Mónica Rocío Vargas Alejandre

Expediente 1343/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1343/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
13/10/2020

Partes del expediente

  • Mónica Rocío Vargas Alejandre
  • Renata Michelle Mucick Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente de suspensión. Ahora bien, en virtud a que por resolución de ocho de mayo de dos mil veinte, la Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Mónica Rocío Vargas Alejandre, por su propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales R. M. M. V., por tanto; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; por lo que únicamente se conservará la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y, en su caso, las resoluciones recurridas; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de Depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha trece de octubre dos mil veinte, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente de suspensión. Ahora bien, en virtud a que por resolución de ocho de mayo de dos mil veinte, la Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Mónica Rocío Vargas Alejandre, por su propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales R. M. M. V., por tanto; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; por lo que únicamente se conservará la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y, en su caso, las resoluciones recurridas; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de Depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, A veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por la quejosa ***, por propio derecho y en representación de su menor hija ***, mediante el cual cumple con la prevención formulada en proveído de diez de diciembre del año en curso, en los siguientes términos: *** Consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la referida demanda de garantías, contra actos del Juez Cuarto Oral Familiar, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 1343/2019-III. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y duplicado incidente de suspensión por haberse solicitado. De la misma forma, dado el conflicto de intereses que existe entre los progenitores de la citada quejosa menor de edad, es menester que este juzgado federal le designe un representante especial para que intervenga en el presente juicio de amparo en defensa sus intereses; por tanto, en razón a que la autoridad responsable Juez Cuarto Oral Familiar, con sede en esta ciudad, se encuentra disfrutando de su segundo periodo vacacional, y en razón a la necesidad para designar una persona que represente a la menor de edad quejosa, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, se ordena girar atento oficio al Delegado en el Estado de la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad, para que de inmediato, en cuanto reciba el oficio de notificación del presente proveído, se sirva comisionar a quien corresponda con el objeto de que asista a la citada menor en el presente asunto, de manera provisional, dado que aquélla es una institución que está en aptitud de proporcionar dicho representante y de igual forma deberá notificar a quien designe tal cargo, para que comparezca dentro de igual término con identificación fehaciente ante el personal de este juzgado a protestar y aceptar el cargo conferido. Por lo que MÓNICA ROCIO VARGAS ALEJANDRE continuará con la personalidad que ostenta, hasta en tanto el aludido representante especial acepte el cargo que se le confiera, en cuyo caso cesará la representación de la promovente del amparo; en la inteligencia que una vez que acontezca lo anterior, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, emplácese a la nombrada en primer término, con carácter de tercera interesada dentro del presente asunto, en el domicilio que señaló en el escrito de demanda. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 191/2005, aplicada por identidad de razón, consultable en la página 167, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz". Igualmente sirve de orientación, la tesis aislada I.4º.C. 335 C (9ª.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2112, Libro XVI, enero de 2013, tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NO ES INCONVENCIONAL LA APLICACIÓN ANALÓGICA DEL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PROTOCOLO FACULTATIVO). El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y que los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, en igualdad de condiciones, con los demás. Adicionalmente, asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas. Por su parte, el artículo 6o. de la Ley de Amparo, establece que el incapaz podrá pedir amparo sin la intervención de su representante legal, pero el Juez le nombrará un representante especial para que intervenga en juicio. El invocado precepto no desafía las citadas convenciones al autorizar que los incapaces puedan promover el juicio de garantías en forma directa, pues, precisamente, para protegerlos, es que se les designa un representante especial. El representante especial en el juicio de amparo es una figura de guarda que no es restrictiva, pues persigue que el quejoso tenga un adecuado proceso y su objetivo será salvaguardar y optimizar la máxima protección de los intereses de su representado, sin que sustituya la intervención o voluntad que el quejoso pueda manifestar en el procedimiento de amparo, y su representación no va en el sentido de ejercer actos que impliquen el apoderamiento del ejercicio de un derecho o facultad cuya titularidad corresponde al quejoso, porque tal representación especial no es restrictiva, sino que tiene como objetivo ampliar los beneficios procesales y sustantivos para el agraviado". Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciban el oficio en el que se les solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. ***Por otro lado, de conformidad con en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a **, por lo que se comisiona al Actuario adscrito para que se constituya en el domicilio en calle Carmen Báez, número 97, unidad habitacional Camelinas, en esta ciudad, a efecto de que lo emplace al presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que se adjuntaron al escrito aclaratorio, mismas que dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el actuario de este juzgado hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29, de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso le revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Incidental

