Montserrat Alarcón Peralta
Expediente 249/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Montserrat Alarcón Peralta
- Jose Luis Huerta Cortes
- Andrés Romero Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Amparo en revisión
Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo; en atención al mismo, téngasele acusando recibo de lo que refiere, consistente en testimonio de sentencia así como los autos del juicio de garantías 973/2021-4 con anexo. Luego, toda vez que mediante ejecutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se resolvió revocar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio de garantías promovido; en tales condiciones, al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, conforme a lo que dispone el inciso a), fracción III, del artículo 18, del capítulo séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente en que se actúa es depurable y carece de relevancia documental; en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.
- Amparo en revisión
SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "PRIMERO.- EN LA MATERIA SUJETA A REVISIÓN SE REVOCA LA SENTENCIA DICTADA. SEGUNDO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 973/2021-4." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.
- Amparo en revisión
Pachuca de Soto, Hidalgo, once de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta de los cuales se advierte que ha transcurrido el término concedido a la recurrente Montserrat Alarcón Peralta, por proveído de tres de enero del año actual, sin que hubiera hecho manifestación alguna. En consecuencia, devuélvase el presente asunto a la Ponencia del Magistrado Aníbal Lafragua Contreras, para que dicte la resolución correspondiente. Notifíquese.
- Amparo en revisión
Pachuca de Soto, Hidalgo, tres de enero de dos mil veintitrés. V I S T O el proyecto de resolución presentado en sesión de catorce de diciembre de dos mil veintidós, por el Magistrado Aníbal Lafragua Contreras, en el cual se propone revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo indirecto 973/2021-4, promovido por Montserrat Alarcón Padilla, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la misma normativa Lo anterior al estimarse esencialmente: "Es innecesario el estudio de los agravios transcritos en párrafos precedentes, toda vez que este Tribunal Colegiado, advierte de oficio, la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; motivo por el cual, debe revocarse la sentencia recurrida y sobreseerse en el juicio de amparo indirecto. Y para ello es menester traer a colación los antecedentes del acto reclamado, a saber del expediente familiar 491/2017, del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo: > El veinte de abril de dos mil diecisiete, César Zeferino Falcón, demandó en la vía escrita familiar, de Monserrat Alarcón Peralta, la guarda y custodia definitiva de sus dos menores hijas, así como el pago de una pensión alimenticia provisional y en su oportunidad definitiva en favor de las infantes; aduciendo básicamente que el cuatro de abril de dos mil diecisiete, aproximadamente a las veintidós horas, tuvo una fuerte discusión con su esposa, pues descubrió que ella tenía otra pareja, y por irse con él, dejaba siempre encargadas a las menores con la abuela paterna, y ante la agresividad de su esposa, quien intentó suicidarse con un cuchillo, llamó a la policía municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo; y a las veinticuatro horas nos llevaron ante el Juez Conciliador, para que llegáramos a un acuerdo, fue así que Monserrat Alarcón Peralta decidió firmar el documento en el que me otorgaba la guarda y custodia de mis menores hijas, debido a que no le interesaba ni podía hacerse responsable de las misma y mucho menos darles las atenciones necesarias, y dijo que mejor se iría a vivir a casa de su mamá; y desde esa data la demandada no ha buscado a sus hijas, ni siquiera para convivir o saber cómo están. > El veintiuno siguiente, el Juez del conocimiento, admitió la demanda y ordenó emplazar a Monserrat Alarcón Peralta, para que en el término legal de nueve días diera contestación a la misma; y a efecto de poder pronunciarse sobre la guarda y custodia provisional de las infantes, en favor del padre César Zeferino Falcón, se dio vista a la madre para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, pues de los hechos narrados se desprendía que se encontraban viviendo con su papá, por lo que se señaló el ocho de mayo de dos mil diecisiete (trece horas), para que tuviera verificativo la audiencia respectiva en donde además se escucharían a las menores; asimismo se requirió al Consejo de Familia para que de inmediato realice el estudio de campo del domicilio de la parte actora, e informe las condiciones y el entorno en el cual viven las niñas; > El dieciséis de mayo de esa anualidad; la parte actora informó que el domicilio en el cual debía ser emplazada Monserrat Alarcón Peralta, había cambiado, pues se enteró que ahora pernoctaba en calle Melchor Ocampo, número cinco, colonia San Pedro Alpuyeca, Fraccionamiento Don Juan, en Tula de Allende, Hidalgo; circunstancia que fue acordada favorablemente, y se fijó nueva fecha y hora para la audiencia en la que se resolvería sobre la guarda y custodia provisional de las menores; > El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el emplazamiento (acto reclamado); > El quince de junio siguiente, se celebró la audiencia en donde el actor presentó a las menores de iniciales M.Z.A. y B.Z.A., con presencia del agente del Ministerio Público y Presidenta del Consejo de Familia, y sin la asistencia