Monserrat Juárez García

Expediente 1013/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1013/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Monserrat Juárez García

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta signado por el secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente Q.C. 348/2023, en la que desechó de plano el recurso de queja interpuesto por quien se ostentó autorizado de la quejosa, en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado de distrito, que desechó por improcedente la demanda de amparo; en tal virtud, esta juzgadora queda enterada de lo anterior, acúsese de recibo a la autoridad oficiante. Archívese este expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado..., Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción ..., Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta remitido por el secretario adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado el auto de once de septiembre del año en curso, dictado por el tribunal colegiado de su adscripción, por el que tuvo por recibido el diverso oficio por el cual se remitió el original del escrito de agravios, un legajo de copias certificadas e informe justificado con motivo del recurso de queja interpuesto por la peticionaria de amparo en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés; asimismo, se advierte que admitió a trámite el recurso en mención, el cual quedó registrado como Q.C. 348/2023; en consecuencia, este juzgado queda enterado de lo anterior, y se ordena agregar a sus autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como lo solicita la autoridad oficiante, hágase disponible el acceso al expediente electrónico para la consulta vía internet; por lo tanto, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, autorizar dicha consulta al tribunal colegiado oficiante; asimismo, infórmese lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Octavo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante oficio 20207/2023, en cumplimiento a lo ordenado por auto de veinticuatro de agosto del año en curso; en consecuencia, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por ..., contra de actos del Juez Cuadragésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y actuario de su adscripción, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 1013/2023, y provéase lo conducente con relación a la misma. Del estudio íntegro del escrito inicial de la demanda, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Sobre este tópico, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente (114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada), para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De manera que la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1331, que es del tenor siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el auto dictado en el juicio controversia del arrendamiento inmobiliario 222/2022, promovido por la sucesión de Rafael García Pacheco, en contra de la aquí quejosa, por el que se ordenó turnar las actuaciones al actuario para que se constituya en el inmueble materia de la litis y se requiera a la demandada para que entregue el bien inmueble litigioso. En tanto que de lo manifestado por la parte quejosa, se advierte que es demandada en el juicio de origen; que tuvo intervención en el mismo, pues contestó la demanda instaurada en su contra; que seguida sus etapas procesales se dictó sentencia definitiva en el que se ordenó la entrega del inmueble materia de la litis; que en ejecución de sentencia se ordenó requerir la entrega del inmueble, lo que constituye el acto reclamado. En virtud de lo anterior, se advierte que el proveído que por esta vía reclama, no tiene el carácter de última resolución en el procedimiento de ejecución, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando fueron dictados en el periodo de ejecución de sentencia, no aprueban ni reconocen el cumplimiento total de la sentencia ni declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, siendo que el proceso no debe obstaculizarse por ser de orden público y de interés social. Ya que como se explicó con antelación, ha de entenderse por última resolución, la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; por lo que esa será entonces la resolución impugnable en amparo y no las que precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia definitiva. Siendo, además, que la emisión de los actos reclamados no afecta de manera directa derechos sustantivos de la quejosa, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; sino que al contrario, van encaminados a cumplir con el fallo emitido en el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, y actualizarse la causa de improcedencia antes analizada, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos el boletín judicial, y en virtud de que la Ley de Amparo no prevé esa figura, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, todas las notificaciones se le harán por medio de lista. Por otra parte, ténganse por autorizadas a las personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; no así para recibir valores, mismos que por seguridad de las partes, únicamente serán entregados a la quejosa, a su apoderado o representante legal con facultades suficientes para ello. Por otra parte, se tiene proporcionando el correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario adscrito a este juzgado para que en días y horas inhábiles practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto. Notifíquese por medio de lista a la quejosa.

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