Mònica Miriam Amaro Rodrìguez

Expediente 816/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
816/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Mònica Miriam Amaro Rodrìguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, y considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme con su numeral 2º, se declara que dicha sentencia causa ejecutoria. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y una vez recabadas las de notificación del presente auto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, se advierte que el expediente en que se actúa encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que no es de relevancia documental, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal y las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de quince de octubre de dos mil veinte, se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo informaron el tratamiento médico que se le ha otorgado a la parte quejosa y al efecto remitieron diversas constancias con las que acreditan su dicho. En consecuencia efecto de no dejar en estado de indefensión la parte quejosa con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, désele vista con los oficios 12831 y 12861 y sus anexos, para en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida de que de no hacer manifestación alguna se resolverá el presente asunto conforme a las constancias que obran en autos. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, y se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para que tenga verificativo.

  3. Principal

    AVISO JUDICIAL. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA DIECINUEVE DEESTE MES, EL CUAL, SUSTACIALMENTE DICE: "Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista formulada el catorce de agosto de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera con las constancias exhibidas por la autoridad responsable con las que adujó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO En razón de lo anterior, esta jueza con los documentos que obran en el expediente en el que se actúa, procede a resolver si ha quedado satisfecho el fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, ningún asunto puede archivarse, sino hasta que quede enteramente acatada la sentencia que haya concedido la protección constitucional, procede resolver si está atendida la ejecutoria de amparo. EFECTOS A CUMPLIR Ahora bien, en la sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, el trece de julio de dos mil dieciocho, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal, la cual causó ejecutoria el seis de septiembre de dos mil dieciocho, para los efectos siguientes: [.] De manera que la autoridad responsable debió fundar y motivar debidamente la resolución reclamada, conforme al artículo 16 constitucional, lo que no hizo, pues excluyó la procedencia de la solicitud planteada sin analizar, en concreto, si los hechos se adecuaban o no a los que pueden ser ventilados conforme al el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, independientemente de la procedencia de otra vía. Cabe señalar que corresponde a la autoridad responsable pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud que le fue formulada por la ahora quejosa, puesto que este órgano jurisdiccional no puede sustituirse en la facultad que exclusivamente le corresponde de expresar los motivos que apoyen su decisión, ya que el juicio de amparo no constituye una segunda instancia, sino un medio extraordinario de defensa que tiene como función esencial el control constitucional, por ello, es el pleno de conocimiento quien debe subsanar las irregularidades destacadas. [.] En consecuencia, al resultar sustancialmente fundados los motivos de inconformidad que hizo valer la parte quejosa, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual debe dictar, además, con perspectiva de género. [.]. Por tanto, el Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, estaba obligado dejar insubsistente la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete; y, emitir una nueva debidamente fundada y motivada, considerando la perspectiva de género. Con la finalidad de demostrar el cumplimiento del fallo protector, por oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, y registrado con el número de correspondencia 18352, la delegada del Director de la Facultada de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. En auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se declaró cumplido el fallo protector, por lo que la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, la cual fue resuelta por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de once de abril de dos mil diecinueve, que resolvió la inconformidad 43/2018, cuyos punto resolutivo es: ÚNICO. Es FUNDADO el presente recurso de inconformidad. Ahora bien, el Tribunal Colegiado determinó declarar fundado el recurso de inconformidad, por las siguientes consideraciones: Por lo que, tal como lo aduce la inconforme, no se dictó la resolución en comento considerando la perspectiva de género, pues se realizó el análisis de la procedencia de la solicitud planteada conforme al Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género sin hacer estudio alguno en relación con dicha herramienta; esto es, sin considerar lo previsto al respecto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Aunado a ello se omitió atender a los criterios emitidos por nuestro máximo órgano jurisdiccional, tales como los identificados con los rubros siguientes: Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: La tesis aislada P. XX/2015 (10a.), consultable en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, tomo I, septiembre de 2015, página 235, de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA." De la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: La jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, tomo II, abril de 2016, página 836; de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." El criterio 1a. CXCII/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 61, tomo I, diciembre de 2018, página 