Monica Olvera Pérez
Expediente 1108/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1108/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2018
Partes del expediente
- Monica Olvera Pérez
Actuaciones
- Principal
Visto, la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de diez de septiembre del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la manifestación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos y tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Mónica Olvera Pérez, por propio derecho, contra actos del Secretario de Educación del Estado de Chiapas y otras autoridades. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1108/2018-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA Tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a este Juzgador, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de lectura integral que se hace a la demanda de cuenta, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir en la revocación del cambio de adscripción, que se le autorizó mediante oficio sin número diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el cual que considera violatorio de sus derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16, Constitucionales. Al respecto, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, y 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último aplicado a contrario sensu, como a continuación se verá. De una correcta interpretación de los numerales supracitados, conviene precisar que en estas hipótesis, el acto reclamado consiste en cualquier hecho voluntario, intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, que se traduzca en una abstención, una ejecución o una decisión que produzcan una afectación en situaciones jurídicas fácticas dadas, engendrando la contravención a aquéllas situaciones conocidas bajo la connotación jurídica de derechos humanos. La concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo al juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término "leyes o actos de autoridad". Aunado a lo anterior, debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Para definir el concepto de autoridad responsable, debe analizarse si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, para ello debe partirse del supuesto de que el promovente tiene el carácter de gobernado, por lo tanto debe analizarse, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. En esa tesitura, para determinar si un organismo autónomo puede figurar como autoridad responsable en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en el organismo se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a él, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del amparo, pues sus componentes no gozan de garantías individuales frente al organismo, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, el organismo se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos no son actos de autoridad y contra ellos no procede el amparo, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de derechos humanos. Así las cosas, de lectura integral que se hace al escrito de demanda, se advierte que desde el año dos mi trece, la impetrante de amparo comenzó a prestar sus servicios como Directora en el Jardín de Niños Mauro Carrasco, ubicado en la Tercera Norte entre séptima y Octava Poniente, de la Colonia Centro, de esta Ciudad, pero que debido a problemas internos que tuvo en dicho lugar, solicitó su cambio a otro plantel escolar. Es así, que mediante orden de presentación de diecisiete de agosto del año en curso, la Jefa del Departamento de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación del Estado, le hizo saber que debería prestar sus servicios como maestra frente a grupo en el Jardín de Niños Martha Luz Rincón Castillejos, ubicado en la Avenida Nogal Poniente número 201, de la Colonia Patria Nueva, de esta ciudad, del veinte de agosto al diecinueve de diciembre del año en curso, lugar en el que actualmente se encuentra comisionada; sin embargo, que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Jefa del Departamento de Control Escolar de la Secretaría de Educación del Estado, le comunicó que por instrucciones del Director de Educación Básica, tenía que regresar a laborar al Jardín de Niños Mauro Carrasco, ubicado en esta ciudad; lo que considera violatorio de sus derechos humanos, pues se le pretende reubicar en un plantel en que anteriormente tuvo problemas. De lo anteriormente expuesto, se infiere que el Director de Educación Básica, el Supervisor de Educación Preescolar de la Zona Escolar 01 y el Director del Jardín de Niños Mauro Carraco, de esta ciudad, no tienen el carácter de autoridades responsables para los efectos de este juicio de amparo, pues la relación que subyace entra aquellas con la hoy quejosa, no está en un plano de supra-subordinación, sino de coordinación, al derivar de un vínculo obrero-patronal. Se dice lo anterior, pues de los artículos 1°, 2° y 7°, fracción IV, inciso a), 33, fracciones I y II, 44, fracciones XIII y XV, y 50 fracciones X y XIII, todos del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas; 1° y 25, fracción IV, VI y XIII, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, se advierte que la Dirección de Educación Básica, es un órgano administrativo de la Secretaría de Educación, cuyo titular tiene entre otras atribuciones, la de acordar con el Secretario, las altas, bajas y cambios de situación laboral del personal docente y administrativo adscrito en los diferentes planteles y centros escolares. Por su parte, los trabajadores de la Secretaría de Educación, tienen entre otras obligaciones, las de desempeñar el empleo o cargo en el lugar a que sean adscritos; obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y, trasladarse al lugar al que sean removidos. Atento a ello, se estima que el acto que reclama la quejosa a aquellas que señala como responsables orbita en cuestiones de índole laboral, pues aquellas se encuentra actuando en su carácter de patrón en el ámbito las relaciones de trabajo que existe entre Secretaría de Educación con su personal. Ilustra lo anterior, la tesis que a la letra cita: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal. De igual manera, la tesis que dice: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral." Por otro lado, no se soslaya que la quejosa también señaló como autoridad responsable al Secretario General de la Sección 40, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin embargo, aun y cuando no se observa cuál es el acto que en concreto le reclama a esa sindicato, debe decirse que por las razones antes anotadas, éste tampoco tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que la relación que guarda la quejosa con ese gremio, es de coordinación, derivada del artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la libertad de coalición y la de sindicalización. La libertad a que se refiere la disposición constitucional, se desarrolla positivamente en la Ley Federal del Trabajo, pues en sus artículos 356 al 359, determina que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, mismo que puede constituirse sin necesidad de autorización previa, sin que se pueda obligar a formar parte o no formar parte de él; en tanto que dicha organización tiene "derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción". De esta manera, de acuerdo con el marco constitucional y legal, se deduce que la organización de los trabajadores a través de la constitución de un sindicato, permite a sus integrantes el mejoramiento y defensa de sus intereses, para lo cual tendrán el derecho de redactar los estatutos que normen su vida interna. Expuesto lo anterior, válidamente se puede concluir que las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, no encuadran en la hipótesis a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que sus actuaciones no están determinadas por una norma general, sino que tienen sustento en los estatutos que rigen su vida interna y proviene de la voluntad de sus integrantes; por tanto, no puede considerarse que sus actos sean considerados como de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la tesis del siguiente rubro y texto: DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente. Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, POR NOTORIA y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por Mónica Olvera Pérez, contra actos del Secretario de Educación en el Estado, residente en esta ciudad y otras autoridades. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. Y como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la ley de Amparo, a Alfonso Espino Liévano y José Leonel Morales Velázquez; y únicamente a lo establecido por el artículo 12, de la ley de la materia, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, a Yovana Vanessa Ortiz Vázquez y Mercedes Muñoz Rodríguez, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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