Monica Ortega Martinez
Expediente 1182/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/10/2023
Partes del expediente
- Monica Ortega Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de octubre de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado admite recurso. Visto el oficio de cuenta del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo del cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de revisión R.- 587/2023 de su índice, del que se advierte que se admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Informa que se notificó. Agréguense el oficio y anexos de la Jueza Primero de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, mediante el cual da cumplimiento al auto de veinte de septiembre actual e informa que se encuentra notificada del contenido de dicho auto, así como del diverso de treinta y uno de agosto del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al auto de veinte de septiembre actual y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. En mérito de lo anterior, remítase el original del presente juicio Y el tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, con el escrito de expresión de agravios, a fin de que se sirva substanciarlo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Recurso de revisión. La quejosa *** interpone recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En tal sentido, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre integrado el expediente en que se actúa, es decir, que obren las constancias de notificación a las partes del presente proveído, en el término de tres días siguientes, remítase el original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, con el escrito original de expresión de agravios, a fin de que se sirva substanciarlo. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula el expediente electrónico, establece, en esencia, que a partir del uno de diciembre del año dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos, por lo que únicamente se enviarán al Tribunal de Alzada aquellas constancias que obran de forma física en el expediente. Una vez que se tenga conocimiento del órgano colegiado al que corresponda resolver el medio de impugnación, procédase a la vinculación del expediente electrónico. Al respecto, para facilitar la integración del recurso se requiere a la autoridad responsable foránea, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la recepción del oficio que al efecto se le gire, informe a este Juzgado la fecha en que recibió la notificación del auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa y, la del presente proveído; asimismo, remita copia certificada de las piezas postales de referencia, pudiendo remitir dicha información por los medios de comunicación siguientes: Correo electrónico institucional: 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx Fax: (222) 3-03-72-00 extensión 1526. Telegrama a la dirección: Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor número 82, piso 12, Ala Norte, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, código postal 72810. Vía interconexión. A través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que si opta por enviar la información solicitada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico oficial, dicho oficio deberá contar con firma electrónica; lo anterior, acorde con el principio de impulso tecnológico que se prevé en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y el diverso Acuerdo General 10/2022 que regula la integración y trámite de expediente electrónico. En el entendido de que en el caso de no cumplir con el requerimiento formulado se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción III, de la Ley de Amparo. Fórmese cuadernillo de antecedentes con las constancias necesarias. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guardan los autos, de la demanda de amparo, escrito aclaratorio e informe justificado, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa: ***. Parte tercera interesada: ***. Autoridad responsable: Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo. Acto reclamado: El auto de uno de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *** por el que se ordena la remisión de los autos a la Notaría Pública número Seis de San Martín Texmelucan, Puebla, para el tiraje de la escritura. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en el auto admisorio se hubiera fijado como acto reclamado "la resolución del uno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil *** que declaró infundado el incidente de nulidad que promovió la quejosa en contra de la notificación del auto del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el que se tuvo al perito del actor rindiendo su dictamen". No obstante, en el auto admisorio de demanda, se fijan los actos con los elementos que se cuentan en ese momento, lo que no impidse que los actos puedan modificarse con la llegada del informe justificado, haciendo una interpretación amplia de lo que la parte quejosa pretende reclamar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y testo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. *** Máxime que, si se tomara en consideración que el acto que se pretende reclamar lo fuera la resolución interlocutoria de uno de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad promovido por la quejosa en el juicio ejecutivo mercantil *** contra la notificación del acuerdo que tuvo por rendido el avalúo del inmueble adjudicado en ese procedimiento, al tratarse de cosa juzgada, se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo. Ello, en razón de que se trata de un acto que fue materia de otro juicio de amparo -*** del índice de este juzgado federal-, promovido por la misma quejosa y, contra la misma autoridad -Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo-; interpretarlo de otro modo, implicaría una vulneración frontal al principio de cosa juzgada, en tanto ya existe un pronunciamiento firme en los términos apuntados con anterioridad, de ahí que de estimar lo contrario se trastocaría la inmutabilidad de la negativa de amparo en el expediente ***. