Mónica Rocha Carmona

Expediente 614/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
614/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Mónica Rocha Carmona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de enero de dos mil veintidós. ? Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,1 que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General , una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. ? No existen documentos originales para devolver. Sin que sean necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/4426/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    ÚNICO Se sobresee en el presente juicio de amparo 614/2021-VI, promovido por Mónica Rocha Carmona, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones establecidas en el diverso tercero, de esta sentencia.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Autoridad cumple requerimiento, vista. Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora del Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 2, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el treinta de septiembre del año en curso. Vista para ampliación Con el contenido del oficio de mérito, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifieste si conviene o no a su interés ampliar su demanda de amparo y señalar como autoridades responsables a los médicos mencionados en el oficio de cuenta. En ese sentido, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de quince días previsto en el artículo 17, de la Ley de Amparo, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, en caso de así creerlo conveniente, esté en la posibilidad de ampliar su demanda; lo anterior, con fundamento en el numeral 111, fracción II, de la ley de la materia. Se precisa que en caso de estimar conveniente ampliar su demanda inicial de amparo, y regularizar su acción constitucional, a efecto de que este juzgado de distrito esté en posibilidad de analizar su constitucionalidad, ésta deberá cumplir con los requisitos que establecen los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, para efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de proveer lo conducente. Apercibida la parte quejosa que de no hacerlo así, en el plazo indicado, se continuará el procedimiento únicamente por las autoridades responsables señaladas en la demanda inicial de amparo. Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo texto y rubro son: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Así como, la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/240 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1339, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Se ordena dar vista para ampliación. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente del contenido de los informes justificados rendidos por la autoridad responsable Directora del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, por sí y en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como las constancias allegadas por la responsable citada en primer término, recibidos en autos de veintidós y veintinueve de julio, seis, once, trece y diecinueve de agosto, todos de dos mil veintiuno, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, y de ser el caso, amplíe sus conceptos de violación formulados en su escrito inicial de demanda, lo cual deberá realizar cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo; apercibido que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se seguirá el juicio como inicialmente se promovió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.112/2003, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Requerimiento. Por otra parte, a fin de resolver lo que a conforme a derecho corresponda, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Directora del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe el nombre del o los médicos tratantes de la parte quejosa, esto a partir del tres de julio de dos mil veintiuno a la fecha. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis 8/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las trece horas con doce minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.

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