Mónica Morales Rodríguez

Expediente 44/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
44/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Mónica Morales Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no recurrió la sentencia emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se le negó el amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA ALCANZÓ EL RANGO DE EJECUTORIA (COSA JUZGADA). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se negó el amparo a la quejosa en la sentencia con la que terminó la audiencia constitucional. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez transcurra el lapso de conservación de este juicio de amparo, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales exhibidos por la quejosa, como pruebas, motivo por el cual ningún documento obliga a considerar las hipótesis de devolución. Anexos. Se ordena devolver al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa (autoridad responsable ordenadora), el único cuaderno auxiliar formado con copias del expediente de control judicial xxx. Por consiguiente, se ordena devolver ese cuaderno auxiliar al mencionado juez responsable, sin que deba acusar recibo, es decir, no se le requiere acuse porque sólo se le devuelven copias. Entonces, no se solicita acuse de recibo al mencionado juez responsable. Incidente de suspensión. Por otra parte, conforme al artículo 21, incisos c) y d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de destrucción, porque si bien fue otorgada la suspensión provisional en una ocasión, también es verdad que fue negada en ocasiones posteriores y luego se negó la suspensión definitiva, en todas las interlocutorias que comprendieron los distintos actos reclamados. De ahí que se opte por la hipótesis de destrucción, pues constituye la ruta idónea a los fines del resguardo documental, acorde a las interpretaciones realizadas por diversas áreas del Consejo de la Judicatura Federal, en respuestas a consultas formuladas por diferentes órganos jurisdiccionales. Por consiguiente, glósense las constancias del cuaderno original de dicho incidente de suspensión a este expediente, las cuales serán destruidas cuando hayan transcurrido treinta días, después de fenecido el plazo de conservación, esto es, pasados tres años del dictado de este acuerdo, al destruir el expediente principal. Por otro lado, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a cuando termine el plazo de conservación de seis meses, al que hace referencia el invocado artículo. Se deja establecido que no fueron recibidas garantías, documentos originales ni expedientes originales en el incidente de suspensión. Por último, como en este proveído se acordó lo relativo al destino de los cuadernos incidentales, se ordena agregar una impresión con firmas criptográficas de este proveído, a dichos cuadernos, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR TANTO EN ESTA FECHA SE TIENE POR NOTIFICADA POR LISTA, DEL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS:Puebla, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Sentencia con la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 44/2022-IV, promovido por la quejosa ****, por derecho propio, contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -primera autoridad ordenadora señalada en la demanda, que se amplió en dos ocasiones-, y otras autoridades responsables. RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de tutela. El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, fue presentada una demanda de amparo indirecto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. La referida demanda fue signada por la quejosa nombrada (que será mencionada en adelante como la quejosa), en la cual pidió el amparo contra actos que a su decir transgredían los derechos tutelados por los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857 (en lo subsecuente la constitución federal).SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda fue radicada y admitida en el expediente constitucional ****, mediante acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien requirió informe justificado a las autoridades responsables, ordenó la notificación del juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, entre otras determinaciones. Presentó la quejosa una primera ampliación, el treinta de enero de dos mil veinte, la cual fue admitida en proveído de cuatro de febrero de ese año. Luego amplió su demanda por segunda ocasión, en un escrito que presentó el tres de agosto de dos mil veinte, y el cual fue admitido en proveído de once de agosto de dos mil veinte. En audiencia constitucional iniciada el cinco de octubre de dos mil veintiuno, el titular de marras declaró su incompetencia legal para resolver el mencionado expediente, porque visualizó que los actos reclamados eran de la materia penal, y ordenó remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. La citada oficina turnó el referido juicio de amparo a este órgano jurisdiccional. TERCERO. Radicación y trámite del juicio. Mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, el secretario en funciones de Juez de Distrito a cargo de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, radicó el número de expediente 44/2022-IV, pero rechazó la competencia declinada y ordenó devolver el juicio de amparo al órgano jurisdiccional de origen. El Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, insistió en declinar la competencia legal por materia, razón por la cual promovió conflicto competencial a fin de que un tribunal colegiado resolviera en definitiva. Se turnó el conflicto competencial al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, y los magistrados que lo integran resolvieron en ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, que la competencia legal corresponde a este órgano jurisdiccional. Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, esta juzgadora de tutela asumió la competencia legal para resolver el juicio, conforme a la decisión del mencionado tribunal, pero se indicó que resultaba improcedente requerir informe justificado a las autoridades responsables, porque ya habían sido iniciada la audiencia constitucional, y en el mismo proveído se instruyó al secretario respectivo que procediera a la elaboración del proyecto, entre otras determinaciones. Después de haber examinado las actuaciones, esta juzgadora emite su decisión judicial en la presente resolución. CONSIDERANDO:PRIMERO. Competencia. La jueza que suscribe, titular de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla tiene competencia legal para resolver el presente juicio de protección, en términos de la constitución, la ley3 y la normatividad administrativa aplicable,4 porque los actos combatidos por la quejosa fueron ejecutados en el territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio. La demanda de amparo presentada por la quejosa, tuvo dos ampliaciones que fueron admitidas en el trámite del juicio - mediante proveídos de cuatro de febrero y once de agosto, de dos mil veinte-, razón por la cual se estima conveniente transcribir los actos de cada una, para luego establecer los actos que esta juzgadora de tutela identifica conforme a la lectura integral. En la demanda de amparo, introdujo la quejosa el reclamo siguiente: ".DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, la falta de emplazamiento, citación o notificación, dentro del procedimiento o juicio que dio origen al bloqueo y/o aseguramiento y/o cancelación y/o suspensión y/o revocación de la totalidad de la cuenta bancaria ***** de ***** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. La orden verbal o escrita para bloquear y/o asegurar y/o cancelar y/o suspender y/o revocar la totalidad de la cuenta bancaria **** de *****, de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, a través de su encargado de despacho, la falta de emplazamiento, citación o notificación, dentro del procedimiento o juicio que dio origen al bloqueo y/o aseguramiento y/o cancelación y/o suspensión y/o revocación de la totalidad de la cuenta bancaria **** de ***** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. La orden verbal o escrita para bloquear y/o asegurar y/o cancelar y/o suspender y/o revocar la totalidad de la cuenta bancaria **** de *****, de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Procesos legales A y B, la falta de emplazamiento, citación o notificación, dentro del procedimiento o juicio que dio origen al bloqueo y/o aseguramiento y/o cancelación y/o suspensión y/o revocación de la totalidad de la cuenta bancaria **** de ***** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. La orden verbal o escrita para bloquear y/o asegurar y/o cancelar y/o suspender y/o revocar la totalidad de la cuenta bancaria **** de *****, de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la falta de emplazamiento, citación o notificación, dentro del procedimiento o juicio que dio origen al bloqueo y/o aseguramiento y/o cancelación y/o suspensión y/o revocación de la totalidad de la cuenta bancaria ***** de ***** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. La orden verbal o escrita para bloquear y/o asegurar y/o cancelar y/o suspender y/o revocar la totalidad de la cuenta bancaria **** de ******, de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de su delegado en la ciudad de Puebla, la falta de emplazamiento, citación o notificación, dentro del procedimiento o juicio que dio origen al bloqueo y/o aseguramiento y/o cancelación y/o suspensión y/o revocación de la totalidad de la cuenta bancaria ***** de **** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. La orden verbal o escrita para bloquear y/o asegurar y/o cancelar y/o suspender y/o revocar la totalidad de la cuenta bancaria **** de *****, de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. DE *****, a través de su representante legal, la ejecución de la orden verbal o escrita para bloquear y/o asegurar y/o cancelar y/o suspender y/o revocar la totalidad de la cuenta bancaria **** de *****, de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. La falta de emplazamiento o notificación, dentro del procedimiento o juicio que dio origen al bloqueo y/o cancelación y/o aseguramiento y/o y/o (sic) suspensión y/o revocación de la totalidad de la cuenta bancaria **** de ***** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria. El GERENTE DE LA SUCURSAL ******, la ejecución de la orden verbal o escrita para bloquear y/o asegurar y/o cancelar y/o suspender y/o revocar la totalidad de la cuenta bancaria **** de ****, de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, aperturada en la citada institución bancaria.". En la primera ampliación de demanda, que se admitió en proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, la quejosa reclamó lo siguiente: ".Del DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D" DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. El acuerdo, requerimiento y la orden contenidos en el oficio número *****, del expediente número *****, expediente que a la fecha desconozco y en el cual nunca fui llamada para defender mis derechos. Por su falta de notificación, su indebida fundamentación y motivación. Por medio del cual ordenó a ***** el aseguramiento de la cuenta bancaria **** de ***** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta. Del DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D" DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. El acuerdo, requerimiento y la orden contenidos en el oficio número ****, del expediente número *****, expediente que a la fecha desconozco y en el cual nunca fui llamada para defender mis derechos. Por su falta de notificación, su indebida fundamentación y motivación. Por medio del cual ordenó a ***** el aseguramiento de la cuenta bancaria ***** de **** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta. Del DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D" DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. El acuerdo y la orden contenidos en el oficio número ****, del expediente número ****, expediente que a la fecha desconozco y en el cual nunca fui llamada para defender mis derechos. Por su falta de notificación, su indebida fundamentación y motivación. Por medio del cual ordenó a ***** el aseguramiento de la cuenta bancaria ****, y de las cuentas (productos financieros contratados dentro de la cuenta ****** ***** de la cual es titular la quejosa), números **** y ***** de ****** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta. De la SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE MONEDA. El acuerdo, requerimiento y la orden contenidos en el oficio número ****, FOLIO ****** *******. Por su falta de notificación, su indebida fundamentación y motivación. Por medio del cual ordenó a LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES a través del vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos el aseguramiento de la cuenta bancaria ***** de ***** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta. De la SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE MONEDA. El acuerdo, requerimiento, la orden contenida en el oficio número ****** y todos sus efectos, FOLIO **** *****. Por su falta de notificación, su indebida fundamentación y motivación. Por medio del cual ordenó el aseguramiento de la cuenta bancaria ******, y de las cuentas (productos financieros contratados dentro de la cuenta ***** de la cual es titular la quejosa), números ***** y ***** de ***** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta. De la SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE MONEDA. El oficio ******, la solicitud contenida en el mismo y todos sus efectos, dictados dentro de un procedimiento que desconozco y del cual no soy parte, por su falta de fundamentación y motivación. Por medio del cual solicitó al JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL, dentro del Expediente de actos con control judicial *****, el aseguramiento de las cuentas bancarias ******, ***** y ***** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta *****), de ****** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta. Del JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL. El acuerdo de fecha doce de Septiembre de dos mil diecinueve y todos sus efectos, dictado dentro del Expediente de actos con control judicial ***** por su falta de fundamentación y motivación. Por medio del cual la citada autoridad ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias *****, ***** y ***** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta *****), de ****** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta. Del TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Procesos Legales A. El acuerdo, requerimiento y la orden contenidos en el oficio número *****, Folio **** *****. Por su falta de notificación, su indebida fundamentación y motivación. Por medio del cual ordenó a LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES a través del vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos el aseguramiento de la cuenta bancaria ***** de ***** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta.". Mientras la segunda ampliación que fue admitida en proveído de once de agosto de dos mil veinte, contiene un reclamo que la quejosa planteó de la forma siguiente: ".DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D" DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. El Cumplimiento, retrasmisión, acuerdo, requerimiento y la orden contenidos en el oficio número *****, Por su falta de notificación, su indebida fundamentación y motivación. Por medio del cual ordenó a ***** el aseguramiento de la cuenta bancaria *****, y de las cuentas (productos financieros contratados dentro de la cuenta ***** de la cual es titular la quejosa), números **** y **** de ***** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta. De la SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE MONEDA. El acuerdo, requerimiento y la orden contenidos en el oficio número ****. Por su falta de notificación, su indebida fundamentación y motivación. Por medio del cual ordenó a **** el aseguramiento de la cuenta bancaria ****, y de las cuentas (productos financieros contratados dentro de la cuenta **** de la cual es titular la quejosa), números **** y **** de ***** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta. Del TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Procesos Legales "A". El acuerdo, requerimiento y la orden contenidos en el oficio número *****. Por su falta