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado -auto de uno de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *** por el que se ordena la remisión de los autos a la Notaría Pública Número Seis de San Martín Texmelucan, Puebla, para el tiraje de la escritura-, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados -indistintamente-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2001, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. *** Por su parte, tratándose de procedimientos de remate la última resolución será entendida como que aquella que de forma indistinta ordena la entrega o escrituración del inmueble rematado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 13/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, Libro 29, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 2016, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). *** Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." Sentado lo anterior, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene destacar los antecedentes más relevantes que motivaron el acto reclamado, los cuales se desprenden de la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil de origen, y son del tenor siguiente: El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, Miguel Oswaldo Pozos Muñoz, en su carácter de endosatario en procuración de José Luis Fernández Castilla, promovió juicio ejecutivo mercantil contra Mónica Ortega Martínez, a quien reclamó diversas prestaciones (fojas 34 a 40 del tomo de pruebas). Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a la Jueza Primera de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, quien por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho la radicó bajo el número 551/2018, la admitió a trámite y ordenó requerir de pago y emplazar a la demandada (foja 41 ídem). Seguidas las etapas procesales correspondientes, se dictó sentencia definitiva el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que se condenó a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas (foja 62 a 64 ídem). En vista de que las partes no se inconformaron, el trece de marzo de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio original (foja 94 ídem). Continuada la secuela procesal, el nueve de noviembre de dos mil veinte, la responsable resolvió la liquidación de sentencia formulada dentro del expediente 551/2018, la cual fue aprobada hasta por la cantidad de $884,400 (ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), a partir del quince de febrero de dos mil diecisiete (fecha en que la demandada incurrió en mora) al catorce de agosto de dos mil veinte; resolución que causó ejecutoria (fojas 154 a 156 ídem). El tres de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó turnar los autos al diligenciario de la adscripción para que, asociado de la parte actora, se constituyeran en el domicilio de la demandada y le requiriera el pago de la cantidad aprobada en la liquidación de sentencia (foja 158 ídem). El quince de abril de dos mil veintiuno, se ordenó girar oficio al Registrador Público de la Propiedad del distrito judicial de Huejotzingo para reinscribir el embargo del inmueble trabado en la diligencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho; siempre que estuviera a nombre de la demandada (foja 162 ídem). El doce de julio de dos mil veintiuno, Miguel Oswaldo Pozos Muñoz exhibió el certificado de gravamen expedido por el Registrador Público de la Propiedad de Huejotzingo y nombró un perito valuador, quien aceptó y protestó el cargo conferido el dieciocho de agosto del mismo año (foja 168 y 173 ídem). Posteriormente, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1412 bis del Código de Comercio, la Jueza adjudicó a favor de Miguel Oswaldo Pozos Muñoz el bien embargado en autos, por la cantidad de $572,100 (quinientos setenta y dos mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional). Por otro lado, se dejaron a salvo los derechos del actor respecto al remanente existente por la cantidad de $312,300 (trescientos doce mil, trescientos pesos, cero centavos, moneda nacional). De igual forma, se le hizo saber al deudor que antes de fincar el remate podía librar su bien, si pagaba en el acto lo sentenciado, en términos del artículo 493 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al diverso 1054 del Código de Comercio (foja 190 ídem). El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno causó estado el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, de adjudicación directa del inmueble embargado en autos (foja 194 ídem). El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó remitir las actuaciones al Notario Público número Seis del Distrito Judicial de Huejotzingo, para que otorgara la escritura correspondiente, y se requirió a la deudora para que en el plazo de tres días compareciera ante dicho notario y otorgara la