Monica Patricia Ruiz Herrera

Expediente 802/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
802/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
25/07/2016

Partes del expediente

  • Monica Patricia Ruiz Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VI. De la certificación de cuenta se obtiene que la impetrante del amparo Mónica Patricia Ruíz Herrera, dentro del plazo inserto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión contra el auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, a través del cual se sobreseyó en el juicio. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado; las anotaciones correspondientes háganse en el libro de gobierno. Expuesto lo anterior, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque mediante auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, incisos I y II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en el expediente no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, para el caso de que la autoridad a la que deba notificarse el presente proveído se encuentre gozando de periodo vacacional, déjese el oficio que se le dirige en resguardo del actuario judicial, para el efecto de que una vez que reanude sus labores, sin ulterior acuerdo lo entregue.

  2. Principal

    VI. (UN ACUERDO) Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VI. Se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa y se le notifica por medio de lista el auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, que es del tenor siguiente: "En términos de los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remite copia certificada del emplazamiento a la parte demandada Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima; Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, realizada el veintinueve de junio del presente año, dentro del expediente laboral 642/2014. Ahora, es pertinente indicar que en el presente juicio la parte quejosa Mónica Patricia Ruiz Herrera, reclama la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de emplazar a la parte demandada en el expediente 642/2014. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable realizó el dicho llamamiento a juicio, y a dichas constancias se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse que el Tribunal Pleno ha sostenido que para ser operante esa causa en el juicio de amparo, no basta que la autoridad responsable revoque o derogue el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, cuyo objeto, es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Conforme a los matices del caso, tomando en cuenta que los hechos en análisis son omisiones o actos negativos y que en estos supuestos la regla restitutoria establecida en la ley reglamentaria dispone que el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, podría decirse entonces que la omisión de tramitar y resolver oportunamente el juicio cesaría de manera absoluta, completa e incondicional, sólo si éste prosiguiera hasta su conclusión y resolución, ya que ésta sería la única forma de resarcir al quejoso plenamente en el goce del derecho fundamental transgredido, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. En la especie, el veintinueve de junio del presente año, la Junta responsable por conducto del actuario de su adscripción emplazó al juicio laboral 642/2014, a Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima; Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Por consiguiente, es patente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en la medida que cesaron los efectos de la omisión reclamada al satisfacerse a plenitud la pretensión de la quejosa, esto es, que se emplazar a juicio a la parte demandada. En tales condiciones, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en conformidad en la fracción V del artículo 63 de dicho ordenamiento. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del seis de julio de dos mil dieciséis, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente."

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil dieciséis. El estado procesal del presente juicio de amparo y la certificación de cuenta, evidencian que el plazo de treinta días concedido al tercero interesado Guillermo Millán Ortiz, a fin de comparecer para que por sí, por apoderado o gestor que pueda representarlo, comparezca a apersonarse al presente juicio de amparo, empezó a computarse el veintisiete de abril y feneció el ocho de junio de dos mil dieciséis. Al caso es aplicable la tesis publicada en la página 2364, del Semanario Judicial de la Federación, abril de 2008, Tomo XXVII, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL TÉRMINO PARA QUE COMPAREZCA A JUICIO DEBE COMPUTARSE EN DÍAS HÁBILES. Conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, para el caso de que deba emplazarse al tercero perjudicado y se desconozca su domicilio, el Juez Federal debe ordenar la primera notificación por medio de edictos, la que se practicará conforme al precepto 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual determina que el plazo de treinta días que aquél tiene para comparecer a juicio, se contará a partir del día siguiente al de la última publicación. Ahora bien, para determinar si dicho plazo se computa en días naturales o hábiles, debe recurrirse al artículo 24, fracción II, en relación con el diverso numeral 23, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, respectivamente, que en el juicio de amparo los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles (salvo los términos relativos al incidente de suspensión, que se contarán de momento a momento), y que son hábiles para la sustanciación de dicho juicio, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, entre otros que se precisan; consecuentemente, el término para que el tercero perjudicado comparezca al juicio de garantías, debe computarse en días hábiles." En consecuencia, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, practíquese al tercero interesado de referencia, las subsecuentes notificaciones aun las que deban ser en forma personal por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido de Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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