de notificación, su indebida fundamentación y motivación. Por medio del cual ordenó a ***** el aseguramiento de la cuenta bancaria *****, y de las cuentas (productos financieros contratados dentro de la cuenta **** de la cual es titular la quejosa), números **** y **** de **** de la cual soy titular, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta. ****, a través de su representante legal, reclamo el cumplimiento que le dio al oficio número ***** y sus efectos.". Sin embargo, la lectura integral que se hizo a la demanda de amparo y a los dos escritos de ampliación que fueron admitidos,5 frente a las demás constancias de este juicio, permite determinar que los actos combatidos en realidad están circunscritos a los siguientes: a). La autorización de la técnica de investigación consistente en el aseguramiento de cuentas bancarias, que obra en la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de control judicial número ****, que ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias ****, ***** y **** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta *****), registradas a nombre de la quejosa en la institución bancaria denominada *****; y b). La ejecución de la orden de aseguramiento en las cuentas bancarias ****, ***** y *****, mediante distintos oficios librados por las autoridades que se encargaron de materializar la citada técnica de investigación. Tales actos son los que juzgadora de tutela identifica conforme a la lectura integral de la demanda y las dos ampliaciones que fueron admitidas, porque los distintos argumentos donde la quejosa planteó la falta de emplazamiento, citación o notificación (sic), entre otros, corresponden a lo sucedido durante la ejecución de la orden de aseguramiento. Sobre todo porque el aseguramiento de las cuentas bancarias ****, ***** y ***** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta *****), se realizó a partir de la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de control judicial número ****. Ello se desprende de las manifestaciones que expuso la quejosa en su demanda, bajo protesta de decir verdad, y de los distintos argumentos que obran en las dos ampliaciones que fueron admitidas, porque en conjunto revelan que antes de la mencionada resolución, aquélla tenía acceso a las cantidades de dinero que había en las mencionadas cuentas bancarias, es decir, no estaban aseguradas. Lo cual también se corroboró en las actuaciones del juicio de amparo. De ahí que el reclamo de la demanda y las dos ampliaciones que fueron admitidas, haya quedado circunscrito a los actos precisados en los incisos a) y b) de líneas anteriores Incluso porque las actuaciones del juicio de amparo revelan un antecedente constitucional: el expediente ****, del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, que promovió la quejosa contra la negativa de levantar el aseguramiento a la cuenta bancaria ******, negativa que sostuvo el agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la carpeta de investigación, en la cual fue solicitada la técnica de aseguramiento de cuentas bancarias. Ese antecedente constitucional, fue informado por el agente encargado de la carpeta, en el telegrama recibido en acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno, y su historial (del referido juicio) puede consultarse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Además, la sentencia y ejecutoria que obran en el expediente electrónico ****, del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, constituyen hechos notorios en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. La relevancia del citado juicio, para la precisión de los actos combatidos, radica en que se negó el amparo a la quejosa contra la decisión de mantener el aseguramiento a la cuenta bancaria ****; y la sentencia que negó la protección constitucional fue respaldada en la ejecutoria de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca de revisión ****, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Al hilo de lo indicado, es válido afirmar que la precisión de los actos no podría incluir la falta de citación o de notificación a la quejosa, en la carpeta de investigación donde fue solicitada la técnica de aseguramiento de cuentas bancarias, pues el mencionado antecedente constitucional revela que ésta ya tuvo acceso a la carpeta, solicitó que fuera levantado el aseguramiento y recibió una negativa a su petición, la cual impugnó en la vía de amparo indirecto que concluyó con una ejecutoria en la cual se respaldó la decisión de mantener el aseguramiento de la mencionada cuenta, y que tiene el rango de cosa juzgada (la ejecutoria de mérito). Lo anterior se indica para mayor comprensión de la perspectiva que condujo a esta juzgadora de tutela, a precisar los actos reclamados en los términos que obran en los incisos a) y b) de líneas anteriores. TERCERO. Inexistencia. Las autoridades responsables que se puntualizan a continuación, al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados: Comisión Nacional Bancaria y de Valores -informe justificado que se recibió en acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinte-; Secretario de Hacienda y Crédito Público -informe recibido en proveído de veintinueve de enero de dos mil veinte-; Directora General de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público - informes justificados que se recibieron en acuerdos de nueve de enero y diez de marzo, ambos de dos mil veinte-; Fiscal General de la República -informe justificado recibido en proveído de veintiuno de enero de dos mil veinte-; Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla -informe justificado que se recibió en acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve-; y Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República -informe justificado recibido en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno-. De modo que se tiene una negativa de los actos reclamados, expresada por las citadas autoridades responsables. Además, las pruebas documentales que ofreció la quejosa con su demanda, sólo se refieren a la apertura y existencia de las cuentas bancarias *****, **** y **** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta ****), registradas a su nombre en la institución bancaria denominada *****. Mientras las pruebas documentales que ofreció en los escritos de ampliación que fueron admitidos, únicamente comprenden las impresiones ofrecidas por el apoderado de la citada institución bancaria, y por el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -las últimas recibidas en proveído de tres de marzo de dos mil veinte-. Empero, las impresiones exhibidas por el apoderado y director de marras, carecen de elementos para visualizar que las autoridades transcritas -las que expresaron una negativa-, hayan intervenido en la ejecución de la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de control judicial número ****, que ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias ****, **** y ***** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta ****). Por consiguiente, se determina que las pruebas ofrecidas por la quejosa, resultan ineficaces para desvirtuar la negativa que expresaron las citadas autoridades responsables. Máxime que sólo fue un juez de control y otras autoridades ejecutoras, las que emitieron y materializaron los actos precisados en el segundo punto considerativo, como se verá más adelante. Bajo este contexto, debe mantenerse la negativa expresada por las citadas responsables, y declarar la inexistencia de los actos combatidos a las autoridades siguientes: Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Secretario de Hacienda y Crédito Público; Directora General de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Fiscal General de la República; Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla; y Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República. En tales condiciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia de los actos reclamados por la quejosa, a las mencionadas responsables. CUARTO. Existencia. Son ciertos los actos precisados en los incisos a) y b) del segundo punto considerativo, porque los reconocieron las autoridades responsables siguientes: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa -informe justificado