Monserrat Delgado González

Expediente 1878/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1878/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Monserrat Delgado González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, en el que solicita se modifique el auto de veintiséis de octubre del año en curso, porque no se ordenó la cancelación de la inscripción registral de la escritura tirada respecto al juicio de otorgamiento de contrato, e indica que únicamente se canceló la del juicio de usucapión, que a su parecer debe comprender aquélla, al haberse ordenado en la sentencia protectora que quedaran nulos los actos derivados del ilegal emplazamiento, hecho en el julio de usucapión, materia de este juicio constitucional y sostiene que no existe recurso para impugnar la ejecución. Al respecto, dígase a la parte quejosa que no es procedente modificar el proveído de veintiséis de octubre del año en curso porque, en primer lugar, los efectos de la concesión de amparo consisten en que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla: ".deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de usucapión * de su índice, relativo al auto de radicación de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en el que resolvió la solicitud de usucapión favorable al actor, para que enderece la acción en contra de la demandada específica, lo que además deja sin efectos cualquier acto posterior derivado de dicha resolución, esto es, que los alcances de la concesión del amparo también comprenden el dejar sin efecto las demás actuaciones subsecuentes que afecten los intereses de la impetrante, que atañen a los actos de ejecución, en consecuencia, ordene llamarla a juicio, con las formalidades de ley...". Es decir, la autoridad responsable tenía que dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio de usucapión * y no abordar diversas actuaciones y/o constancias que integran el juicio de otorgamiento de escritura * como erróneamente lo pretende. Robustece esa afirmación el hecho de que el veintidós de julio de dos mil veintidós se decretó la separación de juicios, por ser independientes, al tenor de lo siguiente: ".Lo anterior es así, puesto que por una parte reclama del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla todo lo actuado en el juicio de usucapión * y por otra la diversa del Juez Sexto de lo Civil del Distrito judicial de Puebla, todo lo actuado en el juicio de otorgamiento de escritura pública * actos que de los que pueden derivar distintas conductas, acciones, u omisiones por parte de las responsables; por lo tanto, los actos que reclama la quejosa son independientes, lo que justifica la necesidad de tramitar asuntos separados y desvinculados entre sí. En tales condiciones, se declara procedente la separación de juicios por cada expediente del que derivan los actos que reclama la quejosa, con la finalidad de que se pondere cada asunto con base en las constancias que hacen relación respecto de cada una de ellos, y lograr así una administración de justicia en sede constitucional de forma personalizada. (.) a) En primer término, el juicio de amparo indirecto en que se actúa, únicamente deberá ocuparse de la parte quejosa * apoderado legal de * albacea de * respecto de las autoridades y siguiente acto: 1. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla. 2. Registrador Público en la circunscripción territorial de Tlatlauquitepec, Puebla. 3. Director de Catastro del Distrito Judicial de Tlatauquitepec, Puebla. 4. Jefa de la Oficina recaudadora de asistencia y orientación de Contribuyente de Tlatlauquitepec, Puebla. Contra todo lo actuado en el juicio de usucapión * respecto del predio rustiuco denominado * ubicada en la localidad de * b) En segundo término, con copia certificada de la boleta de turno, demanda de amparo y del presente auto, deberá formarse un nuevo juicio de amparo que se tramitará en relación a la parte quejosa * apoderado legal de * albacea de * respecto de las autoridades y siguiente acto: (.) Contra todo lo actuado en el juicio de escritura pública * respecto del predio rústico denominado * ubicada en la localidad de* Del acto transcrito en último orden correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien lo radicó con el número * Así, como se dijo en el acuerdo de cumplimiento de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, y el promovente lo expone, la cancelación de la inscripción registral de la escritura que solicita, deriva de un juicio o acto ajeno a la materia de la litis constitucional, dado que, precisamente, tiene un origen distinto, un juicio de otorgamiento de contrato, sometido a la decisión judicial ahí dictada, por tanto ajena al cumplimiento del fallo constitucional firme, aquí pronunciado, que versó sobre un procedimiento distinto. Además, la suscrita no puede modificar sus propias determinaciones. Respecto al domicilio que precisa y a la autorización de * dígase que deberá estarse a lo acordado el veintidós de julio de dos mil veintidós; por lo que hace a * se tiene por autorizada para los efectos que indica.