Monserrat Sandoval Hernández
Expediente 264/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Monserrat Sandoval Hernández
- A. R. S.
Actuaciones
- Principal
primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, remite copias certificadas del presente juicio, promovido por ********************, y testimonio de la ejecutoria dictada en el expediente Q.P. 137/2023, y en la cual se resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Archívese este asunto como total y definitivamente concluido; mismo que es susceptible de depuración y destrucción en los términos señalados.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, diez de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, por medio del cual, informa la recepción de la copia certificada del juicio de amparo 264/2023-VI, del índice de este Juzgado, escrito original de expresión de agravios y copia, a efecto de substanciar el recurso de queja interpuesto por la quejosa, mismo que admitió y quedó registrado bajo el número Q.C. 137/2023; circunstancia de la que se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Brianda Ivette Pacheco Flores, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ---, contra los actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco, Estado de México y otra autoridad, por las razones precisadas en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsbles.
- Principal
----Del análisis integral de la petición constitucional, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste en lo siguiente: Auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente número ***/2020 relativo al juicio de pérdida de patria potestad, radicado en el Juzgado Mixto del Distrito Judicial Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz, Estado de México. Auto en el que no se acordó favorable la petición de la parte actora, de desestimar la prueba pericial en Trabajo Social a cargo de la parte demandada. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza, en primer orden, la causal improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo----Ahora, a efecto de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio biinstancial encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio biinstancial. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. --- En ese sentido, los artículos 5.74 y 5.76 (del apartado relativo a "De las Controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar"), 1.360 y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México disponen: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 5.76. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." "Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja." "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se tiene que los autos dictados dentro de un juicio sobre controversia del estado civil de las personas que sean emitidos fuera de audiencia son impugnables mediante el recurso de revocación. En la especie, la peticionaria del amparo reclama el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente número ***/2020 relativo al juicio de pérdida de patria potestad, radicado en el Juzgado Mixto del Distrito Judicial Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz, Estado de México, auto en el que no se acordó favorable la petición de la parte actora, de desestimar la prueba pericial en Trabajo Social a cargo de la parte demandada. Por ende, en su contra procede el recurso de revocación previsto en el artículo 1.362, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Recurso legal, que tendrá por objetivo que el órgano jurisdiccional analice los agravios que se formulen al respecto por la interesada y, de ser fundadas sus determinaciones, en breve término, modificar las consideraciones que dieron origen ha dicho acto, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. Además, la legislación procesal que se señala, no hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación reclamada y, tampoco se establece expresamente que ésta, sea irrecurrible, por lo que se debe atender al principio general del derecho que refiere que donde el legislador no distingue, el juzgador tampoco debe hacerlo; de tal modo, que si en el referido artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, prevé la procedencia del recurso de revocación en contra de cualquier tipo de auto (que no sea una resolución que ponga fin a la controversia, el auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia o, una resolución interlocutoria o definitiva) dictado por un juez, se concluye que contra el acto reclamado procede el recurso de revocación. Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el auto de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual, el juez no acordó favorable la petición de la parte actora, de desestimar la prueba pericial en Trabajo Social a cargo de la parte demandada, entonces se debió agotar, previo a acudir al amparo. ---- Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal de la inconforme; ni la peticionaria tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen y como la propia quejoso expuso, fue debidamente notificado. Tampoco actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la supracitada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México es claro en determinar que los autos que no son apelables son revocables. Aunado la causa de improcedencia que se estimó actualizada, este juzgado advierte que en forma concomitante se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados en estudio, por lo siguiente. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Además, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la simple lectura de este último precepto legal, se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. --- En apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Como se adelantó, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto materia de reclamo consiste esencialmente en el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente número 7089/2020 relativo al juicio de pérdida de patria potestad, radicado en el Juzgado Mixto del Distrito Judicial Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz, Estado de México. Auto en el que no se acordó favorable la petición de la parte actora, de desestimar la prueba pericial en Trabajo Social a cargo de la parte demandada. En ese sentido, con dicho acto, eventualmente, sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de la determinación reclamada, no se traducen al exterior del procedimiento en el que tiene la calidad de actor, pues el acto reclamado se traduce en una posible violación intraprocesal, puesto que al momento en que se dicte la sentencia en el procedimiento de origen, ésta le puede ser favorable sin que esas supuestas violaciones que reclama le lleguen a afectar, ni tampoco, provocar se quede insoluta la controversia en el juicio de origen. Pues en todo caso, las afectaciones que pudiere sufrir el quejoso no afecta derechos sustantivos sino sólo adjetivos. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. --- Por lo anterior, como ya se dijo, el acto reclamado al no ser uno que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, se actualiza, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados en estudio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados en estudio. ---En esas condiciones, es que se estima actualizada la causa de improcedencia por definitividad prevista en el artículo 1.360. y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México e intraprocesal acorde al artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo , en relación con el precepto 107, fracción V, por inobservancia al principio de definitividad e intraprocesal, por ende, procede DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, al ser notoriamente improcedente. --- Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Parte quejosa. a). Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional por solicitarlo expresamente en su escrito de demanda. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la normativa aplicable, a los profesionistas que menciona siempre y cuando tengan registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la cual en su momento será localizada, esto es, cuando lleguen a ejercer su mandato. Correo electrónico. Se tiene por señalado el correo electrónico, únicamente como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Lo anterior, en aras de agilizar el trámite de este asunto, acorde a lo establecido en el artículo 17 constitucional, sin que dicha dirección de correo electrónico pueda considerarse como un medio para oír y recibir notificaciones. Se exhorta para tramitación de juicio en línea. Atendiendo al contenido del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en cuanto a que los órganos jurisdiccionales deben de adoptar como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que: - Opten por documentos, servicios y procesos digitales de forma preferente a aquéllos realizados en papel, salvo en casos cuya excepción sea debidamente justificada. - Soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico; y, - Soliciten la práctica de notificaciones electrónicas, proporcionando para ello el usuario previamente registrado en dicho portal. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Copias y reproducción de constancias. a) Solicitudes de expedición de copias. Hágase del conocimiento a las partes que no será necesario que soliciten la expedición copias de las constancias que integren el expediente electrónico y/o físico. Para el caso de las constancias que integren el expediente electrónico, podrán obtener por sí, copias simples de las que no incluyan la evidencia criptográfica y copias certificadas de las que cuenten con dicha evidencia. Lo anterior, de conformidad al artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que establece que las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Sólo en casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Por lo que, a efecto de agilizar el trámite de este asunto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes, hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal: ellos por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
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