de autoridad ordenadora, que se recibió en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte-; Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -en los informes justificados que rindió como autoridad ejecutora, recibidos en proveídos de tres de marzo de dos mil veinte, y dieciséis de febrero de dos mil veintiuno-; y Apoderado legal de ****** -en el informe de autoridad ejecutora que se recibió en acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte-. También debe indicarse que es cierta la ejecución en lo que toca al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República -telegrama recibido en acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno-. Lo anterior obedece a que el citado agente es el encargado de la carpeta en la cual fue solicitada la autorización de la técnica de investigación; y fue requerido ante la imposibilidad de emplazar a la subprocuraduría indicada en los escritos de ampliación, sobre todo porque instruye (ese agente) la carpeta de investigación en la que fue solicitado el aseguramiento de cuentas. Además, la materialidad de los actos reclamados por la quejosa, los cuales fueron precisados en los incisos a) y b) del segundo punto considerativo, fue corroborada en las copias aportadas por el juez y algunas de las ejecutoras citadas (las del juez integradas al cuaderno auxiliar único). Por último, se realiza la valoración a esas copias de actuaciones y de oficios:6 adquieren pleno valor probatorio en esta instancia como documento público, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque tienen certificaciones firmadas por servidores públicos con facultades para autenticar documentos, e incluso proceden de registros oficiales. QUINTO. Procedencia. Es viable la acción de derechos fundamentales,7 porque la quejosa no puede interponer algún recurso ordinario para atacar la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de control judicial número ****, que ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias ****, **** y **** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta *****). Por ello se descarta el principio de definitividad. Además, fue cumplida la regla procesal de oportunidad, porque aquélla manifestó en su demanda haber tenido conocimiento de la restricción a su cuenta *****, el trece de diciembre de dos mil diecinueve, y las autoridades responsables no ofrecieron pruebas que demostraran una fecha de conocimiento anterior. Luego, es válido afirmar que la quejosa presentó su demanda de amparo en el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque lo hizo el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. En tanto la oportunidad de los escritos de ampliación que fueron admitidos, se verificó en cada uno de los acuerdos emitidos al respecto. Además, resulta infundada la causal de improcedencia que alegó el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -en el informe justificado recibido en proveído de tres de marzo de dos mil veinte-. El director de marras aseveró que no tiene el carácter de autoridad responsable, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, porque únicamente retransmitió la decisión judicial de aseguramiento de cuentas, a determinadas autoridades financieras. Pero esa retransmisión la hizo dentro de su esfera de competencia legal, es decir, conforme a las facultades legales previstas en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le confieren atribuciones para actuar con imperio como autoridad ejecutora, en la inmovilización de cuentas bancarias ordenada por resolución judicial. Por ello se rechaza la causal de improcedencia alegada por el director de marras. También resulta infundada la otra causal de improcedencia que alegó el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -en el informe justificado recibido en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno-. El director de marras aseveró que el juicio de protección resulta improcedente porque la quejosa no formuló conceptos de violación, contra los oficios por los cuales fue retransmitida la orden judicial de aseguramiento de cuentas bancarias. Sin embargo, la retransmisión forma parte de los actos de ejecución precisados en el inciso b) del segundo punto considerativo, es decir, constituye un acto reclamado en vía de consecuencia y por tal motivo, no existe obligación de expresar conceptos de violación que la cuestionen de forma directa. Por consiguiente, se rechaza esa otra causal de improcedencia alegada por el director de marras. Asimismo, se declara infundada la causal de improcedencia propuesta por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República -en el telegrama recibido en acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno-. El agente en mención alegó la improcedencia del juicio de amparo, porque la quejosa omitió señalar como responsable al juez de control que autorizó la técnica relativa al aseguramiento de cuentas bancarias, y porque tampoco lo incluyó (al agente) como responsable de la ejecución. Pero las actuaciones del juicio de amparo revelan un señalamiento contra el juez de control, en el primer escrito de ampliación que fue admitido; y la intervención del citado agente resultó de la imposibilidad de emplazar a la subprocuraduría indicada en el referido escrito, sobre todo porque este (el agente) instruye la carpeta de investigación en la que fue solicitado el aseguramiento de cuentas. De modo que es notoria la intervención del citado agente del Ministerio Público, en la ejecución que forma parte de los actos precisados en el inciso b) del segundo punto considerativo. Por tanto, se rechaza la causal de improcedencia alegada por el mencionado agente. Bajo este contexto, se declara procedente la acción de derechos fundamentales, en lo que toca a las autoridades indicadas en el cuarto punto considerativo, pues no existen causales que impidan el estudio de los actos combatidos, razón por la cual habrá de analizarse la constitucionalidad planteada en la demanda y sus ampliaciones. SEXTO. Solución de la litis constitucional. Ante todo, se deja establecido que el análisis de los conceptos de violación habrá de realizarse en líneas posteriores, sin necesidad de transcribirlos, porque no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable al respecto la tesis jurisprudencial número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". También conviene anunciar que el estudio de los actos precisados en los incisos a) y b), del segundo punto considerativo, se realizará conforme al principio de estricto derecho porque no opera la suplencia de la queja, en términos de la fracción III, del artículo 79 de la Ley de Amparo, pese a que aquéllos deriven de un procedimiento de naturaleza penal, pues la quejosa no tiene el carácter de imputada. Más aún, el estudio de los actos combatidos habrá de realizarse en una línea que asegure la congruencia externa de la presente sentencia, porque esta juzgadora de tutela ya examinó la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de control judicial número ****, que ordenó el aseguramiento de diferentes cuentas bancarias -entre las cuales obran las que defiende la quejosa: *****, **** y **** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta *****)-. Esa resolución fue examinada en los juicios de amparo ***** y ****, de este órgano, los cuales terminaron con una sentencia en la cual se negó la protección constitucional a personas distintas de la aquí quejosa. Además, las sentencias en las que se negó la protección constitucional, respecto de la misma resolución que la quejosa combate en el presente juicio, fueron confirmadas en la instancia de revisión, motivo por el cual ya existe cosa juzgada sobre ese acto jurídico. De ahí que deba asegurarse la congruencia externa de la presente sentencia, pues al existir dos decisiones previas de esta juzgadora para la misma resolución de aseguramiento de cuentas bancarias, lo procedente es mantener la perspectiva constitucional adoptada en los mencionados juicios de amparo, a fin de evitar argumentos que pudieran implicar un análisis opuesto del que ya se realizó. Ahora, para justificar la conclusión a la que se arribará respecto de los actos combatidos, se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio, en diversas tesis