Montiel Bello Orea
Expediente 75/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 75/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Montiel Bello Orea
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja agraria 90/2021. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de la ejecutoria de mérito se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos, se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso d), del Acuerdo General antes referido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, háganse las indicaciones correspondientes en la caratula de este cuaderno.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, a través del cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de siete de abril del año en curso, mismo que fue registrado como recurso de queja agraria 90/2021 de su estadística; de lo anterior, se toma nota, y queda enterado este Juzgado, a la espera de que dicho recurso sea resuelto por la superioridad.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta firmado por el quejoso Montiel Bello Orea, atento a su contenido; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de queja en contra del auto de siete de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo intentada, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XII, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo, y una vez que se hayan realizado las notificaciones pertinentes, remítase el original del escrito de expresión de agravios, así como el informe respectivo en relación a la materia de la queja, al que deberá adjuntarse copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con sede en Acapulco, Guerrero, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y Cúmplase. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y la secretaria, licenciada Yuvidalia Pineda Torres, con quien actúa y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020 y 01/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Montiel Bello Orea, por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XII, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E"; como juicio de amparo indirecto 75/2021-III-s, y fórmese expediente impreso y electrónico que corresponde. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es posible para este órgano jurisdiccional determinar con exactitud la intención de la parte promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden de ideas, del análisis del escrito de demanda se aprecia que el impetrante señala como acto reclamado el que a continuación se transcribe: "El acuerdo de fecha diez de marzo del presente año 2021, notificado a esta parte quejosa el día 16 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Doce, de manera superficial, resuelve arbitrariamente que esta parte quejosa no exhibe los documentos necesarios para poder desahogar la prueba pericial en grafoscopía dentro del juicio agrario número 20/2020, ventilado ante la hoy autoridad responsable, dado a que no cumple con los requisitos estipulados dentro del artículo 140 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y que por ende, declara que dicha prueba queda desierta, sin embargo, es de precisar a su Señoría que mediante escrito de fecha veintiocho de enero del presente año 2021, esta parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó y exhibió diversos documentos contemporáneos a la firma indubitada en cuestión que servirían como base para el desahogo de la prueba en grafoscopía, los cuales solicitaba al Tribunal Unitario Agrario en mención que, los tuviera en cuenta para poder llevar a cabo dicha probanza, ya que no contaba con algún otro documento que pudiera ofrecer." [Énfasis añadido] Asimismo, de los antecedentes que constituyen el acto reclamado y que bajo protesta de decir verdad narra el quejoso, entre otras manifestaciones refiere lo siguiente: "(.) 6.- Con fecha 10 de marzo de 2021, la autoridad responsable dictó acuerdo en el sentido siguiente: PRIMERO.- Del estado del procedimiento se advierte que por acuerdo del 14 de diciembre de 2020, se previno a MONTIEL BELLEO (sic) OREA, para que en tres días hábiles exhibiera documentos indubitados para el cotejo que reunieran los requisitos del numeral 140 del Código Federal de procedimientos Civiles, en desahogar la prueba pericial en materia de grafoscopía, apercibiéndose de que de no hacerlo se declararía desierta esa prueba; requerimiento que pretendió atender mediante escrito ingresado el 28 de enero del año en curso, sin embargo, los documentos exhibidos no reúnen los requisitos del invocado numeral, sin que a la fecha haya cumplido esa prevención, por tanto con apoyo en los artículos 185 fracción I y 187 de la Ley Agraria, interpretados a contrario sensu se le hace efectivo el apercibimiento y se le declara desierta la prueba pericial en grafoscopía por falta de interés del oferente en su desahogo, aunado a que el procedimiento es de orden público y no pueden quedar al arbitrio de las partes. (.)" [Énfasis añadida] En mérito a lo anterior, es preciso destacar que la causa de improcedencia que a consideración de este juzgado, se actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172, fracción III; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el estado Mexicano sea parte;" (...) "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. ( .)" [Énfasis añadido] Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, se tiene que el acto reclamado por la parte aquí quejosa, no es de aquellos que pueda considerarse como de imposible reparación, puesto que, éste no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos