Montserrat Casillas Hernandez

Expediente 2481/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2481/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Montserrat Casillas Hernandez
  • Agente del Ministerio Publico Adscrito A Este Juzgado

Actuaciones

  1. Principal

    Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a, ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Valoración del expediente. En virtud de que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano a favor de la promovente de amparo, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto, será susceptible de depuración en un plazo de tres años de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, al TERCERO INTERESADO Rafael Ángel López Campi, LA SENTENCIA con fecha de engrose TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, por la cual se resolvió lo siguiente: CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse actos de autoridades residentes en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es:  La resolución interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por la cual se declaró fundado el incidente de reducción y cesación de alimentos tramitado por el tercero interesado, determinando que cesó la obligación de este a suministrar alimentos a los quejosos y, se redujo la pensión alimenticia de la diversa acreedora, aquí quejosa, Nerea Gema López Gómez2, en autos del juicio 859/20153. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El acto reclamado es cierto dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado el Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco (folio 30 de autos). CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción constitucional, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo4. En ese sentido, esta juzgadora estima se actualiza la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.). I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Del segundo numeral, se obtiene que el juicio biinstancial constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la Unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. Bajo esa óptica, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios del derecho humano que se estime vulnerado. En efecto, se afirma que existe imposibilidad para concretar en su caso, los efectos de la protección constitucional toda vez que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por la cual se declaró fundado el incidente de reducción y cesación de alimentos tramitado por el tercero interesado, determinando que cesó la obligación de este a suministrar alimentos a los quejosos y, se redujo la pensión alimenticia de la diversa acreedora, aquí quejosa, Nerea Gema López Gómez5, en autos del juicio 859/2015; lo que deviene relevante, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a su favor, el eventual efecto de tal concesión se traduciría en que la autoridad responsable, en su caso, deje insubsistente la determinación reclamada cumpliendo con lo que se le precise. Sin embargo, de la búsqueda del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende la existencia del juicio de amparo 1067/2022 del índice de este juzgado, promovido por Valentina del Socorro y Rafael Angel, ambos de apellidos López Gómez6, en la que reclamaron el mismo acto impugnado que en este juicio de amparo, esto es, la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictada incidente de reducción y cesación de alimentos tramitado por el tercero interesado, en autos del juicio 859/2015 del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Ahora, en el citado juicio de amparo 1067/2022 del índice de este juzgado por sentencia definitiva de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: "SEXTO. Efectos del amparo. En ese sentido, a fin de restituir al accionante en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, se determina que los efectos de la concesión de amparo son para que la autoridad responsable, cumpla con lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el juicio 859/2015, de su índice; y II. Hecho lo anterior, de manera fundada y motivada, tomando en consideración lo aquí resuelto, resuelva la incidencia planteada." Determinación que causó ejecutoria el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós y, por ende, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. De ahí que, si como se desprende en dicho amparo se concedió el amparo para el efecto de que quedara insubsistente la resolución aquí reclamada, es inconcuso, que no se podría concretar una eventual concesión. Es decir, la sentencia dictada el día de hoy con una eventual concesión, no podría restituir el amparo a la quejosa pues la resolución que impugna en esta vía quedará sin efectos con motivo de la sentencia del juicio de amparo 1067/2022, por lo que, al quedar insubsistente dicha determinación también con ello las violaciones que estima violadas. De ahí, que es claro que, de concederse el amparo, no se podría restituir a la parte quejosa en sus derechos humanos, puesto que ya no tendría razón de ser, porque no se podría materializar la concesión respectiva en el supuesto caso de ser ilegal la resolución reclamada. Ello es así, dado que, en su caso, de dictarse la sentencia de amparo respectiva en este juicio, tendría que transcurrir el plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, por lo que, es inconcuso que a la fecha en que quede firme, ya habría la autoridad responsable cumplido con el fallo protector de amparo, esto es, dejado insubsistente el acto reclamado, pues se le otorgó tres días para el cumplimiento respectivo, por lo que, se insiste, no se podría materializar los efectos restitutorios de la sentencia concesoria que en su caso se dicte. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.7" En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al diverso 77, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de protección de derechos fundamentales. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 63 y 73, de la Ley de Amparo: S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por------------.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta se advierte que mediante oficio SEADS/684/2022 suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que, en sesión ordinaria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza Alva Miranda Ramírez, a este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de noviembre siguiente. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación de conformidad con los artículos 51 de la Ley de Amparo y 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estado de autos. Del expediente electrónico que deriva del presente juicio de amparo, se desprende lo siguiente: Que en proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió a la Presidente Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y al Actuario Adscrito, para que dentro del plazo de tres días, cumplieran con el fallo protector. Que en proveídos de veinticuatro de agosto, veintidós de septiembre y veintiséis de octubre del año en curso, se requirió a la Presidente Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y al Actuario Adscrito, para que dentro del plazo de tres días, cumplieran con el fallo protector, sin que a la fecha hayan acatado el mandato judicial, no obstante que en el último proveído le fue notificado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Efectiva multa. Así las cosas, ante la conducta contumaz de la responsable Esmeralda Inés de la Torre Ramírez, Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, y se impone una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Cabe precisar que es obligación de la suscrita vigilar que las autoridades responsables acaten cabalmente las ejecutorias de amparo, luego, ante la conducta omisa y de desacato por parte de la supracitada presidenta de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es que esta juzgadora considera que con su actuar se está transgrediendo el numeral 17 del Pacto Federal, específicamente en la parte referente al principio constitucional de que la Justicia deberá de ser pronta. Gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "1", para que en el ámbito de sus facultades realice el cobro de la multa que se hace efectiva. Efectos sentencia. Del análisis del sumario se advierte que en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: "(.) SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la parte quejosa, es para el efecto de que la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de no existir impedimento legal alguno, de inmediato dicte la resolución en la que se pronuncie respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen 1186/2019." Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgado federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector, esto es, de inmediato dicte la resolución en la que se pronuncie respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen 1186/2019. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Parte quejosa solicita se requiera a la autoridad responsable por el cumplimiento de sentencia. Téngase por recibido el escrito signado por Norma Liliana Cantú Reynaga autorizada en términos amplios de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Miguel Ángel Vera García, en atención a su contenido, deberá estarse a lo acordado en el párrafo que antecede. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/684/2022 suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se adscribió a la juez Alva Miranda Ramírez como titular de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción de la nueva titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Firme resolución. Toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra la sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la cual se negó el amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Orden de depuración. Toda vez que en el presente juicio se negó la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Del incidente. Asimismo, dado que se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original del cuaderno incidental se encuentra en el supuesto previsto en en el capítulo 7, apartado 7.1.1, inciso 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto, será susceptible de depuración una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Duplicado del incidente. En atención a lo dispuesto en la fracción II inciso a) del artículo 20 del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alva Miranda Ramírez, Jueza Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante María del Rosario García Pérez, secretaria que autoriza y da fe. AMR/MRGP/bab

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