jurisprudenciales, en el sentido de que el aseguramiento es una medida provisional o precautoria, que no constituye un fin en sí mismo, porque sólo tiene como finalidad proteger los bienes objeto de esa medida, para garantizar la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, las eventuales penas consistentes en la reparación del daño o el decomiso. Por lo que el aseguramiento como medida provisional, puede ser decretado por el Ministerio Público o la autoridad judicial. Asimismo, nuestro alto tribunal determinó que el efecto de dicha medida no es el de privar definitivamente del bien al poseedor o propietario, ya que sólo pone los bienes a disposición de las autoridades investigadoras o judiciales, consistiendo así en una afectación sobre el bien asegurado que únicamente restringe la disponibilidad provisional del mismo, en tanto se resuelve en definitiva; y aun cuando en muchas ocasiones, el aseguramiento de bienes tiene como finalidad garantizar el posible y futuro decomiso, lo cierto es que no todo aseguramiento tiene ese fin, pues en otros casos no se realiza con miras a imponer dicha pena, sino únicamente para garantizar la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad. Así que para el aseguramiento de bienes, no se exige que el poseedor o propietario del bien sea responsable de algún delito o se encuentre sujeto a proceso, pues el requisito para dicha medida incide únicamente sobre los bienes que serán objeto del aseguramiento, es decir, deben ser instrumentos, objetos o productos del delito, o contener huellas o una posible relación con el delito. Requisito que atiende, precisamente, a que la medida no afecta de manera definitiva los bienes y que por ende podrán ser restituidos a su poseedor o propietario, si éste no fue encontrado penalmente responsable del delito o, en caso de ser tercero, si nunca incurrió en algún delito. Por consiguiente, el aseguramiento decretado por la representación social constituye un acto de molestia y no privativo, surgido como necesidad de preservar el objeto de un posible delito, así como de prevenir la perpetración de otros; por lo que no requiere de un mandamiento privativo de derechos que resulte definitivo y que en todo caso hiciera de observancia obligatoria el derecho fundamental de audiencia previa, en términos del artículo 14 de la constitución federal, pues los actos de molestia son de efectos provisionales, no definitivos. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el aseguramiento de bienes en la averiguación previa, al constituir una medida provisional cuyo fin inmediato es el de ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras o judiciales para garantizar, por un lado, la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado y, por otro, la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte, no puede decirse que implique una privación definitiva de derechos, ya que, como se dijo, sus efectos son provisionales y la afectación que con dicha medida se pudiera producir, se traduce en un acto de molestia que no exige la observancia de los requisitos que para los actos de privación de derechos, establece el precitado artículo 14 de la constitución federal. Bajo este contexto, es válido afirmar que el efecto de dicha medida no es el de privar definitivamente del bien al poseedor o propietario, sino que pone los bienes a disposición de las autoridades investigadoras o judiciales, consistiendo así en una afectación sobre el bien asegurado que sólo restringe la disponibilidad provisional del mismo, en tanto se resuelve en definitiva. Es pertinente reiterar que si bien en muchas ocasiones el aseguramiento de bienes tiene como finalidad garantizar el posible y futuro decomiso, lo cierto es que no todo aseguramiento tiene ese fin, pues en algunos casos no se realiza con miras a imponer dicha pena, sino únicamente para garantizar la demostración del cuerpo del delito o la probable responsabilidad, por contener los bienes huellas del ilícito. Más aún, para el aseguramiento de bienes, no se exige que el poseedor o propietario del bien sea responsable de algún delito o se encuentre sujeto a proceso, pues el requisito para dicha medida incide únicamente sobre los bienes que serán objeto del aseguramiento, es decir, deben ser instrumentos, objetos o productos del delito o, contener huellas o una posible relación con el delito. Aplicando las consideraciones anteriores al presente caso, por identidad de razón, se afirma que la técnica de investigación reclamada no vulnera los derechos fundamentales de la quejosa, como se explica a continuación. La figura del aseguramiento de activos financieros se encuentra prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales (en lo subsecuente código nacional), ya sea como una medida cautelar (artículo 155, fracción IV8 ) o como una providencia precautoria (artículo 138, fracción II9 ), y en ambos casos expresamente se requiere la autorización de un juez para llevarlo a cabo. De igual modo, tratándose de un aseguramiento de activos financieros, como una técnica de investigación, porque en ese caso sólo participa el Ministerio Público, a diferencia de los anteriores, que se realizan ante autoridad judicial y no hay aún siquiera indicios sobre la probable responsabilidad que sean sometidos a un juez para la vinculación a proceso. En efecto, para el caso de las providencias precautorias se requiere que las mismas sean dictadas por un juez de control, para que sea éste quien analice si de los datos de prueba se desprende la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado sea el responsable de repararlo (artículo 138 del código nacional), y tratándose de las medidas cautelares, son dictadas por el juez en audiencia y con presencia de las partes, a fin de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, defendido o testigo o evitar la obstaculización del procedimiento (artículo 15710 del código nacional). Mientras que en el caso del aseguramiento de activos financieros, como técnica de investigación, que es el reclamado en el presente asunto, se trata, entre otras cuestiones que (i) se están reuniendo los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos, (ii) no se requiere que exista una posibilidad de que el imputado sea el responsable del delito en cuestión e, (iii) incluso puede consistir en el aseguramiento de activos financieros respecto de cuentas de terceros. Así, con independencia de la finalidad de la medida, la etapa procesal en que se ubique o las características o particularidades que posea, lo verdaderamente relevante es que puede tener el efecto de afectar derechos fundamentales. En el caso que se analiza, una resolución judicial como técnica de investigación, para impedir que se oculten o pierdan los instrumentos, objetos o productos relacionados con el delito y que sean necesarios o tengan relevancia para el proceso, generalmente se busca preservar las huellas o vestigios del delito, garantizar la comprobación del hecho delictuoso y la probable responsabilidad del imputado. Por ello, la actividad a cargo del Ministerio Público (en esa etapa previa donde solicita la técnica de investigación control judicial), entraña una labor de verdadera investigación, de búsqueda y acopio de datos de prueba para acreditar los extremos antes marcados. En consecuencia, dicha autoridad debe apropiarse de las pruebas suficientes y pertinentes para comprobar la existencia del o los delitos y así poder estar en aptitud de comparecer ante los tribunales judiciales competentes y pedir la aplicación de la ley al caso en concreto, mediante el ejercicio de la acción penal. De ello se concluye que el aseguramiento de bienes, no es un acto privativo sino de molestia, que la constitución federal distingue y tutela con base en distintos derechos. Así, por actos privativos se entienden aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, por lo que la constitución únicamente los autoriza a través del cumplimiento de los derechos fundamentales previstos en el artículo 14 de la constitución federal. Por su parte, los actos de molestia son actos jurídicos que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, por lo que la constitución federal los autoriza, según lo dispuesto en el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en el que ésta funde y motive la causa legal del procedimiento y es conforme a esta directriz (acto de molestia) que debe examinarse una resolución de aseguramiento como la aquí combatida. