MONSERRAT SOSA GONZALEZ y Otros.
Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 39 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Monserrat Sosa Gonzalez
- MONSERRAT SOSA GONZALEZ y Otros.
- Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de seis de octubre del año en curso, se tuvo al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo copia certificada de constancias deducidas del expediente familiar ********************, entre ellas, el auto de catorce de septiembre de la presente anualidad, de las que se advirtió lo siguiente: Tuvo a la Directora de Comercio en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, informando que, después de haber realizado una búsqueda tanto en los archivos físicos como digitales, no encontró registro alguno a nombre del tercero interesado **********como permisionario de comercio en vía pública dentro de la jurisdicción del municipio de esa Ciudad. Así también, libró oficio al Director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, para que realice las gestiones pertinentes a fin de que las personas titulares de las oficinas registrales que integran el mapa de circunscripción territorial registral de dicho organismo, busquen exhaustivamente si existe algún bien inmueble a nombre del tercero interesado ********************. Para lo anterior, la autoridad responsable otorgó el plazo de treinta días hábiles, para recabar la información requerida, apercibiéndolo para el caso de cumplir con lo solicitado. Sin embargo, a pesar que en el aludido auto, se requirió a la citada autoridad para que, una vez que transcurriera el plazo de treinta días, otorgado al Director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca; de inmediato informara las gestiones que realiza con el objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha lo haya hecho. En consecuencia, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable ********************, Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, informe las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en relación al expediente familiar ******************** de su índice. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada informe el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos $10,374.00, a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, el Juez Familiar, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carece de superior jerárquico, puesto que no lo es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es el Consejo de la Judicatura del Estado, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, dicho Juez carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a él. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P.J. 63/2014 10a sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y II cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo. Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II. MESA VI-A. PRAL. 72/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio suscrito por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Cetro, por el que, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcribe el auto de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio familiar ****/2014 de su índice, del que se advierte lo siguiente: Tuvo a la Directora de Comercio en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, infirmando que, después de haber realizado una búsqueda tanto en los archivos físicos como digitales, no encontró registro alguno a nombre del tercero interesado G***** como permisionario de comercio en vía pública dentro de la jurisdicción del municipio de esa Ciudad. Así también, libró oficio al Director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, para que realice las gestiones pertinentes a fin de que las personas titulares de las oficinas registrales que integran el mapa de circunscripción territorial registral de dicho organismo, busquen exhaustivamente si existe algún bien inmueble a nombre del tercero interesado Genaro Francisco Hernández. Para lo anterior, la autoridad responsable otorgó el plazo de treinta días hábiles, para recabar la información requerida, apercibiéndolo para el caso de cumplir con lo solicitado. De lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable para que en una vez que transcurra el plazo de treinta días, que otorgó al Director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, de inmediato informe las gestiones que realiza con el objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
SECCIÓN II. MESA VI-A. PRAL. 72/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de siete de septiembre del año en curso, se tuvo al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo copia certificada de constancias deducidas del expediente familiar *****/2014, entre ellas, el auto de uno de septiembre de la presente anualidad, de las que se advirtió lo siguiente: Mediante oficio requirió al Director General del Instituto de la Función registral del Estado de Oaxaca, para que por conducto de las personas Titulares de las Oficinas Registrales que integran el mapa de circunscripción territorial registral de dicho organismo, realicen una búsqueda exhaustiva a efecto de verificar si en sus asientos y/o archivos registrales existe algún bien inmueble a nombre de ***** Libró oficio al Director de Control de Comercio en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a efecto informe si **** está empadronado en dicha unidad administrativa y si cuenta con algún permiso expedido para ejercer el comercio en la vía pública. Para el cumplimiento de lo anterior, le concedió el plazo de diez días hábiles, a las autoridades mencionadas y las apercibió que de no hacerlo o no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, les impondrá una multa de equivalente a veinticinco unidades de medida y actualización. En relación a punto cinco de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el recurso de inconformidad *******/2023, informa que el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la actuaria adscrita a ese juzgado realizó la diligencia de notificación, requerimiento de pago y embargo a ******, quien después de haber sido requerido manifestó no contar con dinero para cubrir el pago adeudado, así también refirió no tener bien mueble e inmueble que señalar, por lo que concedido el uso de la palabra a la parte actora (aquí quejosa), solicitando se le tuviera reservando el derecho para señalar bienes con posterioridad. Sin embargo, a la fecha, la aludida autoridad responsable no ha informado las gestiones relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo. En consecuencia, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable ********, Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, informen las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en relación al expediente familiar ****/2014 de su índice. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, el Juez Familiar, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carece de superior jerárquico, puesto que no lo es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es el Consejo de la Judicatura del Estado, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, dicho Juez carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a él. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo. Notifíquese.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio suscrito por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por el que, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y en atención al requerimiento formulado en autos, remite un legajo de copias certificadas deducidas del juicio familiar ********************, de su índice, de las cuales del acuerdo de uno de septiembre de la presente anualidad, se advierte lo siguiente: Mediante oficio requirió al Director General del Instituto de la Función registral del Estado de Oaxaca, para que por conducto de las personas Titulares de las Oficinas Registrales que integran el mapa de circunscripción territorial registral de dicho organismo, realicen una búsqueda exhaustiva a efecto de verificar si en sus asientos y/o archivos registrales existe algún bien inmueble a nombre de ********************. Libró oficio al Director de Control de Comercio en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a efecto informe si ********************, está empadronado en dicha unidad administrativa y si cuenta con algún permiso expedido para ejercer el comercio en la vía pública. Para el cumplimiento de lo anterior, le concedió el plazo de diez días hábiles, a las autoridades mencionadas y las apercibió que de no hacerlo o no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, les impondrá una multa de equivalente a veinticinco unidades de medida y actualización. En relación a punto cinco de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el recurso de inconformidad ********************, informa que el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la actuaria adscrita a ese juzgado realizó la diligencia de notificación, requerimiento de pago y embargo a ********************, quien después de haber sido requerido manifestó no contar con dinero para cubrir el pago adeudado, así también refirió no tener bien mueble e inmueble que señalar, por lo que concedido el uso de la palabra a la parte actora (aquí quejosa), solicitando se le tuviera reservando el derecho para señalar bienes con posterioridad. De lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable para que en una vez que cuente con la información a que hace referencia, de inmediato informe las gestiones que realiza con el objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida expresamente que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
Quedan 35 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- MÓNICA MARLENE GARCÍA VELASQUEZ y Otros.1142/2018
- MÓNICA MARLENE GARCÍA VELASQUEZ y Otros.528/2022
- MÓNICA PÉREZ CARRASCO y Otros.1079/2022
- Mónica Viridiana Ramírez Cruz y Otros.1569/2016
- Mónico Castro Reyes37/2020
- MONIVET SHALEY LÓPEZ GARCÍA y Otros.905/2021
- MONSERRAT SOTO CHÁVEZ y Otros.40/2022
- MOSÉS GARCÍA MALDONADO y Otros.990/2021
- MOSSALI NASHIRA LÓPEZ LEGARIA y Otros.1352/2022
- MRCI Coorporativo Integral S.C154/2014
- MURAT ALEXIS HERRERA VEGA y Otros.1250/2017
- Myrna Erika Lescas Mendoza y Otros.1737/2016