Mónica Paulina Ortiz Lugo

Expediente 245/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
245/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
19/04/2016

Partes del expediente

  • Mónica Paulina Ortiz Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de once de abril de dos mil quince, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante ejecutoria de tres de marzo de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, revocó la sentencia dictada por este Juzgado, y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Mónica Paulina Ortiz Lugo, en contra del acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. La protección constitucional se concedió para el efecto de que el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato: Dejara insubsistente la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil quince; y, En su lugar, dictara una nueva resolución donde con libertad de jurisdicción, retomara el análisis valorativo del contenido de los medios de prueba existentes en la causa penal de origen del acto reclamado y fijara con precisión, de una forma lógica, de las circunstancias del hecho, probadas en los autos y de su conexión con los indicios que resulta de los diferentes elementos probatorios, el conocimiento que tenía la inculpada, de que su padre (ofendido) había realizado los pagos correspondientes a la pensión alimenticia que reclamaba en su demanda civil. En providencia de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se recibió la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en el recurso de revisión A.R. 361/2015 y, se requirió al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, para que cumpliera con la misma. En cumplimiento a lo anterior, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, remitió el oficio 319/2016, al que adjuntó copia certificada de la resolución de ocho de abril del año en curso; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, misma que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la cual tiene valor probatorio pleno, se desprende lo siguiente: Mediante resolución de ocho de abril del año en curso, dejó insubsistente la diversa de veinticuatro de febrero de dos mil quince, dictada dentro del toca de apelación 19/2015, del índice del Magistrado responsable, respecto de la aquí quejosa; y, Con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución, en la que al analizar nuevamente las pruebas ofrecidas, consideró que en cuanto a la inculpada Mónica Paulina Ortiz Lugo, no se encontraba demostrado el cuerpo del delito de falsedad ante una autoridad y, en su lugar, modificó la resolución de primera instancia y dictó a favor de la quejosa auto de libertad por falta de elementos para procesar. Por lo anterior, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, como resulta innecesario que en este Juzgado obren los ocho tomos de prueba que adjuntó el Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, a los oficios recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado el seis y siete de abril de dos mil quince, devuélvansele. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, así como el original del incidente de suspensión, en el término indicado, por actualizarse el supuesto previsto en el segundo párrafo de la fracción III del punto que se menciona, es decir, al haberse concedido la suspensión definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del cuaderno de antecedentes, en el plazo a que alude el multicitado acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÍS: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de once de abril de dos mil quince, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante ejecutoria de tres de marzo de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, revocó la sentencia dictada por este Juzgado, y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Mónica Paulina Ortiz Lugo, en contra del acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. La protección constitucional se concedió para el efecto de que el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato: Dejara insubsistente la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil quince; y, En su lugar, dictara una nueva resolución donde con libertad de jurisdicción, retomara el análisis valorativo del contenido de los medios de prueba existentes en la causa penal de origen del acto reclamado y fijara con precisión, de una forma lógica, de las circunstancias del hecho, probadas en los autos y de su conexión con los indicios que resulta de los diferentes elementos probatorios, el conocimiento que tenía la inculpada, de que su padre (ofendido) había realizado los pagos correspondientes a la pensión alimenticia que reclamaba en su demanda civil. En providencia de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se recibió la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en el recurso de revisión A.R. 361/2015 y, se requirió al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, para que cumpliera con la misma. En cumplimiento a lo anterior, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, remitió el oficio 319/2016, al que adjuntó copia certificada de la resolución de ocho de abril del año en curso; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, misma que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la cual tiene valor probatorio pleno, se desprende lo siguiente: Mediante resolución de ocho de abril del año en curso, dejó insubsistente la diversa de veinticuatro de febrero de dos mil quince, dictada dentro del toca de apelación 19/2015, del índice del Magistrado responsable, respecto de la aquí quejosa; y, Con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución, en la que al analizar nuevamente las pruebas ofrecidas, consideró que en cuanto a la inculpada Mónica Paulina Ortiz Lugo, no se encontraba demostrado el cuerpo del delito de falsedad ante una autoridad y, en su lugar, modificó la resolución de primera instancia y dictó a favor de la quejosa auto de libertad por falta de elementos para procesar. Por lo anterior, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, como resulta innecesario que en este Juzgado obren los ocho tomos de prueba que adjuntó el Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, a los oficios recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado el seis y siete de abril de dos mil quince, devuélvansele. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, así como el original del incidente de suspensión, en el término indicado, por actualizarse el supuesto previsto en el segundo párrafo de la fracción III del punto que se menciona, es decir, al haberse concedido la suspensión definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del cuaderno de antecedentes, en el plazo a que alude el multicitado acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante devolviendo las copias certificadas del proceso penal 185/2014, que en cuatro tomos adjuntó a su informe justificado.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato; atento a su contenido y, a fin de que se encuentre en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, devuélvansele las copias certificadas del proceso penal 185/2014, que en cuatro tomos adjuntó a su informe justificado, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. En el entendido de que, de no dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, en el término de tres días legalmente computado a partir de que cuente con las constancias necesarias para ello, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de marzo del año en curso.

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