Monserrat Rodríguez Hernández
Expediente 51/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Monserrat Rodríguez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
México, Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido electrónicamente por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del índice de este juzgado, por medio del cual, acusa recibido de las constancias que le fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a********************, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que, conforme a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la depuración de las constancias que integran el presente expediente. En las relatadas condiciones, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. De igual manera, se ordena devolver a la autoridad responsable, las constancias que acompañó al momento de rendir su informe justificado, requiriéndole para que a la brevedad posible se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REUBICACIÓN DE NUEVO TITULAR. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
En la Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda la promoción electrónica obtenida del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del índice de este juzgado, de la parte quejosa, como lo solicita, se le tiene autorizando para que realicen únicamente la consulta del expediente electrónico, toda vez que el nombre del usuario se encuentran registrado en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, atendiendo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Por otro lado, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifieste si es su deseo que se le autorice para oír y recibir notificaciones vía electrónica, apercibida que de no desahogar dentro del término concedido para tal efecto o no hacer manifestación alguna al respecto, no se le autorizara para oír y recibir notificaciones vía electrónica y se tendrá como su domicilio para tal efecto el que señala en su escrito inicial de demanda. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis I.1o.P.35 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 2366, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, que dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. Si el autorizado en términos amplios solicita que las notificaciones de los autos o resoluciones emitidos en el juicio de amparo se le practiquen vía electrónica, pero del escrito de demanda o del apersonamiento a juicio, se advierte que su autorizante (quejoso o tercero interesado) indicó un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el Juez de Distrito debe requerir a éste para que -por sí o sus autorizados- precise cuál es la vía que elige para esos fines. Lo anterior, porque debe tomarse en consideración que los autorizados que el quejoso o, en su caso, el tercero interesado puedan designar en el trámite del controvertido constitucional, no pueden ser partes para efectos del juicio de amparo, pues esa calidad no se las reconoce el artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que únicamente tienen ese carácter: el quejoso, el tercero interesado, la autoridad responsable y el Ministerio Público de la Federación; sino que de conformidad con los diversos 12 y 24 de la propia ley, los autorizados sólo son representantes de aquéllos en la litis constitucional, con el propósito de que realicen actos procesales a favor de los intereses legales de la parte que los designó, tan es así, que por mandato legal, no pueden sustituir o delegar dicha autorización a un tercero. Por tanto, a los autorizados no se les puede desvincular o desligar de la parte procesal -principal- a la que representan, pues quien se beneficia o se perjudica de las decisiones adoptadas tanto de trámite como de fondo que se emitan en el juicio de amparo, es su autorizante (quejoso o tercero interesado). Es decir, cualquier acto procesal que los autorizados realicen durante la tramitación y resolución del juicio de amparo, no lo hacen "a nombre propio", sino como representantes de la persona (física o moral) quien los autoriza. En consecuencia, en atención al hecho de que según la notificación que se practique en el caso concreto, ésta surte efectos de manera distinta conforme al artículo 31 de la Ley de Amparo, no puede aceptarse que existan dos clases de notificación y, por ende, dos cómputos para una misma parte procesal, como por ejemplo, que por un lado la directa parte quejosa señale la forma "tradicional" para oír y recibir notificaciones mediante la referencia de un domicilio convencional para esos fines en su escrito de demanda y, por otro, sus autorizados (en ese mismo ocurso o en uno diverso) adopten como vía de notificación la electrónica, pues no se trata de dos partes procesales distintas entre sí, sino los segundos son únicamente representantes de la parte principal que conforma al juicio de amparo, o sea, la parte quejosa. De ahí la necesidad de que el Juez de Distrito requiera al autorizante para que precise cuál vía de notificación es la que elige para los efectos legales a que haya lugar." Asimismo, se le tiene señalando correo electrónico, para recibir comunicaciones no oficiales, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y RESOLUCIÓN En la Ciudad de México, siendo las once horas con cincuenta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, día y hora señalados en autos, para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 51/2021-I, promovido por **************;...Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no hay ocursos por proveer, que las partes no solicitaron la videoconferencia a que se refiere el acuerdo mencionado y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. V I S T O S ...R E S U L T A N D O:...C O N S I D E R A N D O: ...QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, al no existir causa de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, la peticionaria de amparo formula los conceptos de violación siguientes: 1. Las providencias precautorias son procedentes conforme a lo dispuesto por los artículos 1168 a 1189 del Código de Comercio, en relación directa con el numeral 536 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y la jurisprudencia de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. SON INHERENTES AL DERECHO A LA JURISDICCIÓN, POR LO QUE LA LIMITACIÓN DE SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDER A UNA INTERPRETACIÓN FUNCIONAL Y CONFORME DEL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CON LOS ARTÍCULOS 1° Y 17 CONSTITUCIONALES", porque de forma errónea se apreció a las facturas como documentos unilaterales carentes de la conformidad de su contraria, cuando la unilateralidad no deriva de su capricho o su voluntad, sino de una obligación que proviene de las leyes fiscales por la naturaleza de la operación de compraventa que amparan tales documentos factura, por lo que ello no significa que carezca de la conformidad de la parte compradora, esto, en virtud de que siendo un documento que cumple con todos los requisitos que marcan actualmente las leyes fiscales se considera avalado por la autoridad pública hacendaria según la firma electrónica que las calza convirtiéndola en documentos vinculantes para ambas partes, es decir, tienen la presunción de ser conocidas y aceptadas por el comprador quien por las mismas circunstancias legales ha recibido un ejemplar electrónico de ellas. 2. Agrega que no es el momento procesal para que la autoridad ponga a debate el contenido de las facturas, ya que todavía no se está en el juicio donde la objeción corresponde exclusivamente a su contraria. 3. Refiere que la exigencia del reconocimiento judicial, debe darse hasta el momento del juicio, hacerlo antes, sería innecesario interponer las providencias precautorias y, posteriormente, ejercer la acción a través del juicio oral mercantil, ya que, al reconocer el adeudo directamente se tendría que hacer el ejercicio de la acción a través de la vía ejecutiva mercantil. 4. Menciona que las facturas no son documentos que requieran de reconocimiento, sobre todo tratándose de la solicitud de providencias precautorias, mucho menos en estos tiempos de validez electrónica y atendiendo al hecho de que no se está en juicio. 5. El reconocimiento judicial que se exige, implica que previo a un juicio ejecutivo mercantil, existan medios preparatorios de reconocimiento de firma, que una vez que se haga por el deudor configuraría lo establecido en el artículo 139 fracción VII (sic), situación que no acontece, porque lo que se intenta antes de iniciar el juicio es que exista una retención de bienes del deudor mientras se lleve el juicio correspondiente y una vez que se ponga fin al juicio intentado, en caso de obtener sentencia favorable, poder llevar el cobro y evitar que el deudor pueda dilapidar los bienes que pudieran ser objeto de pago. Al respecto invocó las tesis de rubros: "OBLIGACIONES MERCANTILES. MOMENTO EN QUE COMIENZAN LOS EFECTOS DE LA MOROSIDAD EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE CONTRAEN SIN TÉRMINO PREFIJADO POR LAS PARTES O POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO." y "FACTURAS. NO REQUIEREN ESTAR FIRMADAS PARA TENER EFICACIA PROBATORIA EN EL JUICIO DE AMPARO, POR NO EXIGIRLO LEY O DISPOSICIÓN APLICABLE ALGUNA." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación se examinarán en su conjunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, porque su causa de pedir radica en que son procedentes las providencias precautorias de retención de bienes, con base en las facturas que exhibió, sin necesidad de que sean reconocidas al tratarse de facturas electrónicas. Lo anterior es infundado. Es así, porque en la resolución reclamada, se determinó que se desecharon las providencias solicitadas porque no se justificó el requisito de exigibilidad de conformidad con el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio y 2190 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, es decir, no se demostró que la deuda cuyas diligencias se requiere sean aplicadas, es decir, sea exigible, y tratándose de este requisito el numeral 1391 del código indicado en primer término, indica que las facturas para que sean títulos ejecutivos se requiere que sean reconocidos judicialmente por el deudor. Lo anterior, se estima es correcto, por lo siguiente. Los artículos 1175, fracción I, insertó en el Capítulo XI, "De las providencias precautorias", y 1391 del Código de Comercio, establecen: "Artículo 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; [.]." "Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: [.] VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; [.]