Mónica Violeta Mercader Noriega

Expediente 681/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
681/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Mónica Violeta Mercader Noriega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de quince de junio de dos mil veintitrés, por medio de la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. CAUSA ESTADO En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Incidente de suspensión Por otro lado, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que se NEGÓ la medida cautelar; por tanto con fundamento en el artículo 20, fracción III, del precitado acuerdo, se declara que dicho cuaderno es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años a que se refiere el artículo referido, deberá destruirse el cuaderno incidental y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos presentados de manera electrónica, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a favor dicha parte procesal, las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del contenido del informe de cuenta se advierte que la autoridad oficiante el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, acordó el escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de origen 296/2019. En consecuencia, de tales manifestaciones se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emitan una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar a la parte quejosa. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa, reclama de la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, la omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de origen 296/2019. No obstante, de las constancias que en copia certificada remite la autoridad responsable con el oficio de cuenta, se advierte que por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, acordó el escrito presentado el veintidós de marzo de la presente anualidad; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de origen ********************y la autoridad responsable proveyó lo conducente, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Incidental

    V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 681/2023-II, promovido por Mónica Violeta Mercader Noriega, por propio derecho, contra el acto reclamado de la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La parte quejosa en la demanda de amparo solicita la suspensión definitiva contra el acto de la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se proveyó lo conducente respecto la suspensión provisional de los actos reclamados en la demanda de amparo; se requirió a la autoridad responsable su informe previo; y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, impone la obligación de que las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva contengan la fijación clara y precisa del acto reclamado. Con apoyo en esas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclama de las siguientes autoridades: I.- Del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, lo siguiente: a.- La omisión de acordar la promoción presentada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de origen ********************. TERCERO. Requisitos de procedencia y efectividad. El estudio armónico de la normatividad relativa permite concluir que la suspensión a petición de parte está sujeta a requisitos de procedencia y efectividad; los primeros están constituidos por aquéllas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión; mientras que los segundos implican aquéllas exigencias que el quejoso debe llenar para que surta sus efectos la suspensión otorgada. Por tanto, la procedencia de la suspensión definitiva debe fundarse en las siguientes condiciones concurrentes: I. Que los actos contra los cuales se solicite la suspensión sean ciertos; II. Que la naturaleza jurídica de los actos mismos permita su paralización; III. Que se cumplan con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir: a) Que lo solicite el quejoso (interés suspensional); y, b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior realizando de manera simultánea un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora. IV. Serán analizados los requisitos de efectividad de la suspensión, esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, cuando sea procedente el otorgamiento de la medida cautelar se deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren a terceros si no se obtuviere sentencia favorable en el juicio. CUARTO. Análisis de los requisitos de procedencia. Este Juzgador Federal procede al análisis de los requisitos de procedencia indicados, a fin de resolver sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe previo la Presidenta de la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, por lo que se tiene por cierto. SEXTO. En atención a lo dispuesto por los artículos 128, 138, fracción I, y 147, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto del acto consistente en la omisión de acordar la promoción presentada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de origen ********************. Lo anterior es así, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo, dotó a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Se precisó que el último supuesto, se trata de un amparo provisorio, identificado como adelanto provisional, en el que el órgano jurisdiccional debe considerar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) el interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgarlo. Las consideraciones anteriores, se encuentran contenidas en la tesis aislada 2a. LXXI/2017 (10a.), con registro 2014400, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, Materias Constitucional y Administrativa, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1436, que dice: "JUEGOS CON APUESTAS O SORTEOS. EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo el legislador estableció como regla general la improcedencia de la suspensión en el juicio de amparo cuando se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; por su parte, el artículo 129 de la misma ley señala diversos supuestos en los que la afectación se entiende presupuesta; en el caso de su fracción I, cuando continúe el funcionamiento de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos. Sin embargo, en cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 129 citado también dispone que el órgano jurisdiccional de amparo, excepcionalmente, podrá conceder la suspensión si, a su juicio, con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Así, mediante esta disposición, el legislador permite al juzgador realizar en cada caso un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Con ese propósito y en atención a la naturaleza de la violación alegada, que no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación considerando sus características y su trascendencia, el juzgador debe analizar tanto la apariencia de buen derecho, como el peligro en la demora. En ese sentido, si bien en todos los supuestos normativos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo están presupuestas una afectación al interés social y una contravención a disposiciones de orden público y, en consecuencia, es improcedente conceder la suspensión, excepcionalmente, a partir de la naturaleza de la violación alegada, mediante un ejercicio de ponderación y de acuerdo con el marco constitucional y legal que rige para la suspensión del acto reclamado, el Juez podrá concederla cuando, de no otorgarse, pueda causarse mayor afectación al interés social. En consideración a lo anterior, el artículo 129, fracción I, de la Ley de Amparo, no sólo participa de la condición de generalidad que es exigible para satisfacer el principio constitucional de igualdad y no discriminación, sino que en la medida en la que este supuesto constituye una regla que puede ser excepcionada, al punto de otorgarse la suspensión previa valoración judicial, también satisface el derecho de acceso a la justicia." De igual manera es aplicable al caso, en lo conducente, la 1a./J. 21/2016 (10a.), con registro 2011829, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, Materias Común y Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 672, de rubro y texto siguientes: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." Ahora bien, de la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia citada, la Primera Sala sostuvo que con la nueva regulación del juicio de amparo desde la reforma a la fracción X del artículo 107 constitucional, publicada el seis de junio de dos mil once, para resolver si se concede la suspensión de un acto, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, junto con el peligro en la demora. Además, tomando en cuenta que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, la medida también debe permitir una tutela anticipada al quejoso a fin de mantenerlo en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, cuando se adviertan elementos sobre la apariencia de una violación constitucional en su contra, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social y se otorguen las garantías correspondientes si se afectan derechos de terceros. Desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el órgano jurisdiccional de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a efectos de resolver sobre la concesión de la suspensión del acto reclamado. El análisis de la apariencia del buen derecho debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el juez al resolver sobre la suspensión. De lo dicho, se aprecia que la suspensión produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto o norma reclamada, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria. En ese sentido, es que en la nueva regulación del juicio de amparo se admite abiertamente la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento. Asimismo, el Máximo Tribunal del país señaló que el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, no deviene de la naturaleza del acto reclamado, sino que dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Aquí es donde entra en juego la naturaleza de los actos reclamados, condicionando no la procedencia de la medida, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado. En ese sentido, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de la naturaleza del acto reclamado, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere precisamente ante ese carácter. Lo anterior, significa que las consecuencias que caso a caso puedan producir, serán consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. De este modo, lo relevante está en que exista o no una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza del acto reclamado. Así, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." En ese sentido, si en el presente caso, el acto reclamado consiste en la omisión de acordar la promoción presentada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de origen ********************, es IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA ya que ello equivaldría a que la suspensión coincidiera exactamente con una eventual sentencia estimatoria del amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 128, 138 al 144 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a********************, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta interlocutoria. Notifíquese.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe previo rendido por la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. En razón de lo anterior, con fundamento en el arábigo 143 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecida la documental que anexa, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrar la audiencia incidental. Notifíquese.

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