Monica Ramirez Barcenas

Expediente 735/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
735/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Monica Ramirez Barcenas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta en que el Magistrado Presidente y Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acusan recibo del oficio 25247/2020 con el que se devolvieron los autos originales del juicio de nulidad 2586/16-17-01-1, de su índice; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de mérito para que surta los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de tres de septiembre de dos mil veinte, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el artículo 21, inciso b),del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del citado acuerdo. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el artículo 18 del acuerdo aludido. Finalmente, devuélvanse los expedientes originales relativos al juicio de nulidad TJ/III/56308/2018; recurso de apelación RAJ/240205/2018 y tres tomos de copias autorizadas del expediente 81/2014, a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de los cuales deberá acusar el recibo que corresponde dentro del plazo de tres días contados a partir de aquel al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, tres de septiembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el secretario adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la resolución dictada por el citado órgano jurisdiccional en el juicio de amparo directo D.A. 693/2019, correspondiente a la sesión de cinco de marzo de dos mil veinte, a través de la cual dicho tribunal se declaró legalmente incompetente por cuestión de la vía, para conocer de la demanda de amparo promovida por Mónica Ramírez Bárcenas, por conducto de su apoderado legal Moisés Alejandro Vázquez Chávez, personalidad que tiene reconocida en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y al efecto remite tres expedientes relativos a ese juicio que contiene la demanda de amparo de mérito; así como dos legajos por separado que contienen el juicio de nulidad TJ/III- 56308/2018 y el recurso de apelación RAJ 240205/2018 y tres legajos. En ese sentido, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 735/2020-V; de igual forma, se ordena acusar el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." (No. Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Registro: 192,097, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, página: 32). De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis integral efectuado al escrito inicial de demanda, se advierte que la promovente señala como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como autoridad responsable ordenadora a la H. Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; y ejecutora a la H III Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (.) IV.- SENTENCIA DEFINITIVA RECLAMADA. De la responsable ordenadora reclamo la Sentencia Definitiva de fecha 29 de mayo del R..A.J RECURSO DE APELACIÓN 240205/2018, relativo al juicio número TJ/III-56308; reclamándose de la responsable ejecutora la ejecución de la sentencia reclamada de la responsable ordenadora, con todas sus consecuencias de hecho y de derechos." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, visible en la página treinta y dos (32), Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del Juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia referida tiene el siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Cabe destacar que de los autos originales del juicio de nulidad TJ/III-56308/2018, del índice de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; se advierten los siguientes antecedentes: 1. Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, demandó la nulidad de la cancelación del asiento registral de la hipoteca constituida en su favor respecto del bien inmueble que se menciona en la demanda, así como del procedimiento que haya determinado esa cancelación y, además, la sentencia que dio origen a la cancelación de ese asiento registral. 2. El Magistrado Instructor de la Tercera Sala Ordinaria del tribunal contencioso local, ordenó emplazar a las autoridades demandadas, así como a los terceros interesados, entre ellos, Mónica Ramírez Bárcenas, aquí quejosa. 3. La sala ordinaria, el cinco de octubre de dos mil dieciocho, pronunció sentencia en la que sobreseyó en el juicio. 4. Inconforme con esa sentencia, la institución bancaria actora, interpuso recurso de apelación, que se registró con el número 240205/2018, se resolvió el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se revocó la sentencia recurrida y se ordenó reponer el procedimiento, con base en las consideraciones que se transcriben enseguida. ".en el caso en concreto la Sala Ordinaria perdió de vista que las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos de derechos, a fin de que surtan efectos contra terceros, consecuentemente la cancelación del registro de una hipoteca constituida en garantía constituye un acto meramente administrativo, pues ello no implica pronunciamento en relación con el derecho real que pudiera amparar el crédito hipotecario, ya que no conlleva determinación sobre su subsistencia legal y exigibilidad entre las partes contratantes ni respecto del derecho sobre la garantía de dicho crédito en cuyo folio real se haya registrado; es decir, la mera cancelación del asiento registral no extingue, destruye ni modifica el derecho que pudiera haber surgido, el cual subsistirá y surtirá sus efectos legales entre las partes. En esa tesitura, contrario a lo determinado por la A quo, es que corresponde a este Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y no a un Juzgado Civil, conocer del juicio promovido contra la negativa de cancelación de la inscripción de la hipoteca constituida en garantía en favor de la actora, pues ello se trata de funciones y conductas básicamente administrativas, y no civiles como lo determinó la Sala del Conocimiento, de ahí lo fundado del agravio en estudio. Por lo anterior expuesto, es evidente que procede revocar el fallo