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio que anteceden; con fundamento en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1343/2019-III, promovido por el escrito signado por la quejosa MÓNICA ROCIO VARGAS ALEJANDRE, por propio derecho y en representación de su menor hija Renata Michelle Mucick Vargas, contra actos del Juez Cuarto Oral Familiar, con sede en esta ciudad, por el acto consistente en: ".IV. NORMA GENERAL O ACTO O OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN. El acuerdo de fecha 11 de noviembre del 2019, notificado el 14 del mismo mes y año dentro del juicio especial oral sobre convivencia número 586/2017 donde no admite la apelación y me ordena que cumpla con la convivencia de mi menor hija RENATA MICHELLE MUCICK VARGAS, decretada en autos con su progenitor EDWUAR ALEJANDRO MUCICK GONZALEZ. En su escrito aclaratorio: ".la NO ADMISIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN así como también el acto de que la RESPONSABLE DECRETO LA CONVIVENCIA DE MI MENOR HIJA CON SU PROGENITOR LOS DÍAS MARTES Y JUEVES DE LAS 17:00 A LAS 20:00 HORAS FUERA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, ESTO ES SIN SUPERVISIÓN Y LO QUE ES MÁS COMPLICADO PARA MI MENOR HIJA QUE RECIÉN CUMPLIÓ LOS 4 AÑOS ESTE PASADO 10 DE NOVIEMBRE 2015 LA CONVIVENCIA LOS "DÍAS VIERNES, APARTIR DE LAS 17:00 HORAS, REGRESANDO EL DÍA SÁBADO A LA MISMA HORA, Y SIENDO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA DE ESE TRIBUNAL". Es decir que el progenitor se llevara a mi hija RENATA MICHELLE MUCICK VARGAS, a dónde? a qué lugar será? Al domicilio donde vive actualmente? Cual será ese domicilio? con quien cohabita? En qué espacio y de que domicilio dormirá mi hija? no existe constancia de que por parte de este juzgado se hayan realizado medidas de seguridad por parte de las trabajadoras sociales y emocionalmente que algún psicólogo haya revisado realizado las visitas necesarias para ubicar el domicilio del progenitor que pudiera constatar con que personas cohabita o si vive solo el espacio físico si es adecuado para mi hija y tampoco existe constancia de que un profesional en psicología haya tratado para preparar emocionalmente a mi menor hija sobre el cambio que va tener ya que no ha convivido mi hija RENATA MICHELLE MUCICK VARGAS con su padre EDWUAR ALEJANDRO MUCICK GONZALEZ, en aras de prevenir algún posible daño emocional, por lo que reitero de manera violatoria de mis derechos y atentando en contra del interés superior de mi menor hija RENATA MICHELLE MUCICK VAR, no observó, lo que marca el artículo 440 fracción IV del Código Familiar Vigente para Estado de Michoacán que a la letra dice " el régimen convivencia deberá determinarse por convenio o resolución judicial, atendiendo a las circunstancias siguientes 1.- La edad de la menor.- II horarios de sus actividades escolares y extracurriculares si las tuviera. III Condiciones y necesidades particulares IV.- Existencia o no de riesgo de sustracción del menor de edad o de la necesaria adaptación del mismo, con el progenitor, con quien va a convivir, a efecto, de determinar si debe ser libre, asistida, o supervisada progresiva y a fin de graduada precisando el lugar días, y evaluada por psicólogos, y horas en que deberá desarrollarse, dictando los apercibimientos y las providencias necesarias, para su cumplimiento.". En el caso concreto, la promovente de amparo solicitó expresamente en su escrito de demanda, la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan. Ahora bien, la medida cautelar de que se trata se solicita para los siguientes efectos: ".solicito se me conceda la SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO LA DEFINITIVA del acto reclamado para el efecto de las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, evitando que, de ser consumados, éstos llegasen a ser de imposible reparación ya que si se llegara a consumir sería un grave problema emocional para mi hija de 4 años.". Por lo que se provee al respecto, con apoyo, por identidad de razón, en la Jurisprudencia número 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 98, tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos". En ese orden de ideas, tomando en consideración que el acto reclamado consistente en el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio especial oral sobre convivencia número 586/2017, en que el Juez Cuarto Oral Familiar, con sede en esta ciudad, en el que ordenó que la quejosa cumpla con la convivencia de su menor hija RENATA MICHELLE MUCICK VARGAS, con su progenitor EDWUAR ALEJANDRO MUCICK GONZALEZ, por tanto, con fundamento en los artículos 130, 132, 138 y 147 de la Ley de Amparo, y a fin de privilegiar el interés superior del menor, SE CONCEDE a MÓNICA ROCIO VARGAS ALEJANDRE, la suspensión provisional, para el efecto de que se sigan llevando a cabo las citadas convivencias, pero de manera supervisada, en el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo anterior, para no poner en peligro la integridad del menor y minimizar riesgos y daños físicos y psicológicos de éste. Por lo cual, este juzgado considera pertinente que dichas