Monica Montes Cardoso

Expediente 1384/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1384/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Monica Montes Cardoso

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del proveído dictado por este Juzgado, en el cual se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia y no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistida de Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el INFORME JUSTIFICADO rendido por el Presidente y Tercer Arbitro (autoridad responsable) y Secretaria General (autoridad no responsable), ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; con el contenido del informe dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Ténganse como delegados de la citada autoridad responsable, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, asimismo se tiene como señalado el domicilio que indica siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que anexan, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al momento de resolver el presente asunto. Ahora, es oportuno precisar que la parte quejosa en su escrito de demanda, recibido en este Juzgado Federal el nueve de septiembre de dos mil veintidós, señaló esencialmente como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable en dictar el acuerdo correspondiente al escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, registrado con folio 0003468; sin embargo, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, a las cuales se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la Materia; se advierte, que el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, acordó el escrito que le fue presentado el cual fue registrado con folio 0003468, en el juicio laboral 01/418/16, mismo que le fue notificado el treinta de mayo de dos mil veintidós, mediante boletín judicial. Entonces, si la parte quejosa se duele de la omisión de dar contestación a su escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós y registrado con folio 0003468, pero de las constancias mencionadas se desprende que el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable lo hizo, es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo -nueve de septiembre de dos mil veintidós-; es incuestionable que esa omisión es inexistente. Apoya lo anterior, el criterio VII.1o.C.4 K, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro es: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados y sin que esta juzgadora advierta lo contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo. Asimismo, es aplicable, por identidad de razón, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Novena Época, marzo de 2003, que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo: 396/2022 396/2022 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se emite la presente audiencia por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con dieciséis minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Mac Quetzin Murillón Duarte, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia del juicio de amparo 396/2022, promovido por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Rodrigo Martínez Serrano, sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio, e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas. Al respecto, la jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, se abre el periodo probatorio, en el cual con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que ofreció la parte quejosa, así como las que allegaron las autoridades responsables; mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano; se cierra el presente período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos, en el que se da cuenta que ninguna de las partes los formuló; con lo que se procede a cerrar este periodo. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede al dictado de la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 396/2022. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el uno de abril de dos mil veintidós, a través del portal de servicios en línea de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Rodrigo Martínez Serrano, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra preceptos normativos de diversas municipalidades (doscientas cuarenta y seis), correspondientes a diferentes entidades federativas (veinte), señalando como autoridades responsables entre otras al [1] Congreso y [2] Gobernador, ambos del Estado de Durango, así como al [3] Ayuntamiento Constitucional y [4] Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Nuevo Ideal, Estado de Durango -los cuales con motivo de la separación de los juicios de amparo decretada en el auto de admisión de la demanda del expediente 305/2022, para efectos del presente juicio, se tratan de las autoridades responsables sobre las que se conoce el presente asunto-, por los actos reclamados siguientes: "V. ACTOS RECLAMADOS. La moral quejosa reclama los siguientes actos: (.) 6. La Ley de Ingresos para el Municipio de Nuevo Ideal, Durango, para el Ejercicio Fiscal de 2022. (.)" 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal. 3. Separación de juicios, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo indirecto 305/2022, este juzgado ordenó la separación de autos, toda vez que la quejosa reclamaba la inconstitucionalidad de preceptos normativos de diversas municipalidades (doscientas cuarenta y seis), correspondientes a diferentes entidades federativas (veinte), las cuales se determinó que por su naturaleza debían analizarse mediante resoluciones emitidas por separado, por encontrarse desvinculadas entre sí, por lo que ordenó elaborar doscientos cuarenta y cinco legajos compuestos con copia íntegra de la demanda de amparo, a fin de tramitar por cuerda separada un juicio de amparo por cada uno de los municipios cuya Ley de Ingresos es impugnada. Con uno de los legajos de la demanda formados por virtud del auto de referencia, se giró oficio a la Oficina de Correspondencia de Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a efecto de que se turnara a este mismo juzgado, el cual se recibió en dicha oficina el once de abril de dos mil veintidós, y se registró en este juzgado con el número de expediente 396/2022, en donde por auto de dieciocho de abril siguiente, se admitió a trámite, única y exclusivamente por cuanto hace a la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, Durango para el Ejercicio fiscal 2022. Asimismo, se