Mónica Rocío Vergara Sánchez
Expediente 476/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/06/2023
Partes del expediente
- Sala de Conflictos Entre los Entes Públicos Y Sus Trabajadores Con Excepción de los Municipios del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, Con Sede En Tepic
- Mónica Rocío Vergara Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que esa sentencia CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Además, no se tramitó incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
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se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Mónica Rocío Vergara Sánchez, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 1516-VI de trece de abril del año en curso, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. Luego, tomando en consideración que con fecha diecisiete de abril del año en curso, se procedió a emplazar a la citada parte, según se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos, por ende, resulta evidente que no median ocho días para que se imponga de autos, por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINITRÉS, para que tenga verificativo la misma, esto, con la finalidad de que en el plazo enunciado, la tercera interesada en mención, comparezca en defensa de sus derechos procesales y se impongan de los autos que conforman el presente sumario constitucional. Cobra aplicación, por analogía, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página mil ciento diecinueve, Tomo XXI, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación Secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el plazo que se concedió a la parte quejosa mediante proveído datado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director Jurídico Contencioso en representación del Secretario, del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas, todos pertenecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que este Órgano Jurisdiccional concedió a la quejosa ANTONIA REYES GONZÁLEZ, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Para que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 23, fracción XXIll, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, y los arábigos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a ANTONIA REYES GONZÁLEZ, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y el Titular, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de la cantidad $4,734.00 (cuatro mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de la cantidad de $9,718.17 (nueve mil setecientos dieciocho pesos, 17/100 Moneda Nacional), que pagó el veinticinco de febrero de dos mil veinte, el cual deberá estar debidamente actualizado. (.) Lo anterior, pues al incidir la inconstitucionalidad aducida en elementos esenciales de la contribución analizada, la restitución correspondiente solo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que al efecto establece la fracción XXVII del artículo 23 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que en la especie son $4,734.00 (cuatro mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige el impuesto declarado inconstitucional. Ahora, el Director Jurídico Contencioso en representación del Secretario, del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas, todos pertenecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en Tepic, a través del oficio DGJ/DJC1/649/2023 recibido en este Juzgado de Distrito el treinta de marzo de dos mil veintitrés, informó que se llevó a cabo la entrega del cheque 20448 expedido por el Director General de Tesorería, por la cantidad de $5,409.83 (cinco mil cuatroscientos nueve pesos 83/100 moneda nacional), a la quejosa ANTONIA REYES GONZÁLEZ, en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; restituyendo de esa manera a la parte peticionaria de amparo, en el pleno goce y disfrute de sus garantías individuales violadas. Por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa en el multicitado proveído, y el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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