Monica Villanueva Cariño

Expediente 378/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
378/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
02/05/2016

Partes del expediente

  • Monica Villanueva Cariño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    se declara que HA CAUSADO ESTADO. ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO.

  2. Principal

    El Juez Tercero Familiar del Estado, rinde el informe justificado que se le solicitó. Ténganse por recibidas las documentales que exhibe la precitada autoridad responsable, con las que se hará relación al celebrar la audiencia constitucional. con copia de la demanda de amparo, se ordena emplazar a los terceros interesados.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, determinación de seis de abril de dos mil dieciséis, se le hace de conocimiento: "... Aguascalientes, Aguascalientes, a seis de abril de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos las constancias de cuenta. Visto su contenido, se tiene que la Juez Segundo de lo Mercantil en el Estado, rinde el informe justificado que se le solicitó, con fundamento en el artículo 117 de Ley de Amparo, asimismo, en términos del numeral 119 del citado ordenamiento legal, exhibe copia certificada de diversas constancias en apoyo a su informe. Por otra parte, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado por auto de uno de abril pasado y, al efecto, proporciona el domicilio de la tercero interesada Banco Invex, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, ahora Santander Vivienda, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada. Ahora bien, de las aludidas constancias que remitió la autoridad responsable, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, consistentes en copias certificadas de un escrito signado por la quejosa de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, así como del acuerdo de cinco de abril del mismo año, dictado dentro de los autos del expediente 2330/2012, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; lo anterior, toda vez que las causas de improcedencia, al ser un presupuesto procesal de orden público, deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio. Es aplicable al caso, la tesis II.1o.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, del escrito inicial de demanda se desprende, que la impetrante del amparo reclama la omisión de dar contestación a su petición que formuló mediante escrito de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, presentando ante la juez responsable dentro de los autos del expediente 2330/2012, sin embargo, tal como quedó especificado en líneas que anteceden, de las documentales exhibidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe justificado se advierte que mediante auto de cinco de abril del año en curso, dictado en el aludido expediente, la Juez Segundo de lo Mercantil en el Estado, acordó la promoción de la quejosa recibida el día veintiséis de febrero del mismo año. De lo anterior se deduce que cesaron los efectos del acto negativo reclamado consistente en la falta de contestación al escrito de la quejosa de fecha veinticinco de febrero del año en curso, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de las violaciones atribuidas a dicho acto, actualizándose la citada causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que como se dijo, obliga a sobreseer fuera de audiencia, en términos del numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobre el punto tratado, puede consultarse la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sin que lo anterior implique violación alguna a los derechos de la impetrante, pues los preceptos que rigen el juicio de amparo no condicionan a que deba decretarse el sobreseimiento solamente en la audiencia constitucional, ya que para dictarlo sólo se condiciona a que se actualice alguna causa notoria y manifiesta de improcedencia, lo cual implica que el motivo debe ser tan claro que emerja sin obstáculo alguno a la vista del juzgador, pues de esperar a que llegue la fecha de la audiencia resultaría incongruente con los principios que rigen el juicio de amparo, como son los de economía procesal, de interés público y general del proceso, y de impulsión oficiosa del mismo, ya que se trata de cumplir con lo dispuesto en el numeral 17 Constitucional, al que todo juzgador se encuentra obligado a acatar. Robustecen los anteriores argumentos, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Asimismo, es importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se decreta el sobreseimiento dictado, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, resulta innecesario ordenar el emplazamiento de la tercero interesada, pues ningún perjuicio le depara la presente determinación. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con doce minutos del veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes..."

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por el cual la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, informa a este órgano jurisdiccional, que se admitió el recurso de revisión, interpuesto por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación por conducto de la Subdirectora de Área de la Dirección de Amparos y Derechos Humanos y por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, respectivamente, los cuales quedaron registrados como amparo en revisión penal 122/2016, de su índice.

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