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". Como se dijo en líneas anteriores, el primer acto reclamado en este juicio, es la resolución del juez de control que autorizó la técnica de investigación de aseguramiento de cuentas, entre las cuales se encuentran las que defiende la quejosa. Pero el derecho fundamental de audiencia previa consagrado en el segundo párrafo del artículo 14 de la constitución federal, únicamente rige para los actos privativos (de ahí lo infundada de la alegación relativa a la falta de notificación del acto reclamado), entendiéndose por éstos, aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, esto es, aquellos que constituyen un fin en sí mismos, con existencia independiente y cuyos efectos son definitivos y no, como en el caso concreto, provisionales o accesorios. Ello es así, porque si bien es cierto que la medida decretada produce la indisponibilidad del bien mientras se resuelve en definitiva, también lo es que la afectación que se realiza a través del aseguramiento no implica una privación definitiva a los derechos que en su caso tiene la quejosa, respecto de las cuentas bancarias aseguradas *****, ***** y ***** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta *****). Sobre todo porque el aseguramiento de cuentas bancarias, por su naturaleza, constituye una medida provisional o cautelar respecto de la cual no rige el derecho fundamental de audiencia. que la garantía de audiencia previa consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, esto es, aquellos que constituyen un fin en sí mismos, con existencia independiente y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. En congruencia con tal criterio, debe decirse que el hecho de que el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, al prever el aseguramiento practicado por el Ministerio Público de los instrumentos del delito, de las cosas que sean objeto o producto de él y de aquellos en que existan huellas del mismo, sólo contemple la obligación de dar al afectado la posibilidad de ser oído en su defensa con posterioridad a dicho aseguramiento, no transgrede la garantía constitucional de referencia. Ello es así, porque si bien es cierto que el citado aseguramiento produce la indisponibilidad del bien asegurado mientras se resuelve en definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal, también lo es que la afectación que se realiza a través de tal aseguramiento no implica una privación definitiva de la propiedad, de la posesión o de la disponibilidad de los bienes asegurados, ya que su efecto consiste en ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales para garantizar, por un lado, la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado y, por otro, la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte; de ahí que, por su naturaleza, se trate de una medida provisional o cautelar respecto de la cual no rige la garantía de audiencia." En otro contexto, resulta infundado lo argumentado por la quejosa en el sentido de que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado. La calificación dada a ese argumento se explica de la forma siguiente: En principio, la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en ese entonces adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en funciones de Juez de Control, precisó que la emisión de la determinación fue con vista en la solicitud del Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República; lo cual, se estima adecuado conforme a los preceptos que rigen el sistema penal acusatorio Lo anterior es así, ya que por lo que ve a los indicados requisitos formales, y para efecto de motivar su determinación, el juez responsable esgrimió las razones o causas por las cuales autorizó la indicada técnica de investigación, consistente en el aseguramiento de las cuentas bancarias, entre las cuales se encuentran las que defiende la quejosa. Así que la fundamentación y motivación establecida en la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, es apta para justificar el aseguramiento de las cuentas bancarias ******, ***** y ***** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta ******), de ******, registradas a nombre de la quejosa. Lo anterior, porque de la carátula de activación del producto contratado por la quejosa, con la institución bancaria responsable, relativa a las cuentas bancarias *****, ***** y **** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta *****), aparece que se designó como beneficiario a ***** -según se indica-, quien no se encuentra comprendido dentro de la investigación de origen. Pero está registrada la persona de nombre ******, para disponer de los recursos depositados en esas cuentas bancarias, y esta sí aparece comprendida en los sujetos investigados, conforme a los datos de prueba ofrecidos. Así que el juez responsable citó el artículo 252, fracción VI, del código nacional, y el precepto 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, por encontrarse la solicitud de aseguramiento de cuentas bancarias regulada por la ley para otorgar este tipo de actos. Luego estableció los requisitos necesarios para decretar el aseguramiento precautorio, y explicó las razones por las cuales era procedente otorgar la medida de aseguramiento prevista en los numerales antes citados. De los razonamientos plasmados en la resolución combatida, se advierte que se está llevando a cabo una investigación a la persona de nombre Jorge Morales Cortes, respecto de quien existe la posibilidad que haya participado en el hecho que la ley señala como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita -desvío de recursos públicos-, al no tener las declaraciones de los ejercicios fiscales de dos mil catorce a la fecha en que se emitió la orden de inmovilización. Esa persona de nombre ****, como se dijo, está autorizada como firmante en las cuentas bancarias *****, ***** y **** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta *****). Además, recibió depósitos y transferencias que provenían del *****, sin que justificara el indiciado tener una relación laboral o comercial con esa entidad, además de que el investigado en esa carpeta tiene la titularidad de múltiples inmuebles en la ciudad de Puebla, y la calidad de firmante, autorizado o titular de diversas cuentas que enlistó, dentro de las cuales se encuentran las que señala la aquí quejosa como de las que es titular, y de las cuales se detectaron movimientos inusuales con cantidades que no se pudieron justificar. Luego, es válido afirmar que la emisión de la medida provisional en comento fue con el fin de evitar la consumación o continuación de un posible delito o sus efectos, y consecuentemente, impedir que se disponga de los recursos que existieran en esas cuentas o que se pierdan mientras se investigan los hechos denunciados, dado que son necesarios para la indagación derivada de la carpeta de investigación *******. Incluso se precisó que respecto del investigado **** existe una orden de aprehensión, y por ende, tal medida es viable para restringir los recursos a que pudiera acceder y utilizarlos en su favor a fin de obstaculizar el procedimiento. Así es, el referido aseguramiento de las cuentas bancarias de la aquí quejosa, fue con el único propósito de proteger los instrumentos y productos del delito relacionados con la carpeta de investigación de origen, evitando así que éstos fueran ocultados o dilapidados y, con ello, reducir el riesgo de que fueran utilizados y aprovechados por el investigado, tal como podría acontecer en el caso particular, dado que de los hechos querellados e investigados que se desprenden de las constancias que integran la investigación, se advierte que las cuentas bancarias aperturadas a nombre de la aquí quejosa, fueron aseguradas con motivo de que en ellas se detectaron movimientos inusuales y con cantidades que no se pudieron justificar, es decir, existe la posibilidad de que los fondos existentes en esas cuentas pertenezcan al investigado y no a la titular de esa cuenta, quien pretende que se declare ilegal su aseguramiento. De ahí que se estime