Montepío Luz Saviñón, Institución de Asistencia Privada
Expediente 580/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Montepío Luz Saviñón, Institución de Asistencia Privada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en términos del artículo 10 del acuerdo antes referido. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veinte minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario hace constar que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y CERTIFICA: que no se encuentra promoción pendiente de acordar; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia que en derecho corresponda; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, los acuerdos de admisión, así como los informes justificados y el emplazamiento de ******, tercera interesada en términos del artículo 5º, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, quien compareció a juicio. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental que la parte quejosa adjuntó a la demanda, consistente en copia certificada de la escritura número ciento treinta y un mil ciento veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público Número Cuarenta y Ocho de la Ciudad de México. Además, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, oreció copia certificada del expediente laboral ****, de su índice. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que la parte tercera interesada los formuló y el representante social de la adscripción no presentó pedimento. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la tercera interesada formulando alegatos los cuales serán analizados al dictar sentencia. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 580/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********, por conducto de su representante legal *******, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El quince de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda promovida por *********, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, consistentes en el emplazamiento al juicio laboral, todo lo actuado dentro del procedimiento. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. En auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la registró con el número de expediente 2661/2022, se reconoció la personalidad del promovente, y se le previno porque no anexó copias suficientes para correr traslado. Una vez que se cumplió con la prevención, el uno de diciembre de dos mil veintidós, se admitió parcialmente a trámite la demanda. En el curso del procedimiento, se dio intervención al representante social de la adscripción. Se emplazó a ********, tercera interesada quien compareció a juicio. Se recibieron los informes con justificación rendidos por las responsables. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con el eventual cumplimentación y archivo definitivo. En atención a lo anterior, mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 580/2023, continuándose con el procedimiento. En auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se desechó la ampliación a la demanda de amparo que promovió la parte quejosa; determinación que confirmó el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, al resolver el recurso de queja 148/2023. Finalmente, hoy se celebró la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. (......) SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con el estudio de fondo. OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, su estudio se realizará bajo óptica del escrito derecho, ya que en materia laboral no opera la suplencia de la queja en favor del patrón, pues es una prerrogativa aplicable sólo al trabajador por disposición del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues en palabras de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la finalidad de la suplencia de la queja en materia del trabajo, es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. Desigualdad procesal que se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. Consideración que fue reiterada por la Sala del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97, en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal." En la demanda de amparo, se sostiene que la persona jurídica quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación, aduciendo que aun cuando fue parte material de la contienda de origen, no fue debidamente emplazada, lo que derivó en el desconocimiento del juicio laboral promovido en su contra. Sobre esa base, alega que se vulneró su derecho de audiencia previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no fue emplazada al procedimiento, lo que derivó en su desconocimiento y el dictado de un laudo condenatorio, sin que haya tenido oportunidad de defenderse. Son inoperantes los conceptos de violación, parte de un postulado no verídico, ya que en autos del juicio laboral existen las constancias de emplazamiento, sin que se haya expresado algún argumento para controvertir el contenido de esas diligencias que contienen el llamamiento a juicio. Esto es así, pues como se aprecia del escrito inicial de demanda, la quejosa refirió en forma genérica, que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que no fue llamada a juicio, violentándose en su perjuicio el derecho humano de audiencia. Sin embargo, y como quedó asentado de los antecedentes relatados, en las actuaciones del juicio laboral, existe un emplazamiento practicado a la parte quejosa, que además se advierte corresponde al domicilio que indica como suyo. Ciertamente, mediante diligencias de quince y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el emplazamiento de **********. De las citadas diligencias citadas, se obtiene que en la primera diligencia, después de cerciorarse de que se constituyó en el domicilio señalado en la demanda, el Notificador dejó citatorio en poder de una persona que se dijo llamarse ******, quien manifestó que era el domicilio de la persona moral y que no se encontraba el representante legal. Luego, en la diligencia de cumplimiento de citatorio, el representante legal de la empresa no esperó al actuario, por lo que llevó a cabo el emplazamiento con Miriam López quien se encontraba en el domicilio. Lo anterior, corrobora que a través de las diligencias de quince y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se emplazó al juicio natural a la aquí quejosa, sin que expresara algún argumento para demostrar que esas actuaciones no se apegaron a las formalidades del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Ello, porque corresponde a la moral quejosa exponer de forma razonada, porqué a su criterio resulta ilegal el emplazamiento que por esta vía se combate, toda vez que no es suficiente realizar simples afirmaciones aisladas, así como alegar genéricamente que no existe constancia de emplazamiento, ya que se debieron atacar de manera directa las diligencias de emplazamiento; por el contrario, los conceptos de violación formulados, están encaminados, citan y atacan la inexistencia de dicho emplazamiento. Por tanto, si el actuario responsable se constituyó en el domicilio indicado en busca de la moral demanda y llevó a cabo las diligencias de citatorio previo y emplazamiento; son dichas diligencias las que en este caso, la parte quejosa debió impugnar a través de los conceptos de violación planteados, pero en su lugar, someramente afirmó que en el procedimiento de origen inexiste diligencia de emplazamiento practicada a la parte demandada. De ahí que los conceptos de violación planteados se estimen inoperante. Es aplicable, por su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." Por consiguiente, al no expresar la quejosa argumento tendente a evidenciar la ilegalidad del emplazamiento al juicio, practicado en diligencias de quince y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitada por Montepío Luz Saviñón, Institución de Asistencia Pública, por conducto de su representante legal Rodolfo García Ferrón, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, consistentes en el emplazamiento al juicio laboral. La negativa del amparo se hace extensiva a todo lo actuado dentro del procedimiento laboral, ya que no se reclaman por vicios propios, sino como una consecuencia del ilegal emplazamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo: S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a **********, por conducto de su representante legal **********, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, consistentes en el emplazamiento al juicio laboral, y todo lo actuado dentro del procedimiento, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en la queja 148/2023, de la estadística de ese cuerpo colegiado, que se formó con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra el auto de trece de marzo de dos mil veintitrés dictado en este juicio. Ejecutoria de la cual se desprende que, en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de queja y confirmó el auto recurrido de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, acúsese recibo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la Secretaria en la cuenta, en el sentido de que aún se encuentra pendiente por resolver el recurso de queja interpuesto en contra del auto de trece de marzo del año en curso, el cual se encuentra substanciándose ante el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, difiérase la audiencia constitucional respectiva, y se señala como nueva fecha y horas las diez horas con veinte minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.
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