precisó que no había lugar a tener con el carácter de autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, pues no actúa como autoridad para efectos del amparo, al determinar y recaudar el derecho por el servicio de alumbrado público, sino en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, dado que sus actos normalmente derivan de la relación contractual inherente a la prestación del servicio que tiene encomendado; por ello, se le requirió para que en el término de tres días informara la mecánica de cálculo y cobro del derecho de alumbrado público, aplicado a la quejosa en los diversos establecimientos del municipio en cuestión, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento se le impondría una multa. De igual forma, este juzgado pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no ordenó emplazar tercero interesado al no advertir que le asistiera tal carácter a persona alguna; le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el día de hoy doce de septiembre de dos mil veintidós, conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Único. Incompetencia legal. Este juzgado de Distrito es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, debido a que los actos reclamados conllevan la realización de una obligación de hacer y no solamente un pronunciamiento declarativo; es decir, requieren de una actuación posterior que los complemente, misma que se realizó en el Municipio de Nuevo Ideal, Estado de Durango, que es donde la persona moral quejosa tiene los establecimientos comerciales por los cuales se hizo el cobro del derecho de alumbrado público reclamado en este juicio, cuyo concepto recaudado pasa a formar parte de la hacienda municipal del referido Ayuntamiento Municipal, tal como se advirtió de forma superveniente de lo que informó la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos. Se explica. En este juicio, Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, reclamó la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, Durango, para el Ejercicio de fiscal 2022, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual se dio mediante el cobro del derecho de alumbrado público que como lo informó la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, se lleva a cabo en el Municipio de Nuevo Ideal, Durango, por virtud de los establecimientos comerciales ubicados en dicho lugar, pertenecientes a la persona moral quejosa, cuya contribución recaudada pasa a formar parte de la hacienda del referido Ayuntamiento Municipal; de allí que es claro que, conforme a lo señalado en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de este juicio, por razón de territorio, el juez de distrito en donde el acto reclamado, se haya ejecutado o trate de ejecutarse. Lo anterior, porque si bien en la demanda inicial presentada por la quejosa se señalaron como autoridades responsables entre otras, a diversos tesoreros municipales de varias entidades federativas, también es cierto que con motivo de la separación de juicios ordenada por este juzgado se tramita una demanda por cada uno de los Municipios señalados, en los cuales se presta el servicio de energía eléctrica y tuvo lugar el cobro de los derechos de alumbrado público reclamado, es por ello que la competencia para conocer de este juicio se surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción se preste ese servicio municipal. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 164/2009, de la Novena Época, con registro digital 166220, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO. CUANDO SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD O LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESTE ESE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL. La aplicación de una ley fiscal o la recaudación de un pago tributario realizado por los mismos contribuyentes o por un órgano auxiliar en la administración impositiva, no conduce a la plena convicción de que en el lugar en el que se llevó a cabo se producirá su ejecución material o las consecuencias emanadas de ese proceder, por lo que para fijar la competencia por territorio de un Juez de Distrito debe atenderse a la localidad en que originariamente habría de cumplirse la obligación fiscal relativa o al sitio en que la autoridad hacendaria debe realizar las funciones de comprobación y fiscalización, dado que en ellos se ejecutarán o tratarán de ejecutarse, de acuerdo con el artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, cuando se reclama la recaudación y el cobro de los derechos de alumbrado público, pagados vía transferencia electrónica derivada del sistema de cobro centralizado con los organismos descentralizados de energía eléctrica y se señalan como autoridades responsables a los tesoreros municipales de varios Ayuntamientos de distintas entidades federativas, la competencia para conocer del asunto se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se preste ese servicio público municipal, pues conforme a los artículos 115, fracción IV, inciso c), y 121, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a la normativa en materia municipal de las entidades federativas, el ámbito espacial de validez de tales derechos tiene eficacia sólo en el territorio que ocupa el Municipio respectivo, lugar en el que se causan y coincide con el domicilio fiscal municipal de los sujetos obligados, por lo que en dicha demarcación es donde se realizarán las tareas de comprobación y fiscalización y tuvo que hacerse originariamente el pago ante la Tesorería Municipal, lo que evidencia que en ese lugar tendrán ejecución material los actos reclamados, sin que sea útil para discernir la competencia el sitio en el que se recaudó el derecho municipal o el domicilio social de la quejosa o de los organismos públicos recaudadores." Sin que en el caso se surta el supuesto de competencia señalado en la jurisprudencia 2ª./J. 165/2009, con registro digital 166225, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. SI DIVERSOS JUECES DE DISTRITO LA TIENEN POR RAZÓN DE TERRITORIO PARA CONOCER DE LA DEMANDA EN LA QUE SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SE SURTE A FAVOR DEL QUE PREVINO", toda vez que se refiere al supuesto en que se analice un asunto en el que se tiene como autoridades responsables a los tesoreros de distintas entidades federativas, y se les reclama un cobro centralizado consistente en aquél conforme al cual los usuarios de energía eléctrica