de los gobernados, requisito indispensable que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio, aún en el supuesto de que se obtuviera una resolución favorable. Lo anterior es así, toda vez que, el acto reclamado consistente en el acuerdo de diez de marzo del presente año, dictado dentro del juicio agrario 20/2020, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 12, con residencia en esta ciudad, en que declaró desierta la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por el aquí quejoso; ello, en razón de que no desahogó la prevención formulada en diverso de auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, es así, que el acto que reclama en esta instancia no puede considerarse de aquéllos que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues esa determinación puede, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener resolución favorable a sus intereses. Ene se orden de ideas, y a consideración de este órgano jurisdiccional, se concluye que no le irroga a la parte impetrante del amparo, por ahora un perjuicio irreparable, dado que el acto reclamado únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derechos sustantivos del impetrante, y en caso de que dicha violación procesal trascienda al resultado del fallo, y éste le resulte adverso, podrá invocarla al promover el recurso ordinario o juicio que en su caso sea procedente. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de las garantías individuales y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de un medio de defensa ordinario o mediante el juicio que en su caso proceda, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva, para impugnarlos, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga a través del recurso o juicio que llegare a promover una sentencia favorable. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es |del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." [Énfasis añadido] Ciertamente, la intención primordial del impetrante de amparo es que se revoque el auto de diez de marzo del presente año, dictado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 12, con sede en esta ciudad, dentro del juicio agrario 20/2020, en el que declaró desierta la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por esta parte procesal en el referido juicio de origen, determinación que estima es ilegal. Ello es así, en atención a que el auto de diez de marzo del presente año, emitido por la autoridad responsable dentro del expediente agrario 20/2020, en el que desechó la pericial ofrecida por el aquí quejoso, se traduce como una violación a las leyes del procedimiento; en razón de que ésta no puede considerarse de aquéllas que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tal evento, puede, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. Ene se orden de ideas, se insiste, que a consideración de este órgano jurisdiccional, el auto combatido no le irroga al impetrante del amparo, por ahora un perjuicio irreparable, dado que el acto reclamado únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derechos sustantivos del impetrante, y en caso de que dicha violación procesal trascienda al resultado del fallo, y éste le resulte adverso, podrá invocarla al promover el amparo directo en contra de la determinación reclamada, por encontrarse expresamente prevista en la fracción III. del artículo 172 de la ley de la materia. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de las garantías individuales y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva o la que en su caso ponga fin al juicio, para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. Lo anterior encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII en relación con los diversos 107, fracción V, a contrario sensu, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo intentado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio del impetrante de amparo para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se provee, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juvenal Olivares Baltazar, y Luis Enrique Torres Martínez. En otro orden, como lo solicita el impetrante de amparo, y con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en coordinación con el Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, desde este momento se le autoriza consultar el presente expediente electrónicamente, así como recibir las notificaciones que deriven de este sumario, ello, en razón de así haberlo solicitado expresamente en el ocurso que nos ocupa, y en virtud de contar con firma electrónica, siendo el usuario "juvenal08"; lo anterior se verificó, en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". Por tanto, se comisiona al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", a fin de que realice los movimientos necesarios, para el caso de que resultara alguna cuestión no prevista hasta este momento que impidiera lo anterior, se proveerá lo conducente. En otro orden, como lo solicita la parte quejosa, se tiene señalando como medios electrónicos el correo juvenalolivarez08@gmail.com, sin que se le tenga designado para recibir citas y notificaciones, dado que en el párrafo anterior, se le autorizó la realización de éstas vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea designado para eso, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y la secretaria, licenciada Yuvidalia Pineda Torres, con quien actúa y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020 y 01/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.
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