370; de epígrafe: "PERSPECTIVA DE GÉNERO. FORMA EN LA QUE EL JUZGADOR DEBE APLICAR ESTA DOCTRINA AL DICTAR LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN." La tesis aislada 1a. XXVII/2017 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 40, tomo I, marzo de 2017, página 443; de título: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN". La tesis aislada 1a. CLXIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 18, tomo I, mayo de 2015, página 422; de rótulo: "DELITOS CONTRA LAS MUJERES. ESTRECHA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN Y SUBORDINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO." La diversa tesis aislada 1a. CLX/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 18, tomo I, mayo de 2015, página 431; de epígrafe: "DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN." Asimismo, la tesis aislada 1a. LXXIX/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 15, tomo II, febrero de 2015, página 1397; de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS." Finalmente, la tesis aislada 1a. XXIII/2014 (10a.). consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 3, tomo I, febrero de 2014, página 677; de epígrafe: "PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES." [.] Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de indicar que, una de las herramientas analíticas más útiles para identificar situaciones de desigualdad material consiste en adoptar una perspectiva de género, método que permite verificar la existencia de condiciones de vulnerabilidad que impiden impartir justicia de manera completa e igualitaria; el cual puede ser utilizado para cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, evaluar el impacto diferenciado de cierta medida legislativa y, ordenar las pruebas necesarias para aclarar una situación de violencia y discriminación por razón de género. Nuestro máximo órgano jurisdiccional ha considerado la utilización de la perspectiva de género como una herramienta de análisis con la que el Poder Judicial de la Federación atiende a la realidad social; reconociendo que si bien resulta indiscutible que históricamente han sido las mujeres las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivada de la construcción cultural de la diferencia sexual, lo que ha quedado establecido en artículo 4° de la Constitución Federal, en la que se incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres; lo definitivo es que, los estereotipos y perjuicios de género que generan situaciones de desventaja al momento de juzgar, afectan tanto a hombres como mujeres. De ahí que, la perspectiva de género en la impartición de justicia constituye un método que debe ser aplicado en todos los casos, independientemente del género de las personas involucradas, para detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo hombres o al grupo mujeres. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXXIX/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 15, febrero de 2015, tomo II, página 1397, de rubro y texto siguientes: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género. Ahora bien, la utilización de esta herramienta de análisis para verificar si existe una situación de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de una persona, no es exclusiva para aquellos casos en que las mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad, en virtud de que si bien es cierto que históricamente son las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la construcción cultural de la diferencia sexual - como reconoció el Constituyente en la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 de diciembre de 1974, en la que incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres-, también lo es que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí que la perspectiva de género como método analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres"." Aunado a lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que, para juzgar con perspectiva de género, resulta necesario atender a lo siguiente: 1. Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; 3. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; 4. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; para ello se deben aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, 5. Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Lo anterior ha quedado plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, abril de 2016, tomo II, página 836, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género." Por lo anterior, a fin de aplicar la perspectiva de género, el Director de la Facultad de Contaduría y Administración debió verificar, si existía una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impidiera resolver respecto la queja planteada de manera completa e igualitaria; para lo cual era necesario determinar si alguna de las partes pertenecía un grupo de especial vulnerabilidad. Siendo indispensable observar los prejuicios, estereotipos y situaciones de desventaja existentes en la realidad social, determinando si en el caso existían factores que potencializaran la discriminación de alguna de las partes; tales como, condiciones de pobreza, barreras culturales y lingüísticas, o cualquier otra situación que provocara un desequilibrio entre ellas. Así, el estudio de la procedencia de la aplicación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México con perspectiva de género, tal como se ordenó en la mencionada ejecutoria, obligaba a la autoridad responsable a leer e interpretar dicha norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, considerando las diferencias existentes entre las partes por el hecho de pertenecer a distintos géneros y la posibilidad de discriminación por factores tales como el sexo, la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad y la orientación sexual. Lo anterior en virtud de que sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que, a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las prácticas institucionales Se cita como fundamento de lo expuesto la jurisprudencia 