válida la imposición de la mencionada medida precautoria. Además, se advierte que aún no se concluye la integración de dicha investigación, porque existe contra la persona que está autorizado para firmar en las referidas cuentas bancarias, una orden de aprehensión que no ha podido ejecutarse. De ahí que se estime válida la determinación contenida en la resolución combatida, porque con dicha medida provisional se ha evitado la sustracción de los fondos monetarios de las referidas cuentas bancarias, y a la fecha no se advierte que se haya concluido la investigación de los hechos denunciados. Por ende, si bien en cuanto a la duración de la medida precautoria se precisó como tal la de seis meses o hasta en tanto dure el proceso penal, lo cual se estima adecuado, porque ello obedece a que el investigado se encuentra sustraído de la acción de la justicia y en su caso la dilación en la investigación está sujeta a la prescripción, lo que desde luego no es tema de esta litis constitucional. Entonces, se considera legal el actuar del juez responsable, ya que, como ha quedado precisado, se estima que la inmovilización de las cuentas bancarias ****, **** y **** (estas dos últimas, productos financieros contratados a través de la cuenta ****), debe prevalecer en atención a su finalidad, consistente en la preservación de los bienes en cuanto instrumento del delito, a fin de asegurar una adecuada investigación de los hechos por parte del fiscal encargado12 . Así, de todo lo anteriormente expuesto puede verse que el actuar del juez responsable se apegó a lo establecido en la ley, porque el acto de investigación con control judicial de origen, está fundado y motivado, cuenta habida que para cumplir con esos requisitos el juez responsable expresó las razones, causas o motivos por los cuales decidió emitir la técnica de investigación en cuestión, en concordancia con ello señaló los preceptos legales que resultan aplicables al caso en concreto, existiendo una adecuación entre aquellos motivos y las normas que fueron invocadas. . Debe reiterarse que el acto aquí reclamado sólo afecta provisionalmente el bien de que se trata, con la finalidad (por el momento) de evitar su alteración, destrucción o desaparición, a fin de que se realice un adecuado desarrollo de la investigación, es decir, con la técnica de investigación no se priva a la quejosa del derecho que dice tener; además, de que esa medida no se decretó de manera arbitraria, al haber existido datos de prueba que acreditaban la posible comisión de un hecho con apariencia de delito, y ante esa situación el juez responsable estaba obligado a decretar las medidas y providencias necesarias. para respetar el derecho a la seguridad jurídica traducido en la vida privada, esto es, en relación con las instituciones financieras, se requiere que la solicitud de una autoridad ministerial sea precedida de la autorización judicial, ya que así se garantiza el control en la intervención que afecta derechos fundamentales. Por ende, si en el caso precede autorización judicial al aseguramiento de las cuentas bancarias de la quejosa, no existe vulneración a su derecho de seguridad jurídica. Ahora, con lo decidido en esta determinación, la quejosa no queda en estado de indefensión, dado que la medida precautoria tiene carácter provisional, esto es, el aseguramiento no debe subsistir indefinidamente, ya que ello pugna con la naturaleza de tal medida. Es decir, con la técnica de investigación no se priva a la quejosa del derecho que dice tener; además, de que esa medida no se decretó de manera arbitraria, al haber existido datos de prueba que acreditaban la posible comisión de un hecho con apariencia de delito, y ante esa situación el juez responsable estaba obligado a decretar las medidas y providencias necesarias.. El aseguramiento de bienes previsto en el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales es una medida precautoria que sólo afecta provisionalmente los bienes sobre los que recae, ya que no constituye un fin en sí mismo sino que pretende proteger los bienes materia de la medida para garantizar un futuro y posible decomiso o la eventual reparación del daño, así como asegurar la comprobación del cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del inculpado, protegiendo la subsistencia de los posibles medios de prueba; de ahí que no prejuzga ni tiene relación con la responsabilidad penal del poseedor o propietario del bien respectivo. Lo anterior distingue dicha medida del decomiso, que es una pena, cuya afectación sobre el bien es definitiva y se impone en razón de la responsabilidad penal del sentenciado, sea por el delito de la causa penal o por el diverso de encubrimiento. En congruencia con lo anterior y en virtud de que, por un lado, el referido artículo 181 sólo requiere que los bienes asegurados sean instrumentos, objetos o productos del delito, o que contengan huellas o puedan tener relación con éste, sin exigir que el poseedor o propietario se encuentre en alguna situación específica y, por el otro, que el artículo 40 del Código Penal Federal no establece algún requisito al respecto, se concluye que para decretar el aseguramiento de bienes pertenecientes o en posesión de un tercero ajeno a la causa penal, no es necesario que éste sea responsable del delito de encubrimiento o que se encuentre sujeto a proceso, sino que basta con atender a los extremos previstos en el indicado artículo 181." Así, al no advertirse violación a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la constitución federal, se declaran infundados los argumentos expresados por la quejosa, motivo por el cual se niega la protección constitucional que solicita contra la resolución precisada en el inciso a) del segundo punto considerativo. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución precisado en el inciso b) del citado punto, reclamado a las autoridades ejecutoras, porque su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la responsable ordenadora, es decir, sólo fue reclamado en vía de consecuencia. SÉPTIMO. Publicidad de datos. En el presente juicio de amparo, no se observa que las partes hayan ejercido su derecho para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación. Por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. OCTAVO. Medidas sanitarias. Con el fin de seguir la política de sana distancia y evitar el contacto entre personas, por la situación actual de contingencia sanitaria, se ordena a la actuaria encargada de notificar esta sentencia y el proveído de radicación, que los oficios dirigidos a las autoridades responsables sean enviados por interconexión y correo electrónico -ya sea oficial o al proporcionado por quien se encuentre de guardia-. También, se instruye adjuntar al oficio generado con motivo de la presente resolución, copia del acuerdo de trece de octubre del año en curso, donde se recibió el juicio de amparo ****, y esta juzgadora de tutela asumió la competencia legal conforme a la decisión del tribunal colegiado que resolvió el conflicto competencial. Además, debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. Pero en caso de no ser posible, deberá notificar los oficios por correo certificado a las autoridades foráneas, y de manera física a las responsables que sean locales. Ello deberá realizarlo conforme al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. PUNTOS RESOLUTIVOS: Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución; 63, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa *****, por derecho propio, debido a la inexistencia de los actos que reclamó a las autoridades citadas en el tercer punto considerativo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a la quejosa ******, en el juicio constitucional que instauró por derecho propio, contra las autoridades responsables indicadas en el cuarto punto considerativo, que fueron las encargadas de los actos precisados en el segundo punto considerativo. TERCERO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales. CUARTO. Se dispuso una vía especial de notificación para los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por la situación actual de contingencia sanitaria. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en el inmueble que señaló como domicilio procesal); y cúmplase.

