Mónico Guzmán Balderama
Expediente 292/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Mónico Guzmán Balderama
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, al que anexa testimonio de la ejecutoria de veinte de mayo del año en curso, dictado en el recurso de queja penal 45/2021, de su índice, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. Notifíquese" Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso que suscribe María Teresa Ramírez Sandoval, defensora pública del quejoso Mónico Guzmán Balderama, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintitrés de abril del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el veintitrés de abril de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo promovida por Mónico Guzmán Balderama, por conducto de su defensora pública María Teresa Ramírez Sandoval, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas y otras autoridades, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados; en consecuencia, con transcripción de este auto, mediante oficio, remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por la promovente y copias certificadas del presente expediente, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Mónico Guzmán Balderama, por conducto de su defensora pública María Teresa Ramírez Sandoval, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, por la que el Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, que califica de legal la determinación administrativa de treinta de marzo de dos mil veintiuno. El traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS- Oaxaca"; y su ejecución. No es óbice, a lo anterior que la parte quejosa también señala como actos reclamados, la dificultad del quejoso de entrevistarte con su defensa y sus familiares, la omisión al derecho que tiene de una defensa adecuada, en razón de que el traslado se llevó a cabo sin haberle dado la oportunidad de audiencia, restringirle el derecho de estar en un centro de reclusión cercano a su domicilio, así como la no protección afectiva y amplia y pro persona de derechos humanos como lo establece el artículo 1° Constitucional, porque manifestaciones son tendentes a demostrar la ilegalidad del traslado del peticionario de amparo del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS- Oaxaca, por tanto no puede tenerse como actos reclamados destacados dichas declaraciones, de ahí que se estime que los actos reclamados en la presente demandas son los ya destacados. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Esta juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y XX, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Luego, como ya se acotó, se reclama el traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS- Oaxaca"; y su ejecución. Sin embargo, dichos actos previo a ser reclamados por la vía constitucional, deben ser impugnados ante el Juez de Ejecución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas - no obstante señale la parte quejosa como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sanciones de la capital, pues manifiesta la parte quejosa que no se le dio intervención algún juez darles intervención a Juez alguno para que autorizara el traslado-, existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, pues no debe perderse de vista, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio; de ahí que se actualice de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. En ese sentido, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la Contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Asimismo, el procedimiento cuya tramitación ahí se contiene del que se estableció el mecanismo, fases y plazos que lo componen, tiene como finalidad inexcusable revocar, nulificar o modificar todo hechos, actos u omisiones relacionados con las órdenes de traslado -ya sean voluntarios, involuntarios, excepcionales o urgentes- emitidas con control judicial, previo o posterior a su ejecución; lo que implica que tales medidas de traslado puedan modificarse o revocarse a consecuencia del accionar de la persona privada de libertad o en virtud de un control de legalidad ejercido de manera oficiosa por la autoridad judicial. Aunado a que la propia norma prevé la posibilidad de recurrir las determinaciones que se adopten contra los intereses del recluso; lo cual convierte tal trámite en un verdadero medio de defensa. De igual forma, procede a desechar la demanda de amparo respecto a la resolución que calificó de legal el traslado del quejoso Mónico Guzmán Balderama, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, donde se encontraba interno, al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS- Oaxaca"; y su ejecución, esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Finalmente, debe destacarse que en este caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud de la cual pudiera considerarse que el quejoso está exentos de agotar el medio de impugnación aludido en esta determinación, antes de acudir al juicio de amparo. Se estima lo anterior, pues los actos que se reclaman no se encuentra dentro del catálogo de actos establecido en los artículos 22 constitucional y 15 de la ley de la materia; tampoco se trata de alguno que implique una afectación a la libertad del quejoso en virtud de que, como ya se dijo, el recurrente se encentra interno en un centro de reclusión desde antes de que se llevara a cabo el traslado del que se duele, tampoco se trata de un auto de vinculación y, finalmente, el solicitante del amparo no comparece a esta instancia como tercero extraño al procedimiento en el cual se emitió la determinación reclamada, por ser él quien detenta el carácter de sentenciado. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVII y XX de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cerro del Gato, Edificio "I", planta baja, Ciudad Gobierno, en las instalaciones de la Defensoría Pública del Estado en Zacatecas, Zacatecas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021.
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