo correspondiente a un diverso juicio de amparo; y que con motivo de ello se me da cuenta en este momento con el escrito firmado electrónicamente por Zwinglio Miguel Morice Camacho, autorizado de la parte quejosa; mediante el cual desahoga la vista otorgada por auto de veinticuatro de mayo del presente año. Ahora, del aludido memorial se desprende que, con el fin de desahogar la vista en comento, el citado promovente manifiesta lo que sigue: ? Refiere que no debe tomarse en consideración lo manifestado por el Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, porque al haber solicitado una prórroga de diez días para cumplir con el requerimiento relativo a la exhibición de ciertas constancias que ofreció como prueba de su intención, debe estimarse que esos documentos sí existen. ? Señala que los funcionarios hacen una entrega recepción de la que se puede advertir el estado de la administración pública, sobre todo cuando se invierte dinero público; y que para poder señalar el lugar o archivo en que se encuentra la documentación que se solicita, implicaría que se le dé acceso a los archivos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, así como a los estados de origen y aplicación de recursos. ? Expresa que la litis en el presente juicio consiste en que no se siguió un procedimiento fundado y motivado. YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 Juicio de amparo 664/2020-2 3 ? Solicita que, ante el incumplimiento por parte de las autoridades requeridas, se haga efectivo el apercibimiento decretado en autos. Ahora, para estar en condiciones de proveer lo conducente en cuanto al requerimiento de constancias, hasta el momento incumplido por parte de la autoridad Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN), domicilio en Xalapa, procede señalar que por auto de veintidós de octubre del año dos mil veintiuno, ante el ofrecimiento de la parte quejosa, se requirió a la mencionada secretaría que exhibiera copia certificada de los siguientes documentos: I. Documentos sobre el fideicomiso Club Tiburones Rojos de Veracruz. "1.- Todos y cada uno de los documentos, certificados de afiliación y expedientes de adquisición o compra de las franquicias del equipo profesional de futbol denominado Club Tiburones Rojos de Veracruz y los tratos comerciales que haya tenido o tenga con la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A. C., a lo largo de la historia de este con el respaldo documental que permita establecer en que años y con qué cantidades participo el Gobierno del Estado, en dicho Club de Futbol, así como el ingreso obtenido por la venta de los certificados de afiliación que eran propiedad del Fideicomiso Club Tiburones Rojos de Veracruz." II. Documentos sobre un expediente integrado contra Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A. C., relativo a una resolución que ordenó tomar las instalaciones del Estadio Luis Pirata Fuentes con la fuerza pública, bloquear las calles aledañas al estadio ejecutada el día veintitrés de junio de dos mil dieciocho, y revocar del comodato para ocupar los inmuebles. "13.-Copia certificada del expediente administrativo de ejecución que se realizó por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, en contra de Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A. C., y la resolución que se dictó para tomar las instalaciones del Estadio Luis Pirata Fuentes con la fuerza pública, bloqueando las calles aledañas al estadio para que la gente no arribara orden ejecutada el día 23 de junio de 2018, en donde uno de sus puntos resolutivos era la revocación del comodato por ocupar los inmuebles con fines partidistas desviando recurso públicos del estado para apoyar y fortalecer al partido MORENA y los candidatos de la Coalición Juntos Haremos Historia, a la Presidencia de la Republica Andrés YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 4 Manuel López Obrador y a Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez, expediente que obra en los archivos del titular del Poder Ejecutivo del Estado, donde incluya el destino final del dinero que el Gobierno Federal depósito para la construcción del Estadio de Futbol de Orizaba, Veracruz, la manifestación expresa si dicha obra fue realizada y concluida, y de no estar construida las observaciones y denuncias que Usted haya hechos ante el desvío de ese dinero del pueblo de Veracruz." En relación con los documentos mencionados en el número 1, la autoridad responsable manifestó que se encuentran relacionados con un fideicomiso cuya extinción fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz en el número extraordinario 32, el diez de febrero de dos mil seis, y que ignora el trato que le dieron administraciones pasadas a los archivos relacionados con el ese tema. Lo anterior, pone de manifiesto que la autoridad requerida implícitamente reconoció que en su momento existió un fideicomiso denominado Club Tiburones Rojos de Veracruz, el cual se declaró extinto mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en el número extraordinario 32, de diez de febrero de dos mil seis. Al respecto, procede señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y 9, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz1 (publicada en la Gaceta Oficial del Estado el diecinueve de 1 "Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por objeto establecer las bases de la organización y funcionamiento de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en que se divide. (REFORMADO, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) Artículo 2. Las Secretarías del Despacho, la Contraloría General y la Coordinación General de Comunicación Social, integran la Administración Pública Centralizada. Artículo 3. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, los fideicomisos, las comisiones, los comités, los consejos, las juntas y demás organismos auxiliares integran la Administración Pública Paraestatal." "Artículo 9. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes dependencias: (.) III. Secretaría de Finanzas y Planeación (.)" YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 Juicio de amparo 664/2020-2 5 mayo de dos mil veinte, vigente desde el día siguiente a su publicación2 y a la fecha conforme a sus reformas del mes de marzo de dos mil veintiuno), la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como los fideicomisos, forman parte de la administración pública del Estado -centralizada y paraestatal- en ese orden; que en términos de lo que contempla el numeral 6, fracción II, del citado ordenamiento legal3, los titulares de esas dependencias al tomar posesión de su cargo y al concluirlo, levantarán inventarios de los bienes que reciban o de los que entreguen, según sea el caso, debiendo registrarlos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación; y que de acuerdo con lo previsto en el arábigo 5 de la ley en comento4, las dependencias y entidades de la Administración Pública se organizarán internamente en órganos jerárquicamente subordinados y estarán obligadas a coordinar entre sí sus actividades y a proporcionarse mutua ayuda, cooperación y asesoría. De tales disposiciones legales se desprende que tanto la Secretaría de Finanzas y Planeación, como los fideicomisos que formen parte de la administración pública del Estado de Veracruz, cuando tomen posesión de su cargo y al concluirlo, levantarán inventarios de los bienes que reciban o de los que entreguen, según sea el caso, debiendo registrarlos ante la Secretaría de Finanzas y 2 "ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO. Esta Ley entregará en vigor el día siguiente a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del gobierno del estado." 3 "Artículo 6. Los titulares de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales: (.) II. Al tomar posesión de su cargo y al concluirlo, levantarán inventarios de los bienes que reciban o de los que entreguen, según sea el caso, debiendo registrarlos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, e informar de ello a la Contraloría General. No podrán aceptar ni desempeñar dos o más cargos de carácter remunerado del Estado, de éste y la Federación, o del Estado y el Municipio, salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente. Quedan exceptuados de esta disposición, los empleos del ramo de la enseñanza, las consejerías o representaciones ante órganos colegiados y los de carácter honorífico en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia; (.)" 4 "Artículo 5. Las dependencias y entidades de la Administración Pública se organizarán internamente en órganos jerárquicamente subordinados y estarán obligadas a coordinar entre sí sus actividades y a proporcionarse mutua ayuda, cooperación y asesoría." YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 6 Planeación; es decir, que cuando exista un cambio de titular en tales dependencias, deberá elaborarse un inventario de lo que se entregue y se reciba, e incluso, este deberá ser registrado ante la mencionada secretaría. En relación con ello, el artículo 18, fracción XXIV, de la ley en comento5, el Secretario de Gobierno tiene entre sus atribuciones la de organizar y mantener actualizado el Archivo General del Gobierno del Estado; y de acuerdo con los numerales 20, 21 y 32 de la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Veracruz6, el archivo general del Estado es un órgano público desconcentrado, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con residencia en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, que tiene entre sus objetivos ordenar y planificar el funcionamiento de los archivos de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo del Estado, en su etapa de concentración; ordenar, conservar, concentrar y, en su 5 "Artículo 18. Son atribuciones del Secretario de Gobierno, conforme a la distribución de competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes: (.) XXIV. Organizar y mantener actualizado el Archivo General del Gobierno del Estado, así como del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; (.)" 6 "ARTÍCULO 20.- Se crea el Archivo General del Estado, como un órgano público desconcentrado, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con residencia en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz. ARTÍCULO 21.- El Archivo General del Estado tendrá los objetivos siguientes: I.