  3. Incidental

    INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 44/2022-IV. Puebla, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Se reciben cuadernos incidentales. Se recibe el oficio signado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual remite el titular de ese órgano, los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo *******, de su índice. Lo anterior, porque esta juzgadora de tutela asumió la competencia asignada por el tribunal colegiado que decidió el conflicto competencial planteado por el juzgado oficiante, en el juicio de amparo citado. Por tanto, se ordena acusar recibo al mencionado juzgado (vía interconexión), por los cuadernos del mencionado incidente. En último lugar, fórmense los cuadernos incidentales correspondientes, con su respectiva carátula, bajo el número *****, del índice de este juzgado. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 44/2022-IV. Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintidós. Ejecutoria de tribunal colegiado. Se agrega al expediente el oficio del secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial ************, también el expediente original de este juicio y un anexo. En consecuencia, se acusa recibo de las constancias mencionadas, y se ordena glosar al juicio de amparo, sólo las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes que se formó para el trámite del conflicto competencial. Luego, de los puntos resolutivos que obran en la ejecutoria recibida, se advierte: ".PRIMERO. El Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es el competente para conocer del juicio de amparo promovido por ***********. SEGUNDO. Remítanse a dicho Juzgado de Distrito los autos, para que se avoque al conocimiento del asunto .". Anotaciones internas. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se asume la competencia declinada y se piden incidentes. Esta juzgadora de tutela asume la competencia para resolver el juicio de protección a derechos fundamentales,1 que inició con la demanda de la quejosa ***********por derecho propio, contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -como ordenadora- y otras autoridades responsables. Lo anterior implica que el juicio en mención queda radicado en este juzgado, como si hubiera sido admitido, pues fue recibido con la audiencia constitucional desahogada hasta la fase de sentencia -en la cual se declinó la competencia por materia y que el citado tribunal asignó a esta juzgadora-. Por consiguiente, líbrese el oficio respectivo para el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a fin de que tenga conocimiento de lo resuelto por el citado tribunal, respecto de su juicio de amparo ***********. También se le pide que remita los cuadernos incidentales de su juicio de amparo ***********, las garantías que hubiera exhibido la quejosa y cualquier otro anexo recibido en el incidente de suspensión. Exhortación para la tramitación en juicio en línea Debido a la enfermedad producida por el virus SARS CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o l Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Notificación a la fiscal adscrita. Se ordena notificar en forma personal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído. Ello, conforme a las medidas especiales que se han adoptado por la situación actual de contingencia sanitaria. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. No se requiere informe justificado. Es improcedente solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, porque la sentencia dictada en la audiencia constitucional del juicio de amparo ***********, revela que el órgano jurisdiccional declinó su competencia legal en la referida audiencia. Notificación de este proveído hasta la sentencia. Entonces, habrá de disponerse la notificación del presente acuerdo a las partes -con excepción de la quejosa y la fiscal adscrita-, cuando se emita la sentencia correspondiente. Lo anterior, conforme al principio jurídico de economía procesal, que ofrece un marco en el cual pueden disponerse medidas judiciales tendentes a evitar el desgaste innecesario de recursos humanos y materiales. Medidas especiales para presentar alguna promoción. Se hace saber a las autoridades responsables que a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid 19, en el sentido de que debe privilegiarse el trabajo a distancia con las herramientas electrónicas que resulten necesarias, cualquier promoción que deseen presentar deberá ser remitida únicamente por vía electrónica, al correo electrónico oficial de este juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Por el mismo medio se les acusará recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si es con posterioridad-. Sin embargo, de ser necesaria la presentación física del mismo por contener anexos que no puedan digitalizarse y remitirse vía electrónica, deberán hacerlo en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. De igual manera y con el mismo fin, se ordena a la actuaria encargada de este expediente que los oficios generados durante la tramitación del juicio, dirigidos a las autoridades foráneas (responsables o terceras interesadas), sean remitidos por correo electrónico, ya sea a una dirección oficial o la proporcionada por quien se encuentre de guardia en la respectiva dependencia. Además, debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. En tanto los oficios dirigidos a las autoridades locales (responsables o terceras interesadas), deberá intentar su envío también por correo electrónico, y sólo que fuera imposible entonces habrá de notificarlos de manera física. Para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Notificación a las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a las responsables que en el presente juicio sólo les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial (las que se ubiquen en la ciudad de Puebla o su zona conurbada, mientras que las foráneas serán notificadas por correo electrónico), las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito2 . Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. También, como lo ordena el artículo 2453 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la renuente una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional, que el acceso a las instalaciones del juzgado está sujeto al artículo 3 del invocado Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 21/2022), que regula el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física, la cual será mediante previa cita, que podrán registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de promociones de manera física, será en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, acorde a los lineamientos de acceso establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas designadas por aquélla en el primer acápite de su demanda, porque les otorgó facultades amplias y se encontraron sus cédulas en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Tales autorizados son las personas de nombres: ************, ************y ************. Comunicación con las partes. Para establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del invocado Acuerdo General 21/2020 (reformado en su vigencia por el similar 21/2022), se informa a las partes que tienen expedito su derecho para ofrecer un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Indicaciones especiales para la actuaria. Se ordena a la actuaria encargada de este juicio, que al realizar notificaciones en forma personal se ajuste al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilice el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la contingencia sanitaria actual. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Se instruye realización de proyecto. En último lugar, se instruye al secretario encargado del presente asunto, proceda a la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente, porque se recibió el expediente original del juicio de amparo ***********, del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el cual fue celebrada la audiencia constitucional hasta la declaración de incompetencia legal. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en el inmueble que designó como domicilio procesal), y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (por correo electrónico salvo que deba ser físicamente); y cúmplase.

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