1a. XXIII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 3, febrero de 2014, tomo I, página 677, de rubro y texto siguientes: "PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES. El artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En este sentido, el legislador debe evitar la expedición de leyes que impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y mujeres. A su vez, los órganos jurisdiccionales, al resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier clase de discriminación o prejuicio en razón del género de las personas. Así, la perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las prácticas institucionales." [.] [.] lo procedente es estimar fundado el presente recurso de inconformidad y, por ende, dejar insubsistente el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 909/2017, ordenándose devolver los autos, a efecto de que conforme al procedimiento previsto por los numerales 192, 193 y demás relativos de la Ley de Amparo, requiera a la autoridad responsable y vinculada , así como a sus superior jerárquico a fin de que emita una nueva resolución en la que considerando la perspectiva de género resuelva sobre la procedencia de la aplicación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, en relación con la queja presenta por Ivonne Carolina Flores Alcántara, de conformidad con lo expuesto en esta ejecutoria. Por lo que el Director de la Facultad de Contaduría y el Titular de la Administración, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, debían de emitir una nueva resolución en la que consideraran la PERSPECTIVA DE GÉNERO y resolviera sobre la procedencia de la aplicación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, en relación con la queja presenta por Ivonne Carolina Flores Alcántara, de conformidad con lo indicado en la ejecutoria dictada por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la inconformidad 43/2018. Por lo que mediante oficio con registro 14469, recibido el cinco de junio de dos mil diecinueve, la delegada del Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, exhibió copia certificada de la resolución de tres de junio de dos mil diecinueve. De la lectura realizada a la resolución citada, se advirtió que el Director de la Facultada de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, dejó insubsistente la resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho; y, emitió otra en la que resolvió nuevamente que tanto la hoy quejosa, como el profesor Alfredo Jalife Rahme Barrios y/o Alfredo Farid Khalife son integrantes de la comunidad universitaria, pero que la problemática que se suscitó entre ambos, tuvo su origen en el ámbito privado, esto es, de una relación de prestación de servicios profesionales y no derivan de una relación académica que permitan colocar a la quejosa en alguno de los supuestos del protocolo mencionado. Por ello, en auto de doce de julio de dos mil diecinueve, no se tuvo por cumplida la ejecutoria del amparo, requiriendo nuevamente a las autoridades responsables el cumplimiento a la sentencia; esto es, emitiera una nueva resolución en la que consideren la PERSPECTIVA DE GÉNERO y resuelva sobre la procedencia de la aplicación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, en relación con la queja presenta por Ivonne Carolina Flores Alcántara. Así, mediante oficio con número de registro 20658, la delegada del Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, exhibió copia certificada de la resolución dictada el quince de agosto de dos mil diecinueve, en la que el Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la de la Universidad Nacional Autónoma de México, con perspectiva de género analizó las documentales exhibidas por la quejosa, tomó en cuenta el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, resolvió que tanto la hoy quejosa, como el profesor Alfredo Jalife Rahme Barrios y/o Alfredo Farid Khalife, no derivan de una relación académica que los ubique dentro de los supuesto del Protocolo citado, ni tampoco derivan de una relación laboral dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, dado que la problemática que se suscitó entre ambos, tuvo su origen en el ámbito privado; esto es, con motivo de la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales, ajenos a las funciones y obligaciones en las que se enmarca su relación con la Institución Universitaria. Tomando en consideración lo anterior y las documentales mencionadas en auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, la cual fue resuelta por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución emitida en sesión de treinta de enero de dos mil veinte, en el recurso de inconformidad 38/2019 cuyo punto resolutivo fue: UNICO. Se declara FUNDADO el recurso de inconformidad planteado. Ahora bien, cabe destacar que el Tribunal Colegiado al declarar fundada la inconformidad, precisó las actuaciones que se debían llevar a cabo para tener por cumplido a cabalidad, el fallo constitucional conforme a lo siguiente: De las constancias que informan el juicio de amparo, se desprende que la autoridad responsable no se pronunció conforme a todos los lineamientos establecidos en la concesión de amparo y en los argumentos precisados en la inconformidad 43/2018. [.] Sin embargo, la autoridad en comento al dictar la resolución omitió tomar en consideración el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y los criterios emitidos por nuestro máximo órgano jurisdiccional siguientes: Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: La tesis aislada P. XX/2015 (10a.), consultable en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, tomo I, septiembre de 2015, página 235, de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA." De la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: La jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, tomo II, abril de 2016, página 836; de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." El criterio 1a. CXCII/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 61, tomo I, diciembre de 2018, página 370; de