de la madre Monserrat Alarcón Peralta; así el Juez del conocimiento, al advertir el desinterés de la demandada, la existencia del convenio celebrado ante el Juez Conciliador Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo y que efectivamente las menores se encuentran viviendo con el progenitor desde el mes de abril, y la manifestación de las menores en cuanto a que su abuelita ISI les da de comer y las lleva a la escuela, es que se acordó decretar la guarda y custodia en favor de César Zeferino Falcón, la cual se ejercería en calle Primera Cerrada 20 de Noviembre sin número, Localidad de Santa María Bathá, Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo; > Previa solicitud de la parte actora, en acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por no contestada la demanda por parte de Monserrat Alarcón Peralta y presuntamente confesa de todos y cada uno de los hechos ahí contenidos; asimismo se dictó auto admisorio de pruebas, señalado fecha y hora para el desahogo de la confesional y testimoniales ofrecida por la parte actora; > El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, el Juez del conocimiento, al advertir que se había dejado de promover por un periodo mayor a ciento ochenta días, ordenaba el archivo provisional; > Finalmente, ante la solicitud de copias certificadas por parte del actor César Zeferino Falcón, el Juez advirtió que no se había pronunciado en relación a la pensión provisional, por lo que atendiendo que ello es una cuestión de orden público, acordó en favor de las infantes, un salario mínimo mensual vigente en la región, que asciende a $4,307.68 (cuatro mil trescientos siete pesos 68/100 moneda nacional), mismo que debía ser cubierto por Monserrat Alarcón Peralta; apercibida que en caso de no hacerlo, en términos de lo previsto por el numeral 463 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, ordenaría ejecutar y trabar embargo sobre bienes suficientes para cubrir los alimentos por un periodo no menor a cinco años; por lo que también ordenó notificar dicho auto a la demanda en el mismo domicilio que se señaló para efectos del emplazamiento. > Y como última actuación dentro del juicio de origen, se advierte la solicitud de la parte actora (doce de julio de dos mil veintiuno), de revocar todo nombramiento de los profesionistas y el nombramiento del licenciado Cristian Álvarez Mercado; acordado en sus términos el quince de julio siguiente. De la anterior relatoría, claramente se advierte que en el juicio familiar, aún no se ha dictado sentencia definitiva. Entonces, si la aquí recurrente, aún cuenta con la posibilidad de interponer incidente de nulidad de notificaciones, dentro del procedimiento familiar, medio de defensa a través del cual, puede modificarse, revocarse o nulificarse la multicitada diligencia de emplazamiento, que arguye ilegal; es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Por lo tanto, la quejosa Monserrat Alarcón Peralta, no puede ser considerada tercera extraña por equiparación al procedimiento, porque al no haberse dictado aun sentencia definitiva dentro del juicio familiar 491/2017, es que cuenta con la posibilidad de tramitar el incidente de nulidad del emplazamiento, en términos de los artículos 422 y 424, fracción II, del Código de Procedimiento Familiares, que dicen: "422.- Todas las disposiciones sobre pruebas en el juicio se aplican a los incidentes, siempre y cuando tengan relación con la cuestión discutida. 424.- Se tramitarán incidentalmente: (.) II.- Las cuestiones sobre nulidad de actuaciones, notificaciones o emplazamiento; (.)." Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 698, registro digital 168011, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Sin que en el presente asunto, se actualice alguna de las hipótesis de excepción a que hace referencia la fracción XVIII, del numeral 61 de la ley de la materia, pues en el presente asunto, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni se trata de auto de vinculación a proceso; menor aún la procedencia del recurso o medio de defensa se encuentra sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; para que la quejosa quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De ahí que resulte procedente, revocar la sentencia sujeta a revisión y sobreseer, también por cuanto hace al acto reclamado consistente en la diligencia de emplazamiento reclamada al actuario adscrito al Jugado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en el expediente 491/2017. Ahora bien, en atención a la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, advertida de oficio por este Órgano Colegiado, en términos del segundo párrafo del diverso 64 de la ley de la materia, es necesario que se dé vista a la parte quejosa Monserrat Alarcón Peralta, concediéndole un plazo de tres días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el folio ocho, del Libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, y toda vez que el expediente en que se actúa, se encuentra en estado de resolución final, dese vista a la parte quejosa Montserrat Alarcón Peralta, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el entendido de que la misma deberá ser publicada en lista electrónica, y las manifestaciones que considere pertinentes, podrán ser presentadas directamente ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Colegiado, el buzón judicial; o bien, mediante el Portal de Servicios en línea. Hecho lo anterior, devuélvanse los presentes autos al Ponente, para formular el proyecto de resolución correspondiente. Notifíquese.
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