Monserrat Maya Gaytán

Expediente 502/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
502/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Monserrat Maya Gaytán

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Guillermo Álvarez Torres, apoderado de Monserrat Maya Gaytán, carácter que se le reconoce en virtud del documento que exhibe, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 502/2022 1.2. Precisión del acto reclamado. De la lectura de la demanda, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La omisión de emitir el acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 4B-1525/2020, del índice de la junta responsable, el cual se reservó en la audiencia de uno de abril del año en curso. 1.3. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 113, de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1.4. Actualización de causa de improcedencia. Este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan,.". Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada en el juicio, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal en el proceso tiene ejecución de imposible reparación cuando violenta directamente cualquiera de los derechos sustantivos de las personas, sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre cuando se reclaman dilaciones procesales en materia laboral, que produzcan la paralización del proceso que hagan abiertamente nugatorio el derecho a la justicia. Conforme a los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la etapa en que se encuentre el juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En efecto, no se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial, el cual consiste en que toda persona, incluso las morales, tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley o la Convención de que se trata, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Asimismo, el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención, asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese sentido, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos durante el proceso judicial, deben ventilarse al tenor de lo establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo o, en caso de que dicho acto afecte derechos sustantivos. Ahora, en consideración a la naturaleza del acto reclamado se desprende que la afectación que resiente la parte quejosa es la dilación en la que incurre la autoridad responsable al omitir dictar el acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 4B-1525/2020, del índice de la junta responsable, el cual se reservó en la audiencia de uno de abril del año en curso, cabe precisar que al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), concluyó que para la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo con el que legalmente cuenta la autoridad responsable para cumplir con la obligación impuesta, esto es, en el caso en concreto, emitir el acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." (Lo resaltado es de este órgano jurisdiccional relativo a la parte medular de lo que se invoca) De lo anterior, se colige que el acto reclamado, no es de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues no constituye un acto que se encuentre desvinculado al proceso, sino que por el contrario, tiene su origen en esté, por consiguiente, considerando lo expuesto en el criterio que antecede se desprende que no existe una excesiva dilación procesal que actualice por el momento una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues resalta que aún no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que fijó como parámetro la Segunda Sala del más alto tribunal del país para efecto de la procedencia del juicio de amparo. En ese tenor, se tiene que relativo al plazo atinente a la emisión del acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecido por las partes dentro del juicio laboral 4B-1525/2020, del índice de la junta responsable, el cual se reservó en la audiencia de uno de abril del año en curso, transcurre del dos de abril al dieciséis de mayo de dos mil veintidós. AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. PLAZO PARA ACORDAR LO CONDUCENTE. PLAZO DE 45 DÍAS NATURALES PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DÍAS NATURALES TRANSCURRIDOS. 01 de abril de 2022 06 de abril de 2022. Del 02 de abril al 16 de mayo de dos mil veintidós. 11 de mayo de 2022. 40 días naturales Por ende, el acto que se reclama en esta vía constitucional no puede ser considerado un acto de imposible reparación, toda vez que aquél tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, lo que no genera una violación directa y actual. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución" 1.5. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 1.6. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, autorizando para tal efecto a la persona que nombra. 1.7. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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