Monica Viveros Bello y Otros.
Expediente 24/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Monica Viveros Bello y Otros.
- Monica Viveros Bello
Actuaciones
- Principal
... ha causado estado el referido auto... archívese el presente asunto como concluido...se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido... el escrito signado por Mónica Viveros Bello, en su carácter de quejosa, y en atención a su contenido... expídase a su costa copias certificadas de las constancias que indica...
- Principal
... el escrito signado por María Teresa Maciel Jasso, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, sin embargo, en atención al contenido del mismo, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que por auto de trece de enero pasado, se le tuvo como autorizada con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, lo que implica que únicamente tiene facultades para oír, recibir notificaciones y consultar los autos, pero no para promover en el presente juicio...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de enero de dos mil quince. Vista; la razón actuarial de cuenta suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que se tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de trece de enero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29, ambos de la Nueva Ley de Amparo, notifíquese el referido auto a la parte quejosa por lista de acuerdos, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale un nuevo domicilio para tal efecto.... el auto de trece de enero del año en curso en lo conducente dice... Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de enero de dos mil quince. Vista; la demanda de amparo promovida por Mónica Viveros Bello, por propio derecho y en representación de sus hijas (de las cuales una es menor de edad), contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia de la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo, con el número 24/2015. Cabe precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que en atención a lo dispuesto por tal precepto, procede analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura de la demanda de amparo en el apartado correspondiente al del acto reclamado se advierte que la promovente reclama: ". RECLAMO EL AUTO DE FECHA TRES DE DICIEMBRE EMITIDO EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL NUMERO 784/2014/ 111 DEL INDICE DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE VERACRUZ , TODA VEZ QUE ME HA CAUSADO SENDO AGRAVIO TANTO A LA SUSCRITA COMO A MIS HIJAS YA MENCIONADAS, YA QUE CON DICHA OMISIÓN DE PARTE DEL JUEZ DE ORIGEN SE ME ESTÁ NEGANDO EL ACCESO A RECIBIR MI PENSIÓN ALIMENTICIA, LA QUE YA ESTABA DECRETADA CON ANTELAClÓN ,Y A PESAR QUE MI ABOGADO PATRONO SOLICITÓ NUEVO OFICIO REITERATIVO PARA DICHO CUMPLIMENTO POR PARTE DEL ORGANISMO ISSSTE, CON APERCIBIMIENTO AL PAGADOR DE DICHA INSTITUCIÓN, NO TOMA EN CUENTA MI PETICIÓN Y SÓLO EMITE UN OFICIO INFORMATIVO, A PESAR DE QUE DICHO PAGADOR YA HABÍA INFORMADO CON ANTELACIÓN QUE NO ME PAGARÍAN DICHA PENSION., SIN TENER NINGUNA JUSTIFICANTE LEGAL PARA ELLO." En el caso, el suscrito estima que el proveído dictado el tres de diciembre de dos mil catorce en el expediente 784/2014/III, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Martínez de la Torre, Veracruz, y que constituye el acto reclamado en este juicio, es susceptible de impugnación mediante el recurso de revocación y/o el recurso de apelación, que establecen los artículos 506 y 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz vigente y, por lo tanto, el presente juicio deviene improcedente, pues a través de dichos medios de impugnación, el acuerdo combatido puede modificarse, nulificarse o revocarse. Lo anterior se corrobora con el anexo que adjuntó la promovente a su escrito de demanda relativo al acto reclamado, del que se desprende que la ahora promovente a través de su mandataria en el juicio de origen, promovió un escrito en el que solicitó que el Juez responsable emitiera un oficio reiterativo al pagador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, para el efecto de que este último cumpliera con lo ordenado en un diverso auto de veintitrés de octubre de dos mil catorce, esto es, para que hiciera el descuento relativo al sesenta por cierto (60%) del salario del deudor alimentario por concepto de pensión alimenticia provisional; asimismo, solicitó apercibir al citado pagador para que en caso de incumplimiento de tal requerimiento, impusiera cualquiera de las medidas de apremio establecidas en el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Ante tal petición, por auto de tres de diciembre de la anualidad pasada (acto reclamado) el Juez responsable dictó un acuerdo en el cual ordenó de nueva cuenta al pagador de las oficinas de la Delegación Estatal Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, diera cumplimiento al auto de veintitrés de octubre de dicha anualidad, o bien, informara al Juzgado de origen el impedimento legal que tuviera para cumplimentarlo. De la anterior relatoría se colige que la autoridad responsable acordó favorablemente la petición elevada por la ahora promovente para ordenar mediante oficio recordatorio el cumplimiento del auto por el que se fijó el descuento del sesenta por ciento (60%) del sueldo del deudor alimentario, por concepto de pensión alimenticia provisional; no obstante, omitió apercibirlo con cualquier medida de apremio en caso de incumplimiento, tal y como lo solicitó la promovente por conducto de su mandataria judicial. Al respecto conviene reproducir el contenido del artículo 107, fracción III, incisos b) y c), así como la fracción VII, de la Constitución Federal; en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, los cuales disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:--- [.]--- III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:--- b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.