escritura, apercibida que de no hacerlo, la responsable lo haría en su rebeldía (foja 196 ídem). El veintiséis de enero de dos mil veintidós, el Notario Público número Seis del Distrito Judicial de Huejotzingo devolvió los autos originales del expediente de mérito, pues la demandada no acudió a firmar la escritura. Por ende, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, ordenándose remitir las actuaciones del expediente 551/2018 a la Notaría número Seis de San Martín Texmelucan, Puebla, para que la responsable firmara la escritura correspondiente (foja 199 ídem). Así, por auto de uno de junio de dos mil veintitrés, nuevamente se ordenó la remisión de los autos a la Notaría Pública número Seis de San Martín Texmelucan, Puebla, para el tiraje de la escritura, para que la responsable firmara la escritura correspondiente, por rebeldía de la parte demandada (foja 228 ídem). -acto que se reclama-. De los antecedentes narrados, se desprende que en contra de la quejosa se promovió un juicio ejecutivo mercantil, en el cual se adjudicó un inmueble a favor de la parte actora, ordenando remitir los autos a la Notaría respectiva para el tiraje de la escritura correspondiente. Lo anterior cobra especial relevancia, pues convine recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 13/2016 -que se transcribió en párrafos precedentes-, sostuvo que la Ley de Amparo define a la última resolución del procedimiento de remate como aquella que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; no obstante, la conjunción copulativa "y" pudiera interpretarse en el sentido de que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar esa última resolución; sin embargo, ello provocaría un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, por lo que se debe interpretar en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o la escrituración del bien inmueble rematado; de manera que la disposición debe leerse no como una conjunción copulativa que obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias inherentes al acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, interpretación que se estimó acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, si en el juicio mercantil 551/2018 ya se dictó un proveído en el que se ordenó remitir los autos a una Notaría Pública para el tiraje de la escritura de adjudicación, es evidente que ya se dictó la última resolución en el procedimiento de remate. Bajo ese panorama, si la quejosa pretendía reclamar violaciones ocurridas durante el procedimiento de remate, debió controvertir el auto que ordenó remitir los autos a la Notaría para el tiraje de la escritura, pues se insiste que con ese acto culminó el remate. No obstante, la justiciable acude a esta instancia constitucional a fin de controvertir el auto de uno de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 551/2018, por el que se ordena de nueva cuenta la remisión de los autos a la Notaría Pública, para el tiraje de la escritura que será firmada por el juez en rebeldía de la parte demandada; sin embargo, lo cierto es que desde el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó remitir las actuaciones al Notario Público número Seis del Distrito Judicial de Huejotzingo, para que otorgara la escritura correspondiente, y se requirió a la deudora para que en el plazo de tres días compareciera ante dicho notario y otorgara la escritura, apercibida que de no hacerlo, la responsable lo haría en su rebeldía, por lo que resulta inconcuso que éste constituye el primer el acuerdo que ordenó el tiraje de la escritura de adjudicación, por lo que fue el que puso fin al procedimiento de remate. Entonces, si el auto de uno de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 551/2018, por el que se ordena de nueva cuenta la remisión de los autos a la Notaría Pública, para el tiraje de la escritura que será firmada por el juez en rebeldía de la parte demandada, se dictó con posterioridad a que culminó la etapa de remate no puede formar parte del mismo, por lo que debe estimarse que forma parte del procedimiento de ejecución de la sentencia, y para justificar lo anterior, es necesario traer a colación lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2018, en sesión del veintiséis de agosto de dos mil veinte, que en la parte que interesa dice: "(.) 56. Primeramente conviene señalar que recientemente esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 29/2019 determinó que el amparo indirecto es improcedente contra la orden de escrituración en rebeldía del inmueble rematado, porque dicha orden no constituye la última resolución del remate, sino que la última resolución del remate en términos del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la constituye la orden que requiere al ejecutado del otorgamiento voluntario de la escritura por venta judicial. Razonamientos del que surgió la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.) de título y subtítulo: ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. (.) 81. Una vez aclaradas las reglas de procedencia conforme la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, y conociendo cuáles son las características de los actos fuera o después de juicio que se consideran autónomos a la ejecución se responde a la interrogante principal de la presente contradicción referente a si ¿la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de la etapa de ejecución de sentencia o un acto emitido después de concluido el juicio? que se responde con la conclusión que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado constituye un acto de ejecución de la sentencia porque todos sus esfuerzos se dirigen precisamente en eso, en lograr el cumplimiento de lo sentenciado y por ende no puede desvincularse de la ejecución. 