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de **, perito oficial en materia de contabilidad, por el que rinde el dictamen que le fue requerido en autos. Ahora bien, visto el contenido del dictamen emitido por el perito oficial se advierte lo siguiente: En el rubro "PROBLEMA PLANTEADO" nuevamente indica que es para determinar el monto del laudo del quejoso, lo cual es erróneo como se le precisó en acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, pues lo correcto es para determinar el monto que corresponde al quejoso por concepto de indemnización constitucional y por concepto de demás prestaciones a que tiene derecho con motivo de la separación injustificada de su cargo. En el cálculo de prestaciones específicamente en el punto de PRIMA DE ANTIGÜEDAD, señala que resulta improcedente en virtud de que dicha prestación no se encuentra contenida en ninguna ley aplicable al caso concreto al tratarse de un ex elemento policiaco adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Al respecto, cabe precisar que efectivamente la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla no prevé tal concepto. No obstante, tratándose de los trabajadores del Gobierno del Estado Puebla, en relación con la obligación de pagar esta prestación (prima de antigüedad), el punto 6.1.3. del Manual de Políticas y Lineamientos para los Trámites en Materia Laboral establece... Esto es, para que un trabajador que se separa del servicio por cualquier motivo tenga derecho a la prima de antigüedad debe contar con más de quince años de labores. Luego, es que no le asiste razón al perito oficial al indicar que no se tiene derecho al pago de una prima de antigüedad con motivo de no estar regulada en ninguna ley aplicable, pues como se vio del artículo transcrito del Manual de Políticas y Lineamientos para los Trámites en Materia Laboral, esa prestación si debe pagarse. Así, si el quejoso **, cuenta con más de quince años de labores (exactamente veintiséis años seis meses, como se asentó en el dictamen que se acuerda) pues ingreso el primero de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro como policía custodio hasta el seis de junio de dos mil veintiuno que fue separado de su cargo; por tanto, cumple con el requisito de los quince años laborados, pues este plazo se excede de manera fehaciente. Con motivo de lo expuesto, es evidente que la cuantificación realizada en el dictamen es incorrecta, pues no se tomó en consideración el concepto de prima de antigüedad. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé su numeral 2°,se requiere al perito oficial **, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, nuevamente rectifique su dictamen en donde se advierta de manera detallada el cálculo de cada cantidad que comprende al pago que se deba realizar a la parte quejosa, conforme a los lineamientos establecidos en el presente auto. Se le apercibe que de omitir cumplir con este mandato judicial o no informar el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá a cada una, multa por el importe de cincuenta días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, misma que sustituyó al salario mínimo general vigente diario para todo el país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Finalmente se hace notar al experto en cita que su negligencia en la emisión del dictamen que nos ocupa retarda el dictado de la sentencia interlocutoria correspondiente en este asunto lo que es contrario al derecho de impartición de justicia pronta que vela el artículo 17 Constitucional.

  3. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que las partes omitieron recurrir la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, párrafo segundo, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Suprior de Justicia del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite haber acatado la sentencia dictada en el presente juicio... Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en términos de los artículos 192, segundo párrafo, y 258 de la Ley de Amparo, que establecen... Es decir, se apercibe a la autoridad responsable requerida, que de no cumplir con la sentencia protectora, sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha, de conformidad con lo establecido en los numerales 238 y 258, del propio ordenamiento legal, y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo... De igual forma, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a la sentencia protectora, este expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto, como lo establece la última parte del artículo 193 de la Ley de Amparo. Para finalizar, dado lo acordado en párrafos precedentes, devuélvase a las autoridades responsables, los tomos de pruebas I y II, que remitieron como soporte a su informe justificado; sin que resulte necesario acuse de recibo dado que no se trata de constancias originales.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual informa que en proveído de nueve de noviembre del año en curso, se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, el cual se registró con el número **, de su índice; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a los que haya lugar.

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