--- [.]--- VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;..." LEY DE AMPARO VIGENTE "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." La fracción y precepto de la Ley de Amparo transcritos establecen que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual cualquier resolución o decreto pueda ser modificado, revocado o nulificado, salvo lo que la fracción VII, del artículo 107, constitucional, dispone para los terceros extraños; es decir, el primer numeral se refiere a los medios ordinarios de defensa establecidos por la ley a favor de las partes, el cual deben agotar o hacer valer antes de intentar el juicio constitucional para cumplir con el principio de definitividad; en tanto que el segundo precepto establece que para los terceros extraños no opera ese principio, porque no siendo parte en el procedimiento de origen, es evidente que tampoco pueden hacerse uso de aquellos recursos o medios de defensa para lograr su intervención en dicho procedimiento. Ello es así, en razón de que el juicio de amparo es improcedente cuando no se hacen valer previamente a su interposición los medios ordinarios de defensa que establezca la ley que rija el acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, que hace al juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, siendo procedente éste cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley haya instituido precisamente para la impugnación del acto que el gobernado estime ilegal, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia establezcan. En ese contexto, cabe decir que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aún en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se (por sí mismo), una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Tomando en consideración lo expuesto, conviene igualmente reproducir el contenido de los artículos 506, 509, 510 y 512 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz que a la letra establecen: "Artículo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." "Artículo 510. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial.--- No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, si puede hacerlo." "Artículo 512. La apelación debe interponerse por escrito o verbalmente en el acto de notificarse, ante el Juez que pronunció la resolución; cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres si fuere auto." "Artículo 514. Al interponerse la apelación se expresará el motivo que originó la inconformidad, los puntos que deben ser materia de la segunda instancia o los agravios que en concepto del apelante irrogue la resolución recurrida.--- Se aceptará como expresión de agravios la enumeración sencilla que haga la parte sobre los errores o violaciones del derecho que en su concepto haya cometido el juzgador.--- Se suplirá la deficiencia en la expresión de los agravios, cuando puedan afectarse derechos de menores o incapaces, así como en materia familiar." Del articulado reproducido se desprende que procede el recurso de revocación contra los autos que no causen un daño irreparable en la sentencia o acerca de los decretos que puedan ser revocados por el juez que los emitió, o bien, por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto o controversia. Por su parte, procede el recurso de apelación, entre otros supuestos, cuando algún auto cause un daño irreparable en la sentencia. También está previsto que se suplirá la deficiencia en la expresión de los agravios, cuando puedan afectarse derechos de menores o incapaces, así como en materia familiar. Como quedó evidenciado, las anteriores premisas de derecho generan por sí la improcedencia del juicio de garantías intentado contra el auto de tres de diciembre del año pasado, porque los recursos ordinarios aludidos son idóneos y eficaces para revocar, modificar y/o nulificar el acto reclamado. En efecto, queda claro que la promovente inobservó el referido principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en razón de que la existencia de los medios de impugnación de que se trata, dejan plena certidumbre y convicción de que si la ahora promovente consideró contrario a lo peticionado el auto de tres de diciembre de la anualidad pasada, en el sentido de que no se apercibió a la autoridad pagadora con alguna medida de apremio en caso de incumplimiento para descontar el porcentaje ahí precisado a la nómina del deudor alimentario, aun cuando así lo solicitó en su promoción, tal circunstancia debió dilucidarla a través del recurso correspondiente, pues si consideró que el juzgador de origen fue incongruente respecto de lo solicitado y lo acordado, procedía el recurso de revocación para que subsanara tal inconsistencia; por otro lado, si estimó que el auto reclamado le generaba un perjuicio no reparable con la sentencia definitiva, entonces debió interponer el recurso de apelación, máxime que aún ante la ausencia de agravios dicho recurso es procedente al tratarse de menores y/o de incapaces y/o en materia familiar, como acontece en el caso. En esa virtud, resulta palmaria la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de las pruebas que pudieran allegar las partes, de modo que debe desecharse la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; además, no podría ignorarse la existencia de la causa de inejercitabilidad de la acción de amparo en comento, en tanto que tal circunstancia es de estricta observancia aún tratándose de la materia familiar; máxime que la promovente no se encuentra en el supuesto de excepción, es decir, no le asiste el carácter de tercera extraña al procedimiento, en tanto que es parte actora en el juicio primigenio. Es aplicable, la jurisprudencia número 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de dos mil trece, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo epígrafe y sinopsis