82. Máxime que los derechos y bienes que afecta ya fueron materia de juicio y constituyen cosa juzgada, por lo que una vez concluida la etapa de remate solo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien. 83. Sin que la coacción que reviste la naturaleza de dichos actos pueda considerarse autónoma a la fase de ejecución de sentencia, porque dicha coacción no tiene la misma naturaleza de los medios judiciales de apremio para hacer cumplir las determinaciones del juez, la que si bien constituye un ejercicio del apercibimiento realizado con anterioridad, éste se vincula directamente a la ejecución de lo logrado en sentencia, y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado, posee autonomía trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. 84. Por lo que, al ser la etapa de ejecución de sentencia una garantía para el goce de ese derecho fundamental no es posible entorpecer la fase de ejecución sobre lo ya juzgado, porque finalmente lograr la ejecución de lo ya fallado y rematado viene a ser precisamente la culminación del goce exhaustivo de derecho de acceso a la justicia en una de sus vertientes. (.)." De la ejecutoria en cuestión derivó la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), visible en la página 293, libro 81, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente en diciembre de dos mil veinte, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." De lo transcrito se desprende que si en un juicio ya se dictó la orden que requiere al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura de adjudicación esa actuación constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, por lo que los actos posteriores como la orden de escrituración en rebeldía del inmueble rematado o la diversa de desalojo de dicho bien, son actos efectuados después del remate. No obstante, forman parte de la ejecución de la sentencia, ya que son tendentes a cumplirla, máxime que los derechos que afectan ya fueron materia del juicio natural y constituyen cosa juzgada, por lo que una vez concluida la fase del remate únicamente resta la materialización mediante la ejecución de la misma, por lo que el Juez debe forzar el cumplimiento, ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien. En el entendido que la coacción que reviste a dichos actos no puede considerarse autónoma a la fase de ejecución de la sentencia, ya que no tiene la misma naturaleza que las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Juez, pues si bien constituye un ejercicio del apercibimiento realizado con anterioridad, éste se vincula directamente a la ejecución de lo sentenciado, por lo que considerar que la orden de escrituración en rebeldía o la de desalojo del inmueble adjudicado poseen autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Entonces, con base en lo expuesto se puede concluir que el acto reclamado, consistente en el auto de uno de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 551/2018, por el que se ordena de nueva cuenta la remisión de los autos a la Notaría Pública, para el tiraje de la escritura, que será firmada por el juez en rebeldía de la parte demandada, es una actuación emitida con posterioridad a la etapa de remate -la cual concluyó con la orden de escrituración del inmueble adjudicado-; sin embargo, como lo sostuvo la Primera Sala forma parte de la etapa ejecutiva del juicio natural, en virtud de que pretende logra el cumplimiento de lo sentenciado. No obstante, el acuerdo reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordenan el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. Sin que se soslaye que la orden de entrega del inmueble rematado, pudiera afectar el derecho de posesión de la impetrante; sin embargo, como lo sostuvo la Primera Sala en la ejecutoria transcrita, los derechos que se afectan con la orden de desposesión del inmueble adjudicado ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada; en consecuencia, no implica una violación a derechos sustantivos ajenos ésta, de ahí que se estime que el juicio de amparo promovido resulta improcedente. Además, el acuerdo reclamado tampoco se considera de imposible reparación en la etapa de ejecución de sentencia, pues con él no se desestiman excepciones sustanciales y perentorias, o defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia -en lo sustantivo-, pero principalmente, porque la entrega de la posesión del inmueble, se trata de un acto susceptible de ser materialmente reparado al analizarse el cumplimiento de la sentencia, de ahí que tampoco se actualiza la excepción relativa de procedencia del juicio de amparo. Así, por las consideraciones expuestas, se colige la improcedencia del juicio de amparo promovido contra el acuerdo reclamado, por haberse verificado en la etapa de ejecución de sentencia y, por ende, impugnable hasta la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva. En el entendido que la causa de improcedencia invocada se hace extensiva a la ejecución del acuerdo reclamado, en virtud de que no se le atribuyó algún vicio propio. En suma, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio en forma manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.
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