Mónica Moctezuma Vidales
Expediente 96/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mónica Moctezuma Vidales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 96/2016-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción;asimismo, se declara que los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 96/2016-IV, promovido por MÓNICA MOCTEZUMA VIDALES por su propio derecho; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el siete de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, turnado al día siguiente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, MÓNICA MOCTEZUMA VIDALES ELVIRA ÁLVAREZ CAMARILLO, ATLÁNTIDA OLVERA RESENDEZ, ARLETTE RUBIO CASTRO, VIVIANA ESPINOZA HERNÁNDEZ, JUANITA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, NORA GUADALUPE UGARTE RAMÍREZ, BRÍGIDA LAURENTINA GUERRERO AGUILAR Y JUANA MOCTEZUMA NAVARRETE, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1.- Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. 2.- Directora General del Centro Federal Femenil Noreste en el Estado de Nayarit 3.- Titular del Área Técnica del Centro Federal Femenil. SEGUNDO. Por auto de ocho de enero de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, radicó la demanda de amparo registrándola con el número 60/2016 y se declaró incompetente ordenando se enviaran los autos al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Morelos (fojas 13 a 17). TERCERO.- Por cuestión de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito de la demanda remitida por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit. Por auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se registró con el número 96/2016, se determinó no admitir la competencia planteada, por lo que se ordenó devolver los autos al Juez de Distrito de referencia en el Estado de Nayarit (fojas 27). CUARTO.- Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en virtud del conflicto competencial, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Cuarto Circuito, a efecto de que tomara conocimiento y resolviera lo conducente (foja 33). QUINTO.- Mediante auto de once de febrero de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, radicó el conflicto competencial asignándole el número 4/2016. (foja 71) SEXTO.- Por resolución emitida en sesión de dos de junio de dos mil dieciséis, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, declaró competente a este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos (fojas 78 a 94). SÉPTIMO.- Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se desechó la demanda de amparo por lo que se refiere a ELVIRA ÁLVAREZ CAMARILLO, ATLÁNTIDA OLVERA RESENDEZ, ARLETTE RUBIO CASTRO, VIVIANA ESPINOZA HERNÁNDEZ, JUANITA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, NORA GUADALUPE UGARTE RAMÍREZ, BRÍGIDA LAURENTINA GUERRERO AGUILAR Y JUANA MOCTEZUMA NAVARRETE, en virtud de que no firmaron el escrito de demanda de amparo y se admitió a trámite la demanda de amparo únicamente por lo que respecta a la quejosa MÓNICA MOCTEZUMA VIDALES, por lo que se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede en la que se tuvieron por inexistentes a las autoridades denominadas Directora General del Centro Federal Femenil Noreste en el Estado de Nayarit y Titular del Área Técnica del Centro Federal Femenil. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el lugar del juicio. SEGUNDO.- Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se tratan de: a) Omisión de dar respuesta a la petición de que le proporcionen uniforme y calzado en el Centro de Reclusión de Tepic. b) Omisión de darle contestación sobre que le realicen valoración para reubicarla, cambiarla de cama por padecimientos y por su seguridad. c) Omisión de darle respuesta a la petición sobre información por la pérdida de unas cartas recibidas el once de febrero de dos mil catorce y una solicitud de informe de su correspondencia tanto de entrada como de salida, d) Omisión de darle respuesta a su solicitud de aceptación de entrega de papelería de resguardo y de otorgarle estímulos. e) Omisión de otorgarle una respuesta a la petición de audiencia con la titular del centro de reclusión de Tepic, Nayarit TERCERO.- No son ciertos los actos reclamados, toda vez que la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación al rendir su informe negó la existencia de las omisiones que se le reclaman. Ahora bien, la quejosa reclama un acto negativo, a saber, un "no hacer" (omisión) de la autoridad. Ese "no hacer" consiste en la falta de respuesta a sus peticiones: a) De que le proporcionen uniforme y calzado en el Centro de Reclusión de Tepic b) Darle contestación sobre que le realicen valoración para reubicarla, cambiarla de cama por padecimientos y por su seguridad. c) Responderle la petición sobre información por la pérdida de unas cartas recibidas el once de febrero de dos mil catorce y una solicitud de informe de su correspondencia tanto de entrada como de salida, d) Contestarle a su solicitud de aceptación de entrega de papelería de resguardo y de otorgarle estímulos. e) Otorgarle una respuesta a la petición de audiencia con la titular del centro de reclusión de Tepic, Nayarit Así, tenemos que la autoridad niega la existencia de un acto negativo. Cuando se demanda de una autoridad el incumplimiento de la obligación de dar respuesta a una petición o solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición tutelado por el artículo 8º de la Constitución Federal -como en el caso concreto-, ciertamente no corresponde al quejoso probar la conducta omisa de la responsable, porque es un hecho negativo, pero sí tiene el deber de acreditar que realizó el trámite conducente para exigir la actuación de la autoridad, a saber, la presentación de su escrito ante ella, exigencia que se desprende de la intelección del propio artículo 8º Constitucional, que a la letra dice: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La presentación de la petición ante la autoridad como elemento necesario para configurar el derecho de petición, encuentra apoyo en esta jurisprudencia: Tesis: XXI.1o.P.A. J/27 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 162603 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Pag. 2167 Jurisprudencia(Constitucional) DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. En el caso que nos ocupa, no está acreditada la presentación por escrito de las peticiones realizadas a la autoridad responsable cuya falta de respuesta reclama la quejosa. Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamados. Así las cosas, al no estar demostrado el hecho consistente en la recepción por parte de la autoridad responsable, del escrito que la quejosa realizó las peticiones que aduce no le han dado respuesta, no puede decirse que surgió la obligación de la autoridad responsable de responder a la quejosa las peticiones que refiere y menos aún que ha incumplido con tal deber en contravención al derecho de petición, por lo que el acto es inexistente y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y manifestaciones planteados por la parte quejosa en torno al acto reclamado, porque aquél no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Cobra aplicación esta jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto, y fundado además en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º, 73, 74, 75, 107 y 124 de la Ley de Amparo; y 1º, 48, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por MÓNICA MOCTEZUMA VIDALES, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia que reclamó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Asimismo, en cumplimiento del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de los sentenciados; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta hoy diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en que asó lo permitieron las labores de este Juzgado Federal, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.
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Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del presente juicio de amparo, del que se advierte que los oficios dirigidos a la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL NOROESTE EN EL ESTADO DE NAYARIT y TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL NOROESTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, no fueron recibidos, con el argumento de que todo lo femenil fue trasladado al Estado de Morelos, se requiere vía telegráfica al ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, para que dentro del término de veinticuatro horas computadas legalmente, informe la situación de las autoridades responsables DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL NOROESTE EN EL ESTADO DE NAYARIT y TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL NOROESTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, debiendo remitir copia certificada para acreditar lo anterior. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUÍDA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del presente juicio de amparo, del que se advierte que los oficios dirigidos a la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL NOROESTE EN EL ESTADO DE NAYARIT y TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL NOROESTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, no fueron recibidos, con el argumento de que todo lo femenil fue trasladado al Estado de Morelos, se requiere al ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, para que dentro del término de veinticuatro horas computadas legalmente, informe quien tiene el resguardo de los escritos y/o peticiones dirigidas a las autoridades responsables DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL NOROESTE EN EL ESTADO DE NAYARIT y TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL NOROESTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, por la interna Mónica Moctezuma Vidales. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las ONCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUÍDA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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