exponen: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." También se cita como apoyo, la jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 678, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, de título y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, sustenta la exposición, por las consideraciones que contiene, la tesis número XXVII.3º.8 C (10), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1293, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, Décima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de título y texto siguientes: "REVOCACIÓN. DICHO RECURSO PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE APERCIBE A UNA DE LAS PARTES SOBRE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN CASO DE NEGARSE AL DESAHOGO DE UNA DILIGENCIA, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). El artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo prevé que los autos y decretos pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles en apelación. En ese sentido, contra el auto que apercibe a una de las partes sobre el uso de la fuerza pública en caso de negarse al desahogo de una diligencia, por exclusión, procede el recurso de revocación, al tratarse de una decisión del juzgador que no es de mero trámite y respecto de la cual no existe disposición alguna en el referido código adjetivo que establezca que sea irrecurrible, por lo que debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de observar el principio de definitividad, rector en el proceso constitucional autónomo de amparo." Finalmente, tiene aplicación la tesis número I.3o.C.833 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1159, Tomo XXXII, Septiembre de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es: "APELACIÓN. ES NECESARIO INTERPONERLA PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y NO SE PUEDE SUBSANAR CON LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA FAMILIAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El legislador del Distrito Federal, en el título décimo sexto denominado de las "Controversias del orden familiar", reguló lo relativo a dicha figura jurídica particularmente en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que otorgan facultades a los Jueces para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Conforme a esos preceptos, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, se debe actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recepción de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Sin embargo, la institución de suplencia de la deficiencia de la queja no es una base legal para concluir que quien es parte en un juicio ordinario familiar, deje de interponer oportunamente el recurso de apelación procedente contra la resolución que resuelve el fondo de la litis planteada, de acuerdo a los preceptos legales aplicables, ya que el principio de congruencia que rige la segunda instancia y el dispositivo que implica la necesidad de que el impulso procesal y la impugnación la realice la parte que resiente el perjuicio o agravio, supone que debe haber recurso, porque la suplencia es respecto de los agravios, lo cual sólo se puede dar si se interpuso el recurso. De modo que si la segunda instancia la abrió una de las partes únicamente respecto de la parte que le agravió, en el caso, el demandado en relación al tema de costas, entonces, la Sala responsable no estaba en aptitud de atender a las cuestiones vinculadas con la procedencia de la caducidad de la instancia en el juicio ordinario civil de divorcio necesario. Lo anterior es así porque la interposición del recurso de apelación por parte de la quejosa era necesaria para introducir a la litis de segunda instancia sus planteamientos y entonces sí, estar en aptitud de suplir la deficiencia de sus agravios, dado que para que el tribunal de apelación esté obligado a suplir la deficiencia de la queja es menester que la parte afectada apelara la resolución de primera instancia que le perjudicó. Luego, si solamente apeló su contraparte respecto al tema que le afectó, la litis de apelación se concretó a los agravios de éste, en tal virtud aunque la quejosa comparezca al juicio de garantías en nombre de los menores, tal circunstancia no la libera de agotar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en la parte relativa que le agravió y por ende, la responsable no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, dado que dicha institución rige tratándose de los agravios en la apelación y conceptos de violación en el juicio de amparo, lo que implica que no puede substituir al recurso ordinario procedente y no tiene el efecto de que no se cumpla con el principio dispositivo de impugnar las consideraciones y correspondientes resolutivos de primera instancia que le perjudican y que no fueron motivo de apelación por la contraparte de la ahora quejosa." Las tesis a que se hace mérito, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del dispositivo 61, en relación con el diverso artículo 113, ambos de la Ley de Amparo en vigor, conduce a concluir que debe desecharse de plano la demanda de garantías, por ser notoria e indudable su improcedencia. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que manifestó en su escrito de demanda y, como autorizados con las restricciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a Maria Teresa Maciel Jasso y a Emmanuel de la Fuente Maciel, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que la primera nombrada no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, respecto del segundo en mención, por así haberlo solicitado expresamente la promovente. Consérvense en la Secretaría de este Juzgado las copias de la demanda de amparo, para un mejor manejo del expediente...
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... Notifíquese personalmente a la promovente...
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