Montserrat Pasaflores Reza

Expediente 136/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
136/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Montserrat Pasaflores Reza
  • Juez Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México
  • Montserrat Pasaflores Reza y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de este acuerdo y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente. Además, terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el original del incidente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo. Por lo que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Asimismo, devuélvase a la autoridad responsable Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, México, el anexo que remitió como complemento a su informe justificado, esto es, copia certificada del expediente 1028/2018 de su índice. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio, se advierte que a la fecha, no obra constancia de notificación personal del acuerdo de fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, a la quejosa Montserrat Pasaflores Reza, por sí y en representación de su menor hijo Alexander Iker Dávila Pasaflore; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio constitucional, y se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique personalmente el acuerdo de fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa. Cúmplase.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: El proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, notificado en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado por Juez Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Montserrat Pasaflores Reza, por sí y en representación de su menor hijo Alexander Iker Dávila Pasaflores, para los siguientes efectos: "Una vez que cause ejecutoria al presente sentencia, el juez responsable: 1. Deje sin efectos la determinación de siete de diciembre de dos mil veinte, en la que ordenó la entrega del menor quejoso a su progenitor. 2. Ordene el desahogo de las diligencias que le han sido indicadas (escucha de menor e inspección del juicio 888/2020 de su índice), así como aquellas necesarias y que estime pertinentes de manera oficiosa para proteger la integridad, el interés superior y los demás derechos del menor aquí quejoso; y, 3. Una vez hecho y valorado lo anterior, con plena libertad de jurisdicción, dicte una nueva determinación, en el mismo o diverso sentido de la reclamada, pero de ser en el mismo sentido, deberá subsanar las deficiencias que le han sido precisadas, para garantizar la participación de dicho menor en el procedimiento de origen respecto de las determinaciones que pudieran impactar su esfera de derechos, la obtención del caudal probatorio y desahogo de las diligencias necesarias (a petición de parte y de manera oficiosa) para proteger el interés superior del menor ahora quejoso." El nueve de agosto de do mil veintiuno, el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizo lo siguiente. El cuatro de agosto pasado, dejó insubsistente y sin efecto legal alguno el auto de siete de diciembre de dos mil veinte. Después, realizó la inspección del juicio 888/2020 y dadas las actuaciones con posterioridad dictadas en el expediente 1028/2018 y toda vez que guarda relación con el expediente 888/2020 del índice de ese órgano jurisdiccional y por existir identidad de partes y la causa de pedir tienen el mismo origen de índole familiar, ordenó su inmediata acumulación y llevar a cabo las diligencias en atención a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; asimismo, a fin de no revictimizar al menor de iniciales A.I.D.P., informa que prevalece la escucha llevada a cabo en el expediente 888/2020, tomando en cuenta que en el expediente 1028/2018, y concluyó mediante convenio de quince de enero de dos mil diecinueve, por lo que no es posible reabrirlo para el desahogo de pruebas; asimismo, en audiencia principal de uno de julio de dos mil veintiuno, y previa la escucha del menor de identidad reservada A.I.D.P. se otorgó la guarda y custodia a la hoy quejosa, informando que negó el derecho de visitas y convivencia con su progenitor con lo que se salvaguarda la integridad física y emocional del referido menor. Y para acreditar su dicho remite copia certificada del referido auto de cuatro de agosto del año en curso, dictado en el expediente 1028/2018 de su índice, así como, copias certificadas del diverso 888/2020 y dos copias certificadas de los discos en formato DVD, que contienen las audiencias de escucha de menor y audiencia principal de fechas veinticinco de junio y uno de julio, ambos de la presente anualidad respectivamente. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en las ejecutorias de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios y anexos de cuenta; a través de los cuales, el Juez y la Ejecutora, ambos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, en lo sustancial informan el cumplimiento al fallo protector, toda vez que refieren que el cuatro de agosto pasado, se dejó insubsistente y sin efecto legal alguno el auto de siete de diciembre de dos mil veinte y las actuaciones con posterioridad dictadas en el expediente 1028/20218, sin embargo, dado que guarda relación con el expediente 888/2020 del índice de ese órgano jurisdiccional, por existir identidad de partes y la causa de pedir tienen el mismo origen de índole familiar, ordenó su inmediata acumulación y llevar a cabo las diligencias en atención a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; remitiendo para ello, copia certificada del referido auto de cuatro de agosto del año en curso, dictado en el expediente 1028/2018 de su índice, así como, copias certificadas del diverso 888/2020 y dos copias certificadas de los discos en formato DVD, que contienen las audiencias de escucha de menor y audiencia principal de fechas veinticinco de junio y uno de julio, ambos de la presente anualidad respectivamente. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con los oficios y anexos de cuenta, respectivamente, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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