apelado, en razón de que, contrario a lo determinado por la A quo, el acto señalado por la parte actora, sí es impugnable vía juicio de nulidad, pero sin que sea oportuna la emisión de una nueva sentencia, en virtud de que en el caso, se advierte una violación procesal que hace necesaria la reposición del juicio, consistente en que la Sala de Origen, pasó por alto que en el caso se actualizaba lo dispuesto en el artículo 62, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, mismo que se transcribe. Lo anterior es así, en razón de que de las constancias de autos de nulidad específicamente de las pruebas ofrecidas por el tercer interesado Edgar Eric Garzón Zúñiga, Notario Público número "143", del Estado de México, con residencia en Huixquilucan, ofreció pruebas no conocida por el actor, siendo esta la denuncia de hechos de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, integrada en la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-5/UI-1S/D/00827/2017, por el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, respecto de la cual , la accionante no tiene conocimiento, misma que guarda relación con el acto impugnado, pues en dicha prueba se denunció que el instrumento notarial que contiene la Cancelación de Hipoteca a que se refiere el Certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no corresponde al protocolo del tercero, ni fue otorgado ante su fe, documental que fue en la que se basó la promovente para verificar que se llevó a cabo la cancelación de la hipoteca constituida en su favor, sin que en el acuerdo referido se advierta que se le haya notificado personalmente al accionante dicha determinación, sino que solo se le dejó a la vista, y que en su caso se impusiera del mismo, tal y como se advierte del acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (visible a foja ciento noventa y seis de autos de nulidad). Consecuentemente, ello deja en estado de indefensión a la parte actora, al no otorgarle la garantía de audiencia contemplada en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sin acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva establecida en el artículo 17 del mismo ordenamiento legal. Por lo que en ese tenor de ideas, la Sala del conocimiento debió correrle traslado a la parte actora del escrito de contestación del tercero interesado, Edgar Eric Garzón Zúñiga, Notario Público número "143", del Estado de México, a efecto de que ampliara su demanda, ello con la finalidad de no violentar los derechos humanos de tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia ya mencionados anteriormente, contemplados en la constitución, lo cual no aconteció en el caso concreto. PRIMERO. El único agravio hecho valer por la parte actora resultó fundado y suficiente, para revocar la sentencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Tercera Sala Ordinaria de este Órgano Jurisdiccional, dentro del juicio de nulidad T/III- 56308/2018, por los motivos y fundamentos legales que se precisan en el considerando III de este sentencia. SEGUNDO. Se REVOCA la sentencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Tercera Sala Ordinaria de este órgano Jurisdiccional, dentro del juicio de nulidad TJ/II-56308/2018, de conformidad con lo expuesto en el considerando III de la presente sentencia. TERCERO. Se ORDENA LA REPOSICIÓN LDEL PROCEDIMIENTO, para los efectos que se precisan en la parte final del Considerando III, de la presente sentencia. Este es el acto reclamado en este juicio. Lo anterior permite establecer que en la resolución reclamada de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, pronunciada por la Sala Superior del citado tribunal en el recurso de apelación RAJ 240205/2018, se determinó revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de nulidad aludido. Ahora bien, de la demanda de amparo que aquí nos ocupa se desprende que la parte quejosa se duele, esencialmente, de que la sentencia reclamada resulta incongruente, ya que sala superior del tribunal contencioso valoró indebidamente las pruebas ofrecidas en autos y que, en todo caso, debió confirmar la sentencia recurrida, pues los agravios expuestos por la parte actora en ese juicio de nulidad, resultaban "improcedentes", máxime que la sala ordinaria de dicho tribunal de anulación no resultaba competente para conocer de ese juicio de nulidad. Una vez precisado lo anterior, este juzgado estima que en relación con el acto reclamado descrito con antelación, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como se dijo, en el caso el acto reclamado consiste en la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el toca de apelación 240205/2018, se determinó revocar la sentencia recurrida de de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Tercera Sala Ordinaria de este Órgano Jurisdiccional, dentro del juicio de nulidad T/III-56308/2018, y ordenó reponer el procedimiento para que la sala de origen corriera traslado a la institución bancaria actora con el escrito de contestación del tercero interesado, Edgar Eric Garzón Zúñiga, Notario Público número "143", del Estado de México, a efecto de que ampliara su demanda y, una vez substanciado es, emitir la sentencia correspondiente. En tal sentido, la referida resolución no constituye un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. Es oportuno precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, esto es, sus supuestos se actualizan esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. No puede llegar a sostenerse que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo biinstancial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además, la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional Es oportuno establecer, a guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, el embargo, la imposición de multas o el decreto de alimentos provisionales o definitivos, pues en estos casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, y ninguna de estas afectaciones se podría reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes. Apoya lo anterior, por los principios que lo rigen y por