convivencias se realicen los días martes y jueves de las dieciséis a las dieciocho horas y los sábados de las once a las catorce horas, de manera supervisada, en el centro de convivencia de mérito; en virtud de que las convivencias libres que fijó el juez de origen, no se advierte que haya tomado en consideración la minoría de edad de la menor, así como los horarios de sus actividades escolares y extracurriculares si las tuviera, la existencia o no de algún riesgo de sustracción de menores y si dicho centro en que se realizarían dichas convivencias decretadas, presta sus servicios hasta las veinte horas. Lo anterior, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 4° de la Constitución Federal, en el sentido de que los niños tienen derecho a convivir con sus progenitores, lo cual constituye un derecho fundamental que debe ser salvaguardado por todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a efecto de conservar un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional, salvo que la convivencia represente un riesgo para su bienestar y desarrollo. Apoya a lo anterior, la tesis aislada número 1ª.CI/2016 (10ª), sustentada por la Primera Sala dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1123, del Libro 29 , del mes de Abril de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y XVII; 14, fracciones IV y VI; 22, 24, 25, 26, 27 y 29 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Asimismo, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor". Así como la jurisprudencia número I.3°.C. J/67 (9ª), proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 3700, del Libro III, del mes de Diciembre de 2011, Tomo 5, Materia Civil, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA DE MENORES. ES DE LITIS ABIERTA Y OPERA LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es dable para el órgano judicial en materia familiar, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recopilación de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Por ende, es posible para la autoridad judicial de segunda instancia modificar un régimen de visitas que fue inicialmente solicitado de una forma distinta a la que después se planteó en apelación, dado que en la materia familiar la litis no es cerrada, por lo que cuando el Juez suple la deficiencia, no hay una variación de la litis, porque es su obligación hacerlo en uso de las facultades antes precisadas". Es importante precisar que, en el caso concreto, no ha lugar a fijar garantía, a fin de que surta efectos la suspensión provisional concedida, pues si bien es verdad que el artículo 136 de la Ley de Amparo, prevé que cuando se pueda ocasionar daño o perjuicio a la tercera interesada se concederá a la promovente del amparo la medida cautelar de que se trata, mediante el otorgamiento de una garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se pudieran ocasionar si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de garantías; sin embargo, tal regla no es aplicable en el caso a estudio, dado que los efectos de la medida cautelar es precisamente evitar que se generen riesgos en el desarrollo y estado emocional de un menor, de ahí que no es dable imponer una carga económica, porque de conformidad con los artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, es obligación del Estado proveer lo necesario para proteger los intereses de la niñez. Dicha suspensión surtirá sus efectos, en tanto la autoridad responsable reciba notificación sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente de suspensión. Tomando en consideración que la convivencia se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, gírese atento oficio al encargado de dicho centro, a fin de que permita el desarrollo de dichas convivencias y proporcione el personal capacitado para ello. De igual forma, notifíquese personalmente la concesión de la presente medida cautelar al tercero interesado a EDWUAR ALEJANDRO MUCICK GONZALEZ. Tiene aplicación a lo anterior, la Contradicción de Tesis P./J. 143/2000, aplicada por identidad de razón, visible en la página 23, Tomo XII, Diciembre de 2000, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión." Mediante oficio correspondiente, al que deberá agregarse copia de la demanda de garantías, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el cual se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuye, asimismo, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al suscrito juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes, conforme lo establece el artículo 140 de la nueva Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el artículo 142, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 260 fracción I, de la citada ley. Se señalan DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia incidental. Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquéllos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad señalada como responsable y a los que en su caso le revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desea rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.

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