con establecimientos, oficinas o locales en diversos puntos del país, convienen con los organismos descentralizados que proporcionan el servicio público de energía eléctrica, que los consumos generados se concentren en una oficina central en la que se realizará un pago único, y por esa mecánica de operación, los derechos por el servicio de alumbrado público se incluyen en el mismo monto que refleja la causación de ese tributo, originada en diferentes municipios de una entidad federativa o de varias. Lo señalado, ya que tal supuesto de competencia tiene como presupuesto, que el acto reclamado se ejecute en dos o más lugares, esto es, que el servicio público municipal de referencia se preste en distintas demarcaciones territoriales, supuesto en el que la competencia se actualiza a favor del juez con jurisdicción en alguno de esos lugares, que prevenga dicha demanda; sin embargo, en el caso, si bien la quejosa refiere haber realizado un pago centralizado de energía eléctrica y del derecho de alumbrado público en la Ciudad de México, también es cierto que con motivo de la separación de juicios de amparo, actualmente sólo se conoce de la demanda en forma individual respecto de las leyes municipales correspondientes a cada Ayuntamiento, por virtud de su acto de aplicación, derivado del servicio de alumbrado público relativo a los establecimientos comerciales que la persona moral quejosa tiene en determinada circunscripción territorial (en el caso específico, en el Municipio de Nuevo Ideal, Durango). En consecuencia, al analizar el presente juicio de forma individual respecto de las leyes que rigen el cobro efectuado en el municipio y entidad federativa donde tuvo ejecución el acto reclamado, esto es, respecto de los establecimientos comerciales de la persona moral quejosa, ubicados en el Municipio de Nuevo Ideal, Durango, es que la competencia para conocer del juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde se ubican tales establecimientos comerciales, conforme a lo establecido en la ya señalada jurisprudencia 2a./J. 164/2009, de la Novena Época, con registro digital 166220, es decir, a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presta ese servicio público municipal. Así, ya que como se adelantó, los actos combatidos conllevan una ejecución material, pues la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, Durango, para el Ejercicio fiscal de 2022, se reclamó con motivo de su primer acto de aplicación, y el servicio de alumbrado público se presta en el citado municipio de dicha entidad federativa, como se advirtió de forma superveniente durante el trámite del presente juicio de amparo, mediante el informe rendido por la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, entonces, se colige que es a un juzgado de Distrito con jurisdicción en dicho Estado a quien le corresponde resolver este juicio. Así, si bien en un inicio se recibió la demanda de amparo en la que la quejosa reclamó el cobro centralizado del derecho de alumbrado público de diversos municipios y entidades federativas del país, entre las cuales se encontraban señalados algunos municipios del Estado de Morelos en los que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción; no obstante, como se estableció en el auto de cinco de abril de dos mil veintidós emitido en el diverso juicio de amparo 305/2022 del índice de este juzgado, se ordenó la separación de juicios por considerar que debían analizarse mediante resoluciones que por separado se emitieran, por encontrarse desvinculados entre sí los actos reclamados y que por esa razón debía aperturarse un juicio de amparo por cada uno de los municipios respecto de los cuales se impugnaban las normas locales que prevén el cobro del derecho de alumbrado público, con el objeto de que cada normatividad se estudiara por separado; lo que además resulta congruente atendiendo a que en el momento de la presentación de la demanda, no se tenía evidencia de en qué municipios efectivamente se había realizado el cobro del derecho de alumbrado público reclamado. Sin embargo, en el trámite que por separado se dio al presente asunto, lo que conllevó a que se tramitara como un juicio distinto, de forma superviniente se tuvo certeza de que en el municipio de Nuevo Ideal, Durango, sí se realizó el cobro del derecho de alumbrado público reclamado por la quejosa, pues así lo informó la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos; de allí que la competencia se surta a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presta ese servicio público municipal, ya que incluso, en caso de una eventual concesión de amparo, el cumplimiento de la sentencia que se emita deberá realizarse en tal municipio. Lo anterior, ya que de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se ejecuta la afectación a los derechos fundamentales del quejoso. Sin que sea óbice que la presente determinación se emita hasta este momento -una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional-, toda vez que los presupuestos procesales como la competencia son de estudio oficioso; entonces, en el momento en que el órgano jurisdiccional advierta que no es competente, puede declarar su incompetencia legal para continuar conociendo del asunto, como sucede en el caso, pues del informe rendido por la Comisión Federal de Electricidad se constató que el cobro del derecho reclamado sí se realizó en el municipio de Nuevo Ideal, Durango, en el que este órgano jurisdiccional no ejerce jurisdicción. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 9/2001, con registro digital 190373, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna; 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos declina competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, en turno, solicitando atentamente, el acuse de recibo relativo e informe si acepta o no la competencia planteada. Por lo anterior, con copia de la demanda de amparo y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E Primero. Este juzgado de Distrito carece de competencia legal -por razón de territorio- para resolver en definitiva el juicio de amparo indirecto 396/2022, promovido por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Segundo. Remítanse los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, previa formación del cuadernillo correspondiente. Notifíquese y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.

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