Monserrat García Salazar

Expediente 1085/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1085/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Monserrat García Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE NO SE INTERPUSO RECURSO EN CONTRA DEL AUTO EN EL CUAL SE TUVO POR DESECHADA LA DEMANDA DE AMPARO, POR LO QUE SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO, SE ESTABLECE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL... ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR LO QUE SE FIJA FECHA PROBABLE PARA SU DESTRUCCIÓN...SE ESTABLECE FECHA PARA LA TRANSFERENCIA A LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TOLUCA...

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Monserrat García Salazar, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se ordena registrar en el libro de gobierno respectivo bajo el número 1085/2019-E. Se desecha demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dado que el término de quince días hábiles, con el que contaba la quejosa para presentar la demanda de amparo, trascurrió con exceso, como se expondrá a continuación. El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." En esa óptica, la causa de improcedencia contenida en el artículo antes transcrito, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el amparo dentro de los plazos que la propia ley señala. Además, cabe precisar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen el término de quince días hábiles como regla general para la presentación de la demanda de derechos fundamentales, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En ese sentido, se pone de manifiesto que la promovente de amparo en los antecedentes refiere que el ocho de octubre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral 1280/2018-4D, donde compareció el apoderado legal de la parte actora -aquí quejosa-por lo que resulta evidente que en dicha data se le tuvo por notificada; a más, de las constancias certificadas que anexó al escrito de demanda de amparo, se corrobora que en dicha diligencia se encontraba presente su apoderado legal, por lo que se le tuvo por notificada a través del profesionista autorizado al finalizar la actuación señalada como acto reclamado. Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de constancias expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Así, como se adelantó, se estima actualizada la causa de improcedencia en estudio, ya que la quejosa no promovió el juicio de amparo contra el referido acto, dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el párrafo primero del artículo 17 de la ley de la materia. En efecto, la quejosa tuvo conocimiento del contenido del acto reclamado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, al encontrarse presente su apoderado legal al momento de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; así, el plazo de quince días hábiles con el que contaba para promover el juicio de amparo transcurrió en exceso. Por ende, si el escrito de demanda que dio origen al presente juicio, fue presentado hasta el veintidós de octubre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, en esta ciudad, según se advierte de la boleta de turno, es dable concluir que su presentación resulta extemporánea, al haberse presentado después de que feneció el plazo de quince días hábiles que la ley concede para instar el juicio constitucional y, como consecuencia, los actos reclamados se consideran tácitamente consentidos. Sin que en el presente asunto, se esté en alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. De ahí que al actualizarse la causal de improcedencia señalada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, con sustento en el ordinal 113 de la legislación en cita. Sin que sea óbice a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la quejosa en el sentido de que tuvo conocimiento de la situación legal del expediente de origen el diez de octubre del actual, virtud de que designó apoderado legal para comparecer al juicio laboral 1280/2018-4, mismo que compareció a la audiencia que en esta vía pretende combatir. A más de lo aquí expuesto, se reitera que la quejosa reclama la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de ocho de octubre de dos mil dieciocho, relativa al expediente laboral 1280/2018-4D del índice de la junta responsable. En el caso concreto, no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que el acto en sí mismo, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o de las personas, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo laudo favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, efectos que no necesariamente van a ocasionar que la resolución definitiva que deba dictar la autoridad sea desfavorable a los intereses de la peticionaria de amparo. Por ende, resulta incuestionable que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos, sino por el contrario, sólo surte efectos intraprocesales y puede extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica de la quejosa, pues si el laudo que se dicte no le es favorable y lo aquí reclamado trascendiera a su resultado, puede impugnarlo al momento de acudir al juicio de amparo directo; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 107, fracción V, 170 y 174 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1112, libro XXIV, septiembre 2013, tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN. Conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo puede promoverse juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; sin embargo, no se actualiza este supuesto si se impugna, como violación procesal, la omisión de la Junta responsable de vocear, llamar en voz alta o alertar por algún otro medio a las partes previamente a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, aunque se alegue que esto condujo a que se tuviera a la demandada por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas, pues no tiene una ejecución de imposible reparación en perjuicio de las partes. Esto se debe a que la Ley Federal del Trabajo no establece como formalidad procesal esencial del juicio laboral la obligación de llamar a las partes antes de la audiencia trifásica, y aunque los reglamentos interiores de algunas Juntas de Conciliación y Arbitraje prevén la facultad de algún funcionario para hacerlo o realizar la publicación en las pantallas correspondientes que se encuentran en la sala de audiencias, lo cierto es que esto no es más que un arreglo relativo al funcionamiento interno de las Juntas (que incluso varía entre unas y otras), pero no es una garantía procesal de las partes, sin la cual queden sin defensa. Por el contrario, conforme al artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, en el auto admisorio de la demanda laboral deben fijarse día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y ordenarse la notificación personal a las partes, con el apercibimiento al demandado de que si no concurre se le tendrá por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas. De esta forma, al darse a conocer a las partes el día y hora en que se celebrará la audiencia, se respetan sus derechos de acceso a la justicia y de audiencia en el juicio; sin perjuicio de que si la diligencia no comenzara a la hora fijada para ello, dicha violación procesal podría impugnarse en amparo directo". Domicilio y autorizados Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Balvanero Rodríguez Salazar, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Francisco Félix Rosas y Gabriel Serrano, hasta en tanto, registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; así como domicilio para tal efecto el que señala en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto.

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