- Ordenar y planificar el funcionamiento de los archivos de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo del Estado, en su etapa de concentración. II.- Emitir las normas, políticas y lineamientos generales para asegurar la preservación, conservación y clasificación de los documentos que constituyen el Patrimonio Histórico del Estado. III.- Asesorar y apoyar a los archivos del Sistema en el diseño de sus procedimientos internos para el manejo y administración de documentos. IV.- Vigilar y evaluar el cumplimiento de las normas expedidas para regular el manejo, transferencia, conservación o eliminación de los documentos de interés histórico que integren los archivos. V.- Apoyar la formación y desarrollo de los archivos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Municipios. VI.- Ordenar, conservar, concentrar y, en su caso, liberar la documentación que le transfieran las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. VII.- Procurar la adquisición de originales o reproducciones de documentos que sean de interés para la historia de la Entidad. VIII.- Reproducir los documentos de su acervo en microfilmes, fotostáticas u otros procedimientos similares. IX.- Proporcionar servicios de consulta y certificación. X.- Dictar normas sobre identificación, clasificación y catalogación de los documentos contenidos en los archivos de las dependencias y organismos del Ejecutivo. ARTÍCULO 32.- Los documentos que constituyen el Patrimonio Histórico de la Entidad, de las dependencias y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, deberán reunirse en el Archivo Histórico del Archivo General del Estado. Los documentos de los Ayuntamientos sólo se trasladarán cuando medie solicitud del Secretario General de Gobierno y con el acuerdo favorable del Cabildo, lo autorice la Legislatura del Estado." YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 Juicio de amparo 664/2020-2 7 caso, liberar la documentación que le transfieran las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; y reproducir los documentos de su acervo en microfilmes, fotostáticas u otros procedimientos similares. De esta guisa se colige, por un lado, que las entidades de la administración pública del Estado de Veracruz, están obligadas a registrar lo que reciben cuando asumen el cargo; que existe un archivo general que concentra la información que le envíen los tres poderes del Estado; y que existe obligación para tales entidades de prestarse ayuda mutua; lo cual a su vez lleva a establecer, que con independencia de los cambios de administración que ocurran y que algún fideicomiso se declare extinto, debe existir respaldo documental de lo que cada entidad recibe al inicio de su encargo y que, en todo caso, podría existir en el archivo general la información correspondiente. En tal sentido, no es obstáculo para cumplir con la exhibición de las constancias que fueron requeridas en atención a lo determinado en proveído de auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno; menos aun cuando la propia autoridad cuando la propia autoridad requerida reconoció de forma implícita la existencia previa del fideicomiso denominado Club Tiburones Rojos de Veracruz, al referir que se declaró extinto mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en el número extraordinario 32, de diez de febrero de dos mil seis. Por tanto, procede insistir en el requerimiento en la exhibición de las constancias descritas en el romano I de párrafos anteriores. En otro orden, respecto a las constancias descritas en el romano II, debe decirse que el hecho de que la autoridad requerida, mediante oficio de cuatro de mayo de dos mil veintidós, hubiera solicitado una prórroga del YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 8 término otorgado para exhibir la documentación que le fue requerida, no puede llevar implícito el hecho de que tal información exista o que su existencia corresponda exactamente a los términos descritos por el oferente; pues la mencionada prórroga fue peticionada para el efecto de "esté en condiciones de informar lo que corresponda frente a su requerimiento, por ser el tiempo que se estima razonable para establecer coordinación con las demás autoridades responsables y conocer si los documentos de que se trata existen o no", es decir, la autoridad solicitó la prórroga en comento para contar con el tiempo que estimó requería para efectuar la búsqueda correspondiente. No obstante, aun cuando la autoridad negó la existencia de expediente alguno integrado a nombre Promotora Deportiva del Valle de Orizaba Asociación Civil, relacionado con un comodato que no se especifica y sobre el hecho acontecido el veintitrés de junio de dos mil dieciocho; debe decirse que en todo caso, deberá exhibir la documentación con que cuenta en la que figure la aquí quejosa como comodataria y que corresponda a esa época, es decir, al año dos mil dieciocho, ya que con base en el dicho de propia autoridad responsable, dicha quejosa celebró un comodato el siete de abril de dos mil dieciséis, respecto del estadio de futbol Luis "Pirata" Fuente y las instalaciones que lo integran, así como las del centro de alto rendimiento, y se dio por concluido el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, de