epígrafe: "PERSPECTIVA DE GÉNERO. FORMA EN LA QUE EL JUZGADOR DEBE APLICAR ESTA DOCTRINA AL DICTAR LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN." La tesis aislada 1a. XXVII/2017 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 40, tomo I, marzo de 2017, página 443; de título: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN." La tesis aislada 1a. CLXIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 18, tomo I, mayo de 2015, página 422; de rótulo: "DELITOS CONTRA LAS MUJERES. ESTRECHA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN Y SUBORDINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO." La diversa tesis aislada 1a. CLX/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 18, tomo I, mayo de 2015, página 431; de epígrafe: "DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN." Asimismo, la tesis aislada 1a. LXXIX/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 15, tomo II, febrero de 2015, página 1397; de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS." Finalmente, la tesis aislada 1a. XXIII/2014 (10a.). consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 3, tomo I, febrero de 2014, página 677; de epígrafe: "PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES." El protocolo y los criterios expuestos anteriormente no se consideraron en el acuerdo recurrido en el presente medio de impugnación, al haberse señalado únicamente que sí se acató la sentencia de amparo en sus términos pues [.] esto es, en el auto que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo no se hizo referencia alguna a en qué parte de la resolución se cumplió con la obligación de resolver con todos los lineamientos planteados, entre ellos, el análisis del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y los criterios emitidos por nuestro máximo órgano jurisdiccional antes citados; de ahí lo fundado del recurso de que se trata. [.] De todo lo expuesto, se desprende que la responsable dejó sin efectos el acto reclamado (primer efecto) y emitió una nueve resolución, en la que atendió lo previsto al respecto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; sin embargo, omitió considerar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y los criterios emitidos por nuestro máximo órgano jurisdiccional citado en párrafos anteriores. Ahora bien, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, el Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encontraba obligado a emitir una nueva resolución en la que considerara el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y los criterios emitidos por nuestro máximo órgano jurisdiccional, en relación con la queja presentada por Ivonne Carolina Flores Alcántara, y de conformidad con lo indicado en la sentencia de amparo y en las resoluciones dictadas por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en los recursos de inconformidad 43/2019 y 38/2019. CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO Así, con la finalidad de acreditar el cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante oficio con número de correspondencia 8491, de diez de agosto de este año, la delegada del Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, exhibió copia certificada de la resolución dictada el seis de agosto de dos mil veinte, en la que el Director de la Facultad antes citado, señaló que con perspectiva de género analizó las documentales exhibidas por la quejosa, consideró el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, y determinó no iniciar procedimiento formal alguno, previstos en la Legislación Universitaria o en el Contrato Colectivo de Trabajo en vigor para el personal académico al servicio de esa Universidad, ya que no es competente para continuar con las aplicaciones del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), toda vez que los hechos materia de la queja no se adecúan a los casos en que es aplicable dicho procedimiento. Asimismo, señaló que no es de la competencia de la Casa de Estudios el sancionar actos derivados de relaciones particulares no vinculadas en la Universidad, como los denunciados por la quejosa ante la UNAD, de acuerdo a las consideraciones plasmadas en dicha resolución. De lo anterior, se advierte que dentro de la resolución el Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, no cumplió con todo lo indicado en la sentencia de amparo ni en las resoluciones dictadas por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en los recursos de inconformidad 43/2018 y 38/2019, en la que resolvió que debía emitir una nueva resolución en la que considerara entre otra normativa el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y los criterios emitidos por nuestro máximo órgano jurisdiccional, en relación con la queja presentada por Ivonne Carolina Flores Alcántara. Lo anterior es así pues la autoridad responsable no fue exhaustiva en señalar como cumplimento las resoluciones del tribunal colegiado y la sentencia de amparo. Lo anterior es así, pues únicamente mencionó la normatividad de manera genérica y mencionó por qué no podía iniciar procedimiento formal alguno sin que se advierta, a manera de ejemplo, como se atendió a cada una de las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citadas en las inconformidades; asimismo, tampoco se advierte de manera exhaustiva como identificó la existencia de situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, cómo cuestionó los hechos y cómo valoró las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; cómo determinó que con el material probatorio no había una situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, entre otras. Asimismo, tampoco se advierte, de manera exhaustiva, cómo se observaron los prejuicios, estereotipos y situaciones de desventaja existentes en la realidad social, determinando si en el caso existían factores que potencializaran la discriminación de alguna de las partes; tales como, condiciones de pobreza, barreras culturales y lingüísticas, o cualquier otra situación que provocara un desequilibrio entre ellas. Por lo que, no se dictó una resolución