analogía, el siguiente criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que expresa: EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podría reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva. (Época: Octava Época,Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.C.2, Página: 827 ). Por tanto, el acto que aquí se reclama no es de aquellos que prevé la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses en el expediente de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de las posibles violaciones procesales que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, si en el caso el acto reclamado consiste en la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el toca de apelación 240205/2018, en la que se decidió revocar la sentencia recurrida de de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Tercera Sala Ordinaria de este Órgano Jurisdiccional, dentro del juicio de nulidad T/III-56308/2018, y ordenó reponer el procedimiento para los efectos previamente precisados, y en su oportunidad resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda, no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; en consecuencia se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues en todo caso, el acto reclamado únicamente podría constituir una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el expediente de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia Tesis: P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo.( Época: Octava Época,Registro: 205810,Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 17/91 Página: 25) Así como la tesis XXI.1o.87 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro 212259, Tomo XIII, junio de 1994, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENAN REPONER EL PROCEDIMIENTO. La sentencia que dicta el Tribunal de alzada, en la que deja insubsistente el fallo final del primer grado y, además, ordena reponer el procedimiento, por haberse cometido una violación a éste, no ocasiona al quejoso un perjuicio de imposible reparación, puesto que la sentencia que nuevamente llegue a dictar el juez natural puede serle favorable, pero de no ser así, podrá alegar como agravio la reposición de mérito y, en su caso, como violación procesal en el amparo directo que finalmente se tramitare. Por tanto, aquella resolución no es reclamable en el juicio de garantías biinstancial." Sin que pase inadvertida para el suscrito la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2012245, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." Ello, en atención a que en el asunto en particular se cuenta con las constancias originales relativas al juicio de nulidad de origen y el toca de apelación cuya resolución se reclama; de las que no se advierte la afectación de derechos sustantivos de la parte promovente con los efectos de la emisión del acto reclamado que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.3o.C.1 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 2014888, Libro 45, agosto de 2017, Tomo IV, página 2827, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A LA VISTA LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO GENERADOR DEL ACTO RECLAMADO, DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ACOMPAÑARON A SUS INFORMES JUSTIFICADOS, ESTÁ EN APTITUD DE DETERMINAR SU DESECHAMIENTO [EXCEPCIÓN A LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2016 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia citada, de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", sostuvo que para la procedencia de la demanda de amparo, cuando el acto reclamado sea una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen sobre los efectos concretos que produce, tanto en las personas como en las cosas, sin que esto pueda efectuarse en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento no se cuenta con las constancias necesarias para poder llegar a tal determinación. Sin embargo, existe un caso de excepción que se actualiza cuando el Juez de Distrito tiene a la vista las constancias que obran en el juicio generador del acto reclamado, de primera y segunda instancias que las autoridades responsables hubieran acompañado a sus informes justificados, en virtud de haberse presentado inicialmente la demanda de amparo en la vía directa y ante la incompetencia del Tribunal Colegiado de Circuito, éste remitiera con sus anexos al Juzgado de Distrito en turno; lo que trae como consecuencia que dicho juzgador pueda conocer si la resolución reclamada que ordena reponer el procedimiento, tiene o no efectos meramente procesales que le permitan determinar su desechamiento." Cabe precisar que, en todo caso, la referida resolución reclamada podría constituir una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuera desfavorable para la parte quejosa, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo vigente. De conformidad con los razonamientos esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha de plano la presente demanda de amparo, con el objeto de que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En las condiciones apuntadas, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Mónica Ramírez Bárcenas. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Andrés Gilberto García salcedo, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, así como a Salvador Díaz López, Humberto Pérez Lozada y Guadalupe Torres Navarrete, limitación que se les establece hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza a la totalidad de las partes, su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." (No. Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847) Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Notifíquese a personalmente a Mónica Ramírez Bárcenas, por conducto de su apoderado legal Moisés Alejandro Vázquez Chávez, en el domicilio ubicado en Casa doscientos cuarenta y nueve (249), Calle Juan Sarabia, Colonia Nueva Santa María Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Oscar Horacio Escobedo Nàvar, quien autoriza. Doy fe.

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