acuerdo con la resolución emitida en esa fecha en el expediente administrativo BIPGE/00048/2003. En efecto, conforme a lo reconocido por la autoridad responsable y requerida, al veintitrés de junio de dos mil dieciocho en que la quejosa dice aconteció el hecho que menciona, aún tenía la calidad de comodataria al tenor del YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 Juicio de amparo 664/2020-2 9 contrato aludido, pues inició en el año dos mil dieciséis y concluyó en el año dos mil veinte. Se considera así, pues debe tomarse en cuenta que se trata de documentación que la parte quejosa no tiene en su poder y que ante ello se estima que probablemente no conozca con exactitud los datos respectivos. Por tanto, se requiere de nueva cuenta y por última ocasión, al Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, remita copia certificada de las constancias descritas en los romanos I y II de apartados anteriores; o aquellas con las cuente en torno a los aspectos sobre los que versan las que ofreció la parte quejosa. De igual forma, se requiere -por última ocasión- al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, en su calidad de superior jerárquico del aludido secretario, para que bajo el amparo de esa calidad que tiene frente a la autoridad antes señalada, emplee los medios que tenga a su alcance para cumpla el requerimiento efectuado en el presente juicio constitucional; o bien, las exhiba de forma directa. Lo anterior, mediante oficios que se remitan por la vía telegráfica y postal, bajo apercibimiento para ambas autoridades, que de no exhibirse dichas constancias se presumirán ciertos los hechos a que se refieren dichas constancias, con apoyo en lo previsto en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su arábigo 2. Se estima que en el caso concreto lo conducente es formular el apercibimiento en ese sentido y no con base en YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 10 el numeral 237 de la Ley de Amparo7 que contempla como medios de apremio los consistentes en: 1) Multa; 2) Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y, 3) Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Fiscal General de la República. Resulta así, pues se estima que atento a la investidura que ostentan el Gobernador Constitucional y el Secretario de Finanzas y Planeación, ambos del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, no resultan idóneas las medidas consistentes en multa o en la denuncia ante el Ministerio Público, pues el requerimiento que se formula versa sobre el requerimiento de constancias, derivado del ofrecimiento de la parte quejosa con la finalidad de acreditar los hechos que considera tienen relación con los actos reclamados, es decir, intenta probar la verdad de sus argumentos defensivos frente al acto reclamado. De ahí que se estima que la importancia de que el requerimiento sea cumplido tiene relación con el conocimiento de la verdad que plantea como tal la parte 7 "Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y (REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Fiscal General de la República." YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 Juicio de amparo 664/2020-2 11 quejosa, y no con cuestiones de otra índole que permitieran establecer que para lograr el objetivo puedan tener mayor efectividad las medidas antes mencionadas. Sobre todo porque las razones que exponen dichas autoridades, para no haber cumplido a la fecha el requerimiento aludido; descansan en que las cuestiones sobre las que versan las constancias que la parte quejosa solicitó fueran requeridas atañen a hechos ocurridos antes de que entrara en funciones la actual administración del Estado de Veracruz. Es decir, la falta de cumplimiento a lo requerido, no ha derivado propiamente de una renuencia de las autoridades de cumplir con lo que se ha encomendado, sino de las circunstancias que, a su decir, les ha impedido a hacerlo. Tampoco se estima apropiada la medida relativa al auxilio de la fuerza pública, pues no es apta para lograr el fin que se persigue, ya que lo que se pretende es obtener la información que la parte quejosa estima que debe tenerse a la vista para resolver la cuestión planteada, y no cuestiones como puede ser la desocupación de un inmueble, la entrega del mismo, o alguna otra cuestión similar donde el auxilio de la fuerza pública tiene relación directa con las acciones que resulta necesarias para lograr el objetivo. No sobra señalar que la postura contenida en este acuerdo, no implica proceder a favor o en contra de alguna de las partes del presente juicio, sino únicamente obtener el debido desahogo de la prueba admitida en el presente expediente; y las consecuencias del apercibimiento aludido tampoco implican dejar en estado de indefensión o desventaja a la autoridad responsable, ya que la presunción que opera en términos del citado artículo 89 del YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 12 Código Federal de Procedimientos Civiles, no hace por sí sola prueba plena, sino que admite prueba en contrario. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 600, Tomo I, Libro 19, junio de 2015, materia constitucional y civil, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2009354, de título y texto siguientes: "PRUEBAS EN PODER DE UNA DE LAS PARTES. EL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El precepto citado que dispone que si una de las partes no exhibe, a la inspección del tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer, deben tenerse por ciertas las afirmaciones de su contraparte, salvo prueba en contrario, lejos de vulnerar el derecho de acceso a la justicia, coadyuva a su cumplimentación, al establecer un mecanismo que provee al juzgador con las herramientas necesarias para allegarse de las pruebas pertinentes para acceder al conocimiento de la verdad. Cuando la prueba necesaria para acreditar las afirmaciones de una de las partes está en poder de su contraria, se actualiza uno de los supuestos de la "obligación procesal". En esos casos la parte ya no está actuando exclusivamente en interés propio, sino que tiene un deber de colaborar con la justicia, y esa colaboración es un límite necesario a la libertad individual, impuesto por razones de interés público. Por ello, el apercibimiento contenido en el artículo 89, del Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta eficaz para conminar a quien tiene en su poder la prueba de las afirmaciones de su contraria a su exhibición. Ahora, si bien es cierto que ese precepto restringe la libertad de la parte que tiene la prueba en su poder de decidir si la exhibe o no, también lo es que dicha limitación persigue una finalidad constitucionalmente válida, encaminada a cumplir el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, al tener por objeto asegurarse de que el juez obtenga los elementos necesarios para resolver el asunto sometido a su jurisdicción. Asimismo, la medida es necesaria ya que, en caso contrario, al saber que la exhibición de la prueba coadyuvaría a tener por acreditadas las afirmaciones de su contraria, la parte que la tiene en su poder podría optar por no exhibirla, al resultar en su perjuicio. Finalmente, la medida es también proporcional, porque la consecuencia de "tener por ciertas las afirmaciones de la contraria" no hace por sí sola prueba plena, pues del propio precepto deriva que sólo produce una presunción susceptible de ser desvirtuada por prueba en contrario. Por tanto, aun cuando una de las partes afirme algo y ofrezca como prueba cierta documentación que no obra en su poder, y el juez haga el requerimiento respectivo, si la contraparte no exhibe dicha documentación, ésta tiene intocado su derecho para probar que las afirmaciones de su contraria no son ciertas y revertir la presunción de certeza de las afirmaciones referidas. Lo anterior, en el entendido de que el requerimiento que el juzgador realice con base en dicho artículo tendrá que estar fundado y motivado, y dada la consecuencia que se impone a la parte requerida, deberá atender al principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba, ya que sólo en aquellos YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 28/05/25 10:14:43 Juicio de amparo 664/2020-2 13 casos en que la prueba en poder de la parte requerida sea necesaria para dilucidar la litis del juicio, se justifica su requerimiento; asimismo, el juez debe tomar en cuenta que la información que se estime confidencial de la parte requerida esté protegida frente a intromisiones ilegítimas." Conviene apuntar que no es obstáculo para proveer en los términos aludidos, el argumento de la autoridad responsable relativo a que dichas pruebas son ajenas a la litis planteada en el presente juicio constitucional; habida cuenta que al margen de que le asista o no la razón, dichas pruebas fueron admitidas en auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, sin que ese proveído fuera impugnado por las autoridades responsables. En mérito de lo expuesto en párrafos anteriores, se estima que no ha lugar a hacer efectivo el apercibimiento de multa decretado en auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dado que no se observa que la falta de remisión de constancias, por parte de las autoridades requeridas, derive de una actitud contumaz, sino que ello obedece a los cambios de índole administrativa en el Gobierno del Estado, y precisamente considerando esa circunstancia, se ha requerido por última ocasión, al Gobernador Constitucional y al Secretario de Finanzas y Planeación, ambos del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, la información mencionada en párrafos anteriores. Finalmente, tomando en consideración que hasta hoy se me dio cuenta con el escrito que se ha proveído en líneas que anteceden, notifíquese de inmediato esta determinación, tanto a la parte quejosa como a las autoridades a quienes se formula el requerimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad requerida. Así lo proveyó y firma electrónicam
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, seis de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, agréguese a los autos para surta los efectos legales procedentes, y atento a su contenido; con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe de mérito; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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