exhaustiva atendiendo a cada una de las consideraciones expuestas por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en los recursos de inconformidad 43/2018 y 38/2019, así como en la sentencia de amparo. En consecuencia, es de concluirse que la sentencia de amparo ni las resoluciones de los recursos de inconformidad antes indicados NO HAN SIDO OBEDECIDOS; por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, NO SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que el procedimiento de ejecución de sentencia, conforme al protocolo establecido en auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, se encuentra en la ETAPA ÚNICA, para cuyo cumplimiento, el Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, debe de emitir una nueva resolución en la que considere puntualmente las resoluciones de los recursos de inconformidad 43/2018 y 38/2019, emitidas por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y la sentencia de amparo. Por lo tanto, atendiendo la complejidad de dicha actuación y presumiendo la elevada carga de trabajo de dicha autoridad, en concepto de esta jueza es razonable fijar un plazo de veinte días para emitir dicha resolución y remitir a esta Jueza las constancias que así lo acrediten. REQUERIMIENTOS En consecuencia, de conformidad con en el artículo 192, último párrafo, de la ley de la materia, REQUIÉRASE al Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, emita una nueva resolución en la que considere las resoluciones de los recursos de inconformidad 43/2018 y 38/2019, emitidas por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y la sentencia de amparo; o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a esta juzgadora federal la razón objetiva y demostrable por la que no le es posible cumplir con este requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad ante mencionada, para que dentro del mismo plazo, demuestre ante esta juzgadora haber ORDENADO y CONMINADO a ésta el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 en los términos precisados, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, esta juzgadora federal de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles deben otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, a reserva de que esta juzgadora fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. SEGUIMIENTO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional tramitará el presente procedimiento de cumplimiento conforme al Protocolo de Ejecución de Sentencia descrito en párrafos precedentes, para lo cual realizará los requerimientos y apercibimientos correspondientes a cada una de las etapas que lo conforman. Asimismo, que analizará el estado de autos para determinar el cumplimiento de las etapas del Protocolo, y en general, del fallo protector, así como la conducta que asuman las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o en su caso, las autoridades vinculadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cada vez que transcurra uno de los plazos que se otorgue a dichas autoridades para que lleven a cabo determinada actuación, o bien, cuando se presente un oficio en el que la autoridad afirme haber dado el cumplimiento requerido, ya sea al fallo protector en su totalidad o a la etapa del Protocolo en que se encuentre el procedimiento, y haya transcurrido el plazo en el que se dé vista a la quejosa con las constancias respectivas. Por lo tanto, se exhorta a las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, comiencen las demás gestiones necesarias para dar cumplimiento a la siguiente etapa del Protocolo de Ejecución establecido en el presente proveído, con el fin de dar celeridad al debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido que, conforme al criterio del Pleno de nuestro más alto Tribunal, se considerará incumplimiento del fallo protector, el retraso en el cumplimiento de las distintas etapas del Protocolo mediante evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o cualquiera que intervenga en el trámite de cumplimiento."

  4. Principal

    Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través del cual informa que ya se encuentran a disposición de la parte quejosa el contra recibo de cuenta por liquidar certificada número de folio ***, el cual corresponde al pago por concepto de indemnización y asciende a la cantidad de ***, por lo cual solicita se dé vista a la parte quejosa para que se constituya en las oficinas de dicha dependencia para recoger los documentos crediticios expedidos a su favor. En consecuencia, con copia del oficio de cuenta, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la PARTE QUEJOSA, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, se constituya en el domicilio de la autoridad responsable, con la finalidad de que le sean proporcionados los documentos de pago expedidos a su favor. Asimismo, se le hace del conocimiento a la demandante que transcurrido dicho plazo, deberá exhibir ante este órgano jurisdiccional, la constancia con que acredite haber satisfecho este requerimiento, o bien, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida, qué en caso de ser omisa, se acordará lo que en derecho corresponda con las constancias que obran en autos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo REQUIÉRASE a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que dentro del término de DIEZ DÍAS presente ante este órgano jurisdiccional copia certificada de las documentales en donde se advierta que entregó a la parte quejosa los avisos de pago referenciados en ventanilla bancaria o en su caso, los títulos de crédito correspondientes; o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Se le apercibe, que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento ante mencionado, mediante la actuación descrita o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización, pues una actitud contumaz de su parte generaría un retardo en el cumplimiento del fallo protector.1 Se hace del conocimiento que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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