." De dichos artículos se advierten las normas que establecen que, para que se decrete de plano la retención de bienes, en un procedimiento de providencias precautorias, uno de los requisitos es que se acredite la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor y que las facturas traen aparejada ejecución cuando estén reconocidas judicialmente. En esas condiciones, como acertadamente se determinó en la resolución reclamada, no se cumple con uno de los requisitos para decretar de plano la retención de bienes en un procedimiento de providencias precautoria, que es el consistente en que se acredite la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor, pues las facturas allegadas, con independencia que sean digitales, como lo afirma la quejosa, no están reconocidos judicialmente por el deudor. Con base en lo anterior, contrariamente, a lo manifestado por la parte quejosa en sus motivos de inconformidad, la circunstancia que las facturas sean electrónicas y que aduce cumplen con todos los requisitos fiscales, no la exime de acreditar los requisitos establecidos en los artículos 1175, fracción I, y 1391, fracción VII, del Código de Comercio, referente a que, para que se conceda la retención de bienes en un procedimiento de providencias precautorias, es indispensable que las facturas para que traigan aparejada ejecución deben estar reconocidas judicialmente y así cumplir con la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor. De ahí que la jurisprudencia de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. SON INHERENTES AL DERECHO A LA JURISDICCIÓN, POR LO QUE LA LIMITACIÓN DE SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDER A UNA INTERPRETACIÓN FUNCIONAL Y CONFORME DEL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CON LOS ARTÍCULOS 1° Y 17 CONSTITUCIONALES", no es aplicable, ya que se refiere a que el juzgador al otorgar una medida precautoria debe adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada caso y ser flexible con la posibilidad de modificación, pero no que deba de eximirse de uno de los requisitos exigidos para su otorgamiento. Además, en la resolución reclamada, no se cuestionó el contenido de las facturas, pues lo que se determinó fue que las facturas no están reconocidas judicialmente por el deudor, como lo exige la legislación mercantil. En esas condiciones, contrario a lo indicado por la parte quejosa, la exigencia del reconocimiento judicial debe existir para que se pueda decretar la retención de bienes en los términos que lo solicitó en el procedimiento de origen, porque debe acreditar que tiene a su favor un crédito líquido y exigible y esto acontece cuando las facturas están reconocidas judicialmente por el deudor, en términos del artículo 1391, fracción VII, del Código de Comercio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 817, Novena Época, que es de rubro y texto siguientes: "FIRMAS, RECONOCIMIENTO DE, COMO MEDIO PREPARATORIO DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, EN TRATÁNDOSE DE LOS DOCUMENTOS A QUE ALUDE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 1391 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Del estudio sistemático de los artículos 1391, fracción VII, 1167 y 1403, fracción IV, del Código de Comercio, vigente antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, aparece que la ley da el carácter de títulos ejecutivos, entre otros, a los títulos de crédito, sentencia ejecutoriada, instrumentos públicos, facturas, cuentas corrientes y contratos firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; empero, para que los mismos sean considerados con ese carácter privilegiado, habrán de reunir las condiciones y exigencias que marque la ley aplicable al título de que se trate; de ese modo, los títulos de crédito deberán ser confeccionados de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en tanto que, para el tema a estudio, es significativo destacar que aquellos documentos ínsitos en la fracción VII del numeral 1391 del Código de Comercio, deben encontrarse firmados y reconocidos judicialmente por el deudor, por lo que para ello es suficiente con que en el juicio respectivo se hubiere exhibido la resolución por la cual el órgano jurisdiccional respectivo tuvo al deudor por reconociendo la firma, a efecto de que en conjunción con tal documento cuya firma se tuvo por reconocida, conforme la prueba preconstituida a que antes se hizo referencia, sin que para ello sea trascendente el que no se hubieren ofrendado todas las actuaciones con las cuales culminó el medio preparatorio de juicio que se destaca en el numeral 1167 antes referido, pues tal exigencia no se advierte de dicho artículo y, en cambio, el espíritu del legislador plasmado en los tres preceptos antes narrados va encaminado a que dicha declaración sea suficiente para el efecto de intentar la vía ejecutiva, ya que aquélla no causa estado por sí misma, sino que en el curso del juicio en donde ese documento sirve de base, puede ser discutido y resuelto si el reconocimiento se ajusta a la ley, lo que trae por corolario el que para poderse estudiar tal hipótesis, es necesaria la excepción de parte legítima, dado que la misma en modo alguno es un elemento esencial para la procedencia de la vía que permita su análisis oficioso." Finalmente, no son aplicables las tesis de rubros: "OBLIGACIONES MERCANTILES. MOMENTO EN QUE COMIENZAN LOS EFECTOS DE LA MOROSIDAD EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE CONTRAEN SIN TÉRMINO PREFIJADO POR LAS PARTES O POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO." y "FACTURAS. NO REQUIEREN ESTAR FIRMADAS PARA TENER EFICACIA PROBATORIA EN EL JUICIO DE AMPARO, POR NO EXIGIRLO LEY O DISPOSICIÓN APLICABLE ALGUNA.", porque se refieren al momento en que comienzan los efectos de la morosidad en las obligaciones mercantiles y que las facturas no requieren estar firmadas para tener eficacia probatoria en el juicio de amparo. En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ****************, contra actos del Juez Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra actos del Juez Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por lista a la parte quejosa.
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