Mónica Patricia Mayen Virgen
Expediente 217/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Mónica Patricia Mayen Virgen
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de dieciséis de marzo último, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mónica Patricia Mayen Virgen, por propio derecho, en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo y no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE 16 DE MARZO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de cuenta, promovida por Mónica Patricia Mayen Virgen, por derecho propio, contra un acto de la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese bajo el juicio de amparo 217/2022-VI, que le corresponde en el libro que para tal fin se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Precepto transcrito del que se advierte que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además que sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la fracción V del numeral 107, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI."; Disposiciones de las que se obtiene que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en un procedimiento, procede cuando éstos producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto o actos reclamados no producen una afectación de esa naturaleza, entonces se actualiza la causal en estudio. Dado el sentido de este auto, se considera necesario mencionar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no, cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107 fracción V, de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011338, de contenido: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". Así como la diversa jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570, del Libro 6, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en mayo de 2014, registro 2006339, de contenido: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal". Lo anterior significa, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. También debe señalarse que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo que en el caso no acontece. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica y, c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. La concurrencia de estas circunstancias, imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Ahora bien, el acto reclamado por el amparista consiste en: "De la Autoridad Ordenadora, reclamo todos los Autos, en particular el de fecha de 17 de febrero de 2022, publicado en listas el día 17 del mes de febrero del 2022, dictado dentro del tocs número 31/2021" Asimismo del contenido íntegro de la demanda se advierte que el acto impugnado de inconstitucional lo hace consistir en la falta de motivación y fundamentación en la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 31/2022, por la Magistrada de la Tercera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante la cual confirmó el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el que decretó que no había lugar acordar de conformidad a la petición realizada por la actora -promovente del amparo-, en relación a amonestar a la parte demandada BTM Juárez, Sociedad Civil, para que permita el acceso a la documentación necesaria para el correcto desahogo de la pericial ofrecida en el juicio de origen. De lo anterior, se advierte que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado transcrito, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se puede afectar derecho procesal de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si bien en el caso se combate la determinación de la magistrada responsable, que confirmó el auto en el que se negó amonestar a la parte demandada para que permita el acceso a la documentación necesaria para el desahogo de la pericial indicada; por lo que es evidente, que se trata de actos intraprocesales susceptibles de ser reparados, si se obtiene en tal proceso una resolución favorable a sus intereses, por tanto el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una violación autónoma al juicio de origen de que se trata, sino que se presenta justamente dentro de éste, respecto a la negativa de acordar de conformidad a la solicitud de la actora en relación a las gestiones que considera pertinentes para el correcto desahogo del medio probatorio ofrecido en el juicio de origen, afectación que no se produce de forma independiente sino dentro de tal proceso en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Asimismo, el hecho de que la quejosa aduzca la falta de fundamentación y motivación de la determinación dictada por la magistrada no hace procedente el juicio de amparo acorde a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la ley de amparo, ya que tal precepto exige que el acto se realice dentro del juicio y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, sólo sería procedente si se afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado y la garantía de legalidad consagrada en la constitución no es un derecho sustantivo, sino un instrumento constitucional para salvaguárdalos. Así, se reitera, el solo hecho de que la determinación reclamada no se encuentra fundada y motivada no hace procedente la procedencia del amparo en vía indirecta, pues el acto que se combate no implica necesariamente que se llegue a dictar una sentencia perjudicial a los intereses de la ahora quejosa, porque la juez de origen tiene la obligación de examinar la procedencia de la acción y de esta manera puede llegar a conceder lo pretendido por Mónica Patricia Mayen Virgen; y en caso de que se llegue a dictar sentencia contraria a los intereses de aquella, puede hacer valer las violaciones que esa reposición le causó mediante juicio de amparo directo. Consecuentemente, como se anunció en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al numeral 107 fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C.J/298, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 2008, tomo XXVIII, Novena Época, página 1220, con número de registro 168506, en atención a que no se opone a la nueva Ley de Amparo, tal y como lo dispone el artículo sexto transitorio de dicho cuerpo de leyes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE ARGUMENTA QUE EL ACTO RECLAMADO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y/O MOTIVACIÓN, LO QUE GENERA LA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DEFENSA, PUES ÉSTAS NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS. El hecho de que la resolución reclamada en el amparo no se encuentre debidamente fundada y/o motivada, y ello derive en la violación a las garantías de legalidad y defensa, no hace procedente el juicio de garantías en la vía indirecta, en términos del artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, ya que tal precepto exige para la procedencia de la acción constitucional que el acto se realice dentro del juicio y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, esto es, sólo sería procedente el amparo en esta vía, si se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado, y las garantías individuales no son derechos sustantivos sino un instrumento constitucional establecido para salvaguardarlos." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII con relación al numeral 107 fracción V, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por Mónica Patricia Mayen Virgen. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Tomas Fernández, número 7940, oficina 402, cuarto piso, de la colonia Los Parques, en esta ciudad y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados Armando Barraza Varela y Julio César Muños Morales, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, así como a los profesionistas Erick Israel Escareño Escareño y Ana Leslie Lara Maeda, por así haberlo solicitado. Asimismo, se tiene únicamente como medio de contacto adicional el correo electrónico abogaoslegal05@gmail.com y el número de teléfono (656) 150 6366. Con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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