Mónica Moctezuma Gaitán

Expediente 1399/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1399/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Mónica Moctezuma Gaitán

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento signado por la quejosa, mediante el cual señala autorizados para oír y recibir notificaciones, autorizados. En atención a ello, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ******************** toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto y cuentan con sus cédulas profesionales debidamente inscritas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Notificación vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por el cual el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, en el Estado de Jalisco, devuelve lo actuado en el despacho 1464/2023-V-L; por ende, se ordena dar de baja la comunicación oficial en cita. Por otra parte, Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través de los cuales el Director del Hospital General de Zona 1 de Villa de Álvarez, Colima del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Jefe de la División de Asuntos Jurídicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jalisco, rinden su informe previo respecto a la suspensión de plano concedida en autos y al efecto precisan que se ha brindado atención médica conforme al padecimiento de la promovente del amparo; asimismo, informa que tiene programada cirugía para tratar su padecimiento. Se tiene como delegados a los profesionistas que señala la autoridad, en términos del artículo 9º de la ley de la materia y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su misiva. Por otra parte, del informe rendido por la autoridad Jefe de la División de Asuntos Jurídicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jalisco, se advierte que se programa la cirugía para el dos o tres de diciembre de acuerdo a las urgencias médicas que se presenten en dicha dependencia, por lo que debe acudir en forma previa a consulta externa del servicio de urología el 24 de noviembre de dos mil veintitrés, turno matutino a efecto de realizar el trámite administrativo respectivo para el internamiento para el uno de diciembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, hágase saber a la quejosa, para que, de ser el caso, manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 126 y 140 de la Ley de Amparo. Finalmente, por lo antes expuesto y toda vez que la parte recurrente únicamente pretende se le dé acceso para consultar el expediente electrónico, peso sin notificarse mediante la misma vía, tal como está regulado en las normas del Consejo de la Judicatura Federal en aras de fortalecer el desarrollo del juicio en línea, cuestión en la que la parte solicitante no expresa ningún impedimento para acceder a las comunicaciones procesales en las plataformas tecnológicas, por tanto, una vez que la parte interesada manifieste su conformidad de que las notificaciones se le practiquen en forma electrónica, también se habilitará el acceso al expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Subdelegación Colima, con sede en esta ciudad de Colima y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º y 4º constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Admisión y registro. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1399/2023-V. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Pronunciamiento de la suspensión de plano. Ahora bien, al tener en consideración que en la demanda de amparo se reclama un acto que puede considerarse violatorio a lo dispuesto por el artículo 22 constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 20, 125 y 126 de la Ley de Amparo, de los cuales no se admiten demora alguna, por su transcendencia al derecho fundamental del cual se duelen en el escrito inicial de demanda, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en: la omisión reiterada de realizarle a la quejosa ********************, la cirugía mínima invasiva denominada ureteroscopia flexible con litotricia láser que requiere para tratar su padecimiento y la cancelación de la citada cirugía programada para el veintidós de noviembre del año en curso. Atento a la naturaleza del acto omisión de atención médica, así como que se encuentra expresamente prevista el primer párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo, además al tener en cuenta que con la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público; además que de seguirse ejecutando los actos, traería como consecuencia daños y perjuicios de difícil reparación para los peticionarios del amparo, con fundamento en este último numeral, se concede de plano y de oficio la medida cautelar para el efecto de que: Las autoridades responsables le practiquen la cirugía mínima invasiva denominada ureteroscopia flexible con litotricia láser que requiere para tratar su padecimiento que tenían programada para el veintidós de noviembre del año en curso, y en caso de que dicha cirugía no se lleve a cabo por no contar el material quirúrgico necesario para ello de manera inmediata reprogramen dicha cirugía y se le otorgue el medicamento necesario en relación a dicha cirugía. Lo que deberán de informar dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente acuerdo, en el ámbito de sus competencias, con las documentales suficientes que acrediten haber cumplido cabalmente la suspensión de plano que aquí se provee. Se exime de otorgar garantía. La medida cautelar de que se trata surte sus efectos desde luego y sin necesidad de otorgar garantía, pues de ejecutarse los actos reclamados causarían a la parte quejosa un gravamen de imposible reparación, pues se consumarían irreparablemente los efectos del acto reclamado mientras se cumplieran tales requisitos, contrariando así los fines de la suspensión. Se gira exhorto a fin de notificar a la autoridad ejecutora. Ahora bien, en virtud de que la autoridad ejecutora tiene su domicilio en Guadalajara, Jalisco, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado; arábigos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en el domicilio que ocupa la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y le entregue el oficio 26223/2023, a través del cual se transcribe el presente proveído; auxilio que se solicita al Juez exhortado, al tratarse de un asunto urgente y no tener jurisdicción este Juzgado en dicho Estado; motivo por el cual se solicita su importante colaboración. Se faculta a al autoridad exhortante que aplique las medias necesarias a fin de lograr la notificación del citado oficio a la autoridad Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Requerimiento de informe justificado a las autoridades responsables. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendirlo por escrito dentro del plazo de quince días hábiles, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. En la inteligencia que de no hacerlo o de no remitir, en su caso, las referidas constancias, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponde a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo; y, se presumirán ciertos los actos reclamados en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico: informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); sin que la remisión del mismo por este medio la exima de acompañar las constancias respectivas para justificar sus actos, que deberán ser remitidas por la mensajería rápida que estime conveniente, al domicilio que ocupa el local de este juzgado, cito en Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberán hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Asimismo, se comisiona al actuario para que en caso de que la oficina encargada de recibir los oficios girados a las autoridades responsables se niegue a recibirlos de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, le haga saber que se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de eso subsiste en negarse a recibirlo, se asentará la razón y se tendrá por hecha; además de que si su negación es con motivo del cambio de denominación parcial de la autoridad o de algún sinónimo constitucional, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, que corresponden a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos), en razón de que su negativa implica un retardo injustificado en la procuración y administración de justicia. Aviso de causal de improcedencia y existencia amparos previos. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase tanto a la autoridad responsable, como a la parte quejosa, para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por ocurrir alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado; asimismo, se solicita que se informe sobre la existencia de amparos promovidos previamente por el solicitante de amparo, o bien, por alguna de las partes intervinientes en el juicio de origen, para lo cual se deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con apoyo en el dispositivo 251 de la ley en comento. Requerimiento a las partes en el juicio. Tomando en consideración el considerable número de asuntos que se llevan por este juzgador, se requiere a todas las partes del presente juicio para que - en el supuesto de que el suscrito Juez Federal hubiese conocido en diversa instancia en materia mercantil, penal, civil, amparo, o de cualquier otra naturaleza-, de un juicio distinto que tenga relación alguna con los bienes o derechos materia del presente juicio de amparo, lo informen a este juzgado federal, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les haga, precisando para tal efecto, la materia y el número de expediente del juicio respectivo. Lo anterior a fin de estar en aptitud de analizar si en el caso se actualiza alguna causa de impedimento para conocer y resolver el presente juicio, dado que en atención a la competencia y jurisdicción de este órgano jurisdiccional, el suscrito Juez Federal conoce de juicios de amparo, causas penales, juicios mercantiles y juicios civiles federales en los que en ocasiones el suscrito conoce sobre un mismo bien o derecho como juzgador de primera instancia y como juzgador de amparo y resulta necesario que sean las partes quienes informen lo conducente; máxime que son éstas quienes cuentan con el mejor conocimiento particular de los juicios que tienen relación con sus bienes y derechos. Se apercibe a las partes que en caso de no hacerlo, se impondrá al omiso como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; y, además atendiendo a la naturaleza de la omisión, se ponderará si en el caso resulta procedente dar vista a la autoridad competente para que proceda conforme a derecho corresponda. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Intervención al Ministerio Público Federal. Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. Intervención de autorizados. Se tiene a ********************y ********************, únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Acceso a expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte quejosa que así lo solicita quedara sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con los usuarios "********************" y "********************". Sin que pase inadvertido que el ocursante también señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle ********************, número ********************, esquina con calle ********************, colonia********************, de ********************, Colima; sin embargo, con el fin de privilegiar el juicio en línea en términos de los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones que resulten de carácter personal, deberán realizarse de manera electrónica, máxime que existe solicitud expresa al respecto. Pruebas de la quejosa. En atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que exhibe, las cuales se considerarán en el momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Sin que exista necesidad de desahogar una audiencia especial de reproducción de contenido, por lo que hace a las documentales exhibidas en un disco compacto de los denominados "DVD", debido a que dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental. Se invoca en apoyo a la consideración anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1ª./J 43/2013 (10ª.), consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada con el rubro y contenido: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Se instruye a la Secretaria responsable de la mesa V, para que resguarde el disco compacto exhibido. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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