Mónica Vargas García

Expediente 1023/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1023/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
17/11/2016

Partes del expediente

  • Mónica Vargas García
  • MÓNICA VARGAS GARCÍA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Glósese a los presentes autos el escrito presentado por la quejosa xcxx atento a su contenido, y como lo solicita, devuélvasele los documentos que refiere en su escrito de cuenta, previo cotejo y compulsa de las copias simples que anexará, lo anterior con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º el último cuerpo normativo.

  2. Principal

    [...] En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de la inconforme Mónica Vargas García, por medio del cual solicita se tenga por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto y, como consecuencia, se ordene el archivo de este expediente.Lo anterior, a fin de poder exhibir, en el proceso de origen, los montos que le fueron fijados para gozar de su libertad provisional bajo caución.Sin embargo, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, se desecha su petición por notoriamente improcedente.Lo anterior, en razón de que el artículo 196 de la Ley de Amparo prevé que cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo dado, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.Por tanto, contrario a lo solicitado por la quejosa, el numeral en cita no prevé que el término concedido a las partes para que realicen manifestación con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable pueda no transcurrir o, en su caso, interrumpirse a petición de alguna de las partes al señalar su conformidad con el actuar por la responsable; máxime que el cumplimiento de las sentencia de amparo es una cuestión de orden público e interés social.Sin perjuicio de lo acordado en párrafos que anteceden, signifíquese al Juez de lo Penal del Distrito Judicial, de Cholula, Puebla, que la negativa por parte de este juzgado a tener por cumplida la ejecutoria de amparo y mandar al archivo el presente asunto en este acto, no tiene como consecuencia que se niegue a recibir el importe de los montos que fijó a la quejosa para que pueda gozar de su libertad provisional bajo caución hasta que acontezca lo solicitado, pues para el caso de que se determine que la ejecutoria no se encuentra cumplida, la nueva resolución que se dicte no agravará la situación jurídica de la inconforme, puesto que la finalidad que buscó la peticionaria al promover el presente juicio de amparo fue el obtener mayores beneficios; ello, en atención al principio non reformatio in peius, conforme al cual no es posible privar a quien se le fijan los montos para que goce de su libertad provisional bajo caución de los beneficios adquiridos en el fallo impugnado.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con un anexo; visto su contenido, téngasele informando que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitió el acuerdo de veinticuatro de octubre de este año en la causa penal 104/2016 de su índice; sin que haya lugar a tener por satisfechos los lineamientos dados en la misma, por los motivos que se exponen a continuación. En consecuencia, resulta procedente requerir al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo reclamado de quince de julio del presente año, por el cual fijó los montos para que la quejosa Mónica Vargas García pueda gozar de su libertad provisional bajo caución. Deje insubsistente los diversos de diecinueve y veinticuatro de octubre de la presente anualidad, a través de los cuales pretendió acatar la sentencia ejecutoriada. De manera fundada y motivada, establezca, en relación al monto de las obligaciones procesales: En el aspecto relativo a "LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL ACUSADO" establezca de forma congruente si la quejosa es comerciante o si no percibe salario por ser estudiante. Motive por qué tomó como base para fijar las obligaciones la que resulta de la penalidad ubicada entre la mínima y la media aritmética, pues previamente hizo un estudio pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar.

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